31 años

Este 16 de enero se cumplen 31 años de la firma de los Acuerdos de Paz, que no solo pusieron fin a 12 años de conflicto armado en El Salvador, sino que significaron, junto al desmontaje de las estructuras dictatoriales que habían dominado el país durante más de 60 años, el establecimiento de un nuevo orden constitucional, basado en reglas de juego que abrieron la oportunidad para el pueblo salvadoreño de construir formas de convivencia democráticas, con sustanciales avances en los niveles de libertades políticas y de participación ciudadana.

Producto de los acuerdos se impulsaron profundas reformas constitucionales que permitieron el desmontaje de un estado represivo y elitista, la gestación de nuevos instrumentos de participación ciudadana, de vigilancia y respeto a los derechos humanos y civiles, y el inicio de la construcción de un Estado Constitucional y Social de Derecho.

A 31 años de aquel evento, una mirada retrospectiva muestra periodos de avance y de retrocesos en la medida que, aunque se registraron pasos en la edificación de formas embrionarias de democracia, no se logró avanzar razonablemente en justicia social, con una mayor y más equitativa distribución de la riqueza y, en consecuencia, quedaron pendientes las esperadas mejoras sustanciales en las condiciones materiales de vida del pueblo.

Los avances socio-económicos fueron aspectos pendientes en la medida que la derecha oligárquica y su partido en el gobierno, ARENA, impulsó y asentó profundamente el modelo neoliberal; este no sólo se implementó en la economía salvadoreña sino en la mentalidad de una sociedad que fue perdiendo gradualmente niveles de solidaridad y hasta de conciencia social, corroída por el fomento grotesco e impúdico del consumismo, y sobre todo del individualismo, que se traducía en una filosofía del “sálvese quien pueda”; en buena parte, las generaciones posteriores a la guerra se desarrollaron en el marco del modelo cultural del capitalismo neoliberal dependiente. La concentración y acumulación de riqueza continuó alimentando a los mismos sectores dominantes.

Dos periodos de gobierno de uno de los artífices indiscutibles del proceso de negociación que culminó en lo acuerdos de paz, el FMLN, durante los cuales se produjeron las más grandes transformaciones y avances sociales en la historia del país, no fueron suficientes para alterar aquella ecuación de tremenda desigualdad e inequidad. Aunque se redujeron los niveles de pobreza y probreza extrema a niveles históricamente jamás antes alcanzados, se abrieron flancos de ataque permanente de parte de una derecha oligárquica asociada a los intereses imperiales de empresas transnacionales, contra cada una de las políticas gubernamentales que apuntaran a reducir los niveles de injusticia social.

Momento de definiciones

Hoy El Salvador vive un oscuro proceso de retrocesos profundos en cada una de las áreas que podamos revisar en materia de desarrollo social, participación ciudadana, distribución de la riqueza, desarrollo democrático, libertades ciudadanas, y respeto a derechos humanos y civiles. Desde hace casi cuatro años, el desmontaje de toda la estructura correspondiente a un estado funcional de derecho dio paso a un Estado autoritario, impune, corrupto y represivo, a cargo de un grupo económico emergente que, en su afán de  poner el Estado al servicio de sus intereses particulares, ha desarrollado un sistema de concentración absoluta del poder, que favorece la extrema concentración de la riqueza, la especulación financiera y el endeudamiento incontenible. Todo ello gracias a la previa anulación de cualquier posibilidad de control ciudadano de los asuntos públicos. 

La represión, la vulneración de derechos considerados elementales en cualquier estado constitucional de derecho, incluyendo leyes de excepción que niegan el derecho a defensa, juicios justos, y hasta conocer la razón de las detenciones, y que otorga virtual impunidad a funcionarios responsables de gravísimas volaciones a los derechos humanos, es hoy moneda corriente en El Salvador.

Si vamos al origen de este proceso, encontraremos el discurso del hoy presidente, deslegitimando y negando toda validez a aquellos acuerdos de 1992, ridiculizando la guerra misma, los organismos internacionales intervinientes, y hasta la pérdida de vidas, a las que irrespeta profundamente. Pretende negar con todo ello la gesta de luchas populares y todos los eventos históricos que culminarían en la más profunda serie de transformaciones en la reglas básicas de convivencia en la historia de El Salvador.

Negar los acuerdos no sólo es negar la historia, es también una intención no declarada de repetirla. Pero a sabiendas que hacerlo es reconducir el país al círculo dramático de dolor, muerte e injusticias, de limitación de libertades, represión, resistencia popular, odio y violencia que ya varias generaciones vivieron y sufrieron, y que creyeron dejar atrás con el fin del conflicto armado. Es pues, repetir una historia trágica.

Por eso, en este aniversario, el régimen vuelve a enfrentar a un pueblo movilizado desde las organizaciones populares, las comunidades, los territorios y sindicatos y, por supuesto, desde el FMLN, protagonista de aquella historia y, por ello mismo, punto focal de los ataques de la nueva dictadura implementada en el país.

Un conjunto de fuerzas políticas y sociales buscan diversas formas de expresión en defensa de los Acuerdos, siempre desde las calles, desde sus expresiones populares. Lo hacen en un momento de definiciones, porque el régimen ha iniciado  2023 mostrando algunas de sus cartas más peligrosas y criminales. Ya el año pasado había adelantado sus impulsos represivos contra el campo popular, y particularmente contra las expresiones que recordaran y mantuvieran vivas las experiencias de lucha popular antidictatorial.

Su primer zarpazo fue contra un grupo de jóvenes de comunidades del bajo Lempa, capturados y maltratados por fuerzas militares y de seguridad por representar una obra de teatro que, recurriendo a la memoria histórica, recreaba los días de lucha del pueblo salvadoreño contra militares al servicio de la oligarquía, una fuerza armada arrogante que se sentía invencible, igual que estos soldados actuales, que se envalentonaron con muchachos indefensos y comunidades laboriosas.

En estas dos primeras semanas del año, el régimen decidió doblar la apuesta, y trazar una clara línea de represión contra fuerzas de izquierda y populares, y contra toda forma de organización del campo popular, empezando por sindicatos y organizaciones comunitarias.

Habiendo avanzado desde marzo pasado en la instauración de un régimen de terror e impunidad, que disfrazó como lucha contra el crimen organizado y las pandillas, aseguró la militarización del país, garantizó la impunidad a sus esbirros uniformados de la policía y la fuerza armada, y recurrió a la tortura y el asesinato de prisioneros en las cárceles, como mensaje a una sociedad cautiva de su propaganda populista, para establecer la narrativa de que el respeto a derechos humanos no debe ser tenido en cuenta en el trato a los delincuentes. Una sociedad así permeada es hoy presa fácil de otra narrativa, que se basa en la criminalización de las formas de lucha organizada, la criminalización de la pobreza, y de toda forma de resistencia u oposición.

Asi vimos a las fuerzas represivas capturar con abuso de fuerza a sindicalistas que se manifestaban exigiendo el pago de salarios atrasados. En la misma semana, una comunidad histórica en el departamento de Cabañas, es asediada de noche por fuerzas de seguridad para arrestar a seis dirigentes comunitarios, antiguos cuadros militares de la guerrilla durante el conflicto; lo hacen esgrimiendo la investigación de casos del año 1971, prácticamente diez años antes del inicio del conflicto armado. Un fiscal general impuesto por el régimen, que no pierde oportunidad de recurrir a su servilismo y demagogia para justificar este accionar judicial, desdeña las innumerables denuncias que la población ha venido esgrimiendo por 40 años contra la fuerza armada y los aparatos de seguridad de entonces. Así actúa una justicia controlada como un robot desde casa presidencial.

Es necesario enmarcar estas acciones represivas e injustificables como un clara decisión del régimen de apuntar sus cañones contra el movimiento popular organizado. Ya no parece bastarle con el control ejercido desde el terror mediático, la manipulación, la persecución judicial, los cercos militares como elementos de control social, o la criminalización de la pobreza y la oposición en general.

Hoy el régimen necesita escalar en su ofensiva y asegurar que, ante la creciente crisis económica, los despidos masivos, y el desencanto de sectores que lo llevaron al Ejecutivo, hoy se requiere desmantelar todo tipo de potencial amenaza, en particular inhibir la influencia de fuerzas revolucionarias e impedir toda divulgación de lucha o resistencia, minimizar o anular toda protesta que pueda opacar la imagen ficticia de país ideal, creada desde los centros de comunicación oficial.

Consolidado su control de prácticamente todo el poder estatal, necesita asegurar una mayoría sustancial en el parlamento para el próximo periodo. No puede correr el riesgo de contar con tan solo una parte del poder, porque entonces sus decisiones podrían ser cuestionadas y expuestas al escrutinio público. La práctica bancarrota de las finanzas públicas y la crisis provocada por la especulación financiera con que manejan los dineros del Estado saldrían a la luz en cuanto el esquema dictatorial flaquee. Es lo que el régimen no puede permitirse, y ya ha indicado que recurrirá a la profundización de la persecución política y social, y a lo que sea necesario para continuar el actual esquema.

En esa lectura se puede interpretar la cínica decisión de los seudoparlamentarios celestes y sus cómplices, de aprobar la renovación del Régimen de Excepción durante todo 2023. Posiblemente también su aislamiento internacional aumente ante la falta de respuesta oficial a las fundadas denuncias de violaciones graves a los derechos humanos, tanto nacionales como foráneas.

Otra vez, ante los llamados a la movilización en defensa de los acuerdos de paz y exigencia de respeto a los derechos conculcados, junto a los naturales reclamos de cada sector en particular, el régimen optó por cercar la ciudad capital con retenes policiales y militares que impidieran o entorpecieran el libre acceso de manifestantes desde los distintos puntos del país. Nada nuevo. Simplemente otro signo de debilidad y autoritarismo.

Peligrosos precedentes

En América Latina y el Caribe se están viviendo momentos de grandes tensiones. Las diversas expresiones del neofascismo siguen haciendo aparición en distintos puntos del continente y resulta difícil (al observar movimientos salvajemente represivos, como los de la fuerza armada peruana contra el pueblo sublevado ante el golpe del congreso contra el presidente Pedro Castillo, o las maniobras de los fascistas cruceños en Bolivia, buscando extender a todo el país el clima de caos que promueven desde el departamento de Santa Cruz, así como las acciones de provocación de los bolsonaristas en Brasilia, entre otros casos), no recurrir a la memoria trágica de una América irredenta que vió, hace unos 50 años, manifestaciones de desestabilización, de represión y de provocación similares, en lo que luego se supo eran maniobras claramente coordinadas e impulsadas desde Washington, y que se conoció como Plan Cóndor.

También en El Salvador, resulta difícil no hacer un ejercicio de paralelismo entre los trágicos años 70, que prepararon el país para la guerra, y los actuales movimientos que cercenan uno a uno los derechos del pueblo. Como entonces, la dictadura actual también nos quiere vender la idea de haber construido un país que es el paraíso envidiado por todos. Ahora el dictador se empeña en calzar su muletilla, “el país más seguro de América”; en 1975, el dictador de turno, el Coronel Arturo Molina, vendía un El Salvador sin cuerpos de opositores asesinados salvajemente, sin desapariciones, sin torturas ni masacres, sin la toma de la Universidad de El Salvador en 1972. Nos vendía “el país de la sonrisa”, y se traía a El Salvador el certámen de Miss Universo. Este fin de semana la propaganda del régimen exibe al autócrata de Capres realizando un desfile sobre alfombra (azul) para aparecer en cuadro de cámara, anunciando complacido que El Salvador será anfitrión del próximo certamen de belleza mundial. La historia efectivamente, parece repetirse. Tal vez, como ya anunciara Marx, esta vez se trate de una farsa, aunque no deje de ser trágica, tanto para  el pueblo de El Salvador como para los pueblos del resto de Nuestra América.

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