Ante la crisis, show y represión

El régimen gobernante en El Salvador tiene entre sus rasgos más salientes la insensibilidad social, el egoísmo y la atención exclusiva hacia sus propios intereses. Sin embargo, como también es un gobierno populista, practica todo lo anterior pretendiendo que sus intereses son los del pueblo llano.

Entre las prioridades del clan gobernante figura, en primer lugar, asegurar sus bienes, inversiones y ganancias, garantizando en cualquier situación, que pierda cualquiera menos el grupo de poder que capturó el Ejecutivo casi tres años atrás. De tal suerte que en las operaciones financieras especulativas de alta volatilidad, como la aventura del Bitcoin, los riesgos financieros y las adquisiciones las cargan a espaldas de las finanzas públicas, mientras que aquello que pueda representar beneficios y ganancias va directo al sector privado que ellos controlan; por eso impusieron reserva de información a la ciudadanía respecto a todas las operaciones de Bitcoin, en especial las realizadas a través de las aplicaciones Chivo y la recepción de remesas desde el exterior por esa vía. En lenguaje sencillo, que las pérdidas las asuma el pueblo y las ganancias se las quede el grupo gobernante.

En el segundo lugar de prioridades, muy cerca de las primeras, y consustancial a su espíritu de inescrupulosos publicistas, figura siempre cuidar su imagen. Evitan, por lo tanto, aparecer o dar la sensación de haber sido derrotados, puestos en ridículo o cuestionados. Si eso sucede, recurren de inmediato a desviar la atención. El engaño es su arma favorita. Saben usarla. Son profesionales, formados en esas artes a lo largo de años de estafar, engañar, embaucar, robar, desde la esfera privada. Por fin, hace unos pocos años decidieron pasarse al sector público, y desde entonces los sufren las y los salvadoreños, al principio desde gobiernos municipales y, desde hace casi tres años, desde las máximas esferas estatales.

Lo que describimos parece más una gavilla de maleantes que una estructura de gobierno, pero en realidad lo que accedió al poder ejecutivo en 2019 en El Salvador, es lo más parecido a una banda de criminales sin escrúpulos, que no dudaron en pactar con criminales que controlan los territorios donde el gobierno necesita operar, para garantizarles que, a cambio de que los pandilleros continúen sus actividades contra el pueblo, eliminen o neutralicen cualquier expresión antigubernamental.

El primer experimento fue precisamente la campaña electoral que dio el triunfo al actual gobierno, donde los pandilleros se encargaron de aterrorizar y entorpecer o impedir el proselitismo de la oposición. Son numerosas las acciones pandilleras destinadas a garantizar el voto hacia los celestes en el día de las elecciones, tanto en 2019 para la presidencia, como en las legislativas y municipales del año pasado.

Esa estructura de poder se ha ido perfeccionando, en especial a partir del 1 de mayo de 2021, con la llegada de la “aplanadora celeste” al legislativo, que puso al servicio del ejecutivo todos los poderes del Estado. Habiendo asegurado primero la lealtad del ejército y la policía con la compra de la voluntad de sus más altos jefes y ministros encargados de esas ramas, el ejecutivo garantizaba su impunidad operativa y la represión necesaria cuando fuese menester.

Con ese paso asegurado, la operación de pinzas (suplantación de jueces por decisión del pleno legislativo y simultánea ocupación militar de la corte) para reemplazar “pacíficamente” a los magistrados no controlados por el autócrata de CAPRES, permitían un dominio férreo sobre el judicial, la fiscalía y cualquier órgano contralor de los asuntos de gobierno.

A partir de allí no fue complicado redoblar la persecución política contra periodistas, exfuncionarios, partidos políticos de oposición, a los que atacaron por dos vías efectivas: chantaje y compra de militantes destacados o en funciones públicas, incluidos alcaldes y diputados, o encarcelando opositores.

La ofensiva mediática en todos estos casos no fue despreciable y, por un buen tiempo, asentados en la diferencia de votos a su favor obtenida en los comicios, y escudados en una pandemia que les sirvió para esquilmar aún más las cuentas públicas, pretendieron hacer creer a la ciudadanía que con sus votos habían recibido de ella un cheque en blanco, y que lo que estaban haciendo era lo que la gente había deseado. La actitud de este gobierno se parece, en ese sentido, a la del maltratador que le recuerda permanentemente a su víctima, que lo que le hace es por su bien, o porque esa víctima lo quiere o desea.

A lo largo de este tiempo, el gobierno demostró de manera sobrada su incapacidad para administrar de forma decente y efectiva el país. A esta altura, la decencia ya no se espera puesto que ha quedado demostrado que se trata de la emergencia de un ala burguesa que se ha plantado para establecerse como clase dominante en El Salvador, cooptando o destruyendo a la vieja oligarquía y controlando los diversos sectores productivos, en manos de una burguesía financiera que no opone mayor resistencia, en la medida que se aseguren sus ganancias.

En esta situación, la decencia es una cuestión moral irrelevante porque se trata de violentas luchas inter-burguesas por el dominio hegemónico. El control de la economía a su favor está en juego, el poder está en juego y esta ascendente rama burguesa no duda ni dudará en usar todos los métodos (legales o ilegales, éticos o inmorales) para destruir a sus adversarios. No es un comportamiento exclusivo de este grupo, es el comportamiento natural de la burguesía y las oligarquías cuando compiten entre sí; esa actitud es aún mucho más brutal cuando se trata de asegurar sus capacidades explotadoras y sus ganancias a costa de las clases trabajadoras.  

Una economía en bancarrota y un conflicto que no resulta ajeno

El juego gubernamental de endeudamiento sin fin ofrece cada vez más peligros y vulnerabilidades a El Salvador y al grupo de poder en el gobierno. El endeudamiento crónico ha llevado esta semana a ocupar el segundo lugar en riesgo país en América Latina, desplazando a Argentina, que recientemente logró un acuerdo (vergonzoso) con el FMI.  

La corrección a la baja del Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés), ubicó a El Salvador por primera vez por encima de Argentina, llegando el pasado 9 de marzo a 18.79. El indicador EMBI es elaborado por la financiera JP Morgan desde 1990 y permite a los inversionistas extranjeros saber cuánta certeza tiene un país de honrar sus obligaciones de deuda, lo que se conoce como Riesgo País.

La situación caótica de las finanzas públicas salvadoreñas no es nueva. Sin embargo, hoy debe juzgarse a la luz de un conflicto bélico, con una profunda arista de guerra económica y consecuencias planetarias. En efecto, la guerra híbrida lanzada desde Occidente, una vez que las diversas acciones de la Alianza Atlántica forzaron a Rusia a intentar romper la maniobra de cerco militar instrumentada a través de Ucrania, desató un conflicto que pronto escaló hasta límites que amenazaron la posibilidad nuclear. Desde la OTAN, pero sobre todo desde EE UU y sus satélites en el mundo de los organismos financieros multilaterales, se desató con fuerza el eje económico-financiero de la guerra, intentando quebrar o asfixiar a Rusia por este mecanismo, en la medida que Europa no está en condiciones ni dispuesta a ofrecer batalla militar en su territorio.  

Tampoco las medidas adoptadas en el terreno económico, es justo decirlo, dejan bien parada a Europa, que parece -más allá de la burda propaganda coordinada por los grandes medios de comunicación bajo el control de la Alianza Atlántica- la más afectada por las repercusiones potenciales de las sanciones impuestas a Rusia. Al mismo tiempo, las alianzas que se están reforzando a la velocidad de la guerra no solo deben verse desde los intereses occidentales.

Mientras parece claro el frente occidental, con EE UU liderando la alianza OTAN y algunos satélites en América y Medio Oriente, que se suman en Naciones Unidas a la condena que impulsa la diplomacia estadounidense, por el lado ruso se va conformando claramente un frente muy amplio de países, sobre todo de Asia y Medio Oriente, que van neutralizando de hecho las sanciones contra Rusia, iniciando por gigantes como China e India, pero incluyendo también a Paquistán, Emiratos Árabes Unidos, Siria, entre otros.

¿Qué importancia y consecuencias puede tener ese realineamiento de fuerzas?

Más allá de la importancia política de este tipo de fuerzas aliándose, desde el punto de vista económico, el resultado es su capacidad para virtualmente desmantelar las consecuencias de las sanciones occidentales a través del comercio, y la explotación de los más de 4500 kilómetros de fronteras entre Rusia y China, que abre un enorme corredor asiático al mundo. En el caso de América Latina, posiciones como las de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Brasil, señalan las grietas y debilidades de las medidas adoptadas por el frente occidental, explicitado recientemente en las acciones políticas de la administración Biden respecto a Venezuela.

Por el contrario, las medidas ya están afectando el desarrollo económico europeo, en particular el costo de los combustibles, los ingresos y el empleo. Al mismo tiempo, la inflación está afectando de manera muy marcada a los países de Norteamérica y, como es sabido, esa situación afecta directamente a economías dependientes como la salvadoreña.

Los economistas en el mundo advierten, desde aún antes del inicio del conflicto militar, la difícil situación que enfrenta el sistema capitalista en el mundo. Apenas saliendo de la crisis global provocada por la pandemia, afrontando aún la debilidad en la cadena de suministros mundial, con el consiguiente aumento de los precios (escalada inflacionaria), el conflicto lleva a que se disparen aún más los precios de combustibles, pero también de minerales y materias primas en general, cereales y otros granos, fertilizantes, entre otros productos.

El resultado, advierten, es la combinación de dos flagelos económicos simultáneos, que rara vez se combinan: la recesión con la inflación descontrolada; es decir caída del PIB, escasez de oferta de trabajo por baja productividad y demanda; bajo consumo y al mismo tiempo, un alza constante de precios, que deprime aún más las posibilidades de consumo y la reactivación económica. A ese fenómeno los técnicos la denominan Estanflación. Para poner un ejemplo, la crisis del petróleo de los años 70 del siglo pasado, a consecuencia de la intervención de EEUU a favor de Israel, en la guerra del Yom Kipur, y la consecuente escalada de precios a partir de la reducción de producción petrolera por la mayoría de los países de la OPEP, generó en su momento un proceso de estanflación.

Es evidente que en las condiciones actuales es muy difícil esperar inversiones productivas.  Mucho peor en el caso de El Salvador, endeudado casi en igual medida que su producción nacional, con alta desconfianza mundial por parte de los inversores ante la inseguridad jurídica promovida por un gobierno arbitrario y sin credibilidad.

En el caso de la inflación, que mide el aumento generalizado y sostenido de los precios, volvió a romper récord en febrero pasado y llegó a 6,67 %. El Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador reportó que la inflación en febrero de 2021 era de 1,06%, es decir, que este indicador observó un incremento interanual de 529%. El alza viene principalmente por un encarecimiento en los alimentos, bebidas alcohólicas y transporte. Otro dato esencial para tener en cuenta es que El Salvador no cuenta con moneda propia, por lo que los mecanismos de regulación monetaria no están a su disposición, y en ese sentido el alza inflacionaria en EEUU también afecta directamente a nuestro país.

Es en estas condiciones que llega la cadena nacional presidencial de esta semana, para anunciar con toda pompa once medidas, de las cuales al menos nueve no tendrán efecto alguno en la economía nacional (se trata de quita de aranceles a productos de primera necesidad que en la mayoría de países proveedores se regían por tratados de libre comercio y, en otros casos por acuerdos bilaterales de cero aranceles; es decir que se trató de una medida publicitaria); las dos restantes parecen buscar un efecto dramático que hagan creer a los incautos que, por fin, el gobierno hará algo para controlar el disparado precio de los combustibles, que rondan ya los 5 dólares el galón en gasolineras.  Por eso anunció la reducción de $0.26 en el precio del galón de combustible durante tres meses. Se reducirá $0.16 por galón para el Fondo de Estabilización para el Fomento Económico (FEFE) y $0.10 por galón para la Contribución al Transporte (Cotrans).

Lejos de ofrecer medidas de austeridad desde el Ejecutivo, como el límite a los gastos de propaganda, los gastos exorbitantes de los funcionarios públicos, incluidos aquellos diputados que hicieron su campaña bajo falsos juramentos de austeridad, o la eliminación del IVA a productos de primera necesidad, el presidente limitó sus anuncios a la suspensión (temporal, por tres meses) de impuestos sobre la gasolina, cuya eliminación definitiva la sociedad viene demandando desde hace años.

Resultó evidente en un par de días que los anuncios no eran satisfactorios para amplios sectores de la sociedad salvadoreña, a pesar de haber intentado buscar chivos expiatorios en los mercados locales y pequeños productores, a los que el mensaje presidencial amenazó con enviar a sus perros guardianes a “verificar” que los precios no aumentaran. Tampoco fue suficiente que desde la Asamblea Legislativa se esforzaran en seguir la consigna de que “el espectáculo debe seguir”, y para ello convocaran a plenaria dominical, para llamar la atención acerca de su disposición a obedecer lo que diga su mandamás. Tal vez por eso, desde CAPRES recurrieron a lo que mejor saben, una vieja consigna que usan con cierta frecuencia: ante la crisis, represión; buscar un culpable creíble.

No se trata aquí de juzgar o dar un voto de confianza a un miembro de la mafia del transporte público, un colectivo gremial que siempre ha chantajeado al pueblo para mantener prebendas y subsidios, sin invertir en el mejoramiento de la flota del transporte público. Se trata de observar la conducta de unos individuos que, desde sus posiciones de poder en el Ejecutivo, deciden recurrir a la captura, sin orden fiscal o con una orden express firmada al instante que lo exija el presidente, contra quien considere que puede ser útil como chivo expiatorio. No importa si se trata de quienes han hecho campaña para que el presidente ocupe el puesto que ocupa. Así, Catalino Miranda marchó preso por exigir un aumento de la tarifa al transporte; sus permisos serán revocados y posiblemente sus unidades confiscadas, todo ello mientras desde la red social presidencial se amenazaba al gremio de transportistas con tomar a cargo del Estado los servicios públicos en caso de que decidieran llevar a cabo el paro de transporte que estaban estudiando. Mientras tanto, haciendo gala de su “lealtad”, el ministro de defensa salía con su mensaje en redes para demostrar que es más servil y atento que el resto de sus colegas y ha puesto ya a su tropa lista para conducir las unidades que decidan parar.

No se trata de ninguna expropiación al servicio del pueblo, sino una descarada maniobra para favorecer a un grupo cercano al clan presidencial con la explotación de las líneas de transporte, eliminar competencias y, posteriormente, hasta con el aplauso de sus seguidores que admiran “su valor y decisión”, aumentar la tarifa al transporte, sin oposición alguna. Así opera la mafia en el gobierno, lo hizo durante la pandemia contratando empresas familiares, lo hizo con el Bitcoin, y lo hará en cada oportunidad que desde el Estado descubran una oportunidad de negocios.

Mientras tanto, la crisis la seguirá pagando el pueblo, los precios seguirán aumentando; sin ingresos, el consumo se reducirá, la hambruna avanzará sobre los más desprotegidos hasta que la paciencia se agote y, más temprano que tarde, estos funcionarios, que hoy se sienten omnipotentes, se encontrarán corriendo a la búsqueda de un destino seguro que los proteja de la furia del pueblo al que una vez engañaron. Se esperaría a estas alturas una mayor beligerancia de las organizaciones sociales y de la izquierda revolucionaria pero, hasta el momento, la introspección que mantiene el gobierno parece también contaminar a la izquierda en la forma de internismo.