Con razón, con miles de razones, el pueblo salvadoreño se toma nuevamente las calles de las ciudades. No sale a celebrar el Día de la Independencia sino a denunciar ante el mundo a un gobierno criminal, que mata a su pueblo por hambre o represión; que lo encarcela, lo persigue, lo despoja de riquezas naturales y lo endeuda.
Un gobierno que fracasa en impedir la protesta, pero hace todo lo posible (legal e ilegalmente) para manipular, atemorizar, amedrentar a humildes sectores populares de todo el país para evitar que lleguen a la capital, a unirse a miles que expresan su hartazgo ante un régimen mentiroso, manipulador, corrupto y represivo.
Pobreza, desempleo, alto costo de vida, deuda pública que hipoteca la vida de varias generaciones futuras. Falsos anuncios de falsas obras, destinadas una y otra vez a ganar tiempo, para seguir lucrándose a costa del Estado. Un país al servicio de intereses trasnacionales manejados desde los centros de poder mundial; un territorio convertido en colonia carcelaria del imperio. En esas condiciones, la libertad y la independencia siguen siendo solo una utopía para las grandes mayorías populares. Una utopía y una razón más para la lucha.
Las cifras de la dependencia
A julio de este año, la deuda pública de El Salvador superó los 33,500 millones de dólares, que representa casi el 90% de la producción anual nacional. A esto podemos sumar la deuda de pensiones, que ya pasó los 10,900 millones de dólares.
El gobierno sigue endeudándose en tiempo récord, alimentando los altos niveles de corrupción detectados por múltiples investigaciones periodísticas, que deben superar ingentes dificultades para realizar su labor ante un gobierno empeñado en guardar bajo siete candados todo tipo de transacción oficial.
Mientras los gobiernos del FMLN devolvieron a la nación la soberanía sobre la energía geotérmica, el régimen acaba de entregarla al arbitrio del capital privado. La nueva Ley de Energía Geotérmica establece mecanismos que permitirán concesionar discrecionalmente la explotación de los recursos geotérmicos del país para la generación de energía eléctrica o uso directo.
Según la nueva ley, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM), dependiente del Ejecutivo, podrá acordar de manera directa con una empresa privada la explotación del recurso con solo declarar el proyecto de “interés nacional”, facilitando la discrecionalidad para eliminar una licitación pública.
Como es costumbre en este gobierno, en toda materia que puede abrir el camino a la entrega de las riquezas nacionales, o que pueda privilegiar a sectores relacionados con el poder, la ley ordena la reserva de información sobre actividades de prospección, exploración o explotación de los recursos. También aquí, El Salvador se aleja de cualquier camino hacia la libertad, la soberanía o la independencia nacional.
La salud como negocio
Mientras caían en San Salvador los escombros del emblemático Hospital Rosales, el más importante del país, y se continúa con la construcción de su reemplazo, que lleva años de retraso, a pesar de que el último gobierno del FMLN lo dejó totalmente financiado, medios de comunicación difundían imágenes que reflejaban la improvisación e incapacidad del régimen en los asuntos públicos.
Las imágenes muestran pacientes trasladados en sillas de ruedas por senderos de tierra improvisados, entre escombros, polvo, trabajadores de la construcción mezclados con auxiliares médicos; pacientes subidos a microbuses para ser transportados a diversos establecimientos de salud de manera temporal.
No faltó el autoritarismo militar que pretendió prohibir que medios de prensa registraran -desde las calles- la evidencia de las condiciones de los traslados, queriendo infundir temor, exigiendo credenciales, fotografiándolas y hablando de “prohibición de grabar”; personal militar tomaba fotos y videos para amedrentar a quienes cumplían su labor periodística. Esa es la “libertad” inexistente que el régimen pretende celebrar en parodias de desfiles militares y discursos patrioteros.
Mientras tanto, la salud pública es un lucrativo negocio para el poder y sus amistades. Esta misma semana el portal de investigación Voz Pública[1], reveló datos acerca de la forma en que la construcción de hospitales se ha transformado en un negocio para privados y un agujero negro para las finanzas del Estado.
El hospital nacional que se construye en el distrito de Nejapa, para responder a la demanda sanitaria de la zona norte de San Salvador, aumentó su costo a un ritmo vertiginoso en 2023 y 2024, a la vez que se encamina al año y medio de retraso, que pueden ser dos si se termina en 2026, como menciona el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que financia el proyecto.
El informe de seguimiento de progreso del año 2024 indica que, a diciembre pasado, el costo de construcción era de $50,9 millones. Esto significa un incremento de $20 millones en comparación con el informe del primer semestre de 2023, que establecía $30.9 millones al mes de junio.
El contrato para el diseño y la construcción en Nejapa se adjudicó en mayo de 2021 y está a cargo del consorcio mexicano Apca Calzada-Icacon. Las empresas Calzada Construcciones S.A. de C.V. e ICA Constructora S.A. de C.V., son subsidiarias de los grupos empresariales HYCSA y Empresas ICA, S.A.B. de C.V., respectivamente, según reporta la investigación mencionada
Originalmente la obra se aprobó con un presupuesto de $27.8 millones, que hoy son $60.2 millones, de los que $21.3 millones, que ahora suman $50.9 millones, iban destinados al diseño y construcción.
El Ministerio de Salud guarda silencio ante la elevación desproporcionada del presupuesto inicial y respecto al retraso continuado de la obra, escudándose en que ha puesto reserva de dos años a toda la información del proyecto. Empresarios relacionados a la industria de la construcción manifiestan de manera anónima que resulta difícil de explicar los aumentos de presupuesto y el hecho de que el gobierno no haya cancelado el contrato ante los reiterados retrasos.
El caso de los hospitales resulta emblemático de la oscuridad en manejo de fondos, contrataciones sin transparencia, y permanente endeudamiento sin que las obras se lleguen a ver. En apenas siete meses de este año, la Asamblea Legislativa aprobó más préstamos que en todo 2024. Se gobierna con deuda, que se renueva con más deudas a intereses impagables.
Más allá de la infraestructura, los hospitales siguen sin medicinas, las escuelas públicas siguen cayéndose a pedazos, la inseguridad laboral sigue ahogando a miles. La brecha entre ricos y pobres no solo permanece, sino que aumenta.
El dinero público se utiliza para propaganda, para proyectos faraónicos sin transparencia, y a sostener un régimen que concentra poder mientras vacía las arcas del país. Hace apenas unas semanas el presidente inauguró dos puentes con enorme parafernalia, aseguró que habían costado 24 millones de dólares. Hoy, investigaciones de prensa informan que el costo real superó los $46 millones y podría llegar finalmente a los $60 millones, en virtud de juicios y demandas pendientes.
Ese endeudamiento endémico, que no genera riqueza más que para quienes tienen acceso directo al botín en que han convertido al Estado, es deuda que se paga con más impuestos, con servicios más caros, con recortes a los servicios públicos, con menos oportunidades para las grandes mayorías de un pueblo que crece en pobreza. La dependencia es una realidad que hace inútil “celebrar” lo inexistente.
Las cifras de la violencia
Mientras el gobierno se llena la boca publicitando unos supuestos 1000 días sin homicidios, la tozuda realidad cuenta los cadáveres que el gobierno desprecia.
Suman 445 los muertos en manos del Estado en cárceles del régimen; son 18 los feminicidios contabilizados en lo que va del año, mientras las cifras de homicidios registrados por la policía distan mucho de la supuesta inexistencia declamada.
Entre el 1 de enero de 2021 y el 18 de junio de 2025, es decir, en cinco años, las autoridades reportaron 1,275 casos de personas desaparecidas, sin informar cuantas de ellas fueron encontradas con vida, cuantas continúan desaparecidas y cuantas han fallecido.
Además de las cifras de muertes no contabilizadas porque no son del interés del régimen neofascista que gobierna El Salvador, debe subrayarse las condiciones en que se ha impuesto la “seguridad”, convirtiendo el territorio en una gran cárcel sometida a la arbitrariedad y el autoritarismo; un país sin otras leyes que las que conviene a la clase dominante que ejerce temporalmente el poder.
Esto es lo que le recuerdan al gobierno unas 80 organizaciones sociales, entre migrantes, ambientales, de derechos humanos, de solidaridad, religiosas y de la diáspora en Estados Unidos y a nivel internacional, que pidieron públicamente esta semana que se libere personas capturadas sin pruebas durante el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
«Nos unimos a las familias de las víctimas de captura arbitraria en El Salvador para denunciar las recientes reformas a la Ley Especial contra el Crimen Organizado que prolongarán aún más la detención preventiva. Estas reformas se aplicarán a las casi 90,000 personas que han sido arrestadas sin órdenes judiciales bajo el Régimen de Excepción, bajo la llamada “guerra contra las pandillas”, consolidando a El Salvador como el país con la población carcelaria per cápita más alta del mundo«, expresan en un comunicado.
Las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado aprobadas en agosto para establecer un nuevo plazo de dos años de detención sin juicios, y un año más si es necesario, es «una continua y flagrante violación al derecho al debido proceso«. «Institucionalizan un modelo de justicia basado en el castigo colectivo, condenas anticipadas y criminalización por asociación. Estas medidas violan tratados internacionales de derechos humanos de los que El Salvador es firmante«, denuncian.
Esa realidad de corrupción, de impunidad, de persecución, de militarismo, del miedo inducido mediante el uso arbitrario de leyes kafkianas, de jueces sin rostros y de persecución sin medida, para que los poderosos puedan seguir robando a discreción, es la que nos permite negar, con toda razón, cualquier atisbo de independencia en El Salvador de nuestros días.
Esa falta de libertad e independencia es la que hoy convoca al pueblo salvadoreño a luchar en las calles, dentro y fuera del país, con organización y unidad popular contra la dictadura, contra el imperio que la dirige, contra los delincuentes que están despojando a la Patria mientras se envuelven en su bandera.
La Segunda y verdadera independencia está aún por conquistar. El pasado de luchas y victorias populares, héroes, heroínas y mártires, convocan nuevamente a la batalla hasta obtener la victoria. Ese será, seguramente, el eje motor de las movilizaciones populares este 15 de septiembre en El Salvador.
[1] https://vozpublica.net/2025/09/07/hospital-nejapa-sobrecostos-atrasos-salud/
Reflexiones y pensamiento crítico 