Mientras la Procuradora de DDHH del régimen salvadoreño se burla de las víctimas de la represión, organismos de derechos humanos contabilizan 466 muertes en prisión bajo el inconstitucional régimen de excepción, que dura ya 45 meses.
Al medio centenar de periodistas forzados al exilio desde junio, se suma un mínimo de 12 abogados asilados en naciones que respetan sus derechos. Esta semana Interpol eliminó la alerta roja contra defensores de DDHH que se encuentran asilados en territorio español, evidenciando el uso político que hace la dictadura de medidas destinadas a la lucha contra el crimen y no contra opositores.
Para el régimen y su lógica tiene sentido utilizar este tipo de herramientas, en la medida que considera que quienes se oponen a sus políticas neofascistas, son delincuentes. La medida, hoy rechazada, nos muestra que el tirano salvadoreño se cree capaz de burlar las leyes internacionales como lo hace con las nacionales, y tal como actúan sus aliados trumpistas y sionistas en el concierto internacional.
Pero este dictador está lejos, muy lejos, de contar con el poder de aquellos violadores sistemáticos del derecho internacional, la paz, la vida y la dignidad de los pueblos. Es un buen aprendiz, pero solo hasta ahí llega. No pasa de ser un sirviente de amos extranjeros. Por eso, seguramente, no correrá con la misma suerte que sus poderosos amigos cuando caiga en desgracia -y caerá-, tal como lo harán sus cómplices de cualquier nacionalidad.
Burlas y cinismo
Como se sienten más poderosos de lo que en realidad son, se burlan de quienes denuncian violaciones, mientras premian a violadores que actúen con su venia.
En un cínico gesto, la nefasta Procuradora de DDHH, Raquel Caballero de Guevara, quien ocupa el puesto asignado por el Ejecutivo para justificar la violación sistemática de derechos, acaba de galardonar con el Premio Nacional a la Promoción y Difusión de los Derechos Humanos 2025, a Carlos Marroquín, uno de los artífices de las negociaciones y complicidades con las pandillas criminales que dicen combatir.
La burla evidente, el desprecio y el cinismo que parecía no tener parangón, tuvo esta misma semana una réplica despreciable. En Washington, la máxima autoridad del fútbol mundial, Gianni Infantino, en otro gesto de repugnante servilismo, entregó al presidente Donald Trump, el primer «Premio FIFA de la Paz: el fútbol une al mundo», durante el sorteo final de la Copa Mundial de fútbol 2026.
Parecen signos de los tiempos, que ya vimos en el caso del prostituido premio Nobel de la Paz. Con su cinismo y la burla a las causas justas, el uso del doble discurso y los gestos desafiantes, los poderosos parecen decir que “lo hacen porque pueden”.
Un último ejemplo reciente fue el indulto de Donald Trump al narcotraficante hondureño, condenado y confeso en los EEUU, Juan Orlando Hernández, al mismo tiempo que amenaza una nación soberana y digna de Nuestra América, bajo la excusa de ¡combatir el narcotráfico! El cinismo en todo su esplendor.
Hambre y deuda para el pueblo
Se violan DDHH y leyes internacionales para mantener poderes absolutos y seguir acumulando y concentrando capitales a costa de las grandes mayorías, crecientemente hambreadas, sobre todo en las zonas rurales.
El hambre es un problema serio en El Salvador. Casi el 50% de la población experimenta inseguridad alimentaria y hay un porcentaje considerable en fases críticas debido a factores como pobreza, desempleo, precios elevados de alimentos, y el cambio climático que afecta la producción agrícola. Esto lleva a millones a no comer lo suficiente y depender de dietas precarias.
La Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna, Fews Net, acaba de advertir acerca del deterioro alimentario para El Salvador a partir de abril de 2026, cuando prevé que se agoten las reservas agrícolas de los hogares y disminuyan las oportunidades de empleo rural.
El análisis señala que muchos hogares pobres podrían recurrir a utilizar sus ahorros, comprar alimentos a crédito, o reducir la frecuencia y el tamaño de las comidas. También podrían enfrentar dificultades para asumir gastos esenciales en salud, transporte e insumos agrícolas.
Fews Net señala que productos esenciales como el maíz continúan con sobreprecios del 30%, y el frijol cerca del 20%, impulsados por menores importaciones y pérdidas acumuladas de años anteriores.
En septiembre, productos como el maíz, el frijol y el maicillo reportaron incrementos en sus precios, de acuerdo con los sondeos de la Defensoría del Consumidor. El quintal de maíz blanco subió 56.4% a nivel nacional, al pasar de un promedio de $19.97 en la segunda semana de enero a $31.24 a finales de septiembre.
Presupuesto financiado, otra mentira.
La Asamblea Legislativa aprobó esta semana un decreto que asigna $267 millones adicionales al presupuesto del Ministerio de Hacienda, para cubrir “obligaciones generales del Estado” y transferencias varias. Los fondos provendrán de endeudamiento público por emisión de títulos valores. Con su habitual opacidad, el decreto no detalla a qué rubros específicos se destinarán los recursos.
Este incremento de la deuda contradice la promesa oficial de que el presupuesto de 2025 no requeriría financiamiento con deuda, asegurando que el gasto corriente sería cubierto con ingresos propios del Estado.
Según registros legislativos recientes, Hacienda ha recibido otros tres incrementos presupuestarios financiados con Letras del Tesoro y otros instrumentos de deuda en lo que va de 2025: el primero, en septiembre, por $250 millones provenientes de un préstamo del Banco Mundial; el segundo, en octubre, por $149 millones, producto de una emisión de títulos valores; y el tercero, el 11 de noviembre, por $150 millones, provenientes de dos préstamos con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, aprobados inicialmente como fondos para Educación y Salud, pero que fueron incorporados en el Ministerio de Hacienda.
Mientras tanto, la nueva deuda de pensiones acumula $2,721.7 millones. Este monto representa lo tomado por el gobierno entre 2023 y lo que va de 2025, pero el saldo total desde 2006 ya supera los $11,115 millones, lo que representa un 32.8% de la deuda pública total, que a octubre sumó $33,805 millones.
Los ahorros de pensiones siguen siendo una fuente de financiamiento para el gobierno, pese a que el acuerdo con el FMI señala un compromiso por reducir la dependencia de estos fondos.
Por otra parte, El Salvador depende cada vez más de organismos multilaterales para financiarse. El país es el segundo con el monto más alto de deuda externa de Centroamérica, solo detrás de Guatemala.
El Banco Mundial publicó esta semana el informe «International Debt Report 2025» que analiza la evolución de la deuda externa y doméstica de 119 países de ingresos bajos y medios, así como los riesgos financieros, la carga del servicio de deuda, la capacidad de pago, la transparencia y las tendencias de reestructuración.
El Banco Mundial señala que El Salvador duplicó su endeudamiento externo entre 2010 y 2024, pasando de $11,496 millones a $24,962 millones, con una creciente dependencia de financiamiento multilateral y una caída profunda en los flujos provenientes de acreedores privados.
La mayor parte del aumento de deuda se explica por obligaciones de largo plazo, que pasaron de $10,408 millones en 2010 a $21,647 millones en 2024. Esa deuda se concentra en acreedores multilaterales (bancos y organismos internacionales).
Este alto endeudamiento limita la inversión pública del Estado en rubros clave como la Educación o la Salud. Un informe de la Comisión Económica de América Latina, CEPAL, publicado el 27 de noviembre, reveló que El Salvador figura en el grupo de países con menos de $600 por persona al año destinados a gasto social.
Despidos en el sector público
El Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) denunció que en 2025 registran más de 300 despidos en la institución; entre ellos, 17 pertenecen al personal médico mientras el resto serían administrativos y operativos. Según sus informes, los médicos cesados son especialistas, señalando que se trató de neurocirujanos, internistas y ginecólogos.
Para el sindicato, la situación en el sector salud es preocupante ante la supresión de plazas, tanto en el ISSS como en el Ministerio de Salud (MINSAL). Afirmaron que a nivel público se registran 6,000 personas que han perdido su empleo, entre médicos, administrativos, trabajadores del área de enfermería y auxiliares de servicio, a esto se suma el cierre de Equipos Comunitarios de Salud (ECOS Familiares).
Según la gremial, cuando un especialista o subespecialista se marcha del Seguro Social, aproximadamente 5,000 derechohabientes se ven afectados en el primer mes en el que el profesional ya no está en la institución. El sindicato denunció que la administración del Seguro Social asigna médicos generales para que sustituyan en las consultas a especialistas y subespecialistas.
En 2025, el ISSS recibió $1,148.13 millones y en el plan de gastos de 2026 los recursos asignados serían de $1,095.43 millones, una disminución de $52 millones; 133 plazas por ley de salario se van a suprimir, incluyendo médicos con más 20 años de experiencia en la institución.
Despidos del sector público, endeudamiento, deterioro de los programas de protección social, violaciones sistemáticas a DDHH, son el pan de cada día, de norte a sur de un continente azotado por las fuerzas del neofascismo, envalentonadas y desafiantes. La historia, sin embargo, enseña que estas enfermedades sociales, estos tumores malignos, son siempre extirpados por la lucha organizada de los pueblos.
Esas fuerzas conservadoras se muestran hoy arrogantes y beligerantes; creen su mito de imbatibilidad, pero cometen errores a cada paso. Es nuestra responsabilidad, la de los pueblos conscientes de que la lucha es permanente y unitaria, derrotarlos -a ellos y a sus cómplices necesarios-, y empujarlos al lugar que les corresponde, el último rincón del basurero de la historia.
Reflexiones y pensamiento crítico 