Incapacidad, improvisación y matonería

Desde sus inicios, el actual gobierno de El Salvador ha demostrado una alta capacidad para prometer, hablar, fanfarronear y atacar a sus opositores, muy superior a la que demuestra para operar, ejecutar, cumplir promesas de campaña o, lisa y llanamente, gobernar.

Esa incapacidad la demuestra a cada paso, y cuanto mayor es el tiempo en el gobierno más en evidencia quedan sus protagonistas. La última semana mostró ejemplos contundentes de estas afirmaciones.

La decisión arbitraria, autoritaria e ilegal del gobierno en relación al asunto de las líneas de transporte confiscadas al empresario Catalino Miranda, y su arresto -transformado en prisión preventiva- demuestra todas las grietas y fisuras de un gobierno cada vez más propenso a la ilegalidad y al atropello.

Estos mismos hechos subrayan la pasmosa falta de planificación gubernamental en todos los aspectos. El recurso, ya repetido infinidad de veces, de utilizar a la fuerza armada como mano de obra disponible para cumplir los designios y veleidades de un presidente que se dedica a lanzar amenazas por redes sociales y pretende que el cuerpo militar y policial las materialice, indistintamente que se trate de una acción legal o ilegal, muestra el creciente grado de militarización del aparato del Estado, y de la dependencia creciente del Ejecutivo respecto al estamento militar para asegurar la estabilidad del gobierno. Aun no es un gobierno que descansa en las bayonetas, pero cada día se acerca peligrosamente más a ese tipo de regímenes, donde la ley no importa si se convierte en un obstáculo para los fines del oficialismo.

El bochornoso espectáculo de las líneas de transporte colectivo de pasajeros conducidas por soldados, no solo mostró un personal incapaz de cumplir una función para la cual no está preparado, sino que afectó directamente a miles de usuarios del transporte, así como a los trabajadores de los autobuses, que se encontraron sin su puesto de trabajo por decisión suprema de un presidente que cada día se siente más monarca autocrático y menos demócrata. Sin duda, la medida también afectó a los socios cooperativistas que componen las empresas de las rutas o líneas a las que se les quitó la concesión.

Debe quedar claro, en ese sentido, que la única atribución que podía adjudicarse el gobierno en esta materia era el retiro de la concesión, pero no le bastó y confiscó las unidades, liquidó el personal, reemplazándolo, como dijimos, por militares y además metió preso a un empresario al que, de acuerdo a las acusaciones esgrimidas correspondía una multa, pero jamás la cárcel. Esa es la realidad de El Salvador en 2022, con una Corte de Justicia al servicio del Ejecutivo, con una fiscalía sumisa a las órdenes del clan dominante, y un estamento militar y policial que parecen haber jurado obediencia y lealtad al presidente y no a la Constitución. Es el resultado del acumulado de las previas violaciones constitucionales que llevaron a la actual concentración de poder en manos de la emergente facción burguesa.

Son numerosos los ejemplos previos de casos de improvisación y falta de programación flagrante. Así sucedió con las ayudas económicas durante la pandemia, la importación de alimentos y productos para enfrentar la crisis sanitaria, con la construcción de un hipotético hospital que terminó reducido a galerón devenido en centro de vacunación, con la compra de medicinas inadecuadas y de equipamiento médico en condiciones de total opacidad en el marco de la crisis de COVID19. Si recordamos la imposición del Bitcoin y el famoso Chivo Wallet, el nivel de improvisación, desorden, desorganización e incapacidad resultó vergonzoso.

Se sigue improvisando cada vez que resulta útil al gobierno desviar la atención de la opinión pública ante escándalos oficiales o situaciones que lo comprometen. En esos casos los anuncios de megaproyectos, inviables por motivos técnicos o económicos, se ponen a la orden día.

Tarde o temprano, esa falta de planificación se vuelve en contra de las autoridades. En este caso sucedió con gran rapidez: la falta de experiencia y de conocimiento de los motoristas contratados para manejar los buses y microbuses usurpados generó un caos que dejó al desnudo la incompetencia gubernamental, y obligó a revertir algunas medidas.

Sin embargo, por sus consecuencias de carácter estratégico para nuestro país, el peor efecto que nos señala esta crisis prefabricada, tiene que ver con la demostración palpable del deterioro del Estado de Derecho hasta límites insostenibles, que permite al aparato del Estado detener arbitrariamente a personas que, por una u otra razón, resultan útiles al autócrata de CAPRES para demostrar su “poder” y su “mano dura”  y enviar un mensaje al resto de la sociedad, para que se sume obedientemente a sus decisiones o enfrente la consabida persecución. El mensaje va también dirigido a sus aliados, porque no debemos olvidar que los sectores a los que hoy ataca han sido parte instrumental de su triunfo hace casi tres años.

Las y los presos políticos, en su mayoría ex funcionarios, son también una muestra de esta actitud, y de algún modo la consecuencia de esta política de amenazas y persecución con el uso del sistema de justicia a su antojo, se demuestra también en la actitud observada por los gremios empresariales del transporte, reconocidos por su beligerancia ante los gobiernos del FMLN pero que hoy, acobardados, temerosos, pusilánimes, se muestran cómplices y cobardes con el régimen.

Otro ejemplo de esa matonería, asociada en este caso con la intención de negar la historia de lucha y sacrificios del pueblo salvadoreño, objetivo planteado por el régimen desde sus inicios, está teniendo lugar en El Mozote, con la imposición de acciones que afectan la labor desarrollada por la comunidad para recordar a las víctimas de una masacre desatada por una fuerza armada a la que el actual mandatario se empeña en proteger (porque en ello le va una buena parte de su destino). Así, el gobierno pisotea las acciones y decisiones de las víctimas, manipula y pretende utilizar a su favor el dolor, al tiempo que busca generar el odio y la división en las filas del pueblo, porque sabe que con esa premisa llegó al gobierno, y mientras funcione, su puesto estará asegurado, por más ilegalidades y abusos que cometa.

Pero estas formas de autoritarismo no solo se manifiestan en actitudes represivas y arbitrarias, sino también en el uso discrecional de la justicia para favorecer a “los suyos”,  aunque los suyos sean parte de lo más bestial, criminal e inhumano que ha podido generar la especie, como es el caso de los socios pandilleros del gobierno, que hoy vuelven a ocupar espacio en los medios a raíz de los reclamos de extradición que desde el año pasado se conocieron por parte de EEUU hacia lideres de una de las pandillas criminales que operan en El Salvador y en  la región, incluidos los propios EEUU (en donde, por cierto, estos grupos criminales tuvieron su origen). 

Fueron bien conocidas las maniobras dilatorias y leguleyadas que la Corte impuesta por el régimen había construido para impedir la extradición de criminales por la vía de cuestionar su legalidad; ante el descontento generalizado en la opinión pública que se generó por la evidente influencia del gobierno en favor de los criminales, las autoridades utilizaron los medios de prensa a su servicio para pasar el tema a un segundo plano hasta hacerlo desaparecer de la (cortísima) memoria colectiva de una sociedad cada vez más domesticada a fuerza de redes sociales y noticias falsas.

Pero el tema no fue lo suficientemente bien enterrado porque esta semana se conoció otro reclamo de la embajada de EEUU en el país, manifestando sus “sospechas” de que uno de los criminales reclamados, dirigente nacional de la MS13, habría sido dejado en libertad hace cuatro meses. Asunto grave, que vuelve a desafiar al gobierno con la necesidad de nuevos montajes mediáticos, que permitan hacer “olvidar” el tema por un tiempo. Por ahora, volvieron a actuar como suelen hacerlo, el gobierno impuso mayores medidas restrictivas al acceso a la información de la localización de reos en las cárceles del país, de modo que ni desde los juzgados es posible, en primera instancia, conocer el paradero de un preso.

Guerra, ¿cuál guerra?

La prensa no deja de hablar de la guerra que, como el fútbol, resulta un buen distractor para los medios oficiales, que con esa excusa pueden culpar a otros, lejanos y desconocidos, por nuestras desgracias financieras, económicas, desempleo, inflación, desabastecimiento, desaparición de jóvenes, violencia incontrolada y, en general, acerca de la falta de planificación estratégica en el rubro que se escoja para analizar.

Pero también para la prensa de derecha en general, aunque se encuentre alineada en el campo de la oposición al gobierno, la guerra sirve para mostrar su vocación de medios al servicio de la dependencia neocolonial y proimperialista, esforzados en demostrar que son los “mejores y mas disciplinados alumnos” de las más sofisticadas maquinarias de manipulación mediática mundial.

Se condiciona tanto a través de los medios la realidad del mundo que nos dejan ver, o que quieren que veamos que, en este pasaje, donde solo hemos hablado de guerra, seguramente todos y todas los que han tenido la paciencia de llegar hasta este punto, han pensado en una guerra y tan solo en una. No han pensado, casi podemos asegurarlo, en primer lugar en la guerra en Yemen, asediado por bombardeos de Arabia Saudita, que ha diezmado ciudades y poblados, pero tampoco en los bombardeos y ataques de artillería de Marruecos sobre los territorios de la República Árabe Saharaui, que también sucedieron en estos días donde informativamente parece que hubiese una sola guerra en el mundo; del mismo modo, Palestina sigue asediada por Israel, y el conflicto no acaba en Libia, Etiopía, Niger, Sudán, Chad, y la lista puede continuar con Guinea Conakri, Mali, Myanmar, Argelia, Madagascar… siguen matando silenciosamente indígenas en Brasil, la guerra nunca parece haber acabado en Colombia, aunque no se hable de conflicto bélico pero se sigan sumando muertos (curiosamente, de un solo lado). Hasta ahora no hemos hablado de Ucrania ni de Rusia, ni de OTAN, ni de EEUU., pero todos esos conflictos tienen detrás de ellos, de un modo u otro los intereses geopolíticos y económicos de las potencias europeas y de los EEUU.

En cada uno de los puntos del planeta señalado se pierden vidas cada día, cada hora, pero no parecen tener, en ningún caso, la importancia que para los medios occidentales tienen los efectos de la guerra en el este europeo.  Esa es la capacidad de manipulación que enfrentamos los pueblos en el mundo.  Y esa es, en verdad, la verdadera tercera guerra mundial, la guerra mediática (pero que escala rápidamente a los niveles militares que sean necesarios en la forma de guerras híbridas, cuando resulta útil a los intereses de las grandes potencias) entre los pueblos del mundo (que la sufren)  y las potencias dominantes (que la imponen) en un mundo cada vez más pequeño, no solo por efecto de la globalización y de las comunicaciones, sino porque para la gran prensa, el mundo se reduce a Europa, EEUU y Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda y, como contraparte indeseable, China y Rusia. El resto, para los medios y sus propietarias multinacionales, se limitan a ser proveedores de materiales y manos de obras necesarias para su existencia. De esta realidad tampoco se escapan los militantes y pensadores de izquierda, quienes parecen cada día más absortos en el seguimiento de “el conflicto”, lo cual es importante, pero que parecen incapaces de mirar a aquellas otras partes del mundo donde los medios del imperio no apuntan sus cámaras.

En esos lugares ignorados también se está reconfigurando el nuevo orden mundial, en la medida que la crisis del sistema, y su reposicionamiento global, obligará a los pueblos del mundo a revisar una vez más sus realidades, sus capacidades y la necesidad de establecer nuevas alianzas estratégicas detrás de proyectos que, más temprano que tarde habrán de concluir que, por más que las clases trabajadoras mejoren su posición (como pretende hacernos creer la aparición en América Latina de unos gobiernos de izquierda “moderna”, “light”, ”posibilista” progresista, reformista, al fin y al cabo), si los pueblos organizados no avanzan sobre los instrumentos de poder y, fundamentalmente, si no asumen la propiedad de los medios de producción, los capitalistas siempre dispondrán de los medios materiales para implementar la manipulación y la represión que aseguren sus posiciones de privilegio.

Por eso es imprescindible una estrategia socialista, una estrategia que impulse a la clase trabajadora a construir y conquistar los instrumentos de poder y a asumir el control de los principales medios de producción y reproducción de la vida económico-social.

La situación de crisis sistémica, la reconfiguración de un mundo multipolar y pluricentrista y la imposibilidad de las potencias dominantes para continuar controlando y explotando al resto del planeta como solían hacerlo, coloca a los pueblos del mundo en la obligación histórica de echar nuevas miradas desde sus propias perspectivas, y avanzar desde allí en pos de políticas integradoras, que dejen de poner el centro en los intereses capitalistas.

El principal objetivo programático de ese tipo de estrategias ha de centrarse en los intereses reales de los pueblos y, a partir de allí, rompiendo fronteras impuestas y neocolonialismos asumidos, buscar la integración de los pueblos como tarea histórica y superadora en favor de las grandes mayorías de la humanidad, aquellas ignoradas por las fuerzas que hoy concitan la atención del mundo en “la” guerra, la única que (a ellos) interesa.   El objetivo final de los pueblos ha de ser, sin duda, establecer un nuevo  patrón de desarrollo, que supere la desigualdad y la injusticia que definen la esencia de un sistema incapaz de responder a las necesidades de los pueblos, ni siquiera a través de las falsas izquierdas autodenominadas progresistas, que parecen surgir en el continente americano como hongos después de la tormenta. Es tiempo de construir nuevos paradigmas liberadores desde, para y por los pueblos del mundo.