Los usurpadores del poder en El Salvador, hoy abiertamente golpistas, no logran que sus acciones ilegales sean olvidadas, muchísimo menos que sean aceptadas por una comunidad internacional que sigue cuestionando tanto las medidas inconsultas e inconstitucionales como la violación de un sinnúmero de tratados y acuerdos internacionales.
La dictadura tampoco logra que sus falsedades, medias verdades y los casos de enriquecimiento injustificado de funcionarios, que están saliendo a la luz, logre perderse en la maraña de distractores que a diario elaboran los equipos de manipulación mediática dirigidos desde CAPRES.
Esta semana fue particularmente embarazosa para el régimen cuando se supo que uno de los únicos cinco diputados que conocieron de antemano la maniobra golpista legislativa del 31 de julio pasado, el sub-jefe de la bancada oficialista, Caleb Navarro, habia sido investigado por medios de prensa. Esos medios lograron establecer documentalmente un enriquecimiento sustancial, vertiginoso e inexplicable del diputado.
Según las investigaciones periodísticas, cuando llegó al cargo, por el que cobra unos cuatro mil dólares, el diputado de Nuevas Ideas poseía una vivienda en una modesta y populosa zona suburbana, en San Martín, al este de San Salvador. Esa propiedad costaba unos 18 mil dólares. Pero en menos de un año, según la revista Factum[1], Navarro adquirió seis propiedades, entre viviendas en zonas urbanas exclusivas y terrenos en zonas de playa marina, por casi medio millón de dólares y con créditos de bancos nacionales, que también prestaron cuantiosos fondos a diversos y destacados funcionarios públicos del bukelismo, incluidos miembros del clan familiar.
Otro giro autoritario: militarismo y centralización
El sorpresivo nombramiento de la capitana y doctora Karla Trigueros como ministra de Educación representa un peligroso precedente de militarización de la actividad pública civil. Es también un desafío y una provocación a la población, en particular a los sectores que nunca han apoyado al gobierno, y aquellos que han dejado de hacerlo desde la espiral autoritaria del régimen, a partir de la usurpación del poder el 1 de junio de 2024.
En efecto, el nombramiento de una oficial militar, sin ningún tipo de experiencia en el área asignada, e incluso con ciertas limitaciones curriculares, que se fueron revelando a lo largo de la semana, en un cargo que corresponde al ámbito civil es, en todo sentido, una reversión drástica de los acuerdos de paz, una violación a la Constitución que lo prohíbe en su art. 178 y es, a su vez, una declaración de intenciones.
El régimen dice, en su lenguaje simbólico, que se han roto las barreras que impedian la ingerencia militar en las actividades de orden civil y, al mismo tiempo, envía la clara señal de que se apoyará en la fuerza armada para llevar adelante su gobierno. Ya no será la búsqueda de consensos, aunque sean ficticios y a fuerza de propaganda y manipulación medíática, lo que prevalecerá, sino el ordeno y mando desde la más alta jerarquía ministerial.
Las primeras manifestaciones de plumas pagadas del régimen, que se presentan como “grupo de pensamiento” dedicados a justificar cada despropósito guberrnamental, se encargaron de subrayar que una oficial del ejército, sin capacitación profesional específica en la materia, “aportará orden y disciplina al sistema educativo”, todo un reconocimiento a que la prioridad no es la enseñanza sino el disciplinamiento social y el encuadramiento desde los niveles más básicos.
No le falta razón al grupo de seudo intelectuales oficialistas. El régimen no quiere mentes pensantes sino obedientes, no busca educar sino disciplinar y adoctrinar. Al frente pone a una persona formada para obedecer y transmitir las órdenes recibidas sin cuestionarlas. No se trata, como mintió el presidente al intentar justificar el nombramiento, que su misión sea formar las futuras generaciones para transformar y elevar la educación en El Salvador. Su misión será completar la inconclusa tarea de su predecesor, cerrando escuelas y expulsando personal del cuerpo docente para cumplir con los mandatos del FMI.
Junto a la declaración de intenciones de alinear cada vez más su gobierno hacia una deriva militarista, el presidente insiste en la centralización del poder. Ordena la creación de una dependencia de CAPRES dedicada a la gestión del nuevo Hospital Rosales, aún en construcción. No será el ministerio de Salud sino el Ejecutivo quien gestione en última instancia el hospital de más alto nivel de atención y el más grande del país.
La dictadura salvadoreña se asume ya abiertamente como tal. No se trata del “dictador cool”, como gustaba autodenominarse el jerarca de CAPRES, sino de una dictadura crecientemente cívico-militar, dispuesta a asumir la concentración absoluta del poder del Estado e intentando, muy posiblemente, eliminar toda posibilidad de alternabilidad en el gobierno.
La dictadura, en su ambición continuista a cualquier precio, para garantizar la impunidad de sus jerarcas y funcionarios, parece olvidar que los más dramáticos conflictos protagonizados por el pueblo salvadoreño no se originaron en las deplorables condiciones de pobreza y pobreza extrema que caracterizó el país, tanto en el campo como en las zonas urbanas, sino el reiterado bloqueo de las élites oligárquicas en el poder, al acceso popular a través de las urnas, al recorte permanente de libertades democráticas y diversas formas de expresión de las mayorías.
Fue la represión y no el hambre la que hizo fermentar en esta sociedad el conflicto político-social, que derivó en conflicto armado, a fuerza de fraudes descarados y al cierre de todas las vías para la lucha política legal.
El autoritarismo, la arrogancia y el despecio por la historia los lleva cada día a repetir aquellos errores, a caminar los mismos viejos y peligrosos senderos de desafíos, provocaciones, represión, enriquecimiento y corrupción descarada, y arbitrariedad evidente en cada decisión, que solo contempla los intereses de una élite despreciable que se enriquece a costa de todos.
Otra expresión de esa concentración de poder en cada vez menos manos, se manifiesta en la designación del actual ministro del seguridad pública a cargo de la dirección de la Policía Nacional Civil, PNC. Esto implicará el incumplimiento en sus funciones, y no habrá “contraloría” en la PNC, como ya ha señalado el Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP), institución que subraya el conflicto entre ambos porque la Ley Orgánica de la PNC estipula que los cargos son “incompatibles”.
Centralización política, militarización, arbitrariedad, son todos elementos que, junto al intento de seguir mostrando distractores que ya no funcionan, como la inauguración de puentes, la promoción de campañas contra la corrupción, sin tocar a los verdaderos corruptos, o la reorganización del Ejecutivo con nuevas dependencias, como una insólita Secretaría de Valores (morales, éticos y religiosos), configura de conjunto un escenario que, lejos de distraer de la gravedad de la situación, mantiene abiertos los canales a potenciales conflictos sociales de envergadura.
En la medida que esos conflictos estallen no habrá propaganda, distractor ni arbitrariedad que pueda frenar la explosión social. El régimen parece haber optado por el enfrentamiento futuro; confía también en el apoyo de Washington, pero esas amistades jamás dejarán de ser peligrosas.
En medio de estas maniobras políticas, aderezadas de nuevos e injustificados endeudamientos, otra fenómeno vino a cuestionar el montaje oficial. Lluvias torrenciales azotaron El Salvador, dejando al descubierto la esencia de las cosas, el abandono de cualquier política de prevención de riesgos.
Calles anegadas, vehículos de todo tamaño arrastrados por correntadas de agua que convirtieron las calles de grandes ciudades como San Salvador y Santa Ana, en caudalosos y peligrosos ríos que arrastraban todo a su paso. Es el resultado de la completa desatención de los problemas esenciales para las comunidades, y la sociedad en su conjunto. Los drenajes sucios, en mal estado y sin mantenimiento colapsaron y provocaron las tragedias, sin siquiera inmutar al gobierno.
Tampoco el régimen abandona sus proyectos criminales, que solo pueden empeorar la situación, como la continuidad del proyecto de desforestación del pulmón verde capitalino, el bosque de El Espino, para construir un Centro de Convenciones que solo beneficiará económicamente a la misma élite en el poder; o el restablecimiento de la minería metálica, rechazada por una abrumadora mayoría de la población.
El régimen parece haber tomado ya la decisión de intentar controlar al pueblo por la fuerza, la militarización y el ordeno y mando. La democracia, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos ciudadanos, son parte de una historia pasada. Los antecedentes al respecto, muestran que iniciativas autoritarias de este tipo terminaron mal, muy mal, para quienes confundieron la paciencia del pueblo con sumisión.
[1] Diputado Caleb Navarro compró propiedades por medio millón de dólares en nueve meses
Reflexiones y pensamiento crítico 