(pero es necesario desnudarlas con la denuncia y la lucha de calles)
Desde los días mismos de la campaña política por asaltar el poder del Estado, Bukele y sus cómplices no han dejado de llevar adelante maniobras propias de estafadores y, en general, de delincuentes que se ganan la vida engañando incautos.
La última ocurrencia presidencial fue declarar el Bitcoin como moneda de curso legal. De todas sus artimañas fue esta una de las que mejor resultado le ha dado, porque ha logrado cumplir (transitoriamente) su objetivo de seguir distrayendo a la opinión pública con mucho circo y escaso pan, mientras el país se despedaza, y ellos se preparan para vender las porciones a precio de ocasión.
Efectivamente, si algo distingue al régimen de Bukele y sus cómplices es que se especializan en engañar a grandes sectores de la población, haciendo creer que todo está cambiando en el país, siguiendo aquel axioma gatopardiano de “cambiar todo para que nada cambie”, famosa paradoja expuesta por Giuseppe Tomasi di Lampedusa en su novela, El Gatopardo[1].
Y así es en realidad. Siguen día a día con sus juegos de ilusionistas, haciendo creer que las cosas van cambiando en El Salvador, incluso que hacen obras cuando no las hacen y reducen todo a una retórica barata de vendedor de autos usados, que el gran Schafik Hándal solía definir como “paja fina molida”. Y todo lo hacen por medio de su prensa pagada, de sus redes sociales robotizadas, de sus youtubers e influencers bien financiados para envenenar con basura y mentiras a sus audiencias; con sus jueces y fiscales comprados; con su Corte Suprema usurpada por abogados a su medida; con un fiscal ilegítimo que debería ser la vergüenza de sus colegas abogados; con sus policías y militares comprados, corruptos y serviles a una camarilla burguesa que tiene secuestrado el país; a todos ellos se suma un grupo mayoritario de legisladores títeres, escandalosamente incapaces e ignorantes que, además, hacen gala de su ignorancia y servilismo, cumpliendo con un único papel, no el que la Constitución y el pueblo les asigna, sino exclusivamente el que su patrón en el Ejecutivo les ordena: dar apariencia legal al robo de todo un país, El Salvador, en el que están haciendo historia.
Para que semejante nivel de escandalosas mentiras resulten creíbles recurren al populismo más barato y se envuelven en la bandera de la representación del pueblo para disfrazar así sus crímenes de Lesa Patria, y seguir robando los dineros públicos, inyectando el odio entre las y los salvadoreños, vendiendo el país a grupos de especuladores financieros y narcotraficantes con los cuales se asocian, y asocian con ello a las maras y pandillas, para asegurar una reserva de mano de obra barata en el narcomenudeo y, cuando sea necesario, para la eliminación física de sus opositores más tenaces.
Para ello usan todo el aparato del Estado, multiplican las asignaciones de fondos públicos para el espionaje estatal a través de la Oficina de Inteligencia del Estado (OIE) y las comunicaciones al servicio de la camarilla en el poder. Han endeudado ya el país en el total de su capacidad productiva, el 100% del PIB según cálculos recientes del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, y con el esquema especulativo del Bitcoin esperan poder esquilmar al Estado y al pueblo salvadoreño de sus reservas en dólares, y cambiarlos por los nuevos espejitos de colores, los Bitcoin.
En dos años han dejado el país en la virtual bancarrota, pero como la sed de recursos para la acumulación originaria (y permanente) de la nueva burguesía asociada a los viejos capitales oligárquicos es insaciable, hoy van camino a la privatización, y el primer objetivo de lujo que han encontrado es el agua.
Muchos expertos han anunciado desde el último cuarto del siglo pasado y a lo largo del presente, que las nuevas guerras en el mundo tendrán a la base la disputa por el control de los recursos hídricos. Si son capaces de generar guerras, es evidente que esos recursos tiene un enorme potencial económico. Y ahí es donde el salvajismo neoliberal de Bukele y sus compinches no tiene escrúpulos para asegurarse el control del lucrativo negocio del agua a costa de la vida de la parte más vulnerable de la población salvadoreña.
Así es como debe interpretarse y no de otro modo la artera maniobra llevada a cabo por el gobierno al finalizar la semana, un viernes a última hora, cuando ya las noticias no entran en los telediarios ni en las ediciones finales de los impresos. En ese momento, los cómplices de Bukele en el congreso no solo reciben un anteproyecto de ley de aguas sino que, sin tan siquiera leerla, sin conocerla ni superficialmente, anuncian que ese proyecto apoyarán, en detrimento de la propuesta presentada unos días antes, y con amplio consenso popular, por las organizaciones agrupadas en torno a la defensa del agua como un derecho humano universal.
Tal y como suele operar Bukele y su grupo, eligen un discurso y una forma que aparente favorecer los intereses populares mientras en realidad enajenan los bienes que legitimamente pertenecen al pueblo. Por eso, el presidente del Congreso títere se apresura a asegurar que hará consultas con diversos sectores, y el gobierno presenta como proyecto de ley un engendro que combina diversas propuestas previamente adelantadas por auténticos representantes de los intereses mayoritarios de la sociedad en materia hídrica, de modo que aparente ser una ley progresiva, que garantice el control de los recursos en manos de los sectores públicos, pero que en su esencia otorgan a las ONGs y sectores académicos una representación minoritaria en el organismo encargado de la vigilancia y control del vital líquido mientras que, al mismo tiempo, permiten con bonitas palabras propias de embaucadores, la autorización del uso del recurso por privados hasta por 30 años o incluso más.
“Hay algunos elementos que nos preocupan, entre estos el tema de autorizaciones. Porque si bien al principio de la ley plantea que no se va a privatizar el agua, que el agua es un bien público; en las autorizaciones plantean que se pueden dar autorizaciones a privados por 15 años y que se pueden renovar, es decir, 30 años”, explicaba Luis González, un reconocido activista por el derecho al agua. El anteproyecto tampoco limita las renovaciones a una, de modo que sería posible, por ejemplo, que una concesión dure un siglo, sin violar la ley, tan solo a fuerza de renovaciones periódicas.
Hechos, no palabras
Más allá de las palabras, más allá de las estudiadas poses para llamar y desviar la atención de sus audiencias, lo que debemos juzgar de Bukele y su gobierno son sus hechos. Y los hechos nos dicen que mientras denuncia a la oligarquía se asocia a ella. Habla de un país libre, pero sus funcionarios persiguen periodistas, su fiscal general a la medida y sus jueces al gusto censuran medios de prensa cuando desnudan otra de las grandes mentiras del régimen, el éxito del inexistente plan de control territorial, que ya no puede ocultar a las víctimas desaparecidas y asesinadas, no solo en el horrendo caso de los asesinatos seriales de Chalchuapa, sino en el permanente fluir de informaciones acerca de familias buscando a sus jóvenes hijas e hijos desaparecidos y en la mayoría de casos asesinados.
Del mismo modo hay que juzgarlo en el tema de la corrupción, de la que mucho ha hablado en campaña y al inicio de su gestión, cuando convenía a sus intereses de generar desconfianza en el gobierno anterior y en los políticos, contribuyendo así a profundizar la crisis del sistema de partidos. Pero de la cual ya no vuelve a hablar en la medida que los casos de corrupción de sus funcionarios, incluidos sus hermanos y otros miembros de su núcleo familiar, se acumulan. Así, la emblemática CICIES, a la que se aferró en campaña, desaparece como si fuese cercenada de un solo tajo por la hipotética espada del “fiscal remoto”, que actúa sin contemplaciones contra todo lo que afecte la credibilidad gubernamental.
Sepulta con la CICIES la investigación de al menos una docena de casos, anula con la llamada Ley Alabí, toda posible consecuencia legal a las atrocidades financieras cometidas contra el Estado por el ministro de Salud y sus socios, amparado en la excusa del combate a la pandemia. Son hechos concretos frente a las palabras vacías.
Son hechos que la Asamblea Legislativa fue acordonada con alambradas de púas y cuerpos anti motines para no recibir a las organizaciones sociales que llevaban una propuesta de ley de agua, y ahora dicen que las van a consultar para poder aprobar la propuesta presidencial.
Como son hechos el hospital El Salvador inconcluso, el desmantelamiento de programas sociales exitosos, la incapacidad demostrada ante las primeras lluvias por parte de un deteriorado sistema de protección civil. Son hechos, y estos hechos demuestran también el nepotismo, no solo por la ocupación de plazas por familiares relacionados al circulo de poder, sino porque se está demostrando la incapacidad manifiesta de esos funcionarios.
Son hechos la política de asfixia, acoso y persecución contra las ONG que no aplauden las ocurrencias presidenciales. Son hechos y no meras palabras la denuncia (por segunda vez) de la presidenta de la Asociación de Periodistas (APES), quien dio a conocer que militares se apostaron en el parqueo de su vivienda, con claras intenciones intimidatorias. Son hechos la censura a medios como Factum y el Diario Colatino, obligándolos a bajar de sus sitios digitales información presentada en relación a los crímenes de Chalchuapa y de la resolución judicial a favor de Quimagro, que evidentemente disgustó a la camarilla de Bukele y que, por lo tanto, no quiere que se difunda.
Son hechos las persecuciones sin causa y la detención hasta de sus antiguos aliados, como el caso del ultra-derechista ex alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt. Todo ello conforma un régimen autoritario, dictatorial, de metodología fascista y crecientes niveles represivos, con complicidad judicial, militar y policial.
Como bien señalaba esta semana pasada un editorial de la UCA, si Bukele se abraza a su representación y apoyo popular para llevar adelante su engendro gubernamental, argumentando que está haciendo lo que el pueblo quería, es necesario destacar que ninguna de las acciones anteriormente citadas pueden ser adjudicadas a reclamos populares. Lejos de ello, configuran la puesta en escena del creciente control del Estado por un minúsculo grupo extremista neoliberal, que conforma una nueva élite en ascenso y consolidación, a espaldas del pueblo y no en su defensa.
La crisis se profundiza
En el ámbito económico y financiero no se trata solo de las maniobras especulativas del Bitcoin, que afectarán directamente el bolsillo de los más pobres, si la ley se aprueba en los actuales términos de obligatoriedad de uso. La medida trajo consecuencias que solo sirven para acelerar la caída libre de la economía salvadoreña. Para ejemplo dos casos, el incremento del cálculo del riesgo país y el desplome de los bonos salvadoreños.
Esta semana se supo que el riesgo país de El Salvador, medido por el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI) de la firma JPMorgan Chase, es el más alto de los cinco países centroamericanos. Hasta el jueves 17 de junio, dicho indicador se mantenía en 6.99 %, tras alcanzar 7.25 % el pasado miércoles, según informa Diario El Mundo.
Al mismo tiempo se conoció en estos días la caída de precios de bonos salvadoreños tras la aprobación de la Ley Bitcoin. Así, el precio de los bonos de El Salvador en el mercado internacional cerró la semana del 14 al 18 de junio con una tendencia a la baja. La caída acumulada -en algunas de las emisiones- superó la reacción que se registró tras la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del fiscal general de la República el pasado 1 de mayo.
“El Salvador tiene una serie de emisiones que superan los $8,300 millones y que representan cerca del 40 % del total de la deuda nacional. Según los datos de las negociaciones, el valor de títulos como los Eurobonos con vencimientos en 2050 se mantienen con caídas desde el 9 de junio, fecha en la que se aprobó la Ley Bitcoin.
El título, negociado en la bolsa de Frankfurt, bajó desde los $95.06 que tuvo el miércoles 9 hasta los $85.92 del viernes 18 de junio, es decir, un 10 % menos (en ese período). Además, solo entre el 14 y 18 de junio la pérdida fue de más de $2, el panorama se repite en similares intensidades en emisiones cercanas como la de 2023 y de mediana duración como los de 2041 que tuvo un comportamiento errático, pero que cerró el período revirtiendo algo de las pérdidas. DEM, 21/06/2021 Precio de bonos salvadoreños cae tras aprobación de Ley Bitcoin
La incertidumbre ante la situación se refleja en voceros de diversos sectores empresariales, por ejemplo Jorge Hasbún, presidente de CAMERASAL: “Consideramos que el deterioro del riesgo país y la caída de precios de los bonos de El Salvador es un indicador claro de cómo se están percibiendo las condiciones del país”.
Pero no son solo los empresarios quienes se empiecen a preocupar. Nuestro pueblo se preocupa cada vez más porque el hambre golpea a sus puertas, las tarifas de servicios se han disparado hasta niveles insoportables para la población humilde e incluso para los sectores medios; el desempleo sigue sin descender ante la falta de seguridad jurídica y financiera que ofrece un país gobernado a golpes de efectos publicitarios; las remesas se ven en peligro ante la amenaza latente que más de 300 mil salvadoreños puedan ser deportados a partir de las disposiciones internas en EEUU que, según la Corte Suprema de aquel país, “no son elegibles para la residencia permanente”, debido a su ingreso irregular a territorio estadounidense.
La situación del campo popular
Hace pocos días, comentando la situación en América Central con un conocedor del tema, nos decía que los pueblos de la región suelen aguantar y aguantar, en una especie de pasividad que puede llevar a engaños, pero que un día ya dejan de aguantar y las explosiones violentas se producen de manera aparentemente inesperada.
Nos corresponde analizar El Salvador, y en ese sentido, este pueblo sufrido, engañado en múltiples ocasiones, supo poner fin a dictaduras crueles y a otras disfrazadas de democracia; y cuando fue necesario fue capaz de enfrentar enemigos externos y fuerzas represivas internas para hacer valer sus derechos y aspiraciones.
Hoy vuelve a ser engañado y manipulado; muchos se preguntan hasta cuando el régimen de los Bukele podrá seguir intoxicando nuestro pueblo con mentiras, y es necesario recordar la observación de aquel amigo en relación a los pueblos de la región. También en El Salvador el pueblo aguanta, pero todo tiene un límite. Los precios de los alimentos siguen al alza, la crisis económica se profundiza, las ocurrencias presidenciales solo parecen favorecer a las clases más poderosas y ricas, atrayendo aventureros y especuladores de todo el mundo (no inversionistas), mientras la crisis sigue recayendo sobre los pobres.
Cada vez que sus diputados son cuestionados, se limitan a decir que responden al mandato del pueblo, pero el pueblo no les pidió el Bitcoin, ni el agua privatizada, ni los precios de la gasolina en alza cada 15 días, no eligió el desempleo, ni el hambre, no aspiró a tener más muertos y desparecidos en la familia salvadoreña, no votó por más corrupción, por más impuestos, por más inseguridad jurídica. No votó por ver a sus mejores hijos seguir migrando porque sus estudios y capacidades no les ofrecen garantía alguna.
Todo lo anterior va produciendo un acumulado de malestares, en uno y otro sector de la población. Por ahora aparecen inconexos. Hay quien se manifiesta por el respeto a una democracia que desde el gobierno recibe heridas profundas cada día, hay otros/otras que lo hacen por el derecho al agua, y encuentran por primera vez en años, cerrado el paso a “la casa del pueblo” con alambradas de púas y triples cordones de seguridad policial antimotines; se movilizan también las mujeres por sus derechos y contra la escalada de feminicidios, y lo hacen a su manera los miles de mujeres y hombres despedidos de alcaldías y de otras oficinas públicas de manera arbitraria por las autoridades de Nuevas Ideas.
Periodistas y trabajadores de prensa en general sufren acoso gubernamental, al igual que las ONG y organizaciones populares; los veteranos del FMLN y de la Fuerza Armada ven peligrar aquello que consideraban reivindicaciones ya reconocidas; los pensionados y la clase trabajadora en general ve con espanto que su jubilación se parece cada vez más a una utopía, y se enfrentan a la realidad de morir en la indigencia después de una vida de duro trabajo y aportaciones.
Incluso empieza a expresar su malestar más de un sector poblacional que dio su voto por Bukele, que esperó honestamente mejoras en muchos aspectos del país, pero que empiezan a mostrar sus frustración.
Cuando estos sectores aún inconexos empiecen a unir sus fuerzas, cuando la lucha se vaya transformando en una sola fuerza unificada y reivindicativa, aquella explosión social característica de nuestros pueblos no tardará en revelarse. Sin duda, es allí donde las fuerzas revolucionarias tienen un papel determinante a jugar, tanto en la elevación de la conciencia del pueblo como en la elevación de la conciencia y confianza en la lucha misma. Hoy la lucha por el derecho al agua y la defensa de las condiciones de vida el pueblo ante las nefastas ocurrencias financieras como la ley del Bitcoin, son elementos centrales que pueden transformarse en lucha paradigmática, si detrás de esas justas banderas se agrupa el conjunto mayoritario de fuerzas sociales, gremiales, sindicales, comunales, académicas y profesionales, de género, entre tantas otras. Si las fuerzas juveniles se suman, y sobre todo si las fuerzas revolucionarias son capaces de concretar la tarea esencial de promover, conjuntar, aglutinar, sumar a todas y todos en un frente por el agua y la vida, que sea al mismo tiempo capaz de transformarse en la fuerza/movimiento que defienda y represente cada una de las justas y relegadas reivindicaciones de este pueblo, entonces aquello de que nuestros pueblos aguantan hasta que un día estallan en rebeldía, será una realidad que no podrán detener campañas publicitarias ni alambradas de púas. La historia ya lo demostró más de una vez.
[1] Aunque el origen de esa idea de Tomasi di Lampedusa no sea del todo original, pues ya Maquiavelo en sus Discursos (libro I, capítulo 25) decía que «Quien quiera convertir a un estado anticuado en una ciudad libre ha de conservar al menos la sombra de las formas antiguas».
Reflexiones y pensamiento crítico 