El 30 de junio de 2025 no parecía un día particularmente diferente en El Salvador. Las lluvias habían azotado el país todo el mes, convirtiéndolo en el tercer junio más lluvioso desde 1971; el abandono gubernamental provocaba que los afectados por el clima sufrieran del mismo modo que lo hacían hace medio siglo.
Un día normal para una dictadura que creía tener el país bajo control. Sin embargo, una portada en un periódico editado a cinco mil kilómetros de distancia, constituyó el aleteo de la mariposa que fracturó un andamiaje de engaños, secretos, ilegalidades y negociaciones oscuras sostenido durante años.
El artículo venía a sumarse a otras revelaciones de diversos medios de comunicación a lo largo del tiempo, como los acuerdos entre criminales y el gobierno, presentadas por primera vez en video por jefes de pandillas, que salieron del país en connivencia con el poder.
Recordemos también las consecuencias internacionales de la recepción de inmigrantes venezolanos deportados desde EEUU y secuestrados en la prisión de máxima seguridad conocida como CECOT, sin causa alguna, sin delitos en el país, y sin acceso a la justicia.
Sumemos el caso de Kilmar Ábrego García, que acaba de denunciar en EEUU haber sido torturado en las cárceles de El Salvador, donde llegó deportado por error y en contra de decisiones judiciales de aquel país.
Sin embargo, al ver las portadas de los tabloides locales de ese día 30 de junio, cualquiera hubiese creído que se encontraba en un país normal, con problemas normales de países normales. Solo el diario Colatino hacía referencia a un incidente que hizo sonrojar al régimen autocrático; lo reflejaba reproduciendo la reacción del dictador al ser puesto en evidencia desde el más inesperado de los escenarios, el Salón de la Moda de Paris, que escenificó el salvajismo nihilista de la dictadura y su desprecio por la dignidad y la vida humana.
El régimen había reaccionado como suele hacerlo, tergiversando y manipulando los hechos, intentando desvirtuar una denuncia, en realidad orientada a las políticas migratorias y racistas del supremacismo blanco que gobierna Estados Unidos, pero que el presidente de El Salvador asumió como críticas a su gobierno
Pretendió hacer creer que un clamor por violaciones a los derechos humanos más elementales era, en realidad, una apología del delito y de los delincuentes. Pinochet y otros discípulos goebbelianos estarían orgullosos del personaje.
Salvo ese hecho, que activó de inmediato al aparato de bots y troles del gobierno, para intentar ridiculizar la denuncia y potenciar el mensaje presidencial, la dictadura seguía pareciendo inexpugnable, irreductible a los cuestionamientos sobre su crueldad injustificable, ejercida contra decenas de miles de hombres y mujeres hacinadas en las cárceles del país.
Desde el mes de mayo, la persecución política contra toda forma de oposición se había recrudecido, con más de cuarenta periodistas exiliados para salvar sus vidas, por haber revelado algún tipo de información que resultaba incómoda para el gobierno; decenas de activistas de derechos humanos corrieron el mismo destino, luego que destacados abogados y líderes comunitarios fueran detenidos, acusados de corrupción o asociaciones ilícitas, caballito de batalla de la dictadura cuando no tiene pruebas para montar un caso.
El régimen de excepción, que rige el país desde marzo 2022 de manera ininterrumpida e inconstitucional, había pasado de ser instrumento contra el crimen organizado, a convertirse en una efectiva herramienta de control social y político. En el Bukelato, todo parecía conducirse bajo los cánones habituales.
Pero ese día, la onda expansiva de una sola publicación llegaría hasta los más oscuros rincones de Casa Presidencial, en San Salvador.
El emperador del reino digital, controlador incuestionable de las redes sociales de su país, y amo absoluto de las tendencias y producción mediática que consumen varios millones de habitantes en territorio salvadoreño, y otros tantos fuera de sus fronteras, se encontraba esta vez expuesto, sus negociaciones con los peores criminales que habían azotado El Salvador durante décadas, y sus maniobras para silenciarlos, salían a la luz en un extenso reportaje desarrollado por The New York Times.
No se trataba de una pequeña nota marginal en un periódico de los que el oficialismo solía descalificar degradando a sus autores. Esta vez se trataba de una investigación extensiva[1], profusamente documentada, incluyendo comunicaciones diplomáticas, y desarrollada durante meses por un amplio equipo de reporteros de investigación. Era, además, una nota de fondo en uno de los medios más influyentes del planeta. Esta vez, las granjas de bots no bastarían para neutralizar el golpe ni distraer atenciones.
Desde los inicios del proceso autoritario, reaccionario y represivo en El Salvador, nunca la legitimidad y legalidad de la autoridad del hoy presidente se había puesto tan en cuestión, con tantas evidencias y con argumentos y pruebas de tal gravedad, desde un medio de difusión mundial.
No todas las revelaciones, con fotos del ingreso de personajes con rostros cubiertos a los centros penales, para reunirse con ciertos reclusos, resultan realmente una novedad, ya que varios medios, como el periódico digital El Faro, habían revelado detalles y fotos de esos encuentros desde el año 2020 y 2021, pero la capacidad de difusión e influencia de un medio como el NYT eran capaces de producir daños irreparables en la línea de flotación del Bukelato.
El golpe silenció por varios días el aparato de comunicaciones de la dictadura, posiblemente desorientado acerca de los pasos a dar, en particular porque las informaciones no solo involucraban al máximo jefe de ese clan familiar omnipresente en la vida del país, sino que afectaba también al presidente más poderoso del planeta, su socio estratégico, de cuyo apoyo depende, en buena parte, la estabilidad de la dictadura.
Los reaccionarios “asesores” venezolanos, que conforman el gabinete en la sombra de Bukele, verdaderos especialistas en enturbiar aguas, crear distractores, denigrar y ofender para deslegitimar acusaciones, enmudecieron por varios días. El golpe había afectado a todo el régimen. Algunos analistas señalan estos hechos como el indicio del comienzo de la descomposición del régimen desde sus entrañas. De pronto, los accidentes de helicópteros y otros incidentes no parecieron tan casuales. El muro de silencio en torno a las declaraciones patrimoniales de funcionarios cobró sentido.
Ese último día de junio de 2025, más de 11 millones de suscriptores del NYT descubrieron que Osiris Luna, viceministro de Seguridad, director de Centros Penales y figura clave en el régimen de Bukele, visitó dos veces la embajada de Estados Unidos en 2020 para delatar el pacto del presidente de El Salvador con las maras, cuestiones con las que Luna decía sentirse incómodo.
A cambio de su testimonio pedía un “asilo político de lujo”. El funcionario actuaba como lo hacen los llamados “testigos criteriados”, un delincuente que denuncia a sus cómplices para mejorar su situación ante la justicia.
Que uno de los más cercanos colaboradores del presidente, y quien eventualmente sería también sancionado por los EEUU por haber negociado con pandillas, y por la evidencia de sus actos de corrupción, se presentara en la Embajada de EEUU al inicio del Plan Control Territorial, establece no solo la metodología alcanzada para reducir entonces los homicidios causados por el crimen organizado, sino la directa relación de estos criminales con las más altas autoridades del país y su influencia en el ascenso político y popularidad del actual mandatario. Tampoco Washington puede hoy negar haber sabido acerca de estos hechos desde sus inicios.
El caso despertó alertas dentro y fuera del país, incluso en sectores que antes respaldaban a ciegas al oficialismo. El informe revela también el acuerdo Trump-Bukele, por medio del cual, a cambio de las concesiones para convertir a El Salvador en colonia carcelaria al estilo de Guantánamo, Washington retiraba cargos contra peligrosos integrantes de la pandilla MS-13, capturados en algunos casos después de largos y costosos operativos, y con juicios ya muy avanzados, para que de este modo el gobierno federal pudiera retornarlos a El Salvador como deportados.
Una efectiva forma de silenciar testigos incómodos de las negociaciones develadas por investigaciones periodísticas, fuerzas de seguridad internacionales y declaraciones de los mismos involucrados.
Los hechos ponían en entredicho una dictadura que gozaba hasta hacía apenas unos meses, de una cuidada imagen de gobierno duro con los delincuentes pero respaldado en su país, y que se había convertido en una especie de ejemplo a seguir para más de un gobierno de derecha de la región. Por años, el país de las maravillas había sido muy bien vendido hacia el mundo exterior.
Pero desde la usurpación del poder, el 1 de junio de 2024, el engaño, la distracción, la manipulación, ya no logran los objetivos que alguna vez obtuvieron. Se verifica un proceso de deterioro evidente en los mecanismos de dominación del régimen, obligado a dar un giro a formas represivas más abiertas para controlar expresiones que antes lograba en base a propaganda, discurso presidencial y mecanismos de comunicación hiperactivos, que mantenían a la población siguiendo agendas fijadas desde el poder.
Eso se debilitó gradualmente hasta llegar a mayo de 2025, cuando la prioridad del régimen fue controlar de forma violenta las expresiones que lo desafiaban desde el ámbito periodístico, comunitario y de derechos humanos, pero también desde la movilización popular, las resistencias y las denuncias, cada vez más frecuentes desde cada vez más diversos sectores, dentro y fuera del país, inmunes ya a la manipulación de narrativas populistas. El uso arbitrario y discrecional del poder judicial al servicio del régimen adquirió preponderancia en la realidad política del país.
El muro de silencio montado a lo largo de años muestra sus grietas; por ellas se filtra el verdadero rostro de la dictadura. Esta misma semana fue capturado en la frontera con Honduras un funcionario de gobierno, a su vez responsable político del partido oficial en el Departamento de La Unión. Poseía 60 mil dólares que ocultaba y no pudo justificar; en el mismo fin de semana, una avioneta cargada con cocaína proveniente “del país más seguro del hemisferio” fue confiscada en territorio mexicano.
La crisis tiende a acelerarse y las grietas a ampliarse. Solo queda pendiente el fortalecimiento de una oposición política y social popular, que será determinante para poner fin a los oscuros años de dictadura y retroceso social en El Salvador.
[1] https://www.nytimes.com/…/trump-bukele-ms-13-immigrants… Trump Vowed to Dismantle MS-13. His Deal With Bukele Threatens That Effort. Top gang leaders being sent back to El Salvador were part of a lengthy federal investigation that has amassed evidence of a corrupt pact between the Bukele government and MS-13.