El pueblo siempre derrota a sus opresores

El pueblo salvadoreño no solo vive bajo una dictadura neofascista, instaurada progresivamente desde que iniciara la actual administración hace casi 3 años. Vive también bajo un régimen criminal, establecido por un clan familiar que no duda en recurrir al terror para asegurar un control social cada vez más difícil de sostener.

Las políticas antipopulares, el robo descarado a las arcas del estado, el endeudamiento indetenible y un marcado clasismo que orienta las políticas del gobierno en favor de sectores burgueses y oligarcas, afines o socios del clan familiar, así como a especuladores financieros internacionales, que llegan esgrimiendo falsas promesas de inversiones y riquezas que jamás traerán a nuestro país. Esos especuladores llegan, por otra parte, atraídos por las mentiras y promesas de ganancias y fortunas que nunca obtendrán, porque se trata de promesas vacías de un régimen al que solo le interesa sus propias ganancias, sus inversiones, sus latrocinios.

Pero mientras esas actitudes miserables, de gobernantes, burgueses y aventureros nacionales e internacionales, juegan a ver quien esquilma mejor las escasas riquezas que le quedan a nuestro país, condenan al pueblo a sufrir mayor hambre y miseria, o a tomar el amargo camino de la migración forzada; a lo anterior se suma ahora una nueva opción generalizada para todo aquel que sea o parezca una persona de escasos recursos, muy especialmente si se trata de personas jóvenes, habitantes de zonas humildes: a ellas y ellos se les asegura la cárcel, los malos tratos, las golpizas y abusos de autoridad, las vejaciones públicas, la violación de todo tipo de derechos humanos; en algunos casos les espera la muerte, como ya ha sucedido con jóvenes capturados en sus colonias y golpeados por policías con licencia para matar con impunidad. 

Una impunidad que creen recibir del presidente a través de sus mensajes en redes sociales ordenando la dureza, el hambre, las privaciones y lo que sea necesario contra los detenidos.

Desde el 27 de marzo, el gobierno en complicidad con bancadas de diputados con su misma vocación de sadismo y venganza, pero además con una muy alta dócil de servilismo hacia el presidente, lanzó una ofensiva general contra todos los habitantes de zonas pobres, marginales y excluidas del país. Lo hicieron con epicentro en las regiones con mayor concentración humana, pero también con mayor proyección mediática para sus repugnantes objetivos de ofrecer, a través de los medios bajo su control, la idea de llevar adelante una tarea justiciera.

En 15 días, el autoritarismo militarizado, el despotismo policial, la arrogancia presidencial y las ridículas apariciones de funcionarios en medios de comunicación que pretenden mostrar dureza pero solo exhiben vileza, que quieren expresar fiereza pero solo trasmiten cobardía, deseos de venganza e inmoralidad extrema, se vienen paseando por el territorio nacional, sembrando el terror en poblaciones cuya única culpa es la pobreza, la exclusión, la marginalidad y la miseria a la que los ha conducido un sistema de injusticia institucionalizada, que solo sabe responder con violencia a cualquier justo reclamo de la población, tratándola de la misma manera salvaje con que suele tratar a quienes se asocian criminalmente para delinquir. 

Los métodos de tortura física y psicológica, individual y social, exhibidas por los crápulas que ejercen hoy el gobierno (y a quienes cada día les queda menos tiempo en esos puestos ilegítimamente ocupados) son, todos ellos, característicos y frecuentes en regímenes nazi o fascistas, que se nutren de criminales, lúmpenes y desalmados que solo son valientes en uniforme, armados y en manada.

Así son los militares y policías salvadoreños, torturadores incitados y protegidos por un psicópata a cargo de Casa Presidencial. Pero como el miedo no es tonto y, en el fondo saben que, pese a sus pretensiones de impunidad eterna, su poder se acabará más temprano que tarde (demasiado pronto para sus gustos y deseos), preparan e implementan medidas paralelas a las draconianas e internacionalmente ilegales, como imponer sanciones inhumanas de diez y veinte años de cárcel a niños, jóvenes y adolescentes.

Otras medidas buscan ocultar sus salvajadas, prevenir y reprimir a la prensa que reporte informaciones relacionadas a pandillas. Con eso no solo buscan perseguir a periodistas sino impedir que profesionales de la información reporten acerca de sus violaciones a todo tipo de derechos humanos, ciudadanos y civiles contra la población (pobre) en general.

No les basta con ello. Limitan de manera total el acceso a la información acerca de prisioneros, causas, procedimientos, etc., y hacen circular rumores acerca de la posible persecución a abogados particulares, en caso que estos decidan atender la situación legal de alguien acusado de estar asociado a pandillas. Ni siquiera algunas de las más sangrientas dictaduras militares de los 70 del siglo pasado llegaron a atreverse a acciones como esas. Otras, se le comparan.

Es decir que este gobierno, que tanto se jactaba de su extrema popularidad, se descompone a pasos acelerados, y se leen cada día las declaraciones de quienes hasta hace muy poco eran seguidores presidenciales, hoy convertidos en sus víctimas, reclamando por injusticias y arbitrariedades. No denuncian nada nuevo, son las mismas cosas que venimos denunciando semana a semana, acerca de este régimen bestial y antipopular, pero esta vez es su base social la que está manifestando el descontento.

Del mismo modo está sucediendo en términos económicos. Con el país hundido en el peor lugar en cuanto a expectativa de pago de su deuda, el mundo mira a El Salvador a la espera del momento de la implosión. Es evidente que el terremoto social se acerca de la mano del hambre y el dolor. Hoy se suman las masivas detenciones, que se acercan ya a diez mil, con muchísima de esa gente sin causa alguna para estar detenida, pero a quienes rápidamente el Fiscal servil, “ al servicio del trono” , se atreve a declarar como “terroristas” y exige prisiones preventivas que rondan los cinco meses para llevar adelante supuestas investigaciones, concepto por cierto inexistente en las tareas policiales de esta corrupta PNC.

Sin duda, esta Policía Nacional Civil no tiene nada que ver con aquella nacida al calor de los Acuerdos de Paz, a la que se le configuró una academia de policía, se capacitó a la oficialidad con cursos dentro y fuera del país, y entre los cuales todos los aspectos de derechos humanos y ciudadanos figuraron en primera línea. Por el contrario, hoy tratamos con una policía corrupta, a cargo de un oficial, ex militar, formado en la escuela chilena de Carabineros, destituido por la Asamblea Legislativa en 2020; hoy ese sujeto es el director de la institución, cooptada en todo sentido por el régimen y su cabecilla desde CAPRES. En todo caso y por si quedaran reductos de aquellas viejas enseñanzas, que entorpecieran las nuevas directivas de represión y “mano dura contra el pueblo”, aquellos oficiales mayores de 60 años que el régimen considere no apto para sus fines, serán pasados a retiro de inmediatos y sin explicaciones.

Toda esa aparente fortaleza que pretende mostrar el régimen no es más que evidencia de su alto nivel de vulnerabilidad y, sobre todo, de la conciencia que el propio régimen tiene de su situación.

Es el temor lo que guía a este gobierno, y es temor lo que pretende infundir en el enemigo a quien más teme, que no son los partidos políticos, aunque a estos los mantenga en la primera línea de su furia.  Si a alguien teme el régimen, como toda dictadura, es al pueblo. A ese pueblo que sigue cerrando el puño y apretando los dientes; que cada día se siente más engañado, más burlado, porque entiende que lo engatusaron y que finalmente sus votos llevaron al gobierno a una auténtica banda de rufianes, capaces de engañar a cualquiera.

Ese miedo del régimen, que no es tonto, es a la movilización del pueblo, a la organización del pueblo. Si hacia algo parecen orientarse de verdad estas medidas draconianas del Ejecutivo es a la militarización preventiva del país, en preparación para enfrentar al pueblo movilizado. Dijimos la semana pasada que se trata de una guerra contra los pobres. Cada día, cada semana, el panorama queda más claro.

A medida que se acerca el 1 de mayo los espasmos del régimen resultan evidentes. El nerviosismo histérico presidencial se replica en un parlamento que no es más que un circo, una representación en forma de farsa de las ocurrencias de CAPRES.

Ha empezado el tiempo de la cuenta atrás para el régimen, que poco a poco toma conciencia de que su impunidad no será eterna. Con esa toma de conciencia empiezan a aflorar los temores, porque sin impunidad la justicia del pueblo ha de llegar. El futuro del autoritario clan de gobierno empieza a estar en dependencia del grado más o menos acelerado de toma de conciencia de la gente, del pueblo, de los despreciados, excluidos y perseguidos, los mismos a los que cada día, desde los medios y las redes, ese círculo de poder y sus secuaces siguen dirigiendo sus mensajes, para hacerles creer que “la medicina amarga” es por su bien.

Se acerca una diputa esencial. Aislado internacionalmente, quebrado financieramente, obligado a militarizar el país para mantener el control y sometiendo al pueblo al hambre y la represión, el régimen se prepara para enfrentar las movilizaciones y protestas del 1M. Las fuerzas revolucionarias han de esforzarse en garantizar la correcta canalización de la protesta social, de la bronca y el rechazo al hambre, al garrote, al desempleo, a la violencia de los criminales, tanto de las pandillas como del Ejecutivo. Se acerca el tiempo de las grandes movilizaciones y con ellas, la certeza, para el pueblo y para sus enemigos, que la justicia tarda, pero llega, y que el pueblo siempre derrota a sus opresores. La historia de El Salvador, la misma que esta nueva burguesía pretende negar, lo demuestra una y otra vez.