La semana anterior una noticia conmovió la región. La foto del hasta hace apenas unas semanas todopoderoso mandatario de la vecina República de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH), saliendo desde la puerta de su casa encadenado de pies uy manos, rodeado de una nube de policías y de periodistas, posiblemente con destino a un paso intermedio a su extradición a EEUU para ser juzgado por delitos relacionados con narcotráfico internacional, dio la vuelta al mundo.
Las cortes tendrán la última palabra, pero entre la población de la región, no solo de Honduras sino también en El Salvador, ha sido persistente desde hace años la sospecha y percepción de que el narcotráfico conducía los destinos de aquel país desde sus mas altas esferas, y que entre sus capos se encontraban los hermanos Hernández, uno entonces presidente y el otro ya capturado y sirviendo condena en los EEUU, como producto de sus comprobadas actividades delictivas.
Desde El Salvador, el hecho proyecta un alto simbolismo acerca del poder. La intransigencia, el autoritarismo, el talante intolerante y represivo, la falsa sensación de impunidad, aquella idea de “estar por encima del bien y del mal” que mostraba JOH al perseguir a quien se le ocurriera, capaz de manipular la constitución a su antojo para continuar ilegalmente en el Ejecutivo, golpea casi con más fuerza en El Salvador que en la propia Honduras. Allí ya vieron esa realidad y sus consecuencias. En el pulgarcito de América, la perspectiva se asoma como una nube negra y amenazadora sobre quienes detentan el poder pensando en su eternidad. Para el pueblo, el ejemplo de Honduras y su movilización permanente hasta destronar a quien, como en El Salvador, se sentía más un monarca que un presidente, es una bocanada de aire fresco que estimula la lucha.
La semana pasada mencionamos diversas señales de las grietas que van mostrando las debilidades del poder. Hoy podemos sumar nuevas manifestaciones en el mismo sentido. Para comenzar, desde aquellas mismas esferas externas que controlan las posibilidades reales de endeudamiento del país, los centros de poder financiero, al fin y al cabo, enviaron en estos días unas señales claras al gobierno salvadoreño cuestionando el uso de Bitcoin como moneda de curso legal y se enfatizaba que podría favorecer posibles acciones de lavado de dinero u otras actividades ilícitas.
Es evidente que esas críticas a la implementación del Bitcoin no nacen solo de Washington pues ya se habían manifestado desde diversos centros financieros internacionales; en este caso, se trataba de la iniciativa de tres senadores estadounidenses pero desde antes, desde la sociedad salvadoreña se han manifiestado diversas razones para cuestionar y rechazar la conversión del criptoactivo en moneda de curso legal. Desde las masivas manifestaciones de septiembre del año pasado ha quedado clara esa realidad. Una realidad que solo la ceguera del gobierno es incapaz de ver, o la menos de reconocer.
Esta semana, la reacción visceral del presidente ante las propuestas de dos senadores republicanos y uno demócrata para que el organismo al que pertenecen en su país, ordene el estudio del proceso adoptado por El Salvador para utilizar la criptomoneda como de curso legal, estuvo teñido de un muy falso patriotismo, una defensa falsa de la soberanía nacional que no resiste el más mínimo análisis.
En primer lugar, ya hace un buen tiempo que este mismo presidente que hoy luce “indignado”, viene comunicándose (es de suponer que con su pueblo), en un idioma que ni es oficial ni es constitucionalmente aceptado y que, sobre todo, no es mayoritariamente utilizado en el territorio nacional: el inglés. Esto en sí mismo, además de ser una muestra clara de patética subordinación neocolonial por parte del mandatario, constituye una vergüenza que, sin embargo, no inmuta a sus seguidores, a quienes nada de lo que éste haga parece molestarles. Tampoco que, por ejemplo, más de la mitad de la población del país no lea sus tuits, y mucho menos que un porcentaje mayoritario del pueblo pueda leer o comprender el idioma que ha hecho costumbre utilizar en sus comunicaciones. Es sencillamente, porque el autócrata prefiere comunicarse con sus financistas, su público de surfistas internacionales, especuladores financieros y personas de similar categoría con los cuales negocia los recursos del país como si fuera una finca privada del clan familiar.
Este mismo sujeto que usa a su plena conveniencia propagandística una narrativa antiimperial no recuerda que la misma estuvo ausente apenas dos años atrás cuando se arrastraba ante el sillón presidencial ocupado por Donald Trump. Ahí no había patriotismo que valiera.
Su defensa de la soberania es ad-hoc, a su pura conveniencia, una soberanía que no dudó en arrastrar por los lodazales aceptando la cláusula de tercer país seguro para que El Salvador funcionara como muro de contención temporal para inmigrantes que buscaban llegar a suelo de los EEUU. Ahí no había soberanía que valiera.
Tampoco hubo soberanía alguna en sus discursos ante la Heritage Foundation y otros lobby ultrareaccionarios ofreciendo el país como paraíso de las invesiones especulativas sin restricciones. Al fin y al cabo, también ese es uno de los objetivos de la imposición del uso de Bitcoin, que hasta el momento no parece mostrar más que fracasos que paga religiosamente el pueblo slavadoreño.
Sus sentimientos patrióticos son tan falsos como sus anuncios de que con el Bitcoin El Salvador va a mejorar. Una verdad solo válida si se refiere exclusivamente a su círculo del poder, al grupo de hermanos que, tal como se sentían los hermanos Hernandez en Honduras, se creen invulnerables e intocables. El espejo del vecino debería ser un buen lugar donde mirarse.
Mientras el presidente se muestra escandalizado con la supuesta injerencia, nunca ha respondido, ni él ni la justicia salvadoreña, al pedido de extradición de integrantes de pandillas requeridos por crímenes graves cometidos en EEUU. Lejos de ello, se sabe ahora que en el centro de San Salvador, el bono de $300 que dio el Gobierno durante la cuarentena fue desviado a la pandilla 18R. El caso parece haber abierto una nueva grieta en la ya nada sólida caparazón gubernamental; los medios se hicieron eco de las informaciones emitidas por la FGR (iimpuesta por el actual gobierno de manera irregular) en relación a la investigación por la distribución de aquellos fondos (unos 15 mil dólares que habrían terminado en las arcas pandilleras) y alli se menciona que el intermediario para esa entrega había resultado el Ministerio de Trabajo, a cargo de Rolando Castro, reconocido mafioso sindical, con abiertas relaciones con delincuentes, y que figura por esa razón en la Lista Engel de los EEUU. Por supuesto, la reacción del ministro no se hizo esperar y ahora lanza una campaña a su estilo contra los medios y contra el fiscal impuesto por su propio gobierno.
Posiblemente para intentar otra de sus habituales maniobras de distracción ante las crecientes presiones sobre sus políticas, en especial relativas a criptoactivos, el presidente volvió a emitir otro mensaje en redes sociales, totalmente en inglés, anunciando 52 medidas para liberalizar la economía. Los pasos siguen en una sola dirección, implementar las formas más salvajes de neoliberalismo, convirtiendo a El Salvador en una especie de “Salvaje Oeste”, donde cada inversor podría venir a hacerse dueño y señor de lo que desee. Asi debe interpretarse un texto como el siguiente, anunciando una política que solo es posible después de haber desmantelado el sistema de información pública:
“El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la madrugada de este domingo en sus redes sociales que presentará al Congreso una serie de reformas legales en materia económica para crear un «refugio de libertad» en su país.
«Estoy enviando 52 reformas legales al Congreso para eliminar los trámites, reducir la burocracia, crear incentivos fiscales, ciudadanía a cambio de inversiones, nuevas leyes de inversión, contratos de estabilidad, etc.», publicó Bukele en su cuenta verificada de Twitter.
El mandatario, que escribió el mensaje completamente en inglés, no señaló directamente si se trata de reformas relacionadas con el bitcóin, que fue adoptado como moneda legal en septiembre de 2021.
«El plan es sencillo: mientras el mundo cae en la tiranía, nosotros crearemos un refugio para la libertad», concluyó Bukele, sin entrar en detalles.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó al país a «limitar el alcance de la Ley Bitcóin eliminando su condición de moneda de curso legal» y también manifestó su «preocupación» por la emisión de bonos respaldados con la criptomoneda.
Se espera que en marzo el Gobierno salvadoreño emita bonos por 1.000 millones de dólares en bitcóin
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo a inicios de enero que la estrategia de emisión de bonos bitcóin «puede ser bastante interesante como mecanismo de manejo de la deuda de El Salvador y nos abre una nueva ventana de financiamiento para manejar de mejor forma nuestra curva de repago».
Por su parte, la agencia de medición de riesgo Fitch Ratings rebajó la calificación crediticia a largo plazo de El Salvador y entre las razones citó la «incertidumbre» de alcanzar un acuerdo con el FMI tras la adopción del bitcóin.
Tres senadores de Estados Unidos presentaron el miércoles una iniciativa legislativa para que el Gobierno diseñe un plan que «mitigue los riesgos» que tiene para el sistema financiero estadounidense la adopción del bitcóin en el país centroamericano.
La mayoría de datos sobre el manejo de un fondo de 150 millones de dinero público son secretos y el mandatario salvadoreño se ha convertido casi en la única fuente gubernamental sobre el bitcóin con sus publicaciones en Twitter.” (LPG: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Bukele-envia-a-la-Asamblea-reformas-de-ley-para-eliminar-tramites-crear-incentivos-fiscales-entre-otros-20220220-0008.html) Negritas nuestras
En la semana que finaliza también se evidenció la debilidad creciente de un régimen cuya principal fortaleza son las apariencias. El ridículo no le favorece y eso sucedió en la Asamblea Legislativa. Las sesiones de la comisión parlamentaria, supuestamente dedicada a investigar la entrega de sobresueldos a funcionarios de gobiernos anteriores, volvió a mostrarse como una patético grupo de aprendices de inquisidores que muestran su incapacidad, su escasa preparación y su bajísimo nivel moral, educativo y político, utilizando sus puestos para intentar, infructuosamente, ridiculizar y poner en aprietos a antiguos funcionarios del FMLN (en el caso de la última semana) y de otros gobiernos en alguna otra ocasión.
El lamentable show que la audiencia de la televisión legislativa y las redes sociales pudo ver es una palpable prueba del nivel de deterioro producido en el sistema en apenas unos meses de la nueva gestión legislativa, y en poco más de un par de años de gobierno autoritario. Hasta el momento, esas comisiones no pueden mostrar más resultados que su profunda ridiculización desde las redes sociales. Lo peor no es eso, sino el hecho que es en manos de estos personajes nefastos que se encuentra el destino de las leyes de la nación, y en muchos casos la posible persecución o no de personas por su posición política crítica ante los abusos de poder y las políticas erráticas de la actual administración.
Y es precisamente en el ámbito de la justicia, donde se cierra el círculo de la profundización de las debilidades del régimen. Luego del golpe de estado interno que los agentes del presidente de la República dieron hace pocos días a quien él mismo había impuesto apenas el 1 de mayo pasado al frente de la CSJ, la inestabilidad, las permanentes filtraciones de amenazas, represalias, medidas inconsultas, solo demuestran el bajísimo nivel profesional en el cual reposa la justicia del país. Es en estas manos que están también los presos y presas políticas del régimen, que siguen sin recibir respuesta de sus detenciones irregulares, las cuales sirven para que los diputados ya mencionados en relación a las comisiones, los usen como elemento de burla y amenaza para la oposición.
Mientras la crisis económica sigue afectando a la población, los problemas de seguridad tampoco tienen solución. La desaparición de personas (sobre todo jóvenes) continúa sin interrupciones ni descensos. Ante la situación, el aparato de gobierno recurre a lo único que parece saber hacer, en lugar de resolver el problema lo redefine con un nombre que le quita la responsabilidad de lo que sucede. Ahora, para las autoridades de seguridad, cuando alguien denuncia una desaparición, los burócratas lo califican en primera instancia como “desaparición voluntaria”. Esa es la forma en que el Ejecutivo se sigue riendo de las grandes mayorías y los enormes dramas de esta sociedad. El conjunto de la situación nos recuerda un verso de una antigua canción de Serrat, un verso que parece escrito hoy para El Salvador: “estamos en manos de unos locos carnet”. Dependerá del pueblo organizado, tal como sucedió recientemente en Honduras, dejar a esos locos sin carnet, y que puedan por fin ser llevados ante la justicia, que sin duda les espera, por más impunes que hoy se sientan.
Reflexiones y pensamiento crítico 