La realidad político-social en El Salvador está mostrando cada vez mayor dinamismo y actividad. Lo que puede parecer apenas un pequeño movimiento, como los casi imperceptibles pasos esforzados de una tortuga, puede que con una mirada detenida sorprendan a más de un observador, por ser en realidad profundos movimientos con paso firme y dirección adecuada.
Aquel gobierno omnipotente, que escudaba toda su arbitrariedad autoritaria en un supuesto mandato popular, empieza a mostrar desde hace ya algunos meses sus primeros signos de debilidad y gradual pero permanente caída de esa popularidad que le servía de escudo.
Al mismo tiempo, aquellos que lo van abandonando no lo hacen desde una posición neutral sino desde la frustración y la desesperanza, la desilusión por comprobar que han sido defraudados. Muchos de ellos habían oído los cantos de sirena de un falso discurso de izquierda que demostró rápidamente ocultar un accionar profundamente de derecha, neoliberal y reaccionario.
Por otro lado, la oposición, en especial desde el FMLN y sus bases, inmerso en profundas contradicciones y visiones contrapuestas a partir de derrotas electorales y políticas, inadecuada o insuficientemente digeridas, que llevaron a divisiones y fraccionamientos, fue obligado -a partir de tener enfrente un enemigo despiadado, que evidenció su decisión de aniquilarlo-, a enfrentar sus propios demonios, revisar su trayectoria y comenzar lentamente a recomponer su estructura desde los territorios. Queda un largo camino, quedan aún muchas definiciones, conclusiones y acuerdos a los que llegar, pero en ese camino, que debe necesariamente coincidir con el de las luchas de calle del pueblo en defensa de los derechos que le están siendo arrancados, encontrará sin duda el sendero correcto, el rumbo adecuado y su papel histórico en la lucha. Sobrevivir y salir fortalecido de esta difícil etapa será una lección de dimensiones aún difíciles de valorar para las actuales y futuras generaciones de hombres y mujeres revolucionarias.
¿Tregua o co-gobierno?
Las revelaciones surgidas la semana pasada del seno de la prensa investigativa, aquella que tan mal le cae a los residentes de Casa Presidencial, produjeron una cadena de reacciones que fueron insuficientemente controladas, a pesar del concurso de los mercenarios de la derecha venezolana, expertos en fabricar cortinas de humo y maniobras de diversión para proteger al inquilino de CAPRES.
Desde hace casi dos años había una sospecha muy generalizada en amplios sectores de la opinión pública, que atribuía la reducción de homicidios en El Salvador a negociaciones entre el gobierno y las pandillas que operan en todo el territorio nacional.
También se tuvo información anterior, comprobada a lo largo de la campaña electoral que dio el triunfo a Bukele, que las pandillas colaboraban directamente en su campaña, facilitando el acceso a “sus” territorios e impidiéndolo al resto de partidos y candidatos rivales. La situación fue aún mas evidente el día de las últimas elecciones legislativas y municipales, cuando el accionar de pandilleros, junto con dirigentes de Nuevas Ideas, llegó a forzar la apertura de centros de votación ya cerrados por las autoridades, en más de un caso, obligando a huir a los representantes de los otros partidos contendientes, cuyas vidas estuvieron en riesgo.
Esta vez el periódico digital El Faro vuelve a informar, con rigor y pruebas documentales, surgidas de fuentes del gobierno y de los organismos de seguridad, así como de la anterior gestión de la fiscalía general, acerca de las múltiples reuniones en cárceles de máxima seguridad, entre líderes pandilleros en libertad, jefes pandilleros encarcelados, en muchos casos de por vida, y altos referentes del gobierno. Se conocieron fotografías de elementos encapuchados que entran a recintos de alta seguridad sin identificarse y acompañados por personajes tales como el jefe de Centros Penales, Osiris Luna, y otros funcionarios de rango ministerial o de secretario en el actual gabinete.
En cualquier país del mundo un informe tan devastador hubiera significado probablemente la caída del gobierno, o al menos la renuncia de funcionarios responsables de esos hechos. Pero en El Salvador, la infantil reacción del inmaduro personaje que ocupa el sillón presidencial fue la habitual, negarlo todo, intentar ridiculizar o atacar a la “prensa incómoda” y finalmente decir que eran refritos periodísticos previamente publicados y sin pruebas. No se registra ninguna reacción desde Santa Elena, donde tiene su despacho el abogado usurpador de la Fiscalía General de la República; en ningún caso hubo intención de abrir una investigación de oficio. El fiscal impuesto sabe que si lo hubiese pensado siquiera, estaría fuera de su cargo tan abruptamente como había llegado a él.
Lo cierto es que el tema pone nuevamente en evidencia varios aspectos que caracterizan a esta presidencia. Por un lado, niega cualquier negociación a pesar de las pruebas incontrastables; por otra parte, las acciones criminales se reducen, en apariencia, al dejar de reportarse un número determinado de homicidios, pero las desapariciones siguen creciendo, en particular de mujeres y hombres jóvenes, sin hablar de otras manifestaciones de crimen organizado como las extorsiones. Pero, por otro lado, un simple cambio en la modalidad burocrática de reportar hallazgos en los partes policiales, juega también un cínico rol de complicidad y encubrimiento. Hoy lo que se descubren, según la PNC, no son víctimas de homicidios, sino “osamentas”. Así se reduce de un plumazo la cifra de la columna de asesinatos.
Si este fuese el único “desliz” que le es descubierto al actual gobierno, podríamos decir que su estabilidad y tranquilidad no debería estar en peligro. Pero no es así. El fracaso del Plan Control Territorial es tan evidente como la inexistencia del plan mismo, jamás presentado ante la opinión pública en ninguna otra forma que discursos de embusteros pidiendo que creyeran su palabra. Sin embargo, con la excusa del Plan ya van cientos de millones de dólares desaparecidos en el agujero negro de las finanzas estatales. Mientras se refuerza la lealtad exclusiva a la figura del presidente, tanto en la PNC como en los altos mandos de la Fuerza Armada. Según todos los indicios es hacia allí, hacia la compra de esas lealtades, que se dirige una parte importante de los fondos destinados a la seguridad. Seguridad, que por cierto, no disfruta en ningún caso la ciudadanía, y mucho menos la población que habita en comunidades populares, en zonas controladas por los grupos criminales, donde las fuerzas de seguridad no hacen ni siquiera intentos de entrar porque lo tienen prohibido por sus superiores.
De más está recordar que mientras estas evidencias salen a la luz pública y el tema tiene repercusiones en la prensa mundial, el gobierno continúa cínicamente persiguiendo a ex funcionarios de gobiernos anteriores bajo esas mismas acusaciones y con muchas menos evidencias que las demostradas por las investigaciones periodísticas. Al mismo tiempo se afirma en círculos de juristas y expertos en seguridad que hay pandilleros contratados en ministerios y en la Asamblea Legislativa, al tiempo que desde la Corte Suprema se vuelve a negar la extradición de criminales pandilleros reclamados en EEUU por crímenes cometidos en aquel país.
Muchos otros elementos han ido saliendo a la luz, o al menos van apareciendo como legítimos cuestionamientos de la opinión pública. Por ejemplo, como forma de distraer la atención del tema, el mismo día que El Faro publica su investigación, el presidente a través de su tradicional cuenta de redes sociales, no solo ignora la información sino que pretende generar un potente distractor anunciando la convocatoria para contratar 20 mil nuevos soldados. Mala decisión.
De inmediato surgen las críticas por no priorizar en educación, salud, programas para jóvenes, mujeres, desarrollo de la niñez, planes sociales en general. En su lugar, el Ejecutivo prefiere generar empleo en la fuerza armada. Alegando la necesidad de “defender a la patria de sus enemigos internos y externos”. Más preguntas surgen, como por ejemplo, como se financiará el salario de esa tropa, su equipamiento, alimentación y lugar donde será alojada. Los medios insisten, por otro lado, en conocer la definición bukeliana de enemigo interno y externo, en la medida que, lo reiteramos, el concepto de enemigo interno evoca lo peor de nuestra historia. Analistas comienzan también a preocuparse de la posible escalada militarista regional, si los vecinos empiezan a sentirse incómodos ante el sorpresivo crecimiento desproporcionado de la fuerza armada salvadoreña (que duplicaría así su fuerza).
La última ocurrencia del extremista conservador partido Nuevas Ideas se expresó en boca de un diputado de esa bancada, que sin ruborizarse propuso en un entrevista televisiva que sus colegas diputados deberían promover legislación que otorgue responsabilidades jurídicas a la prensa que publica noticias falsas. ¡Los pájaros disparando a las escopetas!
El tema de seguridad sigue siendo un problema de calado en la presente administración y con lo visto hasta ahora no resultaría sorprendente comprobar en poco tiempo que muchas de esas 20 mil plazas terminen siendo cubiertas por jóvenes pandilleros.
Con la llegada del Bitcoin Bukele se juega su rédito político
En medio de una generalizada actitud de rechazo de parte de la ciudadanía a la arbitraria imposición del Bitcoin como moneda de curso legal, el gobierno siguen empeñado en su implantación “a como de lugar”.
Estas últimas semanas, en una nueva huida hacia delante, desoyendo no solo las voces de dentro de El Salvador, sino aquellas provenientes del mundo de las finanzas internacionales, el gobierno nacional se empeñó en enviar cuanta señal le fue posible indicando que “la decisión Bitcoin” era irreversible.
Bukele no solo se dedicó personalmente a impulsar campañas para influir positivamente en sus adeptos para que adopten la criptomoneda, al tiempo que muy en su estilo, denigraba y calificaba de mentirosas al creciente número de voces que se levantan en contra de este desatino financiero. Con su característica actitud arrogante, impropia de un estadista, despectiva e inmadura, responde a una crítica del FMI en redes sociales con un ridículo emoji, burlándose de la opinión expresada por el organismo internacional.
Sin embargo, el tema no logra superar el rechazo popular, señalado incluso en estudios de opinión realizados por universidades independientes. Encuesta UFG: Seis de cada 10 salvadoreños rechazan posibilidad de recibir salarios en bitcoins
La gente duda y desconfía aún más ante la inusitada campaña oficial, que antes de iniciar la implementación del polémico activo cuesta al fisco más de 200 millones de dólares dedicados a subsidiar todo el proceso de implantación. Se podría inferir, pues, que es el Estado quien está cubriendo los gastos de instalación de las casetas para cajeros Bitcoin, así como los 30 millones destinados a financiar la campaña de inducción, que incluye $30 en cada monedero abierto por clientes del activo.
Debido a la permanente ocultación y obstrucción del acceso a la información pública por parte de la actual administración tampoco se sabe a ciencia cierta si todas esas operaciones se realizan a beneficio y lucro de una empresa privada, o si es el Estado, o sea los contribuyentes, quienes están corriendo con los gastos de la fiesta.
Esos más de 200 millones de dólares, en un país como El Salvador, muestran claramente las prioridades gubernamentales. En efecto, ese monto equivale al presupuesto de un año para seis de los actuales hospitales nacionales, dos veces el presupuesto de agricultura y ganadería de este año, supera en casi 28 millones el actual presupuesto de Obras Públicas y en casi 65 millones el presupuesto de la universidad nacional, UES.
En resumen, viendo los gastos en los que ha incurrido el gobierno, con la complicidad evidente de la bancada oficialista, que ha aprobado hasta el último centavo y pieza legislativa relacionada al tema, sin cambiar una coma de los proyectos recibidos desde presidencia, y sin siquiera discutirlos con alguna apariencia de legitimidad, parece claro que estamos ante una gigantesca operación de desvío de fondos y asignación de contratos a amigos y socios del entorno del clan en el poder, además de establecer la condiciones efectivas para transformar a El Salvador en un nuevo paraíso del lavado de dinero, con la incursión del crimen organizado local, asociado al gobierno a través del pacto con pandillas.
Como ya dijimos, el pueblo salvadoreño rechaza sin dudarlo esta maniobra y ha empezado a expresarlo en las calles, con mantas y carteles, con pegatinas y con movilizaciones, que vienen a integrarse a una serie de diversas acciones de calle, cuyo elemento en común se establece precisamente en la oposición a las políticas implantadas por el gobierno nacional, que en definitiva señalan crecientes expresiones de insatisfacción y malestar popular:
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Pancartas-con-mensajes-de-rechazo-al-Bitcoin-han-sido-colocadas-en-diferentes-lugares-de-Chalatenango-20210819-0023.html
Joven se vuelve viral en redes tras colocar stickers de rechazo al Bitcoin en caseta en San Salvador
Protestan contra el uso del Bitcoin y destinar fondos para promoverlo
Sindicatos protestan frente a Asamblea Legislativa ante propuesta de reformas a la ley del ISSS
STISSS amenaza con huelga si GOES insiste con reformas a ley
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Exempleados-piden-ser-reinstalados-20210827-0064.html
De estas protestas, encontramos que en el caso del ISSS, se trata de los mismos burócratas sindicales que apoyaron al gobierno actual y que se sirvieron de él para tomarse ilegalmente el sindicato del Seguro Social. Vemos hoy a esa misma gente, protestando y amenazando con huelgas ante el accionar del gobierno. Del mismo modo, los vendedores del centro histórico, que han estado en gran medida apoyando las campañas y el gobierno de Nuevas Ideas, hoy encuentran que el alcalde capitalino de ese partido, Mario Duran, no ha dudado en cerrar el paso al ejercicio de su actividad comercial informal en el centro histórico de San Salvador, aunque no ha tenido ningún problema en ceder espacios públicos, como las emblemáticas plazas y parques del centro, para la instalación de las casillas para cajeros Bitcoin.
También los jóvenes de comunidades empobrecidas y olvidadas, muchas de ellas estigmatizadas como territorio de pandillas, nucleados en torno a los proyectos de la fundación Forever, dirigida por el argentino Alejandro Gutman, protestaban esta misma semana porque los fondos para sus becas no han sido depositados y están a punto de perder sus carreras, en muchos casos casi al momento de graduarse.
Jóvenes exigen a Bukele que pague 600 becas atrasadas desde enero
Y aunque Gutman hoy lo niegue, y sostenga que nunca apoyó a ningun partido, lo cierto es que fue de los personajes que menos críticas y más justificaciones ofreció a la gestión de Bukele. La relación con su entorno viene desde los días de la gestión de Luis Rodríguez (hoy Director por El Salvador ante el BCIE), entonces Comisionado de asuntos estratégicos del gobierno de Bukele, y sus frecuentes apariciones junto al director de reconstrucción del tejido social, de reconocidos lazos con grupos criminales, Carlos Marroquín; es recordada la aparición de Gutman avalando la “inauguración” de los proyectos CUBO, una más de las tantas ocurrencias frustradas en la gestión de este gobierno, que no pasó de la etapa publicitaria. Hoy la fundación y su creador junto a muchos de aquellos jóvenes, son una muestra más de la frustración gradual pero creciente de nuevos sectores engañados por el poder de la propaganda gubernamental, que chocan con la cruda realidad del incumplimiento de promesas.
Así, poco a poco, como con pequeños pasos de tortuga, la sociedad salvadoreña desde diversos ámbitos va despertando de aquel letargo infundido por una masiva campaña de mentiras y manipulaciones. La oposición va haciendo también lo suyo, y ya no son una curiosidad los carteles y pintas rechazando el Bitcoin, pero también denunciando a Bukele como dictador, protestando ante el alza de precios, reclamando por las pensiones no entregadas a los veteranos, o defendiendo el derecho al agua.
Por cierto, ese tema del agua y el actual enfrentamiento de Bukele y sus diputados con las Juntas de Agua en el debate por la elaboración de una nueva Ley de Agua, permiten avizorar otra importante confrontación del oficialismo con las organizaciones sociales. Será una nueva oportunidad para seguir aglutinando fuerzas en un proceso permanente de acumulación, que va creciendo en paralelo a la profundización de la crisis económica y social que las irresponsables políticas neoliberales de la nueva derecha en el poder han impuesto al pueblo salvadoreño. Bukele y su grupo saben que los tiempos se acortan, que ya su propaganda y sus mentiras no producen el mismo efecto hipnótico que solía ejercer en un pueblo que va despertando a fuerza de golpes y frustraciones. Por eso le resulta imperativo contar con la fuerza militar necesaria para reprimir al pueblo una vez las condiciones continúen su desarrollo. Para ello también -no es posible dudarlo-, echará mano de los grupos criminales con los que negocia y acuerda, por más que pretenda negarlo de la manera más infantil.
1992- 1 de septiembre -2021
Hace 29 años en el Salvador, con la guerra finalizada y un importante número de acuerdos, de aquellos que sellaron la paz, ya encaminados o en vías de implementarse, el FMLN recibía su escritura como instituto político, que le permitía ser inscrito ante el Tribunal Supremo Electoral, TSE.
Es bueno recordar hoy ese aniversario porque, más allá de constituir un acta de nacimiento a su vida política legal, representó el inicio de una etapa de enormes desafíos, de grandes aprendizajes y de difíciles decisiones para un partido compuesto en su mayoría por jóvenes revolucionarios que llegaban a la vida legal con una enorme carga de experiencias de lucha junto al pueblo. Una generación de hombres y mujeres sacrificadas por un anhelo de transformaciones profundas, revolucionarias, de la sociedad en las que les tocó vivir, pero con escaso conocimiento de las nuevas formas de lucha a las que deberían adaptarse, dentro de un sistema dominado por el enemigo de clase.
No se trata de evocar románticamente el pasado, sino de mirarlo con detenimiento para sacar no solo lecciones sino indicios de aquellos elementos que, en esta historia recurrente de la lucha de los pueblos, reaparece aún inconclusa.
A las clases dominantes de entonces, y las fuerzas políticas que representaban aquella oligarquía cerril les costaba digerir el hecho de que fuerzas populares que habían enfrentado y desafiado militarmente su poder, llegaran a establecerse en pie de igualdad, reclamando para el pueblo aquello negado durante generaciones y siglos de explotación.
Confiada en su manejo del sistema electoral y político imperante, segura del control que ejercía sobre cada resorte del poder burgués, aquella oligarquía apostaba su fortuna a que en poco tiempo la fuerza guerrillera convertida en partido político legal sería aniquilada a través del juego electoral primero, y eventualmente a través de la liquidación física y material, de aquellos a quienes no hubiesen podido neutralizar por la simple compra de voluntades, la corrupción, el chantaje y el deterioro ideológico de los antiguos revolucionarios.
Algunas fuerzas remantes de los grupos paramilitares y de la fuerza armada que rechazaban los avances logrados, se conjuraban para matar a la criatura en la cuna. Y de hecho varios casos de asesinatos políticos se registraron en aquellos años posteriores a los acuerdos. Otros atentados no lograron su objetivo, pero era claro que había sectores profundamente reaccionarios que soñaban con aniquilar al FMLN.
En aquellos momentos, solo la organización, la disciplina, la moral revolucionaria que determinaba a su militancia a resistir, avanzar, aprender el nuevo terreno de luchas, para volver a derrotar al enemigo de clase, fueron determinantes para ir saliendo airosos de condiciones ciertamente difíciles. Hubo también traiciones, defecciones, compra y corrupción de dirigentes que una vez estuvieron del lado del pueblo, pero que traicionaron ante la primera oportunidad que se les apareció. Las formas de la organización social se vieron también alteradas en el tránsito de la guerra a la paz, y los lazos de la comunicación y la disciplina consciente comenzaron a afectar la organización.
El reformismo mostraba sus garras ante lo que creían una víctima propiciatoria. El dinero de organizaciones supuestamente humanitarias de todo el mundo comenzaba a fluir, y la tentación de algunas organizaciones sociales y sindicatos que habían sido fundamentales a lo largo del conflicto, los hizo empezar a “sentirse independientes” porque tenían “gestiones propias” y ya no necesitaban responder a las líneas de los revolucionarios.
Visto a la distancia del tiempo, el FMLN de 2021 no ofrece tantas diferencias en cuanto al presente que debe enfrentar. También hoy, enfrentamos un enemigo determinado a destruir sus bases, sus objetivos, su voluntad de lucha, y sus convicciones revolucionarias. Por ahora no necesitan recurrir de manera abierta a matar cuadros, les basta con perseguir judicialmente, juzgar pública y mediáticamente, denigrando y acusando sin pruebas, y pretendiendo que toda la estructura de un partido revolucionario es corrupta, que los gobiernos del FMLN no hicieron nada, y que todos y todas deben ser perseguidos y encarcelados. Es el mismo escenario vivido por más de un partido y gobierno de izquierda en nuestro continente
Peores ofensivas hemos soportado. Sin embargo sería de necios negar que en esta ocasión el combate encuentra al partido en situación de debilidad, y que es imperativo superar ese estado como primera fase para equilibrar las fuerzas y luego romper ese equilibrio a nuestro favor. En las actuales condiciones, esa tarea corresponde a la militancia y dirigencia del partido, pero no puede abstraerse de unir esas fuerzas aún debilitadas, a las incipientes del pueblo que empieza lentamente a despertar, como veíamos en nuestro análisis más arriba.
Tenemos hoy la posibilidad de nuclear a jóvenes y veteranos revolucionarios, hombres y mujeres desde el territorio, acompañando las luchas reivindicativas de cada sector social, de cada comunidad que siente la necesidad de organizarse para luchar por su vida, por que es por la vida que lucharán en defensa del agua, contra la deforestación, contra la minería, por el pago del FODES a sus alcaldías, para que se puedan realizar las obras que protejan a sus municipios ante los efectos del cambio climático.
En fin, la existencia de este gobierno de irresponsables saqueadores de los bienes del Estado pone en juego la vida del pueblo, y por supuesto en peligro sus condiciones materiales de existencia. Superar desde la izquierda el sectarismo que impide avanzar es hoy identificar y definir claramente la visión y tareas revolucionarias de la etapa; al mismo tiempo es necesario separar y superar aquellas ideas que representen obstáculos para la unidad del pueblo, para la unidad verdadera, la que se forja en la lucha y en la acción transformadora.
Hoy también el partido sufrió defecciones; como ayer, las superará. Hoy existe aún confusión y hasta temor ante los nuevos desafíos, las nuevas formas de lucha, la tecnología que nuestro enemigo aun domina. Como hace casi 30 años, las y los revolucionarios han de aprender y formarse junto al pueblo, uniendo siempre sus destinos. El estudio, el trabajo y la lucha conjuntas, el desarrollo del pensamiento colectivo, el aprendizaje colectivo y las nuevas formas de organización necesarias para la nueva etapa que venimos enfrentando, serán sin duda claves para forjar nuevas victorias.
Reflexiones y pensamiento crítico 