Los tiempos se aceleran, la crisis se agudiza

Al padre Tilo, in memoriam

«Cuando nosotros empezamos esa lucha no teníamos un arma. ¿Qué teníamos? La razón, las ideas a nuestro favor. No podíamos decir todavía que teníamos al pueblo. Sabíamos que el pueblo nos iba a apoyar históricamente, y de acuerdo con las leyes de la historia, el pueblo, las masas trabajadoras, las masas humildes apoyan siempre a la causa justa. Y lo vinieron haciendo desde nuestras guerras de independencia». Comandante Fidel Castro, discurso del 5 de septiembre de 1977

Es la economía, estúpido

En la campaña presidencial de EEUU de 1992 se hizo famosa una frase de un joven Bill Clinton, que competía contra el presidente George Bush, quien llevaba evidente ventaja en las encuestas. El candidato en desventaja optó por una frase que no solo estableció el eje de los debates sino que trascendió fronteras: “Es la economía, estúpido”.

En este recién iniciado septiembre de 2021, aquella frase resulta aplicable en muchos sentidos en El Salvador. A las puertas de la entrada en vigencia del Bitcoin como moneda de curso legal que cuenta, según todas las encuestas conocidas en las últimas semanas, con una abrumadora oposición y rechazo de la población –el cual no baja en ningún caso del 65%-, deben añadirse los enormes efectos negativos para grandes sectores populares que conlleva el altísimo endeudamiento aprobado desde la Asamblea Legislativa, sin ningún tipo de análisis serio, tan solo cumpliendo las órdenes emitidas por CAPRES.

Esa realidad se refleja en la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública, IUDOP (UCA) al inicio del mes de septiembre, donde queda claro que la situación económica es lo que realmente preocupa a la familia salvadoreña, quedando también en evidencia el nulo trabajo realizado por el gobierno para apoyar la economía familiar. Más allá de los discursos populistas, la realidad es que la gente no tiene ya confianza en la gestión y no espera mejoras en este rubro. Según el IUDOP, el 54% de los encuestados piensa que los problemas que más le afectan directamente son la economía, el desempleo, la pobreza y el alto costo de la vida. El estudio señala que los salvadoreños gastan más en alimentos (60% de los consultados) y en los servicios básicos (24%): agua, energía y teléfono. El 45.1% afirma que lo que más ha subido en este año son los alimentos, seguidos de la gasolina (28.3%) y de los servicios básicos (20.3%). Además, el 65% de los que expresaron deseos de irse del país lo atribuyen a razones de índole económica. Finalmente, la perspectiva de la población para el resto del año es negativa, 78 de cada 100 opina que sean cuales sean las medidas que tome el Gobierno, la situación empeorará.

Ese es el contexto en que el autoritario régimen del clan Bukele impone el Bitcoin como moneda de curso legal, orientado al lavado de activos, al desvío de dólares del estado a cuentas privadas cambiándolos por criptoactivos, y a captar una parte importante de remesas, que totalizaron al cierre del año pasado 5.918,6 millones de dólares; se estima que este año la cifra se acercará a los 7mil millones.

La opinión popular rechaza en los hechos el discurso de Bukele, que a fuerza de propaganda pretendió hacer creer a la ciudadanía que la economía de El Salvador iba bien, y que crecería este año un 9%, cifra que la realidad cotidiana se encarga de desmentir. 

Los factores del rechazo son diversos y en conjunto reflejan el calamitoso estado de las finanzas públicas y su inmediato efecto en la economía popular. Podemos mencionar, por ejemplo, que lejos de reducir el desempleo como quiso hacer creer el gobierno, este sigue aumentando (según el informe Estado de la Región 2021, se estima en un 9.5% para este año), y lo sigue haciendo impulsado también desde el Estado con el inicio del desmantelamiento de las estructuras destinadas a otorgar créditos y apoyo a los gobiernos municipales, cuyo puntapié inicial dio el gobierno esta semana pasada con el despido de cientos de empleados del ISDEM y de FISDL sin previo aviso. A esto podemos sumar los altos niveles de desconfianza hacia El Salvador por parte de los mercados financieros internacionales, y en consecuencia las altas tasas de interés que debe enfrentar el Estado para obtener créditos; agreguemos la depreciación evidente de los bonos soberanos junto al crecimiento del riesgo país, por citar solo algunos aspectos de la grave crisis económica y financiera que enfrenta El Salvador. Entre tanto, sigue frustrada la negociación del gobierno con el FMI, mientras que es bastante posible adelantar que seguirá estancada como reacción a la crisis política generada desde el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que veremos más abajo.

No podemos tampoco olvidar los escandalosos niveles de corrupción desde las más altas esferas de gobierno, sobre todo con la excusa de la pandemia de Covid-19 y las políticas de seguridad; y las distintas políticas neoliberales implementadas por el régimen, manifestadas en el desmantelamiento de programas sociales; la implementación de asocios público-privados en condiciones de total opacidad (producto de la previa eliminación de cuanto organismo de fiscalización pública existía); la asfixia de las políticas municipales a través de la supresión de la transferencia de Fondos FODES a las alcaldías, que ha llevado a estas a la virtual quiebra, y consecuentemente al despido de trabajadores municipales, lo cual afecta sobremanera la economía local a lo largo y ancho del país.

Todo este panorama, que amerita un mayor y más detenido análisis para comprender la orientación neoliberal de nuevo tipo, que parece encarnar la ascendente facción hegemónica  de la burguesía salvadoreña, junto a sus socios subordinados, un sector de la vieja oligarquía, evidencia sin embargo, sin necesidad de mayor análisis, una trascendencia directa de lo económico a lo social y de esto, a lo político.

Esto es así porque la comprobación de las promesas incumplidas por el bukelismo y la consecuente frustración en sectores que habían creído aquellas falsedades, ha ido materializándose en un gradual, progresivo y evidente alejamiento de esos sectores, que hasta hace muy poco acompañaban al régimen.  Son capas populares en las cuales había calado el lenguaje de odio y el rechazo al sistema de partidos políticos, e incluso el rechazo a los gobiernos del FMLN, a sus dirigentes históricos, y hasta a su militancia, producto de la manipulación desde redes sociales y de la narrativa oficial, para la cual resulta imprescindible la polarización, la identificación “del enemigo interno”, la división de la sociedad en dicotomías simples, como buenos y malos.

Desgaste y debilidad del régimen

El desgaste de ese discurso es constatable también en la caída en popularidad del ocupante de casa presidencial. Cierto es que, según los datos de recientes encuestas, la credibilidad en los partidos no se recupera, pero también lo es que el oficialismo como partido solo recoge un 28% de aceptación, siendo aún el más favorecido en el muestreo.

Por eso, aunque es la economía el punto de inflexión del desgaste del régimen, esto resulta ser solo el inicio, porque aquella frustración por la situación económica, por el crecimiento de la pobreza, genera una nueva desilusión, que se ha empezado a traducir, en más de una ocasión, en claras muestras de oposición. La impositiva política del Bitcoin, arbitraria, inconsulta, aplicada con desprecio de la opinión del mismo pueblo que, tanto los diputados celestes como su manipulador líder dicen a cada momento representar, parece haber sido una de las gotas que empezó a derramar la copa.

Los carteles, pintas y mantas en contra del Bitcoin son ya parte del paisaje en diversas áreas del territorio nacional. El rechazo se expresa en cada manifestación popular que reclama por diversos derechos conculcados por el régimen que, en un alarde de autoritarismo extremo, y develando una profunda debilidad, tomó como rehén a un  joven profesional, Mario Gómez,  conocedor del mundo de las criptomonedas y crítico con sólidos fundamentos, que desde diversos medios aconsejaba a la población actuar con cautela, y alertaba sobre los peligros del uso del activo digital para la economía de hogares con recursos limitados o, en todo caso, sin el conocimiento suficiente para manejarse en el mundo inestable y volátil de los criptoactivos.

El objetivo de aquella detención ilegal fue claramente atemorizar no solo a este joven, sino a toda la comunidad crítica de la barbaridad financiera que el bukelismo está a punto de cometer.  Pero en su arbitrariedad el régimen desnuda su propia debilidad.  Sin cargos, sin acusación material concreta, los mismos matones de la PNC que lo detuvieron se vieron obligados a dejarlo en libertad sin poder articular una excusa plausible. Sabe el régimen y particularmente Bukele, que una parte importante de su crédito político está siendo tirado a la basura con su empecinamiento en continuar con la medida más impopular en lo que lleva de su mandato. La reacción desde redes sociales, y en diversas manifestaciones –sobre todo de jóvenes- en solidaridad y reclamo por la libertad del detenido, fue una muestra de la mayor rapidez con que va reaccionando ahora aquella parte de la sociedad que se siente ofendida por los métodos y políticas del bukelismo. Un síntoma del cambio de los tiempos en El Salvador.

La consumación del “golpe suave” al Estado de Derecho

En medio de esta profunda crisis económica, que de manera acelerada acerca el país al precipicio, Bukele y su grupo no atina más que a blindarse con un escudo militar de 20 mil nuevos efectivos que integrarán la fuerza armada; las sospechas y preocupaciones crecen ante la posibilidad real de que un número significativo de los nuevos reclutas provengan de las estructuras criminales conocidas como pandillas.

Se sabía en medios políticos, de prensa y sociales, y en general se sospechaba a nivel nacional e internacional, que septiembre sería un mes decisivo para la vida institucional del país. Más allá del efecto ya analizado de la imposición del Bitcoin, el régimen necesitaba avanzar en el control absoluto del Estado, segunda fase de la iniciada el 1 de mayo con el golpe a la CSJ y a la FGR.

Las oscuras discusiones en torno a la reforma constitucional, el show mediático planificado para la entrega en este mes de una propuesta de reforma, que no era más que una nueva constitución inconsulta e ilegal, sin seguir uno solo de los protocolos establecidos en la propia Constitución actualmente vigente, se estuvo armando para garantizar el control exclusivo del nuevo grupo hegemónico de la burguesía, conformando el nuevo marco jurídico que regiría el modelo de dominación en vías de implementación. 

El 15 de septiembre, día de la celebración de la Independencia, se había fijado como fecha para dar inicio a la construcción de ese entramado, destinado a la conformación de un Estado a la medida de la nueva clase dominante, y que incluía la instauración de un sistema dinástico, permitiendo la reelección presidencial (no resulta tan extraña esa aspiración cuando se revisa la historia salvadoreña y la forma en que dinastías o figuras de profundo corte autoritario han regido el país a los largo de buena parte del siglo XX).

Sin embargo, la ya mencionada serie de reacciones negativas por parte de la población, la aceleración de la crisis económica y el desgaste nacional e internacional del gobierno salvadoreño, parecen haber decidido al clan en el poder a saltarse incluso sus propias barreras y acometer una segunda embestida contra el poder judicial. Así, la bancada oficialista pasó de manera inconstitucional una disposición ordenando relevar a los jueces mayores de 60 años o con 30 años de servicio. Medida que, además de vulnerar derechos, no es atribución de los legisladores sino del órgano judicial.

Aquellos mismos jueces que callaron de manera cobarde el 1M, cuando según ellos, el golpe no les había afectado, hoy se debaten entre la protesta, los reclamos, las batallas jurídicas y el pedido de apoyos nacionales e internacionales.  La misma cobardía está demostrando en estos días el Tribunal Supremo Electoral, que se pliega de la manera más indigna a lo que diga una ilegítima Sala de lo Constitucional. La cobardía de la mayoría de magistrados del TSE (con escasas y honrosas excepciones), y la complicidad de otros, les hace creer que bajando la cabeza ante el régimen, este no se las cortará. Deberían verse en el espejo de todos los jueces de la República listos para ser cesanteados.

Lo cierto es que la decisión, rechazada mundialmente, obligó al presidente a salir blandiendo mensajes en redes sociales para justificar y apoyar las decisiones, recurriendo al ya desgastado argumento de “luchar contra la corrupción”. Posición insostenible que no logró detener la repulsa y el rechazo, sumándose de inmediato este tema a las consignas y razones de las marchas que se preparaban para repudiar la entrada en vigor del Bitcon. Hoy las manifestaciones rechazan la nueva moneda y luchan por el rescate de un Estado de Derecho pisoteado.

Las causas de la protesta se multiplican, nuevos sectores se identifican con marchas y movilizaciones, con los carteles y las pintas. De manera bastante fragmentada, diversos sectores se expresan y acumulan fuerza, en una oposición que urge no solo fortalecerse sino unificarse a paso acelerado sobre la base de un mínimo común denominador en la lucha. Acuerdos básicos pero movilizadores. No se trata solo de la defensa institucional, ni siquiera del rechazo a la imposición de una moneda ficticia. Se suma a esto la defensa de la vida frente a las condiciones materiales miserables a la que es arrojada una creciente parte de la sociedad salvadoreña; es la defensa de la vida frente al agua, que sin duda será privatizada si se impone la arbitrariedad judicial por medio de jueces fieles al oficialismo.

Es también la crisis de seguridad, que destruye el tejido social como un perro rabioso atacando a sus víctimas, en colonias cercadas y dominadas por el crimen organizado y con policías y militares dedicados a reprimir o amedrentar protestantes antes que enfrentar a criminales armados. Es la defensa de la vida de jóvenes mujeres y hombres que desaparecen a diario sin que a nadie en el ámbito oficial le importe. Es la defensa a conocer la información de fuentes ajenas al régimen, que hoy peligra por medio de la persecución a trabajadores de prensa. Y por supuesto, es la necesidad de exigir la libertad de ex funcionarios tomados como rehenes por el régimen, con el uso de la justicia como herramienta de persecución política (Lawfare).

Las reacciones internacionales, que por un tiempo se habían apaciguado, resurgieron con fuerza redoblada. Se trataba de rechazar el segundo golpe al Estado, esta vez mortal porque afecta todo tipo de independencia judicial, y asegura jueces leales al régimen en todas las estructuras de la justicia.

Incapaz de aceptar la existencia de voces críticas, Bukele recurrió nuevamente a una de sus ocurrencias, que no por caprichosas dejan de ser planificadas. El clan de los Bukele comprendió rápidamente que la reforma constitucional debería recorrer un largo camino, que podía ser útil para algunos aspectos, como la construcción de las bases jurídicas desde las cuales fundamentar la hegemonía de su grupo económico, asegurándose la representación de la clase dominante. Sin embargo, algunos aspectos esenciales del plan quedaban demasiado expuestos a reacciones contrarias que las afectaran. Tal el caso de la intención de garantizar la reelección presidencial, expresamente prohibida en el actual sistema constitucional.

De tal modo que, aunque falta aún bastante tiempo para ir resolviendo el tema, Bukele optó por despacharlo a través de su Sala de títeres, la espuria Sala de lo Constitucional, usurpada por unos cuantos abogados desde el 1M. De este modo, da dos golpes con una sola pedrada. Por una parte, pretende resolver de un plumazo el tema central de la continuidad del régimen a través de su persona (intentando con ello tranquilizar a lavadores de dinero y otros grupos de delincuentes que han ido aterrizando en El Salvador en los últimos dos años, garantizándoles así la inexistente “seguridad jurídica” que les permitirá seguir explotando recursos nacionales y usar el territorio de El Salvador para legalizar/blanquear sus operaciones). Pero, por otra parte, el escándalo que genera una decisión judicial tan arbitraria y sin sentido, sería una muy buena cortina de humo para desviar la atención del tema central e inmediato como fue el relevo de todos los jueces incómodos. Así, manteniendo el debate sobre una hipótesis para dentro de 2 o 3 años, la inmediata toma del control absoluto del sistema judicial por el bukelismo pasa a un relativo segundo plano y se impondrá como hecho consumado a medida que pase el tiempo. 

Esta táctica no es nueva para Bukele, y si vemos lo sucedido con el golpe del 1M, el paso del tiempo parece estar dejando consolidar a una Corte y una Fiscalía absolutamente ilegal, inconstitucional e ilegítima.

Al día siguiente de la resolución de la CSJ, las reacciones indignadas fluyeron como lava de un volcán en erupción. Ya no  solo la congresista Sandra Torres desde EEUU puso el grito en el cielo, sino la propia representante de EEUU en El Salvador hizo fuertes declaraciones, criticando las actuaciones judiciales, aunque el eje lo centró la reelección de Bukele. También hubo reacciones similares desde la OEA, Naciones Unidas, representaciones europeas, y varios otros representantes de EEUU.

Es evidente que la comunidad internacional va perdiendo la paciencia, en especial porque el silencio de los últimos tiempos y el apoyo recibido por el régimen (como el equipamiento militar provisto por EEUU), parecía indicar un compás de espera para que desde el Ejecutivo se tendieran algunos puentes de diálogo con sectores sociales. El único gesto de Bukele fue la intrascendente reunión con representantes de ONGs en casa presidencial. Al poco tiempo el clan volvió a las andadas. 

Las manifestaciones de fin de semana, en muchos casos auto-convocadas, protestaron contra la reelección y contra el Bitcoin, pero poco a poco parece quedar en segundo plano el tema de los jueces removidos. 

Por eso resulta importante el papel que debería jugar la izquierda organizada, en particular el FMLN, y sectores avanzados de la izquierda social. En este sentido, es necesario canalizar todo el empuje popular que se va acumulando y acelerando semana a semana, y urge por lo tanto, unificar aquellos temas que son esenciales para la lucha del pueblo; ya mencionamos varios relativos a la defensa de sus condiciones materiales de vida, pero es también importante atacar al régimen en su corazón, en el punto central, aquel que no por casualidad constituyó el inicio de las diversas acciones de desmontaje del Estado de Derecho, para desde allí construir la estructura estatal funcional al nuevo régimen.

Por eso creemos que la lucha debe orientarse a desconocer todas las acciones jurídicas adoptadas por la CSJ desde su usurpación el 1M, lo mismo que las acciones ilegales de la Fiscalía usurpadora. Será la forma de impedir la estabilización y consolidación del régimen, que para poder gobernar deberá recurrir a la represión, mostrando su verdadero rostro criminal, porque esa es la verdadera naturaleza represiva e intolerante de la nueva clase dominante que se está imponiendo en El Salvador. 

Negar el derecho de existencia a esa Corte espuria es negar todos sus actos posteriores; lo mismo sucede con la FGR.  Trasladar ese rechazo, ese sentimiento hacia el exterior será como condicionar cualquier reconocimiento o negociación del servicio exterior salvadoreño a la reversión sin condiciones de los actos delictivos cometidos desde el 1 de mayo de 2021 y posteriores, desde los tres órganos del Estado y desde el ministerio fiscal.

Organizar al pueblo detrás de sus propias banderas y explicar claramente la importancia de negarse a aceptar las políticas de hechos consumados es tarea esencial del momento. Allí hay importantes actores que resultan aliados estratégicos; no se puede, en ese sentido, olvidar o permitir que el régimen haga caer en el olvido, las palabras del Cardenal Rosa Chávez este mismo fin de semana:  “Si el mundo nos acompañó para alcanzar la paz, nos acompañará para rescatar la democracia”.

Del mismo puede suceder con reputados juristas y profesionales que empiezan a reconocer lo que desde la izquierda venimos diciendo desde el inicio del mandato de Bukele: pretende consolidar una dictadura, y es nuestra responsabilidad impedirlo. Por eso hoy viene a la memoria la sabiduría de Fidel. Al inicio de esta lucha, tampoco nosotros, en El Salvador, podíamos decir que teníamos al pueblo. Pero éste se manifiesta, se expresa siempre en defensa de sus conquistas; se toma su tiempo, procura garantizar su supervivencia, pero observa la situación, corrige sus posiciones cuando es necesario,  y toma partido.

Como siempre, “de acuerdo con las leyes de la historia, el pueblo, las masas trabajadoras, las masas humildes apoyan siempre a la causa justa”.  Y no hay causa más justa que rescatar junto con el pueblo la dignidad perdida, recuperar los derechos pisoteados, reconquistar nuestras libertades y derrotar a los nuevos burgueses que creyeron que este pueblo podía ser engañado toda la vida con manipulaciones y mentiras, y que podía ser chantajeado con una bolsa de frijoles, atún y macarrones.

Pretendieron hacer olvidar a este pueblo su propia historia, pero parece que poco a poco, y aún más rápido de lo esperado, aquí y allá, en diferentes lugares, a veces remotos, a veces pequeños, empieza a oírse no solo el rechazo al Bitcoin, sino un sordo grito que rompe el silencio impuesto para gritar “No a la Dictadura”.

Las calles empiezan a ser nuevamente del pueblo, las paredes empiezan nuevamente a gritar. Las batallas han comenzado y con ellas esperamos también ver el despertar de actores aún dormidos, como la Universidad de El Salvador, que sigue dolorosamente ausente de la realidad y de su historia de luchas.

Un editorial de la derecha, publicado en La Prensa Gráfica, refería que a Bukele se la había caído la máscara. En realidad, parece que lo que se le acaba a Bukele es el tiempo; si antes de la mitad de su mandato el régimen debe consolidarse a fuerza de presos políticos, persecución, y represión en la calles (y lo último está a punto de suceder, porque por eso ya están intimidando a manifestantes, tomándoles fotos y haciendo seguimientos), entonces este régimen que pretende ser un gigante, habrá demostrado que tiene sus pies de barro y sus días contados.