Ningún régimen, ningún sistema cae de golpe, de forma inesperada, sin previo aviso. A mitad del tiempo que le correspondería constitucionalmente gobernar, el régimen salvadoreño no solo ha iniciado su cuenta regresiva sino que en el proceso va dando serias muestras de desintegración en varios sentidos.
Puede parecer aventurado asegurar que el régimen se deteriora cuando el mismo hace un uso arrogante y permanente de los medios de comunicación a su servicio para ofrecer la imagen de una oposición disgregada, corroída por la división y la corrupción, con líderes huyendo mientras el gobierno, con una supuesta popularidad incuestionada e incuestionable, ha iniciado una serie de anuncios de obras en cascada que de ser ciertas podrían ser la envidia de cualquier país de desarrollo medio o incluso medio-alto.
Pero, de la realidad virtual que presentan los medios afines al oficialismo a la realidad “real” e incontrastable de la vida, el trecho no solo es grande sino que se amplia de manera permanente.
En la semana que acaba de terminar, encontramos algunos ejemplos de las grietas en un modelo que muestra podredumbre moral, incapacidad administrativa, disputas canibalescas por el poder y una serie de intentos desesperados por encontrar culpables externos, y de ser posible hallarlos en la oposición o en la comunidad internacional.
Entre los más destacados y que el régimen ha pretendido ocultar sin éxito figura el conflicto judicial; una torpe refriega entre facciones celestes y naranjas que empiezan a disputarse como aves carroñeras las prebendas y migajas que pueda dejar caer el clan familiar que controla a discreción todas las instancias del estado, incluyendo su sistema de justicia.
De hecho los conflictos en la Corte Suprema de Justicia, son signo de la ruptura entre dos aliados (la mayoría celeste de la Corte relegó a la minoría de Gana, a la que entre otras concesiones para implementar el golpe judicial del 1 de mayo de 2021, le había dado la presidencia del órgano). Hoy los títeres del Ejecutivo en la Corte despojan virtualmente de toda capacidad administrativa al presidente de la CSJ. Se trata pues de una lucha intestina que señala las grietas en el frente del gobierno y sobre todo la vocación totalitaria del grupo de poder, que una vez obtenidos sus objetivos, y en cuanto cree que sus órdenes no se cumplen a la perfección no tiene empacho en apuntar su energías contra quienes le sirvieron de escalera para acceder al control del poder casi total.
El conflicto judicial muestra también el deplorable nivel profesional y personal de los personajes puestos a dedo por el oficialismo como resultado del golpe del 1M21. Su único objetivo de supervivencia en el sistema parece ser mantener su actitud lacayesca e inmoral, que pone al resto de la sociedad en aviso acerca de la calidad de justicia que se puede esperar de este desgraciado conjunto de inútiles pesonajes.
Otro caso que muestra las grietas y fracturas del poder lo encontramos en la Asamblea Legislativa, donde dos diputados de la bancada oficialista fueron desaforados en un proceso prácticamente express, sin debate, “sin pérdida de tiempo en formalidades inútiles” como el debido proceso, con acusaciones de escasa o nula sustentación, pero que se resumirían en ser culpables de haber platicado con sectores que se habían alejado de Nuevas Ideas luego de haber sido parte de sus grupos fundadores en el exterior.
El asfixiante avance sobre cualquier tipo de derechos individuales en materia judicial o legislativa resulta evidente, y como magistral prueba de coerción sobre los diputados celestes, que actúan como un conjunto de borregos domesticados, la última plenaria fue un claro ejemplo, cuando la dirección nacional de Nuevas Ideas se hizo presente al Salón Azul para saber de primera mano si todas sus marionetas ejecutaban adecuadamente las órdenes y confirmaban el desafuero sin rechistar.
A nadie puede escapar que si ese es el nivel de coacción y presiones a que someten a su propia bancada y el tratamiento que reciben sus “aliados”, será mucho peor lo que puede esperar el pueblo llano y, sin duda la oposición, cualquiera sea el carácter que esta asuma.
Y precisamente respecto de esos abusos podemos citar también dos ejemplos recientes. Este domingo, los familiares de presos y presas políticas realizaron manifestaciones frente a los centros de detención, para denunciar que desde hace seis meses (es decir desde que guardan prisión sin juicio los ex funcionarios del gobierno previo, en su mayoría militantes y ex dirigentes del partido FMLN) no han recibido ni una tan sola visita de sus familiares. El régimen trata a estas personas del mismo modo que trataban a los prisioneros reconocidos legalmente las ditaduras del cono sur continental durante el tristemente célebre Plan Cóndor.
Otro caso tiene que ver con el acoso a periodistas y medios no afines. Esta semana que pasó se realizó un encuentro profesional para denunciar las agresiones a profesionales de la comunicación. A ese evento se hizo presente el cuasi invisible vicepresidente de El Salvador, reducido en los últimos tiempos al triste papel de limpiar la basura que va dejando el primero al mando en el gobierno. Esta vez pretendió hacer creer a El Salvador y a la comunidad internacional, co-organizadora del evento a través de embajadas como la Británica, que en el país no solo no existía persecución a los medios sino que la gremial profesional pretendía victimizarse con una agenda política anti gubernamental. También pretendió negar el comprobado uso del software Pegasus para espionaje de periodistas y opositores. La respuesta no se hizo esperar, y desde la presidencia de APES (Asociación de Periodistas de El Salvador) respondieron con elegancia y contundencia:
“ […Cesar Castro Fagoaga] Dijo que “No es cierto que la situación de prensa sea normal. En los últimos dos años y medio, El Salvador ha tenido un rápido deterioro de la libertad de prensa y la libertad de expresión”.
En 2021, el centro de monitoreo de agresiones a periodistas de la APES reportó 219 casos. Castro señaló que el discurso estigmatizante se ha traducido en agresiones físicas a periodistas.
“Es muy significativo que cuando hablamos de esto se diga ‘es que en El Salvador no matan periodistas. Pareciera que tenemos que dar gracias de que no nos estén asesinando”, lamentó.
En lo que va de 2022, se registran 11 ataques, incluyendo hackeos a cuentas de WhatsApp.
“Lo que antes eran ataques únicamente de Casa Presidencial, desde mayo del año pasado se pueden describir como ataques cometidos, perpetrados por el Estado en su conjunto”, expuso.
El presidente de APES recordó que en enero de 2022 se presentaron avisos a la Fiscalía General de la República sobre los hackeos en WhatsApp y el espionaje a 31 periodistas con el programa Pegasus.” (DEM https://diario.elmundo.sv/politica/presidente-apes-pareciera-que-tenemos-que-dar-gracias-de-que-no-nos-esten-asesinando )
No es el único caso en que se denuncian los abusos gubernamentales, que a esta altura se acumulan sin que el oficialismo parezca ya molestarse en refutar todas las alegaciones, pero que van configurando una situación de creciente inestabiliad y presiones contra un gobierno con una piel demasiado delgada para la crítica, que en los momentos más inesperados recurre a explosiones histéricas de su presidente o de algunos funcionarios, que pretenderían aparecer como los más cercanos al círculo (vicioso – y pocas veces más ajustado el término-) de poder.
Este fin de semana presenciamos otra muestra de esas denuncias que dejan expuesto a un Ejecutivo empeñado en esquilmar el bolsillo de los salvadoreños de manera descarada. Los alcaldes y concejales del FMLN, reunidos con integrantes de la dirección nacional partidaria, sostuvieron una asamblea que dejó además en evidencia que, más allá de las expresiones de deseo formuladas en voz alta, desde CAPRES hasta el legislativo, para convencer a la población que el partido de izquierda está muerto, el instituto político continúa en un proceso de reorganización y reformulación de su línea, no solo de oposición sino de reconstrucción de su tejido partidario desde los territorios, como ya lo había dejado establecido la XL Convención de diciembre pasado, sino que también denunció el patrón de chantaje, presiones ilegales, amenazas de juicios inventados y otras medidas destinadas a provocar la renuncia de ediles y funcionarios municipales de las filas del FMLN.
La maniobra oficialista parece haber resultado más exitosa con el partido ARENA, a juzgar no solo por las cifras de renuncias de funcionarios municipales pertenecientes a ese partido de la oligarquía, sino por la inmoral y despreciable campaña de burlas que desde gente que no tiene idea lo que significa ser funcionario público, dedica su tiempo a exponer sus frustraciones, incapacides, debilidades ocultas y sus mezquindades vengativas.
El FMLN, por su parte, adoptó no solo una actitud digna sino proactiva y propia de la oposición que el pueblo salvadoreño espera: denunciar las presiones y demostrar que las mismas también tienen fines económicos, al señalar que el Ejecutivo ha incrementado las tasas municipales y reducido los ingresos de los municipios, afectando directamente a los sectores más vulnerables del país.
Desde la Iglesia empiezan también a oírse las voces que no hace mucho mantenían silencios sospechosos; hoy llaman desde el arzobispado a la transparencia en la información pública, denuncian la responsabilidad gubernamental ante el silenciamiento informativo respecto a los hallazgos en las fosas comunes clandestinas, advierten sobre la necesidad de un sistema de pensiones justo, que benefice a los trabajadores.
Mientras la economía familiar sigue golpeada por este gobierno antipopular y autoritario, el mismo demuestra su esencia clasista: a la par que se niega a reducir el IVA en los combustibles, como demandan los gremios de transportistas, exonera de impuestos a los inversionistas extranjeros en criptomoneda, segun denuncia también una diputada del FMLN.
Mientras tanto, la comunidad financiera internacional empieza a hacer sonar sus campanas de alerta ante la muy posible incapacidad de pago de El Salvador. Esto queda de manifiesto con las informaciones que señalan: “Los indicadores internacionales muestran cada vez un creciente riesgo que el Gobierno de El Salvador no pueda cumplir con el pago de su deuda externa. Otro ejemplo de ello es que el «swap» (un acuerdo de intercambio financiero) de incumplimiento crediticio (CDS, por sus siglas en inglés) para los eurobonos salvadoreños han incrementado su costo más de un 300 % en los últimos cinco meses” (LPG 14-02-22)
“En el caso de los CDS a cinco años de El Salvador pasaron de costar el año pasado un mínimo de $400 hasta en enero de 2022 estaban en más de $1,800, lo que representa un incremento de casi 360 %, según datos de Bloomberg compartidos con el sitio CoinDesk por Marc Ostwald, economista jefe y estratega global de ADM Investor Services International.
«El CDS de El Salvador le dice que se espera un incumplimiento en algún momento», agrega Charlie Morris, CIO de ByteTree Asset Management. De esta manera, el CDS salvadoreño se ubica como el segundo más alto de América Latina, detrás de Argentina.
Al analizar el comportamiento del CDS salvadoreño resulta claro una elevación exactamente a comienzos de septiembre, cuando pasó desde $400 y casi se triplicó a $1,100, después de que la Ley de Bitcóin (que da a la criptomoneda carácter de moneda de curso legal en el país) entrara en vigencia. En otra s palabras, los inversionistas de la deuda pública de El Salvador si quieren tomar una cobertura (seguro) de impago deben pagar 4 veces su costo del que se tenía en septiembre ya que la probabilidad de un impago ha crecido y, por tanto, su costo de protección de ese riesgo” (LPG)
Como referencia, se sabe que en solo medio mandato el actual gobierno lleva una deuda propia (adquirida durante su gestión) de 6.138 millones de dólares (acumulada de $24.455 millones); lo que coloca al mandatario y su clan como el que más deuda adquirió en la historia; para comparar, el gobierno de Sánchez Cerén, criticado por la oposición por el alto endeudamiento comprometido, dejó su mandato con una deuda adquirida de $4.336 millones en cinco años (acumulado de $18.337 millones).
Mientras la desconfianza en el país crece a ritmos vertiginosos, no solo en los mercados internacionales sino en los gobiernos y organismos multilaterales, en El Salvador se sigue actuando desde el poder como si estuvieran gobernando a un amorfo y descerebrado cuerpo social del cual disponer como lo haría cualquier otra oligarquía autocrática.
Esto es otro síntoma de su propia descomposición; el régimen en el poder, en especial cuando se caracteriza por su incapacidad para tener una lectura objetiva de su propia realidad, se siente inmune a los desafíos, impune ante la justicia, invulnerable ante las luchas de los pueblos. La historia nos muestra infinidad de casos similares que terminaron como deben terminar todos los regímenes autoritarios y dictatoriales. Sin duda, el de El Salvador no será distinto pero, como siempre, quizá sea el último en enterarse. Las fuerzas sociales se van moviendo y dinamizando y es la peor noticia que un régimen dictatorial como el de El Salvador puede recibir. Cuando despierte de sus propias mentiras, encontrará un pueblo movilizado al que despreció y subestimó. No obstante, algunos personeros parecen ya vislumbrar en el horizonte planes coyunturales que incluyan represión masiva contra las fuerzas populares. Así podría entenderse la particular insistencia que muestran las portadas del pasquín oficial, Diario El Salvador, empeñados en publicar en portada, cada vez que pueden, imágenes de otros países con policías reprimiendo manifestaciones. Es una forma de decir a sus seguidores más fanatizados que aquí eso no lo hacen; pero en realidad es también una forma manifiesta de advertir a la oposición que podrían hacerlo, y entonces se justificarían con la cobardía habitual del consabido “otros también lo hacen”.
Reflexiones y pensamiento crítico 