El gobierno de la maldad
Vistos los acontecimientos del 3 de enero, que se suman a innumerables hechos de agresión y arrogancia imperial, de desprecio por los pueblos, de ataques a su dignidad, soberanía y autodeterminación, el título de este trabajo reflejaría bien al gobierno del convicto presidente de los Estados Unidos, y del grupo de fanáticos neofascistas que lo acompañan creyéndose dueños del mundo, pero ya hablamos de ellos en la primera parte, una semana atrás, hoy repasaremos el accionar de otro gobierno que tiene en común con el de Washington su maldad intrínseca, su desprecio por la vida o el bienestar del pueblo: la dictadura de Bukele.
Sirva esta introducción para expresar nuestra más firme condena a la agresión militar y el secuestro del legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y su esposa la Primera Dama Cilia Flores, que deben regresar sin demora a su Patria. Nuestra máxima solidaridad con el pueblo bolivariano, que se mantiene en lucha, en batalla y en resistencia ante un imperio depredador. Este combate es de toda Nuestra América.
El Salvador
Si en 2024 se materializó la usurpación del poder del Estado por un clan de extrema derecha, el año que acaba de finalizar vio la consolidación de la dictadura en El Salvador, amparada en gran medida en la llegada a la Casa Blanca de un personaje como Donald Trump, con quien la comunión de intereses e ideas resulta evidente; comparten, además, su desdén por cualquier marco legal que afecte sus proyectos.
Estos usurpadores, tarde o temprano deberán ser llevados a la justicia por violar la Constitución y todo tipo de derechos humanos y ciudadanos, muchos de ellos imprescriptibles.
Llegará ese momento en la historia, como lo demuestra el pasado de luchas populares en el país más pequeño de la región. Esa historia también nos deja lecciones; nos enseña que, como en la frase atribuida a Gramsci, “el único modo de predecir el futuro es organizarse para hacer que eso ocurra”.
Ante la corrupción, ante la mafia organizada como gobierno contra el pueblo, el enriquecimiento escandaloso de la élite en el poder, el aplastamiento del Estado de Derecho, el autoritarismo, solo queda al pueblo organizarse y luchar hasta cambiar las cosas, hasta hacer que ese futuro soñado ocurra.
En el año que finaliza, la dictadura recurrió a la represión abierta contra expresiones críticas y de oposición; se vio obligada a asumir ante el mundo su carácter tiránico y autocrático.
Lo hizo justamente al cumplirse el primer año de usurpación, lanzando una ola represiva contra personajes destacados de la llamada sociedad civil crítica, aquella que, por otra parte, recibía las simpatías de sectores del atlantismo globalista, desplazado del gobierno en Washington.
Organismos de DDDH, medios de comunicación afines a la línea general esgrimida por las previas administraciones demócratas, fueron particularmente golpeados por el bukelato. Fue una declaración de intenciones, una afirmación de lo seguro e impune que se siente el régimen ante la mirada condescendiente de los extremistas de la Casa Blanca, ya no solo de Trump sino de personajes como el secretario de Estado Marco Rubio o la fiscal general, Pamela Bondi.
Por supuesto, la persecución también siguió ejerciéndose contra los enemigos estratégicos del sistema, la izquierda política y social organizada, antiimperialista, anticolonialista y solidaria con los pueblos en lucha
La llegada de Trump, en enero de 2025, favoreció la sensación de impunidad de la dictadura para violar abiertamente las leyes fundamentales, institucionalizar su continuidad, con la reelección presidencial indefinida, y asegurar el control del aparato de justicia, al eliminar las disposiciones presupuestarias constitucionales, establecidas desde los Acuerdos de Paz de 1992, que garantizaban la independencia entre el Judicial y el resto de poderes del Estado.
En este período vimos la captura de mujeres y hombres que denunciaron la corrupción, el régimen de excepción y violaciones a derechos humanos. La ofensiva tuvo su auge en los meses de abril, mayo y junio, con periodistas de medios como El Faro, Factum, Gato Encerrado, Voz Pública, Focos, entre otros, forzados a salir del país si no querían ser encarcelados, como efectivamente sucedió con personajes destacados, como la abogada de la organización Cristosal, Ruth López, o el constitucionalista Enrique Anaya. Otros medios sufrieron la asfixia económica que los condenó a desaparecer.
Organismos no gubernamenales como Cristosal, FUDECSO, ECOS, o la gremial de periodistas, APES debieron huir del país. Otras, como la decana de los estudios del Derecho, FESPAD, simplemente cesaron sus actividades. Entre los detonantes, la aprobación de leyes confiscatorias y arbitrarias, como la Ley de Agentes Extranjeros, que el régimen sancionó para tener la última palabra acerca de quien podía y quien no, ejercer funciones de apoyo social y organización comunitaria.
Para entonces ya habían sido encarcelados figuras como Eugenio Chicas, ex magistrado del TSE y ex diputado por el FMLN, partido del que se había alejado desde hacía tiempo. También fueron encarcelados militantes de este partido como Benito Lara, mientras que otros veteranos de guerra, como José Santos Melara, habían sido detenidos con anterioridad, bajo falsas acusaciones de complotar contra el presidente.
También atacó dirigentes populares, activistas comunales, ambientalistas, luchadores contra los proyectos de minería metálica impulsados por la dictadura, etc. Entre ellos, los dirigentes ambientalistas de Santa Marta, que ya habían sido absueltos, pero que volvieron a ser juzgados de manera irregular, o los activistas de la comunidad El Bosque, Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, detenidos cuando fuerzas anti-motines arremetieron contra una marcha pacífica de hombres de la tercera edad, mujeres y niños, que se manifestaron cerca de la residencia privada del dictador.
También las mujeres y hombres dedicados al comercio informal en el Centro Histórico de San Salvador y otras ciudades del país son víctima de la persecución del régimen, empeñado en expulsarlos de zonas que pretenden exclusivas para ricos o extranjeros, un área cada vez más poblada de agentes de seguridad privada, que se sienten con la misma impunidad que el resto de represores oficiales.
El uso de armas de fuego en la zona causó la muerte de Jessica Solis, una mujer de 42 años, frente al icónico Palacio Nacional, por un disparo en la cabeza, ejecutado por un francotirador del ejército. Jamás el régimen explicó para qué necesita francotiradores instalados en los altos de edificios de una zona civil.
Un rápido listado puede ilustrar cómo la dictadura afecta a las mayorías populares:
- Mayor migración, lejos de aquella patraña de la embajadora en Washington, que pretendía vender la idea de una migración inversa gracias a las excelentes condiciones creadas (por el bukelato). La realidad es que la gente no regresa sino que se va. Entre 2019 y 2024, la población del país pasó de 6,704,864 a 6,350,969 habitantes, una reducción de 353,895 personas.
- La creciente represión a voces críticas, la fuga de periodistas (unos 55 trabajadores de medios independientes han salido al exilio), el éxodo de un número indeterminado de defensores de derechos humanos, conforma el panorama general de persecución y encarcelamiento de opositores. Ya son 470 las muertes en las cárceles del bukelato, según reportes de organismos de DDHH.
- Ajuste estructural exigido por el FMI, cuya consecuencia directa son despidos masivos de empleados públicos (7772 del sistema de salud). Serían 22,368 los estatales despedidos en 2025; en diciembre se registraron 115 despidos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), otros 150 de la Unidad de Pensiones del ISSS (UPISS) y 1,800 del Hospital Rosales. En el presupuesto 2026 se incluye la supresión de 1,743 plazas de diversas instituciones públicas incluyendo el ministerio de Educación.
- El gobierno pretende vender al mundo una indemostrable reducción de la pobreza. Los datos analizados por varias fuentes prueban que lejos de reducirse, la pobreza se extendió como nunca; mientras el oficialismo esgrime el dato de una reducción de la pobreza relativa, la realidad señala que existe un trasvase sostenido de personas que pasaron de vivir en pobreza relativa a hacerlo en pobreza extrema. Entre 2019 y 2024, El Salvador registró un aumento de +108% de hogares en pobreza extrema; esto representa casi 242mil personas más en pobreza absoluta. También aumenta el analfabetismo mientras se militariza la educación y las escuelas siguen sin repararse.
- Con la llegada de 252 deportados venezolanos desde EEUU al CECOT, donde fueron sometidos a meses de tortura salvaje y permanente, sin haber cometido delito alguno en El Salvador, el país se convirtió en una colonia penal extranjera, a cambio de un precio establecido, de la misma manera que en siglos pasados se establecía el precio por cargamentos de esclavos. Al retroceso civilizatorio que esta acción representa se suma la entrega de la soberanía territorial al imperio, para agredir a la hermana Venezuela, en el marco de las acciones destinadas al saqueo de su petróleo y otras riquezas naturales, como acaba de suceder.
- La expulsión de sectores populares de las zonas “recuperadas” o de interés de desarrolladores turísticos, implicó negocios tan lucrativos como oscuros para el grupo en el poder y sus socios. Lo mismo ha sucedido en zonas de playas y montañas con alto nivel de plusvalía y potencialidad de explotación turística. Al mismo tiempo, los medios de investigación han venido demostrando el enriquecimiento exponencial del clan familiar que domina El Salvador, que pasó de un patrimonio declarado de 2 millones de dólares a superar los 9 millones en los años que lleva en el poder, sin explicaciones y sin acceso público a datos que permitan justificar tal crecimiento patrimonial.
El campo popular
Si 2024 fue un año marcado por la fragmentación del campo popular, aunque signado por activas marchas y movilizaciones de diversos sectores contra la dictadura, 2025 fue el año de la escalada en la resistencia popular. No se trata solamente de denunciar el accionar represivo del régimen que gobierna El Salvador, lo cual es correcto, sino que se trata de ver con claridad que esas acciones represivas son la respuesta del régimen a la agitación popular creciente.
El Salvador ha experimentado un incremento significativo y sostenido en su gasto militar en los últimos años, duplicando su presupuesto de defensa para 2026 en comparación con 2019, con aumentos “para fortalecer la lucha contra la criminalidad, dignificar a los soldados y adquirir nuevo equipo, dentro del marco del Plan Control Territorial y el régimen de excepción,” así justifica la Asamblea Legislativa, tanto en 2024 como en 2025, el llamado gasto de defensa, que en realidad es para combatir lo que el régimen califica como “enemigo interno”, es decir, las luchas populares.
En 2026, Defensa alcanzará el más alto gasto de su historia, con un total presupuestado de $334.5 millones, un 130% más que en 2019. Según analistas de seguridad, esto podría responder a la estrategia del Ejecutivo de reforzar la lealtad y operatividad de las FAES en el marco del régimen de excepción y las políticas de seguridad nacional.
El rubro con mayor asignación es el de gestión operativa institucional, quepasará de $302.9 millones en 2025 a $326 millones en 2026. Estaría enfocado en “mantener la listeza operacional de las unidades militares del ejército, aéreas y navales”, así como en la modernización de equipo, infraestructura militar y el sistema estratégico de comunicaciones. El 97% del presupuesto total del ministerio de Defensa se destina a esta función, según documentos oficiales.
En los seis años y seis meses de la actual administración se ha importado el 87% de armamento comprado en la década anterior a su mandato. En los últimos 30 años El Salvador compró un total de $122.7 millones de dólares en armas a países como Israel y Estados Unidos. De los $15.8 millones importados durante el año 2022, año record en compra de armas, un poco más de la mitad, es decir $8.6 millones fue importado desde Israel. Seguido de Estados Unidos con $5.3 millones.
$11.7 millones se gastaron en esta gestión en adquirir pistolas y revólveres, que no son de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad, y podrían ir a particulares, o al mercado negro. Luis Anaya, experto en seguridad, cuestiona que en El Salvador, donde se promueve la idea del país más seguro, no es normal que particulares se estén armando. “Uno diría: bueno, quizás la percepción de seguridad no es tan alta, porque eso es lo que llevaría a que la gente se arme por temor”, sostuvo Anaya, entrevistado por la prensa local en diciembre.
Infodefensa, un medio especializado en temas de Seguridad y Defensa Nacional, informó que en 2022 se incorporaron 200 fusiles de asalto Arad de Israel Weapon Industries (IWI). Además, informó que en 2024 el Gobierno salvadoreño entregó 32 fusiles de precisión CZ TRS y 50 pistolas Glock 17, calibre 9 milímetros al comando de Fuerzas Especiales. Los primeros serían para “reforzar la operación de los francotiradores”.
¿Por qué es importante detenerse en estos datos? Porque hace años que la dictadura formuló su tesis del “enemigo interno”, asociando a las fuerzas de la oposición con ese concepto. Sus gastos demuestran que siguen sosteniendo aquella hipótesis.
Fomentar unidad popular y combatir el sectarismo
El campo popular sigue por ahora fragmentado y dividido, aunque más activo, en la medida que la crisis económica lanza cada vez más trabajadores a la pobreza, el desempleo y la exclusión. Algunas formaciones populares, mostraron a lo largo del año, e incluso en sus balances recientes, un marcado sectarismo, negando en los hechos logros de 2025 que no hubiesen sido protagonizados por ese reducido grupo.
Posiblemente, ese sectarismo les impidió ver el avance para el campo del pueblo, y no solo para un partido de izquierda como el FMLN, que significó la exitosa realización del Segundo Congreso partidario, con la masiva movilización, en todo el territorio nacional y fuera del país, de cuadros y bases partidarias, reunidos para reflexionar, debatir y sacar conclusiones de las formas de lucha necesarias para combatir a la dictadura.
Esos pequeños grupos de compañeros, solo parecen ver crisis partidarias y divisiones. Así lo manifiestan en su balance de fin de año: “Al régimen le ayuda la crisis de la oposición partidaria, carente de liderazgos y estrategias, envuelta en conflictos internos, desprestigiada por el régimen y que actúa de manera cómplice ya que no dan la batalla contra los graves retrocesos alejándose cada vez de los anhelos del pueblo. La falta de alternativa hace que una franja grande de la población permanezca paralizada y sin esperanza frente al régimen.”
Es notable “la falta de sintonía con los anhelos de la gente” de este sector del campo popular, permeado de pesimismo, que no distingue entre la oposición popular y las contradicciones entre sectores burgueses.
Al meter en una bolsa generalizada a la “oposición partidaria” ignoran -adrede- los esfuerzos y avances que significan para la lucha del pueblo las conclusiones y debates del Congreso del FMLN; dejan sin consideración la importante participación de sectores sociales no partidarios, sindicales, comunales, de iglesias, de la solidaridad internacional y de muchos otros que expresaron sin tapujos críticas a la acción política, pero también hicieron propuestas, que favorecerán la organización del pueblo más allá de los límites partidarios.
Parte de las tareas a asumir en este 2026, será redoblar los esfuerzos por fortalecer los canales unitarios y combatir el sectarismo al seno del pueblo. Finalmente, también la 45ª Convención del FMLN, en diciembre, dejó aportes importantes, tanto en el terreno de la solidaridad como en el de la preparación de uno de los frentes de lucha abiertos.
La dictadura pretende perpetuarse por medio del fraude institucionalizado, con elecciones amañadas. Sin embargo, desde el campo popular se esgrime la enseñanza que Schafik nos legara, aquella de utilizar siempre todos los espacios abiertos en el sistema para promover la movilización, la agitación, la organización y la elevación de la conciencia del pueblo.
Esa labor incluye buscar todas las formas posibles de unidad en la lucha para superar obstáculos, los que la dictadura, ese verdadero gobierno de la maldad y el odio divisionista nos impone cada día, y también los que debemos superar colectivamente en el campo popular, para lograr la fuerza que surge de la acumulación.
Las calles serán el teatro de operaciones donde el pueblo sabrá enfrentar y derrotar a sus enemigos, que hoy siguen imponiendo su impunidad y su maldad, persiguiendo a quienes se oponen a sus planes de dominación. Pero saben que eso no dura; por eso se arman y preparan, como siempre, para reprimir a un pueblo que no ha olvidado su rebeldía.
Este 2026, comienza constatando de lo que es capaz el imperio, enemigo de la humanidad, por dictar sus normas, saquear a nuestros pueblos, y utilizar toda la fuerza contra quienes se le oponen. No le importan las leyes si no son las que les favorecen; del mismo modo actúa el régimen neofascista salvadoreño con su pueblo.
Ante los enormes desafíos que se presentan en este 2026, afirmamos que nuestro presente sigue siendo de lucha; el futuro seguirá siendo nuestro y victorioso.
Reflexiones y pensamiento crítico 