dos años del gobierno Bukele

Génesis de un gobierno

Este 1 de junio se cumplen dos años del inicio de la administración Bukele, un régimen que parece esculpido a imagen y semejanza de la personalidad del mandatario, personaje arrogante, narcisista, vengativo, intolerante y manipulador, impulsor de un proyecto populista, autoritario y neoliberal, con rasgos y métodos neofascistas.

No se trata, sin embargo, del gobierno de una sola persona, del típico régimen tiránico de carácter autocrático. No lo es porque en realidad se trata de una camarilla que maneja a su antojo las riendas del gobierno; es el clan Bukele, conformado en primer lugar por los hermanos del presidente pero también por tíos, primos y otros integrantes de la familia, lo cual podría considerarse ejemplo de nepotismo pero también como el gobierno de una casta, o de ”una casa”, al estilo del decadente concepto aristocrático de familia real.

Algunos rasgos de este gobierno demuestran, en efecto, una profunda vena antidemocrática, y su irrespeto hacia cualquier forma de oposición empieza a ser legendaria. Sobre todo por el extremismo de esta visión, que entiende cualquier punto de vista que se aleje del suyo como inadmisible, y por lo tanto descartable, condenable y que es necesario combatir hasta aniquilar. Del mismo modo que resultan descartables las posiciones divergentes parecen también serlo las personas que sostienen esas posiciones. 

Así, el presidente y su clan ha conformado un gabinete sumiso, que se adecúa a cada una de sus exigencias, un cuerpo de ministros, secretarios y subsecretarios incapaces de contradecirlo, cuya mayor o menor capacidad técnica o política resulta irrelevante frente a la cualidad esencial exigida: la lealtad al presidente, y por extensión al clan.

Por lo visto en estos dos años, desde el punto de vista del análisis de los fondos públicos, parece ser que el “premio” a esa lealtad es la permisividad en el uso discrecional de recursos estatales, sin mayores controles fiscales, en la medida que parte primordial de las acciones desarrolladas a lo largo de estos dos años fueron la virtual eliminación o neutralización de cada una de las instancias de control por organismos del Estado o de la ciudadanía.

Los casos de enriquecimiento y corrupción en estos 24 meses son tan evidentes que listarlos resulta de algún modo redundante, porque en diversos balances del periodo estos datos salen a la luz con frecuencia. Sin embargo, es de destacar la contradicción entre esta realidad objetiva -sustentada tanto en datos nacionales como en estudios de organismos internacionales-, y la percepción reflejada en diversas encuestas y estudios de opinión que señalarían la “versión popular” que “este gobierno expulsó a los ladrones y que combate la corrupción”. La manipuladora propaganda gubernamental masiva y su efecto acumulativo, como en muchos otros aspectos de esta gestión, tiene aún un peso relevante en la percepción ciudadana.

En este contexto durante prácticamente el primer año de gobierno, Bukele y su  grupo fue conformando un “círculo de acero” de máxima confianza, del que salió eventualmente la designación de sus más fieles servidores para ponerlos en puestos clave en la elección a diputados por Nuevas Ideas (NI), y posteriormente para asegurar el control de la administración y la gestión política del órgano legislativo. Ya se sabe, y volveremos sobre ello, las razones por las cuales necesitaba ese cerrado grupo, casi como una fuerza de choque capaz de “tomar por asalto legislativo” al resto de órganos de Estado para ponerlos al servicio directo del Ejecutivo.

Este proceso de construcción autoritaria, que comenzó mucho antes que su primer día de mandato, no es producto de la improvisación ni del antojo de un iluminado sino la aplicación de un plan cuidadosamente montado, con asesoramiento especializado proveniente de fuerzas profundamente reaccionarias, desde los asesores venezolanos del entorno de Guaidó y otros, hasta el apoyo sionista en seguridad o los recursos generados en las aspiraciones expansionistas del wahabismo qatarí, todo en función de la consolidación y eventual control hegemónico de la economía nacional/regional por un grupo económico emergente, en  proceso de consolidación como nueva clase dominante, asociada a los principales actores de la oligarquía tradicional, desplazados a lo largo de las últimas décadas del control de la riqueza principal del país a expensas de capitales transnacionales:  bancos, aseguradoras, afp, especulación financiera en general,  agro-exportaciones, construcción, bienes raíces e infraestructuras, telecomunicaciones, electricidad, servicios asociados a export/import, call centers y maquilas, etc. etc. 

De modo que, desde este punto de vista, el fenómeno del gobierno Bukele responde también a una profunda reconfiguración de las clases dominantes, sus grupos de poder y sus luchas internas para asegurar no solo su consolidación sino la efectiva dominación de sus adversarios.

Tampoco es posible explicar su ascenso sólo a partir de su maestría en la manipulación mediática y de redes sociales, aunque este aspecto no puede ni debe perderse de vista en ningún momento porque, mas allá del particular “caso Bukele” o “caso El Salvador”, lo cierto es que ese manejo mediático y de redes forma ya parte del arsenal de combate del esquema de dominación de efecto completo imperial adaptado a cada escenario particular en los países de Nuestra América.

Imposición y autoritarismo

Desde el primer día de la gestión Bukele se pudo comprobar la imposición de medidas restrictivas a ciertos derechos, iniciando con el del acceso a la información pública o el derecho al trabajo, pero saltando de inmediato a la persecución y acoso a la prensa insumisa, acoso a funcionarios opositores en sus domicilios durante el primer ensayo de golpe de Estado el 9F20,  repetido posteriormente durante el segundo golpe, el 1M, contra magistrados destituidos ilegalmente, o el ataque mediático, discursivo y en redes sociales contra todo aquel que pueda considerarse un opositor o detractor del gobierno de Bukele, con un particular énfasis en el ataque despiadado y vulgar contra mujeres, entre otras acciones ejecutadas desde mucho antes del inicio de la pandemia.

Cada una de esas maniobras requirió más que la simple decisión de llevarlas a cabo. Requirió una comunidad de inteligencia local puesta al servicio de un grupo de poder, requirió fuerzas de seguridad policiales y militares leales a ese mismo grupo, más allá de sus juramentos constitucionales de lealtad a la carta magna y a sus leyes. Ese fue el esqueleto, el andamiaje sobre el que Bukele y su clan preparó su asalto institucional del 1M. El laboratorio de ensayo para verificar sus tácticas llegó con una oportunidad inesperada:  la pandemia de COVID 19.

Salud, autoritarismo y militarización

Es importante destacar el comportamiento del gobierno durante la pandemia, usada como excusa para profundizar en la violación de derechos y leyes, de tal modo que se afianzaran dos ejes: la impunidad para cubrir la corrupción; y el control gradual y creciente del aparato del Estado.  Resulta curioso que a la hora de hacer los balances de dos años de gestión, incluidas las encuestas de opinión, se destaque como positivo el tratamiento de la pandemia, la vacunación, etc.

Llama la atención porque incluso desde medios críticos al gobierno parece olvidarse que la pandemia sirvió para disparar la corrupción desde los ministerios a escala masiva (MAG y los paquetes alimenticios; MINSAL con los negociados de mascarillas y otros equipos; MOP con el Hospsital El Salvador, la construcción de las ya olvidadas cabinas de vacunación;  Hacienda con los $300 de emergencia y los innumerables recursos canalizados sin fiscalización pero endeudando al estado en miles de millones de dólares, entre algunos de los casos mas destacados). Todo ello con el corolario de -una vez obtenido el control legislativo-, pasar una ley irregular con carácter retroactivo, la llamada Ley Alabí, que permitió limpiar cualquier posible acusación que se hiciera a funcionarios, a la vez que establecía las condiciones favorables para potenciales privatizaciones en caso de  que el Estado no cumpliera con obligaciones ante empresas privadas, al contemplar las posibilidades inéditas de embargos al Estado.

El mito de la salud pública, mas allá del tema de la corrupción, muestra otra faceta a destacar:  supuestamente no recibe mayores críticas porque ha resuelto adecuadamente el tema de la pandemia, olvidándose por ejemplo, el deterioro en los niveles de atención de otras muchas enfermedades, incluyendo las terminales como los tratamientos contra el cáncer, o el deterioro de los tratamientos de enfermedades crónicas en los centros de salud pública. Se prioriza y destaca la vacunación contra COVID19 y se olvidan otros tratamientos esenciales. Parece que también se olvida que uno de los cargos que fue relevado en este gobierno fue el de la titular de esa cartera. Pero además, en materia de COVID19, rápidamente se pasa por alto la oscuridad de las cifras y datos oficiales de pacientes y otra estadísticas, denunciadas reiteradamente por el Colegio Médico y otros reconocidos profesionales,  o la clasificación de confidencialidad (hasta por cinco años) de las cifras, incluidas las relativas a las compras de insumos, la contratación con los proveedores de vacunas y demás.

Economía y endeudamiento

En materia económica, no solo debe considerarse el endeudamiento (el mayor desde los acuerdos de paz ($5.227 millones en dos años)) que ha convertido al país en un ente que difícilmente sea sujeto de crédito en el mediano plazo. Esto nos llevaría al reino de los bonos basura y los fondos buitre, antesala de la bancarrota, no solo de la economía nacional sino de millones de familias que seguirán siendo afectadas por el aumento de los costos de servicios, incremento de precios en productos de canasta básica, caída del empleo (solo en este periodo de la administración Bukele se reportan más de 50mil empleos perdidos en la industria de la construcción), deterioro de la economía familiar, sub-consumo y cada vez mayor dependencia del ingreso por remesas del exterior.

A todo lo anterior podemos sumar el esquema impositivo regresivo que sigue vigente a pesar de una narrativa en sentido contrario del ministro de Hacienda, que parece más dedicada a los oídos de un FMI con  quien el gobierno negocia en condiciones cada vez más precarias y desesperadas, que a abordar a fondo el tema de los grandes evasores fiscales. 

Finalmente, con el incremento exponencial del precio de las materias primas debido a los costes asociados al transporte y al aumento del precio de combustibles, el retroceso de la economía nacional en estos dos años parece ser solo un anticipo de la gravísima crisis que ya amenaza a todos los sectores económicos y productivos del país.

También las acciones del 1M tienen consecuencias económicas graves. El deterioro de la confianza de los inversionistas está directamente relacionado con la creciente desconfianza de los mercados hacia un gobierno que cambia reglas, las irrespeta, ataca y busca destruir cualquier critica u oposición pero que, sobre todo, privilegia descaradamente a su grupo económico emergente.  En este aspecto el clan Bukele  no se diferencia de otros consorcios igualmente voraces y parasitarios (cuyos recursos no se basan en otra cosa que el endeudamiento, la especulación y la impunidad),  pero el descaro de poner todo a su servicio (incluyendo los golpes a la Sala y a la FGR), el desmontaje de  instituciones de control como el IAIP y otras a través de su neutralización, ha colocado a los grupos competidores (nacionales e internacionales) en situación de  “defensa de lo suyo”.  Las presiones que llegan de EEUU, mas allá de coincidir tácticamente con algunas de las principales reivindicaciones de sectores sociales amplios, tienen sin embargo a la base una parte importante de esa lucha entre grupos de poder económico.

En este contexto, la llegada de Jean Manes, no como embajadora sino como encargada de negocios, viene a intentar poner por fin en su lugar al “díscolo” presidente. Es decir, ni Bukele es anti EEUU, ni el gobierno de EEUU es anti Bukele. Pero el enviar a una persona con fuertes vínculos con la comunidad de inteligencia, profundamente conservadora en política internacional, muy cercana a los círculos del poder militar norteamericano, con una amplia experiencia intervencionista, y conocedora de la realidad salvadoreña (de todos los actores y no solo del presidente) la coloca en una situación preferente para ejercer las presiones adecuadas, de acuerdo a los intereses gringos (no los salvadoreños).

Esta misma embajadora ya ha demostrado en más de una ocasión que tampoco es amiga de las organizaciones de izquierda o relacionadas al FMLN. No es pues en la representación de EEUU en quien deberían descansar las esperanzas del pueblo y sus manifestaciones organizadas de lucha, sino precisamente en la organización y fortalecimiento de la capacidad de lucha del pueblo mismo, a partir de sus propias reivindicaciones y reclamos, con el acompañamiento permanente de la izquierda revolucionaria.

No son en todo caso menores las consecuencias de que EEUU, a partir de las tensiones promovidas desde CAPRES con diversos representantes del Congreso y del gobierno de EEUU, no envíe a El Salvador una embajadora sino una encargada de negocios, como una muestra del debilitamiento de las relaciones, y las subsecuentes potenciales consecuencias para nuestros compatriotas residentes en el norte. 

El retorno a la situación previa al 1M parece cada vez mas improbable, pero en cambio no es descartable que con la llegada de la nueva representante imperial  se observe un cambio de ritmo en la campaña hasta ahora acelerada del clan Bukele y sus socios, para poner a su entero y exclusivo servicio todo el aparato del Estado. 

Dicho esto, es evidente que un campo donde El Salvador ha  mostrado grandes retrocesos es el de las relaciones internacionales, porque si algo tiene este gobierno en materia de diplomacia es la capacidad de hacerlo cada día peor.  La razón fundamental la encontramos en el control absoluto de esa área por el mandatario, que parece “jugar a la diplomacia” como si de un videojuego se tratara.  Los incidentes con la comunidad de representantes internacionales para intentar justificar el 1M dejaron una huella muy difícil de borrar en la comunidad internacional. Si antes el presidente era visto en el exterior como un extraño personaje que va a la Asamblea de las Naciones Unidas a tomarse una “selfie” y a no decir prácticamente nada, y que ya había sido capaz de amagar un golpe de estado contra el Legislativo, hoy es percibido como un potencial dictador, que de ser visto como un “extraño e irreverente personaje” ha pasado a ser denunciado como un matón del tercer mundo, capaz de insultar o degradar a través de sus redes sociales a importantes figuras de la política internacional por el hecho de que critiquen sus políticas.

Capítulo especial merecería el caso de las relaciones con EEUU. Otro tema  suficientemente abordado estos días en materia de balance de gestión.

La seguridad  como utopía

En el tema de la seguridad sucede algo parecido a lo que pasa con Salud, destacada en las encuestas como una de las medidas de éxito de un gobierno que, sin embargo, jamás presentó un plan de seguridad mas allá de la mercadotecnia del nombre y la parafernalia vacía, de uso habitual en esta gestión presidencial. 

Desde el primer año de gobierno medios periodísticos destacaron en sus investigaciones que la reducción de homicidios podía deberse a los pactos y acuerdos con el crimen organizado en pandillas; precisamente fueron estos sectores criminales los que jugaron un papel muy destacado en la campaña electoral y en el mismo día de las elecciones (tanto de 2019 como en 2021) para garantizar y permitir el despliegue territorial del oficialismo al tiempo que restringían y amenazaban a la oposición.

Sin embargo, pasadas las elecciones del 28F las cifras de homicidios vuelven a crecer, aunque manteniéndose a niveles por debajo de los históricos.  La seguridad sirvió también en más de una ocasión a Bukele para desviar la atención de otros temas incómodos, destacando en esos casos los días con cero homicidio, por ejemplo, y evocando sistemáticamente otras épocas donde el tema de la seguridad era un serio problema para las autoridades.

Sin embargo el mito de la seguridad tardó menos de dos años en empezar a desvanecerse, al resultar cada vez mas difícil para el gobierno impedir que la cifras de denuncias de desaparición de personas se disparasen. En esos casos se trataba sobre todo de mujeres y jóvenes quienes desaparecían en cualquier punto del país y a cualquier hora, sin que las autoridades pudieran ofrecer respuestas plausibles.

El plan control territorial no existía y cada vez le ha costado más la gobierno afirmar lo contrario. Finalmente el caso del asesino de Chalchuapa vino a subrayar una realidad reconocida ampliamente.  También en la cabeza de esa cartera de Estado, Justicia y Seguridad, se produjo uno de los cambios más  destacados, aunque la separación tuviera poco que ver con cuestiones de seguridad, sino de corrupción .

A los antecedentes anteriores debemos incorporar algunos elementos dignos de ser al menos mencionados: la creciente incidencia del narcotrafico no solo en la región sino en el país, al que por cierto una Congresista de EEUU calificó con bastante acierto, como «narcoestado»o «narcogobierno»; en segundo lugar, asi como no se pueden ocultar ya las desapariciones y los asesinatos, tampoco se pueden negar los éxodos de poblaciones enteras, grupos de decenas de familias forzadas al desplazamiento para asegurar sus vidas. Tarde o temprano ambos elementos, el narcotráfico y el desplazamiento forzoso tendrán consecuencias directas en crecientes flujos migratorios hacia el Norte. Otro motivo de fricciones con EEUU.

Un mes de la Asamblea Legislativa

El primer mes de la asamblea, mostró la conversión del órgano legislativo en un mero ejecutor  o transformador en leyes de las decisiones de CAPRES, pasando a ser  simple herramienta de avasallamiento del Estado Constitucional de Derecho y de la separación de poderes, ya iniciado con el 9F 20 y culminado con el golpe legislativo al Estado producido el 1M.

En un mes se ha retrocedido en todo el trabajo legislativo acumulado a lo largo de años, al archivar todas las iniciativas ciudadanas en estudio con el descabellado argumento de que no eran de interés, o que no tenían importancia. El rezago legislativo como consecuencia de estas medidas las pagará el conjunto de la sociedad que ha participado de un modo u otro en la elaboración de muchos de esos proyectos de profundo contenido social.

A esta altura es necesario también condenar y denunciar el uso de la Asamblea Legislativa para intentar ejercer control político sobre el mundo de las ONG y organismos de cooperación y ayuda humanitaria que no son afectos al gobierno. 

Como ha sucedido anteriormente, el régimen de Bukele necesita siempre tener un enemigo visible para presentar ante la población. Si antes fueron “los mismos de siempre” hoy parecen ser las ONG y cualquier organismo que reciba fondos públicos o del exterior, en especial si se trata de fondos originados en gobiernos críticos con el régimen. En este sentido la Asamblea Legislativa ha comenzado a jugar el papel de caja de resonancia de las disputas de CAPRES con el mundo y no parece que ese papel vaya a cambiar en los próximos años. En este tema jamas debe olvidarse el peligrosísimo precedente establecido por Bukele, al referirse a sus opositores en más de una ocasión en discurso públicos como «el enemigo interno». Un fatídico concepto con enorme carga evocativa de los peores tiempos de la historia de lucha y sufirimiento de este pueblo.

También es de destacar el nuevo afán del legislativo, aprobar fondos al Ejecutivo sin debatir, y garantizar la impunidad en el uso discrecional de los mismos.

El desenlace, aún oscuro de la huelga de hambre de trabajadores de la Asamblea muestra entre otras cosas, las presiones  y maniobras realizadas en estos 14 días por parte de una patronal (Nuevas Ideas) profundamente anti sindical, anti trabajadores, y manipuladora de las necesidades de las y los empleados.  La misma conducta se observa en alcaldías, lo que nos permite concluir al menos en principio, que esa será la práctica durante la gestión de NI, escasa o nula capacidad, nepotismo, irrespeto a derechos laborales, sindicales y humanos en general, arrogancia y mentiras, encubiertas con sus campañas mediáticas.

El 1 de mayo de 2021 no solo se plasmó un golpe de estado institucional en El Salvador, sino que se materializó el trabajo de dos años de campaña electoral permanente del presidente Bukele dedicados a asegurar un control absoluto de ese órgano de estado. Con el en sus manos y desde el Ejecutivo el plan podría materializarse: arrasar con el resto de instituciones, desmantelar ladrillo a ladrillo el edificio del estado burgués como lo conocemos pero no para transformarlo revolucionariamente en una estado al servicio de los trabajadores. Lejos de ello la idea de la nueva burguesía emergente es labrar el Estado en función de sus necesidades y ambiciones.  Así cobra cada vez mas fuerza las posibilidad de algún tipo de esfuerzo Constituyente en el horizonte cercano.

Es evidente que con el control del órgano judicial y de la FGR, sumado al apoyo incondicional de la fuerza pública y el ejército, la combinación de represión y persecución por razones políticas ha comenzado y será cada vez mayor.

A dos años de su inauguración el gobierno de Bukele continúa con una popularidad y aprobación que ronda el 86%, según encuestas recientes. Ha sufrido desgaste pero sigue estando muy alto en la preferencia de la gente, que parece justificar cualquier medida, siempre y cuando sea ordenada por el presidente.

El golpe del 1M afectó negativamente la imagen del gobierno, pero sobre todo  internacionalmente. En cambio al interior del país, en tanto las fuerzas populares, los sectores diversos que se vayan viendo afectados por la errática política económica, por el autoritarismo y la represión, por los despidos y las arbitrariedades, por las injusticias de toda índole. no se vayan organizando en torno a sus reivindicaciones sectoriales desde el barrio, la comunidad, el cantón, el municipio, etc., las cosas no van a cambiar.

Ni con toda la solidaridad de los pueblos hermanos  se modificará la situación si no existe una base de lucha organizada que ayude no solo a promover sus reivindicaciones sino a elevar la conciencia ciudadana a través de la práctica concreta de lucha. Esa es la oposición que aún no cuaja y que al estar  dispersa permite a Bukele y su clan  hacer gala de una arrogancia que, en cualquier caso, no le durará demasiado. 

Para el partido revolucionario, el FMLN y las fuerzas de izquierda conscientes de esta realidad, resultará imperativo avanzar en medidas de unidad en la acción contra el autoritarismo y la dictadura, retomando el legado histórico de trabajar por, para y junto al pueblo en las formas de organización que sean necesarias para que el pueblo salvadoreño pueda superar esta oscura etapa de confusión, desaliento, sectarismo e individualismo exacerbado; todas ellas, por cierto característicos de los periodos de reflujo de masas.