El 16 de enero se cumplieron 34 años de la firma de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin al conflicto armado en El Salvador. Pese al esfuerzo del régimen dictatorial por negar la historia, la sociedad celebra la fecha con múltiples actividades y un acto central en Morazán a cargo del FMLN, firmante de los acuerdos. La conmemoración sirve para trazar líneas paralelas entre las razones que generaron el conflicto y las actuales circunstancias impuestas desde el Estado.
Los recuerdos renuevan el compromiso de lucha en un momento de enormes desafíos para los pueblos del mundo. Mientras tanto, el gobierno recurre a la improvisación, la demagogia y el circo mediático ante los problemas generados por su incapacidad y falta de voluntad para mejorar las pésimas condiciones de vida de amplias capas de la sociedad. Por otra parte, jamás se olvida de sus amigos, la élite privilegiada que sigue amasando fortunas bajo la sombra y protección del clan familiar en el gobierno.
Quincena 25
Esta semana el gobierno sancionó una ley que fija un pago extra a trabajadores públicos y privados que ganen un salario igual o menor a $1,500. Denominada publicitariamente, “quincena 25”, se trata de un pago adicional equivalente a la mitad del salario, solo en enero, a ser abonado entre el 15 y el 25 de este mes.
El argumento de “fortalecer el ingreso de las familias salvadoreñas y dinamizar la economía del país”, ocultaba el verdadero objetivo: que una parte de la población olvidara los miles de despidos con que cerró 2025, la incapacidad de resolver la situación de centenares de pacientes afectados por el cierre del principal centro hospitalario del país, el endeudamiento público constante, el retroceso de la economía y el alza del costo de vida, que afecta a las familias todo el año, no solo un mes, la persecución a organizaciones y luchadores populares, o las tragedias producidas por negligencias empresariales.
En este primer año, la medida no será oligatoria para la empresa privada, adquiriendo ese carácter a partir de 2027. Medios de prensa afirman que, como parte de acuerdos con la empresa privada, no habría aumentos al salario mínimo.
La medida fue fruto de la habitual improvisación del gobierno -mucho más en un año pre-electoral-. Las preguntas no tardaron en aparecer pero quedaron sin respuesta. ¿De dónde saldrán los $70.2 millones requeridos por el Estado para hacer efectivo ese “pago extra”, que no establece en la ley refuerzo presupuestario alguno?
La pequeña y mediana empresa expresó su preocupación para cumplir con la disposición, que afectará en más de un caso su supervivencia. Diversos economistas aseguran que este salario será, eventualmente, trasladado a los precios por la empresa privada, sin importar el tamaño o la capacidad de absorverlo.
Este año, en las instituciones de gobierno se contabilizan 195,056 empleados, de los cuales un 85.2% puede recibir el beneficio, al ubicarse en este rango salarial, de acuerdo con estadísticas oficiales. En cualquier caso, el beneficio alcanza a una parte reducida de la población productiva, en la medida que más del 70% de esta pertenece al sector informal de la economía, que no figura en las listas de asalariados.
Global Developers y Salazar Romero
Un escándalo inmobiliario figura entre las razones de estas “medidas urgentes”, en un gobierno que solo las toma cuando detecta que sus niveles de popularidad son afectados por filtraciones de prensa, escándalos de corrupción, malversación de fondos entre los más cercanos al gobierno o enriquecimientos súbitos de integrantes del clan familiar en el poder.
En esta ocasión, envuelve a empresas que, desde la llegada del actual grupo al poder en 2019, viene beneficiándose de condiciones favorables para sus actividades urbanísticas. Ya era conocido el historial de la empresa Salazar Romero por la construcción de urbanizaciones en zonas con escasez de agua, como su proyecto Ciudad Real, en Santa Ana, y fue denunciada en 2017 por vender casas en mal estado. Ha sido también mencionada en informes de inteligencia por supuestos vínculos de sus principales socios con el narcotráfico, a través del Cartel de Texis, y por destruir patrimonio cultural en el sitio arqueológico de Tacuzcalco.
Salazar Romero está asociada con el grupo Global Developers, fundado en 2014. Ambas empresas se han beneficiado de su cercanía a un gobierno que privilegia la inversión por sobre el medio ambiente.
Desde que la actual administración llegó al gobierno decidió agilizar todos los permisos ambientales, para lo cual el presidente “ordenó” en un discurso público a su amigo de infancia y ministro de Medio ambiente y recursos naturales, Fernando López Larreynaga, “reducir la tramitología” para otorgar permisos ambientales y así no detener el “desarrollo” y liberar millones de dólares en “inversión”.
El caso de urbanización Marsella es muestra de lo que está ocurriendo en El Salvador gracias a aquellas políticas que, además, han normalizado que las instituciones públicas cambien sus reglas a conveniencia de empresas y del mismo gobierno, para que construyan sus proyectos donde ambientalmente no se debería.
El 10 de enero pasado una inundación afectó a familias que habían adquirido viviendas en una obra que todavía sigue inconclusa. Se trata de la urbanización Marsella 2. Esto provocó daños irreparables en electrodomésticos, muebles y vehículos. Para varias de las familias afectadas, lo perdido esa noche fue absolutamente todo, según denunciaron públicamente en redes sociales.
Lo ocurrido no fue un evento fortuito en una noche de lluvias, sino el desenlace de una cadena de decisiones y omisiones gubernamentales que facilitaron el desastre. La responsabilidad de lo sucedido es tanto del Gobierno como de la empresa Global Developers /grupo Salazar Romero.
Según revalan informes de prensa, el Ministerio de Medio Ambiente detectó, diez meses antes de esa inundación, que el proyecto urbanístico tenía fallas en el drenaje. Sin embargo, no detuvo la construcción y se limitó a pedir a la empresa que cumpliera con las medidas ambientales y monitoree el drenaje en época de lluvias.
El grupo empresarial Salazar Romero no solo ha sido beneficiado con la política de agilización de permisos ambientales. En diciembre de 2020, el Gobierno de El Salvador compró 252 casas de Ciudad Marsella y las entregó a familias afectadas por la tormenta Amanda y el deslave en Nejapa, de ese mismo año.
La reubicación de estas familias se realizó sin hacer consultas previas a los afectados; la compra de las viviendas se operó con la habitual opacidad de la actual gestión.
El día en que el presidente entregó las casas, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, hizo que las familias firmaran un cheque endosado de $25,300 para vivir en la residencial, hecha para personas con ingresos de, al menos, $720, muy superiores al promedio de ingresos de las familias trasladadas. En ese momento, el precio de las viviendas rondaba entre los $30 y 40 mil dólares.
Según reportes periodísticos, los habitantes denunciaron públicamente al gobierno por haberlos “llevado a ciegas a Ciudad Marsella” y que tras la entrega del cheque no recibieron documentos por la compra de las casas.
La única información oficial que se conoce es que los fondos públicos utilizados para esa compra provenían de los “ahorros que sobraron de la construcción del Hospital El Salvador”, según declaró en su momento el mandatario, sin mencionar la cifra total de la inversión. Fue el propio gobierno que emitió y entregó los cheques a Global Developers a nombre de las familias beneficiarias, comentó Michelle Sol.
Los escándalos inmobiliarios se suceden, pero no impiden que el gobierno continúe ofreciendo a grandes empresas inmobiliarias, espacios y facilidades para el desarrollo de proyectos urbanísticos, particularmente destinados a sectores de altos ingresos, ofreciendo excención de impuestos y otras facilidades, además de la rápida aprobación de todo tipo de permisos de construcción. De hecho, luego de una breve suspensión, Global Developers fue autorizada por el ministerio de Vivienda para continuar la obra, y está actualmente en operaciones.
En un país de alta vulnerabilidad medioambiental, con escasez de agua, y gran actividad sísmica, resulta evidente la irresponsabilidad y ligereza en el otorgamiento de permisos, que puede explicarse si se trata de funcionarios convencidos de su impunidad.
El “modelo” en Costa Rica
El presidente de El Salvador acaba de visitar Costa Rica. Llegó en un avión privado de lujo, impropio de un país con extrema pobreza y muy escaso crecimiento, para seguir afianzando su plan de expansión, basado en su pomposamente denominado “modelo”.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, adoptó oficialmente el controvertido “modelo Bukele” en materia de seguridad, la tarde del 14 de enero, con la colocación simbólica de la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), una prisión inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) del mandatario salvadoreño, tristemente célebre carcelero de la región.
El pretendido modelo de seguridad está plagado de violaciones a los derechos humanos, incluida la muerte de unas 470 personas en prisión y un Régimen de Excepción utilizado para castigar a críticos y opositores. Una dimensión del “modelo” que no fue abordada en el acto oficial en Costa Rica.
El visitante afirmó que para convertir a El Salvador en uno de los países “más seguros del mundo […]: cambiamos jueces, Cortes, instituciones y la Asamblea Legislativa… cambios que fueron criticados por organismos internacionales”, sostuvo, describiendo así el veloz desmontaje de la institucionalidad y del balance de poderes de su país.
Un proceso que comenzó cuando ingresó al Parlamento con militares armados en 2020, siguió con la destitución de magistrados constitucionales y del fiscal general, la obtención de una mayoría parlamentaria y la reforma de la Constitución para reelegirse de manera ilegal, desatando la represión contra opositores, activistas y periodistas.
Esa es “la medicina” que el “modelo Bukele” ha comenzado a exportar, ya no solo en el plano narrativo, y que ha encontrado en Costa Rica, con Chaves, a su principal usuario internacional. Este último anunció que presentará en las próximas semanas proyectos de ley para endurecer las penas contra el crimen organizado. “Una ley inspirada en Italia, que enfrentó a la Cosa Nostra, y en El Salvador. Que la ley declare delito el solo hecho de pertenecer a las bandas del crimen organizado”, planteó.
El autoritario régimen salvadoreño continúa su vocación expansionista, ampliando hacia el sur uno de los modelos neofascistas vigentes en Nuestra América.
Mientras tanto, en El Salvador, la memoria histórica nos recuerda que dictaduras aún más violentas y crueles fueron derrotadas no hace tanto tiempo. Los Acuerdos de Paz sirven hoy como parte de la utopía necesaria para continuar avanzando en el camino de la resistencia antifascista y la lucha antidictatorial que, además, en los tiempos que corren, debe tener necesariamente un profundo carácter antiimperialista.
Reflexiones y pensamiento crítico 