Hay momentos en la historia de los pueblos en que las crisis parecen ser permanentes aunque no lleguen a ser evidentes. A veces esa crisis solo se intuye, se percibe aunque no haya explotado aún en toda su magnitud y contundencia. Se trata de tiempos de relativa incertidumbre, de pocas certezas y grandes dudas.
La realidad de estos días en El Salvador parece indicarnos que estamos en presencia de una creciente serie de múltiples crisis combinadas y simultáneas, que empiezan a afectar a casi todos los estamentos sociales y que, además, se van acelerando y agudizando. Tomaremos solo algunos de esos elementos para facilitar el análisis, aunque seguramente la misma situación se viva en muchos otros sectores.
Evocación de Monseñor Romero
En el caso de la jerarquía eclesiástica católica varios son los elementos que apuntan a diferencias en su seno respecto a la caracterización del régimen que gobierna El Salvador con mano de hierro; sus diferencias se muestran en sus actitudes ante el mismo. Más de un analista de la situación nacional ha expresado en estos días su evocación de una voz con tanta autoridad moral como la de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, declarado Santo por la Iglesia aunque esa santidad haya sido declarada por el pueblo muchos años antes que los pesados mecanismos vaticanos empezaran a moverse.
Viene a cuenta Monseñor Romero porque lo que se echa en falta en estos días en El Salvador es su firmeza ante las injusticias, su insobornable capacidad de denuncia, que brilla aún más ante el triste espectáculo de quien hoy ocupa la silla que un día aquel ocupó. Las cámaras de la prensa local, y posiblemente internacional, registraron hace pocos días el triste espectáculo de un jerarca de la Iglesia Católica balbuceando cobardemente para justificar la reelección presidencial, alegando que aunque prohibida reiteradamente por la Constitución, “algunos juristas” consideran que cierto artículo de la Carta Magna la permitiría. Fue tan deplorable la actitud que más de un columnista crítico del gobierno hizo mención a ello.
El mismo obispo fue incapaz de cuestionar las nuevas normas jurídicas establecidas por el régimen, que autoriza los juicios colectivos. Lejos estuvo de condenar y aclarar, con la autoridad moral que se le supone, situaciones que organismos internacionales denunciaron de inmediato como una vulneración absoluta de toda norma jurídica garantista, que busque juzgar de manera ecuánime y con el respeto a sus derechos a cada persona acusada de un delito. Pero eso es esperar demasiado de un prelado como Escobar Alas.
Pocos días antes de esta declaración otro representante de la Iglesia -este sí, con la dignidad y nobleza que lo caracteriza, y que ya le ha costado soportar los insultos y ataques furibundos de diputados oficialistas, troles y fanáticos al servicio presidencial-, el Cardenal Gregorio Rosa Chávez, denunció el 31 de julio, en ocasión del día del periodista, las restrictivas condiciones que enfrentan las y los trabajadores de prensa en El Salvador para cumplir con su labor. El cardenal señaló que los periodistas salvadoreños viven un momento “muy difícil y doloroso” porque tiene consecuencias hasta de “peligro de muerte”. El líder religioso consideró que eso no debería verse “como algo normal” sino como un reto a superar.
Como vemos, al seno de una institución que se caracteriza por mantener un discurso más o menos homogéneo, cuyas diferencias suelen manifestarse en matices al abordar los temas, se expresan hoy puntos de vista diametralmente opuestos; uno, valiente y solidario con quienes denuncian y sufren persecución, y otros tímidos, cuando no cobardes a la hora de apuntar claramente a la injusticia y a quienes las cometen. “Quedar bien con Dios y con el diablo” como dice una figura popular, no parece ser de cristianos en momentos de tribulaciones para el pueblo.
Una cloaca que desborda
Mientras tanto, en el partido de gobierno y, en general en los ámbitos oficialistas, acaba de explotar una crisis de considerable magnitud. Aún más impactante porque surge en el seno de una estructura oscura y especializada en ocultar de la luz pública sus debilidades, contradicciones y peleas internas.
Esta vez, sin embargo, salieron a la luz con toda su fuerza las denuncias relacionadas con falsedades documentales, negociados, indicios de tráfico de drogas, y todo tipo de maniobras fraudulentas y delictivas protagonizadas por legisladores oficialistas, con el objetivo, entre otros, de mantenerse en el círculo de poder en la nueva legislatura y, en todo caso, en los círculos más cerrados del poder.
Sin duda no se trata de la primera ni será la última crisis que se desate en la esfera del oficialismo. Sin embargo, lo que llama la atención es que surge de las entrañas mismas del poder, desde sectores relacionados directamente con áreas de seguridad e inteligencia de Casa Presidencial, y del entorno del presidente. Los afectados, por su parte, son a su vez diputados y candidatos del partido de gobierno, que geográficamente podemos localizar como pertenecientes al importante y estratégico departamento de La Libertad. Sin duda, ese sector cuenta con un caudillo que, dadas las formas de organización del partido, puede estar protagonizando indirectamente ese enfrentamiento con quienes mueven los hilos del Ejecutivo.
Por otra parte sabiendo, como es sabido, que en El Salvador de estos días, nada se mueve en los confines del poder sin el consentimiento explícito del jefe del clan presidencial, resulta casi inocultable para sus seguidores el involucramiento del personaje en el zafarrancho de combate que se armó a partir de revelaciones de comunicaciones privadas por mensajeria digital (posiblemente obtenidas de manera ilegal pero que, en estos días y en este país, resulta ser un asunto de menor o nula importancia; a tal nivel se ha degradado el criterio de legalidad en El Salvador), difundidas a través de redes sociales por Alejandro Muyshondt, aquel oscuro personaje que solía pasearse por las calles de San Salvador armado hasta los dientes y en ropa de combate, aduciendo que “andaba a la caza de pandilleros”.
En cuaquier caso, parece que se van identificando bandos en esta lucha interna que trascendió a los medios. Tenemos por un lado a Muyshondt y su labor de información e inteligencia al servicio presidencial, y por el otro tenemos un grupo de diputados, incluyendo el jefe de la bancada Cyan, Christian Guevara denunciando haber recibido amenazas del anterior en tiempos pasados. Hablan de Caballos de Troya pero lo cierto es que la crisis desatada está demostrando la lucha a muerte por hacer prevalecer intereses personales y corporativos de expresiones contrapuestas en diferentes escalones del Estado. El presidente, en un vano intento por aparecer “neutral” ante semejante batalla, asumió desde las redes sociales el papel de juez en el diferendo; dificil creer, en todo caso, que el mandatario no tenga partido en un asunto que ha empezado a dividir profundamente a su bancada.
Los métodos utilizados, las formas, el lenguaje, nos pemite ver que estamos ante un gobierno donde abundan matones arrogantes, ebrios de poder y capaces de todo por conservarlo o aumentarlo. Nada diferencia a estos sujetos y sus actitudes de los que conocimos en los tiempos en que Arena gobernaba y dirimía sus diferencias con eventos tan típicamente mafiosos como la quema de diputados de su mismo partido en oscuros incidentes[1], o sospechosos “suicidios” de personajes clave de aquel partido, que sabían más de la cuenta (y podían contarlo), y fueron víctimas de hechos jamás investigados a fondo.
¿En que se diferencian los actuales protagonistas de estos hechos de aquellos “mismos de siempre” que solía señalar con estudiada indignación el entonces candidato presidencial y hoy mandamás del Ejecutivo? Prácticamente en nada; lo único que no ha llegado aún son las muertes que ARENA dejaba en el camino a medida que “resolvía” sus contradicciones internas. Al fin y al cabo, el partido de gobierno no es más que una suma de intereses contrapuestos, que resuelve sus diferencias más agudas con los métodos mafiosos a que están acostumbrados.
De tal modo que si este pueblo está en semejantes manos, para nada sorprenden las denuncias del Cardenal Rosa Chávez respecto al ejercicio periodístico, los abusos policiales y militares contra la población organizada, ya sea en comunidades en defensa de su hábitat, de sus tierras, de sus jóvenes, de sus mujeres y niñas, de sus líderes y liderezas. Tampoco sorprende el tratamiento que dan a las y los trabajadores que reclaman sus justos derechos laborales, como sucede en diversas municipalidades que recurren a la huelga para poder cobrar sus salarios atrasados o, en otros casos, para exigir el retorno de trabajadores despedidos.
Las otras crisis
Hoy podemos también señalar una crisis en el sistema represivo y de seguridad, que renueva en automático el régimen de excepción, porque no cuenta con una sola medida eficiente de reinserción o de garantías a la seguridad ciudadana sino es a base de intolerancia, represión y violación de derechos humanos.
Contar con la carcel más grande y espeluznante de América, organizar el retrógrado festival internacional del patriarcado, llamado concurso de Miss Universo, responder a un ataque a dos policías en un departamento, como el caso de Cabañas esta semana, con el cerco militar a todo el departamento, afectando las condiciones de vida de toda la población, son medidas improvisadas y sin orientación alguna, más que medir permanentemente los niveles de popularidad presidencial. Todo esto empieza a parecer cada vez más insuficiente para gobernar un país inmerso en crisis crecientes e insostenibles.
¿Cuánto tiempo pueden continuar las capturas masivas, la inexistencia de garantías constitucionales, las políticas de odio e intolerancia? ¿Cuánto puede durar el efecto del miedo en la población? ¿Cuánto la negación de acceso a la información pública en datos relevantes de seguridad, economía, salud, educación, planificación, uso de los recursos públicos?
También vivimos una crisis gravísima en el terreno económico, con el peor record de inversión extranjera del continente, con el fracaso estrepitoso del Bitcoin, sujetos a caprichos e “ideas locas” presidenciales. Anunciando supuestos éxitos turísticos mientras los vendedores se quejan de tener una de las épocas vacacionales con menor venta que se recuerde. La educación sigue siendo tan ineficiente como los servicios de salud pública o el abastecimiento de medicamentos. La migración ilegal sigue creciendo, y es curioso que en un país sometido a todo tipo de medidas para perseguir a los delincuentes estos sigan actuando a sus anchas. Algo no funciona, ¿el modelo represivo, el discurso, las cifras mentirosas, las historias de éxito?
En buena medida, si a pesar de estas realidades, el jefe de gobierno mantiene niveles altos de popularidad y cuenta aún con la fe ciega de quienes pasan hambre al enfrentar una canasta básica que ya supera los $250, inalcanzable para al menos un tercio de la población, pero que siguen afirmando “que el país está mejor”, entonces, si esto sucede, es porque hay una evidente crisis también en el campo popular, en sus organizaciones, en sus partidos, en sus dirigencias, que aparecen muy poco preocupadas ante la carestía de la vida, ante la deserción escolar y la falta de oportunidades a todo nivel, y más preocupados en disputas internas electorales, que siguen evidenciando fracturas y divisiones al no unificar con rapidez el apoyo a luchas como las del gremio médico, o los reclamos de las madres de personas presas inocentes, que siguen muriendo en manos del Estado.
Ese frente opositor popular muestra una peligrosa pasividad ante un escenario cada vez más complejo. La bomba de tiempo social no se detiene, ¿dónde estará/estaremos cada uno cuando estalle?
[1] El 19 de febrero de 2007, tres miembros del partido ARENA - Eduardo D'Aubuisson, William Pichinte y José Ramón González, junto con su conductor, Gerardo Ramírez - fueron encontrados muertos y calcinados cerca de Ciudad de Guatemala
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