Ante los informes internacionales denunciando a la dictadura salvadoreña por violaciones sistemáticas a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, las campañas desde el poder para neutralizar los datos duros, reproducidos y comentados por la prensa en todo el mundo, resultaron insuficientes.
No es que desde los aparatos de gobierno no se esforzaran. Lo hicieron con una intensidad pocas veces recordada. Pero ni eso logró neutralizar el profundo efecto negativo de la imagen, tanto del dictador como de su régimen.
Como parte de esa campaña, el aparato autocrático ordenó a sus legisladores que promuevan con mucho ruido, con desafiantes palabras y masivos mensajes de odio en redes sociales, una nueva reforma constitucional exprés para incluir aquello que, en el documento original de la Carta Magna -cuando todavía tenía algún valor jurídico-, se prohíbe: las condenas de cárcel a perpetuidad.
Fue la inmensa nube de humo preparada para cambiar radicalmente de tema en la conversación social. Para agitar y enturbiar más las aguas, algún rufián, operando como legislador, se encargó de producir y agregar mentiras de su propia cosecha, para señalar como cómplice de pandilleros a quien osara cuestionar la racionalidad de la medida.
Es en ese contexto de señalamientos de organismos internacionales, como el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos (GIPES), que se conocieron esta semana las declaraciones de Monseñor Gregorio Rosa Chávez.
El informe del GIPES concluyó que existen “bases razonables para creer” que, en el marco del régimen de excepción, “se están cometiendo crímenes de lesa humanidad”, en referencia a denuncias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y otras violaciones a derechos humanos.
El cardenal se refirió el 17 de marzo al régimen de excepción vigente y cuestionó su duración, al afirmar que una medida extraordinaria ha pasado a formar parte de la cotidianidad. “Decíamos que la excepción es excepción, aquí ya se volvió la normalidad. La excepción es para mientras, pero llevamos cuatro años”, expresó a periodistas.
En ese sentido, el religioso indicó que la prolongación del régimen plantea interrogantes sobre su aplicación. “Es como una especie de pecado original, por lo tanto es algo que está totalmente incorrecto”, añadió.
El régimen de excepción fue implementado en marzo de 2022 como respuesta a un repunte de homicidios y desde entonces se ha prorrogado de forma continua, permitiendo, entre otras medidas, capturas sin orden judicial y la suspensión de garantías constitucionales.
El cardenal Rosa Chávez también hizo referencia a la importancia del acceso a la información y a la búsqueda de la verdad. “Creo que es bueno tener esa información objetiva que obliga a tomar postura y obliga a ser responsable”, señaló, en una crítica a quienes desde las más altas esferas del poder y sus círculos cercanos, reproducen violentos mensajes hacia quienes abogan por el respeto a los derechos humanos, difunden el estremecedor informe, o cuestionan las abusivas políticas gubernamentales.
Asimismo, sobre la existencia de presos políticos, indicó que hay casos documentados. “Es lo mismo, con nombre y apellido, con detalles bien comprobados por la autoridad legal de este tiempo”, afirmó. El cardenal concluyó destacando la relevancia de procesos orientados a la verdad y la justicia. “Hay que tener paciencia histórica para que las cosas se hagan a la luz de la verdad y también de la justicia y también del perdón, porque sin perdón no hay justicia verdadera”.
Intenciones ocultas
Con cierta frecuencia, en El Salvador los jueces emiten condenas a penas superiores a los cien, doscientos o aún más años, sin que esas sentencias encuentren límites temporales de encarcelamiento, como sucede en otros países, en los cuales el tiempo en prisión se limita a 25 años como máximo, más allá de lo sentenciado por el juez.
No se comprende, entonces, qué cambio real representaría la medida, propagandizada a todo volumen, llevada aceleradamente al Congreso por el ministro de Seguridad, secundada de manera unánime con las firmas de todos las diputados del oficialismo, y con un solo voto en contra de una diputada de oposición.
No se comprendería si se hace abstracción del contexto. Lo habitual de esta dictadura es su natural instinto a huir hacia adelante en cada ocasión en que se ve acorralada por una incómoda realidad. Este caso no es la excepción.
La respuesta unánime de la bancada oficialista, expresada en esas firmas avalando la medida, la urgencia y abundancia de declaraciones fanatizadas y fuera de tono, parecen expresar la imperiosa necesidad de demostrar lealtades al dictador, para que nadie se atreva a dudar. Al mismo tiempo, esta “prueba” estigmatiza a todo el colectivo.
El informe GIPES es demoledor, devastador en sus posibles efectos a lo largo del tiempo para esta dictadura, cuyos protagonistas ven claramente que el camino para no terminar en los banquillos de la Corte Penal Internacional y en alguna carcel de primer mundo, donde serán eventualmente enviados, es conservar el poder a cualquier costo.
Recuerdan en algún sentido al genocida primer ministro israelí, cuyo futuro en materia de seguridad personal y de evitar los juicios y condenas que le esperarían cuando su propio pueblo pueda juzagarlo, parece descansar en mantener en guerra perpetua a su país, solo para evitar la suerte que, en una situación de normalidad, le correspondería.
Pero, más allá de esta forma de decirle al mundo que el gupo en el poder sigue unido detrás de su jefe, dispuesto a desafiar cualquier crítica externa o interna que cuestione sus intereses, otras cosas parecen ocultarse con la maniobra. Junto con la reforma, el Gobierno propone cambios en las siguientes normativas:
- Código Penal: Habilita la opción de aplicar cadenas perpetuas, crea un régimen de libertad controlada y revisión de la condena. Se modifican las sanciones por agrupaciones ilícitas.
- Ley Especial Contra Actos de Terrorismo: Se reforma el artículo 13 para modificar el concepto de organizaciones terroristas para sancionarlos con penas perpetuas.
- Ley Penal juvenil: la reforma estipula que menores de edad podrán ser condenados a cadena perpetua y que estos podrán aplicar al proceso de revisión de la pena que se añadirá en el Código Penal.
- Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres: Se reforma para que delitos de violaciones puedan ser sancionados también con penas perpetuas.
Más allá de las maniobras de distracción y de la expresión de desprecio a las críticas en materia de derechos humanos, las medidas buscan también profundizar aspectos que representan un marcado giro hacia la inhumana visión punitiva y degradante de la justicia, como efectivamente se destaca en regímenes totalitarios de corte neofascista.
Esto se evidencia al incorporar a los menores de edad a la categoría de posibles sujetos del tipo de penas señaladas, que coloca al país entre los vulneradores de derechos de la niñez, infancia y adolescencia, así como a contracorriente de tendencias en materia de derechos humanos y sentencias judiciales para menores de edad.
En materia de estándares internacionales, la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU establece que la privación de libertad de menores debe ser una medida de último recurso y por el menor tiempo posible.
Por otra parte, la tendencia global muestra que la mayoría de los países, especialmente en América Latina y Europa, han eliminado o nunca han permitido la cadena perpetua para menores de edad, siguiendo estándares internacionales de derechos humanos.
La región del Caribe es una de las excepciones más marcadas, ya que varios países de la región mantienen estas penas, a menudo heredadas del derecho colonial británico. Pero, incluso en países donde la medida es legal, los tribunales han comenzado a limitar su aplicación. Por ejemplo, en Belice la cadena perpetua obligatoria sin libertad condicional fue declarada inconstitucional.
Por otra parte, es por demás conocido el carácter autoritario y abusivo del régimen dictatorial imperante en El Salvador. También es sabido que, al igual que quien está a cargo del régimen estadounidense, el jefe del clan en el poder en El Salvador suele ser impetuoso, díscolo, cambiante y vengativo.
Todo ello pone en cuestión la posibilidad futura de la utilización de las reformas planteadas para ampliar el concepto de terrorismo y de organizaciones terroristas a cualquiera en el ámbito de la oposición, que pudiera hacer sentir al régimen que se encuentra en peligro.
Resulta incluso sospechoso el esfuerzo del oficialismo por intentar ofrecer “garantías” de la limitación de las medidas. Sospechoso, precisamente, por el carácter y personalidad de quienes detentan discrecionalmente el poder dictatorial en el país.
Mientras tanto, algo más evidencian este tipo de medidas. El régimen se repite, como si pedaleara en un pantano donde cada esfuerzo pareciera hundirlo más en el mismo lodo.
Es incapaz de imaginar otra política que no sea la represiva. Se repite hasta la extenuación, como si no existiera otro argumento en su imaginario. El “manodurismo” es su opción instintiva. No pasa, como sucedió esta semana con el ministro de Justicia, de “mandar al carajo” a los organismos de derechos humanos que documentan las aberrantes violaciones a los DDHH, de los que él mismo es parte y cómplice.
El país se hunde en deudas, en inseguridad jurídica, en falta de oportunidades para jóvenes como para adultos. Con casi nula inversión extranjera de largo plazo o de carácter productivo, crece la miseria, la pobreza extrema, la informalidad para la supervivencia de un porcentaje creciente de la población, mientras una burbuja de especuladores inmobiliarios y financieros, acumulan cada vez más riquezas, en un país que parece diseñado para el exclusivo goce y usufructo de esas élites.
Para esas mayorías no surgen desde el gobierno más que promesas fantasiosas de un país irrealizable, y políticas que siempre, sin excepción, apelan a la represión y al ocultamiento de la información.
El régimen parece haber agotado su inventiva y su creatividad política. Su estrecho margen es el mundo de la violencia estatal, la disciplina y el autoritarismo.
No hay ya ideas, ni nuevas ni viejas, más allá de vivir de las rentas políticas de la lucha contra las pandillas. Insuficiente en estos días por repetitiva, y por no abordar los temas que hoy importan a la sociedad. La propaganda manipuladora funciona cada vez menos y, seguramente por ello, demanda más recursos para sostenerse. Como todo régimen, se desgasta. Como en toda dictadura, serán los últimos en enterarse. Cuando lo hagan será tarde.