Realidades que el marketing no puede ocultar

Desde hace más de tres años, la vida del pueblo salvadoreño transcurre bajo un constante bombardeo mediático originado en fuentes oficiales que ajustan sus mensajes a estrategias de marketing político cuidadosamente diseñadas. Por supuesto, estos mecanismos se nutren de ingentes flujos de capital, procedente de los impuestos que el pueblo paga y de los préstamos, que también paga el pueblo.

En esta dinámica, hemos podido observar a personajes que actúan como si la función pública fuese una extensión de la industria del espectáculo, transformando sus apariciones públicas en verdaderos show mediáticos, donde lo importante son las luces y los colores, y alguna declaración destinada a captar los grandes titulares, particularmente en medios manejados por el oficialismo, tanto en formatos tradicionales como en las redes sociales.

En esas circunstancias, lo que se diga en declaraciones o discursos no tiene realmente importancia; es decir, no importa si es verdad o es mentira, sino que destaque como una afirmación irrefutable, que haga creer a la audiencia que la vida en El Salvador es cada día mejor, que el mundo envidia a su gente, y que quienes se oponen o no quieren ver las bondades de la gestión gubernamental, constituyen enemigos abiertos o agazapados, dentro y fuera de las fronteras patrias.

Esa realidad mediáticamente construida como narrativa casi única, y sin duda hegemónica, mantiene a un alto porcentaje del pueblo salvadoreño bajo su perversa influencia, en la medida que limita sobremanera la posibilidad de que reconozca la verdad de sus circunstancias y, sobre todo, las causas de esta realidad.

El oficialismo ha conseguido esto a través de su habilidad para establecer agendas de discusión pública, que permanentemente cambian y giran en función de los intereses del gobierno y sus socios, pero que también se usan efectivamente como distractores de la atención pública frente a problemas y conflictos que surgen en la sociedad.

Los últimos distractores los cita el propio presidente en un mensaje en sus redes personales; lo hace para afirmar que el nivel de vida de El Salvador resulta envidiable y que sus críticos mienten. El 27 de noviembre publicó en Twitter:

“En estas 24 horas, El Salvador tuvo dos conciertos, torneo de surf, inauguraciones, carnaval y actividades por todos lados. Exponiendo las 2 principales mentiras de los medios y ONGs:

  1. Que la economía anda mal; 2. Que la gente tiene miedo del Régimen de Excepción. Todo lo contrario”

En efecto, una ola de conciertos y espectáculos está plagando El Salvador como parte de aquella vieja estrategia de ofrecer “pan y circo”, con la salvedad de que ante la falta de “pan”, que parece haberse agotado al acabarse el negocio privado de varios agentes del gobierno para lucrarse con la distribución de paquetes alimenticios, como ocurrió durante la pandemia de Covid-19, solo quedaría entonces, el “circo”, que abunda por estos días.

Esa política se expresa también en términos económicos y se verifica esta misma semana, al conocerse que la tasa de variación anual del IPC (Índice de Precios al Consumo) de El Salvador en noviembre de 2022 ha sido del 7,3%, 2 décimas inferior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC ha sido del 0,7%, de manera que la inflación acumulada en 2022 es del 7,2%. Hay que destacar la subida del 1,9% de los precios de Transporte, que contrasta con el descenso de los precios de Ocio y Cultura del -0,3%.

La fuente informativa se basa en datos oficiales y las publica el medio especializado Expansión, que a su vez da un seguimiento internacional permanente para establecer rankings económicos comparativos. Con ellos ofrece también un panorama global basado en el comportamiento económico de cada país. Los datos disputan la falacia presidencial montada a fuerza de tuits y datos manipulados sin respaldo alguno por parte de los agentes del gobierno, tanto en Economía como en Hacienda:

“El Salvador es la economía número 104 por volumen de PIB. Su deuda pública en 2021 fue de 23.690 millones de dólares, con una deuda del 82,44% del PIB. Su deuda per cápita es de 3.634 dólares por habitante.

La última tasa de variación anual del IPC publicada en El Salvador es de noviembre de 2022 y fue del 7,3%. […]

El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de El Salvador, en 2021, fue de 4.409 dólares, por lo que se encuentra con esta cifra en la parte final de la tabla, en el puesto 115. Sus habitantes tienen un bajísimo nivel de vida en relación a los 196 países del ranking de PIB per cápita.

En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que los salvadoreños tienen una mala calidad de vida.

Si la razón para visitar El Salvador son negocios, es útil saber que El Salvador se encuentra en el 91º puesto de los 190 que conforman el ranking Doing Business, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios.

En cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción del sector público en El Salvador ha sido de 34 puntos, así pues, sus habitantes creen que existe mucha corrupción en el sector público.”[1] (negritas nuestras).

Se trata de datos actualizados; no habla de gobiernos anteriores ni fabrica cifras; simplemente las toma, las evalúa y las compara en un amplio ranking de países. ¿Dónde queda entonces aquel país de maravillas que pinta el presidente, sus ministros y otros patéticos personajes como la impresentable embajadora de El Salvador en los EEUU, que se pasa anunciando supuestas inversiones en Bitcoin, que jamás se materializan como inversiones productivas?

Por eso son tan importantes los distractores, y constituyen un eje esencial de la política gubernamental de El Salvador y de una de sus especialidades, el marketing publicitario político.

Distractores que sirven para enriquecer más a unos pocos ricos

Del mismo modo que los datos objetivos de la economía no sostienen la narrativa oficial, tampoco lo hacen en una materia de máxima actualidad, como la discusión del proyecto de reforma a la ley de pensiones que, aunque sigue ventilándose en una comisión legislativa mantiene un tupido velo de oscuridad. Las pocas cosas que van saliendo a la luz y los análisis que se van dando a conocer desde distintos sectores sociales, particularmente laborales y de economistas, permiten verificar que, como casi todas las propuestas del gobierno, contiene una cantidad de información sesgada o directamente falsa, orientada a la manipulación de la opinión pública.

Los datos nos indican que los cacareados $400 mensuales de pensión mínima, anunciado sin respaldo documental por ministros y diputados, no serán tales, y así lo denuncian sectores trabajadores, como Bases Magisteriales: «Los funcionarios han dicho hasta el cansancio que la pensión mínima será de $400, eso no es cierto«, afirmó el secretario general de Bases Magisteriales, Jorge Villegas, en una conferencia de prensa ofrecida esta semana pasada. Agregó que el artículo 114 del anteproyecto establece que la pensión mínima será de $304.17 para vejez, invalidez total y sobrevivencia.

Contrario a lo que dice la propaganda del régimen, los cotizantes continuarán prestando dinero al Estado, porque lo único que cambia la ley es el nombre de los certificados (bonos) que serán emitidos con esos fondos. También la nueva ley elimina los límites, en porcentajes, de los fondos de pensiones que puede utilizar el gobierno; sencillamente, el Estado se podrá apropiar discresionalmente de los ahorros previsionales de los trabajadores. Tampoco mencionan  los defensores del proyecto que la ley sigue garantizando la administración privada de las pensiones.

Sin duda las épocas pre-navideñas, con importantes distractores culturales, familiares y religiosos, sumado a una amplia cobertura mediática de conciertos y espectáculos de todo tipo, incluido por supuesto el nivel de atención popular que lleva el mundial de fútbol, resulta un momento apropiado para pasar con rapidez una ley que afectará aproximadamente a un cuarto de la población económicamente activa, pues el resto no cotiza o no se jubilará, en la medida que el peso central de la economía doméstica salvadoreña se asienta en sectores informales no cotizantes.

Las debilidades ocultas del régimen

Mientras el presidente se dedica a sostener, sin fundamento, que la economía funciona y que la gente vive feliz gracias al plan de lucha contra las pandillas, varios frentes  de tormenta se le van abriendo o ampliando a medida que transcurre el tiempo. Algunos empiezan a ser muy destacados, como el de los derechos humanos, las presiones internacionales con un creciente aislamiento, las denuncias de persecución política, y las acusaciones de corrupción que se acumulan entre figuras clave de su gabinete.

Ya no se trata solamente de anunciar sin rubores que mantendrá el Régimen de Excepción hasta el fin de su mandato, transformándolo en el estado natural de vida para la sociedad, es decir instalando un estado sin derechos, basado en el autoritarismo despótico y la militarización, sino que el anuncio de la continuidad de cercos militares a centros urbanos de gran concentración, transforma una medida autoritaria e inconstitucional en un sistema efectivo de control social permanente, sin otras leyes que las que se antoje a militares o policías encargados del cerco y asalto a ciudades.

Esa situación, que presentan como medida con altísimo respaldo popular, choca con la evidencia de denuncias de casos concretos, como el arresto de un destacado joven universitario, cuyo domicilio tomó por asalto el ejército para finalmente detenerlo.

Al momento de la entrada ilegal de los militares en su hogar, el joven se encontraba realizando un examen en línea; se trata de José Andrés Estrada, no solo destacado estudiante de agronomía de la Universidad de El Salvador sino dirigente de las instancias de organización estudiantil universitaria. La evidente arbitrariedad y despotismo con que fue llevada esta detención es un ejemplo de la forma en que se criminaliza, estigmatiza y condena sin juicio a las comunidades urbanas más pobres del país, con especial énfasis en la criminalización de la juventud.

En esta oportunidad la acción solidaria y de denuncia desde la familia, la comunidad, y desde la misma Universidad ventilaron el caso hasta que llegó a los medios y las redes, y desde allí saltó al plano internacional. El joven fue finalmente dejado en libertad, pero es un ejemplo de lo que sufren las comunidades más pobres y excluidas. Otros no tienen la suerte de este joven  porque sus casos no llegan a esos niveles de denuncia.   

En un caso similar, a otro joven, esta vez un panadero detenido en el marco del Régimen de Excepción, un juzgado especializado de instrucción determinó que no es pandillero y ordenó su liberación inmediata pero, en un  ejemplo de muchos casos como este, las autoridades de Centros Penales se niegan a dejarlo en libertad. Lo denuncia el periódico El Faro esta misma semana, y representa un ejemplo del autoritarismo que desconoce la autoridad judicial, y que cuenta con la complicidad de organismos como la Procuraduría de DDHH, incapaz de tomar acciones autónomas que respalde a las víctimas o se aleje de las “instrucciones” presidenciales.

Ya no se trata de combatir pandillas y realizar grandes capturas, porque incluso las cifras de detenidos totales que se van filtrando a raíz del cerco militar son relativamente bajas, rondando unos pocos centenares. Las denuncias hablan de capturas de personas indigentes, ebrios y en situación de calle.

No es así como se resuelven los problemas de seguridad, pero es así como se hace creer a importantes sectores de la sociedad y a la prensa en otras partes del mundo que esos planes son efectivos y acaban con la delincuencia. Pretenden incluso “dar el ejemplo” para que su dictadura militarizada permanente sea un modelo exportable a países de Nuestra América. Mientras tanto, son centenares las denuncia por tortura y muerte en las cárceles y supera los dos mil la cifra de desaparecidos desde enero 2021 hasta mayo de 2022, según reportes de familiares de víctimas conocidos esta semana.

Las denuncias parecen seguir desquiciando al presidente, que esta semana desató su furia desde las redes sociales contra los medios internacionales, afirmando que “está claro que los que se opone a esto (la guerra contra pandillas) están en contra de los derechos humanos de los salvadoreños, de la paz, de la libertad y de la justicia”.

Nada justifica las violaciones a DDHH, pero además el presidente habla de una paz que no existe, porque se erige sobre cementarios clandestinos  y fusiles, que no apuntan contra criminales sino contra esa sociedad que, tarde o temprano, comenzará a resistir de la forma que sea hasta derribar un régimen no sólo sanguinario sino ilegal e ilegítimo desde aquel golpe de Estado de nuevo tipo del 1 de mayo de 2021.

Corrupción y elitismo

Mientras tanto, la corrupción y el clasismo elitista al servicio de los intereses de lo socios del gobierno sigue sin freno. Mientras el presidente ya no sabe como disimular las sanciones internacionales, condenas y denuncias por violaciones a derechos humanos y a casos de corrupción en que su régimen y sus cómplices incurren, desde el exerior siguen llegando sanciones contra funcionarios claves del régimen. En este caso se trata de sanciones del Departamento del Tesoro de los EEUU por corrupción contra Conan Castro, secretario jurídico presidencial y Rolando Castro, antiguo jefe mafioso de los sindicatos municipales y hoy ministro de Trabajo del régimen.

Las sanciones reflejan niveles de presión importantes sobre un gobierno que se esfuerza en simular que estas acciones no le afectan. Lo cierto es que ya se habla de repercusiones desde la comunidad europea y de condenas de organismos internacionales de alto nivel.

En cuanto al carácter clasista del gobierno, las acciones tomadas para desalojar a familias que habitan y cultivan en la isla Tasajera desde hace cuatro décadas, tierras reclamadas por una familia de millonarios hoteleros para desarrollar un complejo turístico, tuvo su expresión más clara en la connivencia entre el Fiscal General, el jefe de la PNC y los empleados de la famlia Closa, que reclama los derechos sobre esas tierras, quienes para desalojar a los habitantes provocaron destrozos en viviendas y quemaron algunos cultivos. La movilización de las familias hasta la Asamblea Legislativa, detuvo momentánemente las acciones, pero muestran la manera que intereses de empresarios cercanos al gobierno son defendidos por quienes deberían servir al pueblo.  Por cierto, los habitantes de esta isla son conocidos por haber apoyado el actual proyecto político liderado por el mandatario. Parece claro de qué lado cae el peso de la ley cuando entran en conflicto las necesidades del pueblo y los intereses de los ricos. Por eso, en un comunicado que llevaron a la Asamblea las familias afectadas, solicitaron que los diputados interpelen al director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, y al fiscal general, Rodolfo Delgado, por participar en el “injusto, inmoral, inconstitucional, ilegal y arbitrario” desalojo “sobrepasando el ejercicio de sus facultades contempladas en el orden jurídico”. 

No siempre el marketing político logra ocultar la realidad, por más popularidad que las encuestas reflejen.


[1] Expansión. Datamacro.com

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s