En su trabajo Tesis sobre la descolonización de la historia, el destacado sociólogo Boaventura de Souza Santos, nos plantea las formas en que el colonialismo de origen eurocéntrico lleva adelante diversos procesos para deshumanizar al colonizado, negar su historia previa a sufrir la agresión colonial y, por diversos métodos, lo lleva a adoptar como propia una historia que no es suya.
El poder colonial establece las reglas de convivencia y disciplina social, que se constituyen en leyes de obligatorio cumplimiento para el colonizado, y que incluyen siempre en alguna parte, un conjunto de medidas con apariencia de derechos y normas, que supuestamente “beneficien” al dominado/colonizado/explotado. Sin embargo, la potencia colonial se atribuye siempre la potestad de suspender de manera temporal o permanente esos “derechos”.
En el constitucionalismo moderno, esta situación se denomina estado de excepción. “Desde la perspectiva de la administración colonial, las colonias estaban regidas por un permanente estado de excepción, es decir, por la prerrogativa colonial de declarar el estado de emergencia y suspender principios con el fin de evitar o reprimir cualquier amenaza al gobierno colonial que se considerara especialmente grave o difícil de neutralizar. Para decirlo de otro modo, los colonizados eran objetos del Estado colonial –sin derechos ni ciudadanía– en la mayoría de las situaciones”[1] .
En los estados de excepción eran frecuentes los asesinatos de manifestantes y líderes sociales. Los líderes sociales eran los guardianes de las experiencias y los saberes tradicionales vernáculos relacionados con la organización de la resistencia y la elección de las formas más adecuadas de lucha social; con su muerte se pierde ese caudal de conocimientos, experiencias y sabiduría.
¿Regreso al pasado?
Somos herederos de aquellas prácticas coloniales, que fueron transformadas a lo largo del periodo de la primera independencia a nuevas categorías, que adquirieron formas de dominación adecuadas a la nueva composición de clases; los privilegios de los colonialistas fueron asumidos por las nuevas clases dominantes, mientras los antiguos súbditos coloniales concentrados en la genérica categoría de dominados o clases subalternas, continuaron siendo los explotados y marginados. Los primeros, incapaces de romper con una mentalidad colonial más allá de las declaratorias, conservaron su derecho a establecer reglas y a suspenderlas.
Hoy El Salvador se enfrenta a una realidad que evoca aquellas trágicas formas originarias de dominación. Se dirá que un Estado Constitucional y Social de Derecho impide que en la República existan personas sin derechos y que nos regimos por reglas que hacen inaplicable cualquier intento neocolonial como el descrito.
Sin embargo, el desmontaje del Estado de Derecho es un hecho en nuestro país; se podujo y se continúa produciendo, adoptando la forma de un proceso continuado y creciente de aplastamiento de toda normativa constitucional que no sea de conveniencia para los objetivos del actual régimen; de tal modo, se eliminó poco a poco cada una de las garantías constitucionales que impedían la posibilidad de retrocesos como los mencionados.
De allí al despojo de los derechos constitucionales y de la eliminación de la categoría de ciudadanía, hay un paso.
Ese paso lo dio el régimen autoritario salvadoreño en marzo de 2022, al decretar sin los procedimientos constitucionales establecidos (ya solo decorativos desde que el autoritarismo asumió el poder hace tres años), el decreto del Estado de Excepción, que despojó a la población de derechos ciudadanos esenciales, y fue solo el paso intermedio para arrasar y aplastar el resto de derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida, que hoy en El Salvador vale tanto como quiera valorarlo cualquier esbirro o matón al servicio del régimen, ya sea en las calles, cantones y barrios de todo el territorio nacional como en los centros de detención y tortura en que han convertido las cárceles y bartolinas del país.
El derecho y el deber de luchar
Son numerosas y crecientes las razones para ejercer una oposición popular activa de resistencia contra el régimen dictatorial en curso en El Salvador. Sin duda, entre ellos no podemos dejar de considerar la lucha contra un estado de excepción permanente, ilegal e ilegítimo, impuesto a sangre y fuego por el Ejecutivo, avalado por un grupo de facinerosos a su servicio atrincherado en el parlamento, y renovado ad eternum, por orden y decisión del dictador, constituido en amo y señor de la vida y libertad de sus súbditos.
El Estado Constitucional y Social de Derecho, tan imperfecto, tan mejorable, tan ampliable en cuanto a posibilidades que profundicen los derechos colectivos de una sociedad mayoritariamente postergada y marginada, pero que ha costado tanto sacrificio y tantas vidas para ser conquistado, ha sido pisoteado por un clan de burgueses y lumpen-burgueses que han convertido a El Salvador en un Estado Inconstitucional de Derechas.
Un pueblo sin derecho a expresarse ni a discentir, a riesgo de ser encarcelado y juzgado a gusto y placer del Fiscal impuesto e ilegal, como sucedió recientemente con el activista de redes sociales Luis Rivas; un pueblo sin derecho a la privacidad de sus comunicaciones, de asociarse o manifestarse, sin derecho a tener medios independientes que ejerzan su labor sin la amenaza permanente de la persecución, la cárcel o el exilio; un pueblo sin seguridad alguna de no ser detenido y desaparecido, secuestrado de sus propios hogares, sin explicación u orden judicial alguna. Un pueblo, en fin, huérfano del derecho de defensa, es un pueblo al que solo quedan deberes.
El deber que le queda a este pueblo, con su historia aguerrida de luchas y victorias, que los neo-colonialistas locales salvadoreños pretenden negar y hacer olvidar, tal como lo hicieron los colonialistas originales hace cinco siglos, es el de luchar. Luchar con todas sus fuerzas, con todo su poderío y su acumulado histórico, luchar desde la eterna trinchera popular: las calles y avenidas, parques y plazas de todo el país. La movilización, la protesta, la denuncia, la organización son poderosas armas en poder del pueblo. No hay ni habrá dictadura que pueda con ellas. Ante ellas tiemblan hasta los más feroces autócratas; el actual no será la excepción.
Este 15 de septiembre las calles y parques de todo el país, en especial de las grandes ciudades, serán testigo de una nueva y masiva manifestación de protesta popular. Le guste o no le guste al dictador y a sus esbirros, el mundo verá las imágenes del pueblo movilizado en su contra.
Si pretende reprimir, el mundo verá imágenes que no le sorprenderán, porque ya se conoce fuera de El Salvador la brutalidad de este régimen represivo que, sin embargo, pretende sin éxito presentar un rostro “cool y tolerante”, que empieza a deshacerse como una máscara de cera frente al fuego; es el fuego de la lucha y la resistencia el que se encarga de desahacer y pisotear imágenes falsas, creadas a fuerza de manipulación mediática.
Las causas de la protesta, no obstante, son mucho más que las de la exigencia del retorno al Estado constitucional de derecho, aunque éste los englobe y abarque. El pueblo marchará por sus muertos y presos inocentes, por el hambre que asfixia los hogares de las grandes mayorías populares, marchará en contra de un endeudamiento externo e interno que debe pagar ese mismo pueblo por varias generaciones por venir, contra la imposición del Bitcoin con el que el gobierno dilapida los dineros del pueblo, marchará contra la marginación, contra la inexistencia de políticas y oportunidades para jóvenes, para mujeres, para niños que nacen condenados al subdesarrollo al que los empuja una educación impropia del siglo XXI.
Marchará contra el odio, contra la discriminación, contra el nepotismo y la corrupción gubernamental, contra el olvido, contra la migración forzada a que se ven obligados amplios sectores populares que no encuentra futuro alguno en el horizonte nacional. Marchará por la libertad de las presas y presos políticos, recordará a exiliados y perseguidos. Marchará, en fin, porque lo mueve el hambre y la falta de libertades por las que ya han luchado y caído en el pasado varias generaciones de hombres y mujeres. Ante el aplastamiento de derechos, la lucha es un deber. Este 15 de septiembre, sin duda este pueblo consciente cumplirá con el suyo. Desde el exterior, diversas marchas solidarias de denuncia acompañarán esta lucha que solo tiene un destino: crecer hasta hacerse incontenible.
[1] De Souza Santos, Boaventura, Tesis sobre la descolonización de la historia. CLACSO, 2022
Reflexiones y pensamiento crítico 