Si algo fue utilizado hasta el hartazgo por la dictadura salvadoreña como propaganda para justificar su existencia como sistema político autocrático, inconstitucional y usurpador del poder del Estado, ha sido su narrativa acerca de garantizar seguridad a la ciudadanía.
Bajo esos argumentos la dictadura se esforzó permanentemente en exportar un discurso que pretendía justificar en el exterior el aplastamiento del Estado de Derecho, asegurando que «el pueblo vivía ahora más feliz» gracias a que el Estado aseguraba su tranquilidad, patrimonio y la vida de sus ciudadanos, con el rigor policial y militar. Concepciones francamente fascistas, pero que empataban con una porción considerable de la población, inclinada al autoritarismo.
Como hemos visto, en particular desde junio de 2024, cuando inicia su segundo e ilegal mandato, las fantasiosas narrativas de mejora en la situación económica de El Salvador, no se cumplieron. El anuncio de grandes inversiones extranjeras para financiar obras faraónicas, atribuidas al reconocimiento de la nueva era de seguridad ciudadana impuesta por la dictadura desde el establecimiento del régimen inconstitucional de excepción, fue una gigantesca operación de engaño al conjunto de la población salvadoreña.
El objetivo central, sin embargo, fue siempre convencer al resto del mundo que las cosas iban bien en El Salvador. Detrás de estas maniobras se ocultaba la necesidad imperiosa del dictador de neutralizar las innumerables e incesantes críticas a su régimen despótico, a la violación sistemática de derechos humanos y al desprecio demostrado a la vida de quienes no apoyan incondicionalmente al régimen.
No se trataba solamente de una cuestión de imagen. Aunque desde Casa Presidencial se repudiaran las críticas internacionales y se tomara abierto partido por las posiciones ultrarreaccionarias del trumpismo, defendiendo el neoliberalismo en economía, mostrándose retrógrado y negacionista en su idea de sociedad (renegando de la Agenda 2030, negando el cambio climático y conceptos como feminismo, o diversidad, entre muchos otros), lo cierto es que la dictadura necesitaba neutralizar las críticas y “vender al mundo su modelo” de sociedad ultraconsevadora, “pacificada” a fuerza de restringir derechos ciudadanos y utilizar las cárceles como respuesta a cualquier desafío social.
Lo necesitaba desesperadamente porque si no lo lograba, jamás llegarían las inversiones prometidas. En realidad, los capitales no se mueven hacia El Salvador porque “el modelo” como gusta llamarlo pomposamente el dictador, no considera ni ofrece espacio alguno a la seguridad jurídica.
El Salvador se ha convertido en el reino de la arbitrariedad, del ocultamiento y manipulación de la información y del abuso del poder. En esas condiciones no sorprende que el país ocupe el último lugar de la región donde un empresario serio puede considerar invertir.
En todo caso, el desgastado discurso de la seguridad sigue influenciando algunos sectores, particularmente grupos atrasados políticamente, susceptibles a la manipulación generada por la masiva explotación de recursos digitales para promover noticias falsas, dudosas o engañosas, junto al permanente culto a la personalidad de un dictador cuya cualidad reconocida es su falta de escrúpulos y su brutalidad manifiesta.
Esos sectores se centran particularmente en la llamada diáspora salvadoreña, es decir en la comunidad de migrantes asentada sobre todo en los Estados Unidos; población cautiva de la desinformación, cuyo papel resulta esencial para explicar el caudal de votos que recibe el dictador. Sectores con escasa o nula educación política, y habitualmente con bajos niveles de escolaridad, siguen respaldando la narrativa dictatorial, dentro y fuera de las fronteras salvadoreñas.
Esta semana, sin embargo, aún para esos sectores fanatizados resultó difícil defender un régimen criminal que pone a la ciudadanía en peligro.
Nos referimos a un hecho que sucedió este jueves pasado en la tarde, en el corazón de la microcápsula propagandística del bukelato, que comprende escasas diez cuadras en torno a la plaza Gerardo Barrios, donde se encuentra el Palacio Nacional, la Biblioteca Nacional donada por la República Popular China durante el último gobierno del FMLN, y la histórica Catedral Metropolitana.
Una bala de fusil atravesó la cabeza de una joven que se tomaba fotos con su hermana frente al Palacio Nacional, aquel lugar desde cuyos balcones el dictador gusta hacer jurar obediencia absoluta a la población en sus tomas de posesión. La bala que asesinó a la joven terminó incrustada en los muros del Palacio.
En un primer momento se habló de una bala perdida, pero el drama permitió sacar a la luz pública el carácter y naturaleza del régimen, su estilo de negar siempre la realidad, de buscar culpables, desviar la atención y de ocultar cualquier prueba que pudiera comprometer a la dictadura y su narrativa de seguridad.
Así actuaron en este caso, y al hacerlo a plena luz del día quedaron expuestos. Tan expuestos que ni siquiera el aparato de troles y bots, reproduciendo mensajes prefabricados en las oficinas de manipulación mediática de CAPRES, a cargo del mercenario de las comunicaciones, Neto Sanabria, fue suficiente para calmar los ánimos. Ese personaje, respondiendo a la esencia de esta dictadura, no encontró mejor forma de distraer la atención que arrojar basura mediática a la oposición.
El secretario de Prensa de la Presidencia, se refirió al fallecimiento de la joven expresando que la pérdida fue resultado de una acción accidental de un militar y envió sus condolencias a la familia. Sanabria señaló que algunos sectores políticos y organizaciones no gubernamentales estarían utilizando la situación con fines electorales. El funcionario mencionó a los partidos ARENA y FMLN, así como a algunos medios de comunicación, a quienes atribuyó la difusión de reacciones relacionadas con el caso.
Lo cierto es que esta reacción defensiva del régimen solo sucedió luego de que se difundieran las imágenes de diversos aspectos de lo sucedido en el incidente. Por ejemplo, la inmediata detención y publicación en las redes sociales oficiales de una humilde mujer que se encontraba en la zona de los hechos.
Como siempre, detener arbitrariamente a alguien, una persona del pueblo, sin defensa ni recursos, resultaba lo más conveniente para las autoridades, empeñadas en dar por cerrado un caso que incomodaba al gobierno. Por eso se apresuraron a mostrar las fotos de la mujer flanqueada por policías que, al decir del régimen, son “jueces en la calle”.
En estos casos los nombres son importantes. Porque al gobierno no le importa ni le interesan nombres ni personas, solo encontrar una “culpable” para sostener su imagen de eficiencia policial, “capaz de resolver un crimen en un santiamén”.
Una vez más, quedó en evidencia que la justicia en El Salvador es un accesorio decorativo. La detención de la señora Silvia Hernández, arrestada arbitrariamente en el caso de la muerte de Yessica Solís, en el Centro Histórico de San Salvador, sigue generando controversias, porque mientras la Policía Nacional Civil (PNC) ya ha informado que el responsable del hecho es un soldado de la Fuerza Armada, quien supuestamente disparó accidentalmente su arma, los familiares de Hernández denuncian que la mujer continúa detenida, pese al esclarecimiento del caso.
La denuncia que circula en redes sociales señala que, aunque el soldado Derman Fernando Jorge Benítez ya confesó ser el autor del disparo culposo, la PNC se niega a liberar a esta madre de cuatro hijos que dependen económicamente de ella. Los allegados de Hernández exigen su inmediata liberación.
No es el único elemento que puso en evidencia al régimen y al “país más seguro del hemisferio”. Efectuada esa detención sin base alguna, las autoridades policiales y municipales ordenaron lavar la sangre y todas las señas del incidente de manera inmediata, así como recoger el cadáver de la joven sin que se hubiese presentado la fiscalía, responsable de la investigación, a la escena del crimen.
“[…]personal de la alcaldía habría lavado la zona del hecho poco después de lo sucedido. “Mi hija dijo que no habían llevado todavía a Yessica y ya estaban lavando, como que si un perro habían matado ahí… y no es un animalito el que mataron, fue a mi hija”, reportaba una crónica de prensa salvadoreña el sábado, citando a la madre de la víctima.
Hasta la bala incrustada en el muro del Palacio Nacional fue removida, el hueco rellenado y pintado, de modo que en pocos minutos no quedó una sola huella de lo sucedido. El turismo volvió a desplazarse por la zona como si nada hubiese sucedido, aunque un pequeño altar con la foto de Yessica, y flores en el piso donde cayó fulminada, aparecieron rápidamente. Al caer la tarde, también ese pequeño homenaje fue removido. Alguien no quiere que el hecho siga trascendiendo.
Las preguntas siguen en el aire, porque nadie da una explicación de la operación limpieza desarrollada a toda prisa. Tampoco se responde desde las fuentes oficiales por qué hay francotiradores en los techos de los edificios de esa zona civil, remodelada para uso de turistas dispuestos a gastar en una noche lo que muchos salvadoreños tardan un mes o más en ganar.
Quizás estén protegiendo las recientes inversiones de los Bukele en la zona. Baste recordar la reacción irascible del clan hace justamente un año, tal como lo reportaba El País de España, en su momento:
“Imbéciles”. Así llamó el popular presidente salvadoreño Nayib Bukele a los periodistas independientes de El Salvador luego que dos investigaciones periodísticas revelaran cómo él y cinco miembros más de su familia, sus tres hermanos, su esposa y su madre, adquirieron 34 nuevas propiedades[1] valoradas en nueve millones de dólares durante sus primeros cinco años en el Gobierno.
Por ahora, parece que el régimen pretende dar por zanjado el asunto; cerrar el caso con la detención de un soldado profesional que alega que accidentalmente se le escapó un disparo. Sin embargo, las preguntas sin respuesta permanecen, y la ciudadanía empieza a cuestionar cual es el precio de la supuesta seguridad que ofrece el minúsculo Centro Histórico, que requiere hasta de francotiradores para “mantener la paz”, y por qué se siguen necesitando soldados para llevar adelante tareas de seguridad ciudadana en un país “pacificado”.
Parece que la paz del régimen no incluye asegurar la vida de ciudadanos de a pie, que se aventuren por una zona cada vez más inaccesible y menos amigable con quienes no pueden pagar los precios en las lujosas cafeterías y restaurantes, y deben limitarse a caminar por la zona. Por lo visto, esas caminatas pueden conllevar un riesgo mortal.
[1] https://elpais.com/america/2024-09-21/bukele-y-su-familia-compran-tierras-por-mas-de-nueve-millones-de-dolares-en-el-salvador.html
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