Año decisivo

Inicia el año 2023 y es lógico que en todo el mundo se expresen los mejores deseos, aunque pocas veces esos augurios puedan resultar realistas. Sin embargo, sería erróneo objetar esta actitud positiva que, en última instancia, refleja una postura natural de la humanidad ante la vida; podríamos decir que se trata del optimismo histórico de los pueblos. En realidad, no podría ser de otro modo, porque es esa visión positiva, que en todo caso se basa no solo en la utopía necesaria sino en la formidable decisión de lucha y de victoria, la que ha movido la rueda de la historia, llevando a la humanidad a los avances que hoy conocemos.

Justificado optimismo histórico
Es cierto que se trata de un mundo excesivamente imperfecto, con un sistema capitalista predominante cuya esencia son sus brutales injusticias e inequidades, pero si miramos hacia atrás unas cuantas décadas y comparamos la situación de entonces y la actual, en cualquier sector social, encontraremos enormes avances pero también inmensos desafíos por superar; ambos deben situarse necesariamente en la tendencia histórica al avance de la humanidad y su conciencia. Los ejemplos abundan: en el caso de género, los derechos conquistados por las mujeres; o en la clase trabajadora y sus conquistas; lo mismo con la niñez y adultos mayores; pero también lo podemos extender al medioambiente, a la salud, la educación, los derechos humanos, la lucha contra el racismo y la discriminación…. Y podríamos seguir.

Nos dirán que eso tiene que ver con el desarrollo de las ciencias, y es en parte verdad (relativa, pero verdad al fin, porque el desarrollo científico tiene también que ver con la ampliación exponencial del acceso a la educación de sectores sociales, antes totalmente excluidos, y eso no se consiguió sin luchas y resistencias), lo cierto es que el eje de cada uno de esos avances radica siempre en las luchas y resistencias de los pueblos. En particular en el carácter revolucionario de  esas luchas.

Optamos por esta posición para enfocar nuestro análisis de la realidad, particularmente en El Salvador, en este inicio del año 2023, cuando importantes sectores populares reconocieron -y así lo expresaron de múltiples formas a lo largo de 2022- las grandes dificultades que enfrentan ante el deterioro de sus condiciones materiales de vida, la violación sistemática a diversos derechos que sufre la población en virtud de la militarización del territorio nacional, el régimen de excepción, el aplastamiento del estado de derecho y la virtual eliminación de la participación ciudadana; o la enorme incertidumbre que despierta el comprobar que el gobierno juega irresponsablemente con las finanzas públicas, apostando al barril sin fondo de los criptoactivos especulativos, al endeudamiento catastrófico, a la inseguridad salarial que sufren miles de empleados municipales de todo el país, en alcaldías gobernadas por el partido oficial.

Ante todo esto el régimen demostró su absoluto desinterés por las necesidades del pueblo al que, sin embargo, se refiere sin pausa en la campaña de marketing electoral permanente a que somete a la sociedad desde hace más de tres años.

Esa realidad, a la que se suman retrocesos en educación y en salud, y sobre todo, el oscuro panorama de una parte del pueblo sometido al enceguecedor y somnífero efecto de la manipulación mediática multidimensional, puede darnos una impresión muy negativa del momento histórico, en particular si partimos del hecho de que estamos hablando de un pueblo que en otros tiempos superó sanguinarias dictaduras y políticas opresivas, pagando un alto precio en vidas para defender y/o reconquistar sus derechos.

Ciertamente, mirar el panorama en el corto plazo puede llevarnos a visiones negativas o pesimistas, pero si, como sugerimos más arriba, ponemos las cosas en la perspectiva del tiempo, veremos los avances que se han logrado desde aquellos días en que los cuerpos mutilados de estudiantes y sindicalistas, hombres y mujeres de toda condición, credo e incluso posición política o social, sembraban las calles y los campos de El Salvador por oponerse a las dictaduras.

Entre aquella realidad -donde se enfrentaba la muerte y el terror cada día por sumarse a la lucha- y la actual, donde un grupo de cuadros medios del oficialismo y sus aliados (en los ministerios y en el parlamento), compuesto por incompetentes, serviles al presidente y manejados a discreción por un clan familiar burgués que gestiona el país como su empresa privada y trata a su ciudadanía como empleados a su servicio, media un enorme trecho. Ese trecho, esa distancia abismal, la fija la historia de lucha de este pueblo, que tiene en su ADN aquella experiencia acumulada de luchas y victorias (dolorosas ciertamente; sacrificadas, sí; pero victorias al fin y al cabo).

Por eso hoy, cuando la autocracia hecha costumbre pretende presentarse a sí misma como impune ante una justicia que por ahora controla a discreción, e inmune a la lucha de este pueblo, debemos recordar de donde venimos, y al hacerlo, una sonrisa se nos dibujará en el rostro, porque el año que acabamos de dejar atrás nos mostró crecientes sectores populares que empiezan a romper con el miedo y la parálisis, a reclamar lo suyo, desde sus centros de trabajo, a través de huelgas y protestas de calle, como esta semana pasada sucedió en Soyapango, y en al menos otras diez alcaldías del país, o las movilizaciones y reclamos de veteranos lisiados de guerra ante el desmantelamiento de su institución, FOPROLYD, o la creciente y permanente lucha de sectores populares en defensa de los derechos humanos, por la vida y la libertad de sus presos, contra la utilización del lawfare para la persecución política, entre muchas otras expresiones de lucha popular. Es decir, poco a poco, este pueblo vuelve por sus fueros, y no habrá manipulación que logre detenerlo si sus luchas son acompañadas adecuadamente por la fuerza de la organización popular y de los sectores revolucionarios.

Los intocables y el resto

En el caso emblemático de la alcaldía de Soyapango, la situación obligó al régimen a intentar neutralizar las luchas encarcelando a la alcaldesa -de su propio partido- haciendo de la necesidad virtud, al asegurar que “ni sus funcionarios estarán libres de la cárcel si se corrompen”. Una falsedad evidente que demuestra que hay en sus filas funcionarios descartables y otros blindados por el favor presidencial.

Entre estos últimos podemos citar casos como el de su carcelero mayor, Osiris Luna; su jefe de abogados en la presidencia y cómplice del mandatario en diversos actos reñidos con la ley en épocas pasadas, su amigo de infancia Conan Castro; la comisionada presidencial Carolina Recinos; el encargado de sus relaciones con las pandillas y el crimen organizado durante la tregua que se rompió en marzo pasado,  Carlos Marroquin, alias Slipstone; el corrupto ministro de Salud Pública, que se enriqueció y enriqueció a su familia con contratos espurios durante la pandemia, Francisco Alabí;  o el propio ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, con un oscuro pasado desde sus días en que ocupaba puestos clave en aduanas. Estos, junto al grupo de hierro de hermanos y parientes presidenciales más lejanos, figuran en la lista de “los intocables”.

El resto, incluidos la mayoría de sus legisladores, que llevan ya aprobados miles de millones de dólares en deuda pública, son “descartables”. Sólo en la última sesión del año, la Asamblea aprobó $1,614.4 millones. En total, en el 2022, el legislativo terminó incrementando la deuda pública en $3,843.2 millones. De esa deuda el Ejecutivo no se digna ni siquiera a ofrecer cuentas claras, y, si los legisladores fueran algo más inteligentes, revisarían sus actuaciones para asegurarse que al terminar su periodo de impunidad (es decir su tiempo como legisladores) no sean encarcelados por el simple hecho de “apretar botones sin pensar”, desde sus curules.

Lo cierto es que el encarcelamiento de la alcaldesa de Soyapango, representa sin duda una victoria del pueblo, (parcial, en la medida se continúa la lucha por pago de salarios y otros aspectos reivindicativos); es una más en una larga serie de pequeñas pero trabajadas victorias populares que, al ser aún dispersas y extendidas en el tiempo, al régimen no le cuesta demasiado trabajo diluir o fragmentar, para que sean rápidamente olvidadas. Nuestra obligación es no olvidarlas ni permitir que se olviden. Y entre ellas debemos incluir las diversas marchas populares y masivas movilizaciones que se realizaron a lo largo del año 2022, como la llevada a cabo el 1 de Mayo, que se desorrolló en medio de un clima de persecusión, con plena vigencia del régimen de excepción, y que mafiosos como el ministro de Trabajo Rolando Castro, pretendieron usar como amenaza para la desmovilización, al afirmar que “solo defensores de pandilleros” se movilizarían ese día.

A esa, y a otras marchas a lo largo del año, como la conmemoración de los acuerdos de paz -que pretenden infructuosamente borrar de nuestra memoria-, la celebración de la independencia nacional, o la marcha en homenaje a las víctimas de la masacre de la UES del 30 julio de 1975, el régimen siempre pretendió obstaculizarlas, bloqueando las entradas a la capital, secuestrando ilegalmente autobuses de transporte de manifestantes y, en general, recurriendo a la criminalización de la protesta y al insulto a la disidencia. Cada una de esas acciones, doblegaron al régimen una y otra vez, constituyendo victorias que debemos acumular en nuestro registro de luchas.

Del mismo modo, se ha logrado rescatar de las cárceles a miles de prisioneros injustamente detenidos bajo el régimen de excepción, y la denuncia internacional sumada al activismo local ha provocado la debacle de la imagen internacional de un régimen que vive de su imagen, pero que hoy está teñido de la peor pátina posible, identificado mundialmente como un activo y permanente violador de derechos humanos. Esa mancha ya no se le quita y debemos registrarlo en la lista de victorias del pueblo.

No son las únicas, pero no se trata de hacer un recuento pormenorizado sino mostrar “a vuelo de pájaro” la creciente lista de victorias que se van sumando ante un régimen que -y esto hay que tenerlo muy presente a la hora de juzgar y valorar los triunfos populares- se mostró y se sigue mostrando agresivo, violento, ofensivo, mentiroso, manipulador, y que realizó todos los esfuerzos a su alcance para minimizar y disimular sus derrotas.

Así, y solo así, podremos comprender el valor de estas luchas, la construcción de esa resistencia, y la necesidad imperiosa de profundizarla desde la unidad popular, no solo contra el gobierno y sus cómplices, sino contra las fuerzas imperiales y sus socios locales empeñados en:

1) instrumentar la lucha popular a su favor;

2) promover cambios “totales” que no cambien nada de fondo (gatopardismo); 

3) asegurar la neutralización, y si es posible la eliminación, de fuerzas de izquierda y revolucionarias como el FMLN

Redoblar la lucha optimizando la acumulación

Nuevas batallas se presentan en el horizonte inmediato. El régimen se encuentra empeñado en garantizar su permanencia a través de la reelección ilegal e inconstitucional del actual mandatario. Ya ha dado pasos importantes en este sentido, como la declaración favorable de una sala de lo constitucional impuesta ilegalmente a su servicio, la cooptación de la inmensa mayoría de magistrados del tribunal electoral, o el adelanto ilegal de su campaña en el exterior (donde reside un tercio de la población salvadoreña), y al abrigo de una ley de voto en el exterior ad-hoc, construida a la medida de las necesidades del oficialismo. De modo que parece bastante consolidada la decisión y acciones del régimen para materializar sus intenciones.

Sin embargo, y pese al enorme peso político y logístico de todo lo anterior, la situación ante este tema permanece aún indefinida. Y las razones no debemos buscarlas más que, nuevamente, en la resistencia de una parte del pueblo.

Aunque el régimen insiste en una narrativa que pretende, cada vez con menos éxito, situar en cifras marginales al conjunto de su oposición, lo cierto es que desde esos sectores se ha logrado ya no solo cuestionar y evidenciar la ilegalidad de la medida, más allá de los argumentos populistas del gobierno, haciendo creciente la denuncia en contra de la reelección. Esto se ha trasladado también al exterior, donde nuevamente la posición oficial tambalea al conocerse las violaciones constitucionales que esto representa. Otra vez, el acumulado de la lucha, la persistencia de las denuncias, se parece cada vez más a la humilde gota que horada la arrogante roca.

Los peligros inminentes

Si algo se presenta como peligro para el régimen en este recién nacido 2023 es precisamente el hecho que a esa creciente respuesta popular en defensa de diversas reivindicaciones, se empiecen a acumular aquellas relacionadas con el perfil más vulnerable del gobierno: su incapacidad para conducir una situación económica que ya se le fue de las manos más de una vez, y ante cuya existencia y profundización no ha encontrado hasta el momento otra salida que el endeudamiento desbordado, a tasas cada vez más altas, porque su “hoja crediticia” internacional sigue siendo deplorable.

Entre otras consecuencias de la falta de liquidez por mala administración de recursos pero también por pésima planificación, destacamos la afectación directa sobre diversos sectores populares y trabajadores. Así lo vemos en el caso de la burda maniobra de las pensiones, en la liquidación de organismos como el administrador de fondos de lisiados, la eliminación de puestos de trabajo, como sucede con secciones enteras de la policía (300 agentes de protección a testigos despedidos); recordemos la desaparición de Digestyc, entre otras oficinas públicas, despido de empleados de ministerios y secretarías, por no hablar de los efectos catastróficos que significó para el sector laboral municipal el robo descarado del FODES.

La incontenible inflación muestra que la canasta básica en la zona rural alcanzó un valor de $183.47 en noviembre, registrando una expansión anual del 20%. La canasta urbana  alcanzó los $240.64, experimentando un incremento anual del 12%. Con asalariados precarizados, crecimiento del sector informal, retroceso de las inversiones productivas nacionales y extranjeras, el aumento de la tasa de probreza, la perspectiva de crecimiento más baja de América Latina, y el abandono de políticas oficiales para revitalizar la producción agrícola, que podría haber evitado al menos la extrema dependencia alimentaria externa, El Salvador vuelve a ser, como lo viene siendo desde hace dos años, una virtual bomba de tiempo social. Si no ha explotado es por el recurso del endeudamiento a cualquier costo y el infaltable flujo de remesas. Pero esto también tiene un límite.

Hasta ahora, de cada dólar producido en el país, 85 centavos son adeudados. Hace un año el cálculo rondaba el 75% ¿A qué podrá recurrir el gobierno cuando se agote el recurso del endeudamiento si no a los despidos, recortes, aumento de impuestos, en fin, a un ajuste en toda regla al estilo de un FMI que a lo largo del año pasado, demostró que no está dispuesto por ahora a sacar al gobierno del atolladero si este no acepta someterse a sus reglas?

El problema es que hacer eso puede demorar el estallido social pero no impedirlo. Lo saben el GOES y el FMI. Por eso 2023 puede ser un año decisivo en la lucha del pueblo salvadoreño. La realidad del resto del continente nos enseña cada día que una de las características del momento histórico es su extremada volatilidad e incertidumbre. Muchos que se sentían sólidamente amarrados al poder salieron finalmente huyendo, el útimo ejemplo parece ser el de Bolsonaro, en Brasil; mirar a Bolivia es una muestra de que también a aquellos autoritarios fascistas que desprecian a los pueblos les llega la hora, como acaba de suceder con el encarcelamiento del gobernador de Santa Cruz.

Son tiempos de lucha y de acumulación. Esta etapa se complejiza aún más al abrirse un periodo pre-electoral que exigirá de las fuerzas del pueblo, y en especial de los sectores revolucionarios, claridad y visión estratégica para no caer en las primeras emboscadas que, sin ninguna duda, el régimen les preparará.

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