Detrás de su arrogancia, sus altas dosis de ignorancia, incapacidad y cinismo, las acciones del gobierno de El Salvador no pueden, sin embargo, ocultar sus miedos.
Si hay un miedo que atenaza a los poderosos en cualquier régimen neofascista -particularmente los que estamos sufriendo crecientemente en Nuestra América-, es el terror a perder el control del poder del Estado.
Estos modelos se han instalado pisoteando derechos, aniquilando constituciones, y con ellas, conquistas y pactos sociales de todo tipo; su manipulación de la justicia llevó a la muerte, a la cárcel injusta, al desarraigo y al exilio, a cientos de personas.
La injusticia y el robo institucionalizado requieren impunidad. Sin ella, el peligro de ser juzgados pende afilado sobre sus cabezas. Por eso no pueden darse “lujos de alternabilidad”. No llegaron al poder para cederlo sino para perpetuarse en él.
Así debe entenderse cada una de las maniobras que utiliza el régimen para manipular procesos electorales con juegos de apariencia que solo pueden tener un ganador. Del mismo modo deben interpretarse las palabras de sus títeres mediáticos, que pretenden ridículamente justificar lo injustificable.
Esta semana, el régimen neofascista salvadoreño completó otro paso para asegurar que los votos que sabe que perderá en el territorio nacional en las próximas elecciones, pueda recuperarlos con maniobras en el exterior.
Paralelamente, continúa avanzando en su intento de aplastar cualquier voz crítica que pueda revelar su corrupción y sus turbios negocios a costa del Estado salvadoreño.
Ante las recurrentes denuncias de sus crímenes en las cárceles, el régimen opta por ocultar las pruebas bajo llave, declarando en reserva la información del número de muertos, causa del deceso y otras informaciones relevantes.
Estas actitudes revelan la falta de escrúpulos de los fascistas del siglo XXI que, como sus ancestros del siglo pasado, no dudan un segundo en violentar cualquier norma establecida si eso facilita su objetivo de mantenerse en el poder.
Salen a pavonearse por el mundo, abrazados a su modelo de seguridad ciudadana, pero ocultan bajo siete llaves el costo de esas medidas, sus negociados con los criminales y el hecho que gracias a ellos consiguieron muchos de los votos para llegar al gobierno que hoy usurpan.
Jugando con la Carta Magna
Esta semana, por medio de una modificación (inconstitucional) a la Constitución, el régimen cambió el mecanismo de integración del organismo electoral, eliminado la participación directa de los partidos políticos en su integración.
Hasta ahora, la Constitución establecía que tres de los cinco magistrados del TSE fuesen escogidos de ternas propuestas por los partidos políticos que hubiesen obtenido mayor votación en la última elección presidencial, mientras que los dos restantes eran propuestas de la Corte Suprema de Justicia.
Aunque desde el oficialismo la reforma ha sido presentada como una medida orientada a despartidizar el ente electoral y reducir la influencia directa de los partidos políticos en las decisiones del TSE, desde la sociedad civil se ha cuestionado sus alcances reales, señalando que no necesariamente garantiza una mayor independencia del organismo electoral. “Quitar a los partidos no despolitiza el TSE; solo cambia quién lo controla”, señaló la no gubernamental Acción Ciudadana.
La entidad también alertó que el nuevo modelo podría concentrar aún más el poder de decisión en la Asamblea Legislativa, donde el oficialismo mantiene una amplia mayoría.
Aprueban primero, discuten después
A la medida se suma la aprobación legislativa a otra reforma para que la comunidad salvadoreña en el exterior tenga diputados propios. El oficialismo creó una circunscripción electoral especial para salvadoreños en el exterior pero no queda claro cómo será el proceso. Será discutido después, afirmaron.
La reforma al artículo 79 de la Constitución de la República habilita la creación de una circunscripción electoral especial para los salvadoreños residentes en el exterior, permitiéndoles elegir diputados propios en futuras elecciones legislativas.
La modificación constitucional establece que “en el territorio de la República y en el extranjero se establecerán las circunscripciones electorales que determinará la ley”. Además, se incorpora que “la base del sistema electoral en el territorio de la República es la población, y en el extranjero el registro electoral”.
Más de tres millones de salvadoreños residen en el exterior y más de 950 mil poseen domicilio registrado fuera del país.
“El crecimiento sostenido de salvadoreños en el exterior impone revisar el modelo de asignación de escaños a fin de garantizar que sus votos no sean diluidos ni desproporcionalmente representados”, se leyó durante la sesión.
La reforma presentada cínicamente como “el pago de una deuda histórica” por el oficialismo, no es sino una burda reforma electorera para garantizar que el bukelato pueda continuar instaurado en el poder, a pesar de perder apoyo local. Reemplazaría esos votos por los que obtendría de una diáspora alejada de la realidad cotidiana de hambre, miseria y abusos que sufren quienes habitan el territorio nacional.
Este “pago de una [supuesta] deuda histórica” abre una herida en la forma de reperesentación ciudadana, particualmente en los departamentos de San Salvador y La Libertad, que perderían seis escaños (5 y 1 respectivamente). Esas curules pasarían a la representación de población en el exterior. Bajo un manto de justicia se esconde una burda maniobra para asegurar la permanencia de la dictadura “por elección popular”.
Ocultar todo lo que se pueda ocultar, negar todo lo que pueda ser negado
El bukelato controla el Ejecutivo, que controla al legislativo; además, dirige la Corte Suprema de Justicia, y con ella el poder judicial; sobredetermina también el sistema electoral en su totalidad. Utiliza todo ese poder para asegurar que sus maniobras ilícitas y sus crimenes permanezcan ocultos. Son tan bravucones y altaneros como cobardes.
En otra clara expresión de esta realidad, la Dirección General de Centros Penales (DGCP) se negó a entregar información sobre personas detenidas en el contexto del régimen de excepción fallecidas en sus cárceles, argumentado que todos los datos contenidos en el Sistema de Información Penitenciaria (SIPE) “son reservados”.
La institución comenzó a ocultar los datos del SIPE desde 2021 y lo consolidó hacia finales de ese año, cuando hasta los jueces y abogados dejaron de tener acceso a la plataforma utilizada para consultar información sobre personas privadas de libertad y movimientos penitenciarios.
Una reciente petición de un medio de prensa local requería los datos de fallecidos desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 30 de abril de 2026, desagregados por perfil del fallecido, causa de muerte, situación jurídica, cárcel, granja o centro penitenciario y temporalidad del hecho.
En la resolución, la DGCP alegó la clasificación de reserva de los registros penitenciarios y las competencias de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), indicando que se trata de información reservada por siete años, sin especificar desde y hasta cuándo, y que por ello la ley le permite no entregar datos estadísticos.
Desde 2021, la DGCP también ha ocultado otro tipo de información vinculada al sistema penitenciario, incluida la capacidad instalada en las cárceles, información sobre programas de rehabilitación, estadísticas penitenciarias y hacinamiento carcelario.
Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) han enfatizado la falta de transparencia en torno al régimen de excepción. Sumado a ello, organizaciones del país han documentado muertes en las prisiones ocurridas bajo ese contexto, no pocas con signos de violencia. La organización Socorro Jurídico Humanitario ha documentado 523 muertes desde marzo de 2022 a la primera semana de mayo de 2026.
Retrocesos en educación
Mientras existe un notable y verificable retroceso en el sistema público educativo salvadoreño, y se sigue despidiendo docentes, el dictador parece creer que solo se necesita repetir una y mil veces en redes sociales, o en cadenas nacionales, que la educación va bien, o incluso que va muy bien, y que se trata, como suelen repetir estos predecibles fascistas del siglo XXI, del mejor sistema posible, el primero en el continente, lo nunca visto.
Al oirlos parece uno estar ante un vendedor ambulante de elíxires milagrosos más que un político; por otra parte, con muy poca decencia, sentido de la dignidad y la vergüenza.
En una cadena nacional, este mes, el dictador salvadoreño afirmó que había construido y entregado escuelas nuevas, también habló de escuelas reparadas.
Sin aportar datos que probaran sus afirmaciones, aseguró que las escuelas heredadas de anteriores gobiernos eran una calamidad. Pero desde que gobierna el bukelato las escuelas se han reducido y no hay datos respecto a las nuevas construcciones. Al inicio de su gobierno, en 2019, había 5,400 escuelas públicas en todo el país; para 2024 sólo quedaban 5,162 escuelas. En 2025 se cerraron 72 escuelas y no fue creada ninguna.
Según la Asociación de Colegios Privados, la matrícula escolar en el sector privado disminuyó en 40,000 estudiantes en 2025 (21%), mientras que en el sistema público la matrícula disminuyó en 9,386 estudiantes el año pasado.
La propaganda y los discursos pueden engañar a mucha gente. Las pruebas de los delitos cometidos por los ilegítimos ocupantes del poder estatal pueden ocultarse por un tiempo. Pero las consistentes cifras del retroceso social, como en el caso de la educación, no desaparecen a base de discursos de odio y agitación.
Tampoco el miedo puede ocultarse, menos aún cuando la historia recuerda a los tiranos que su caída a mano de los pueblos resulta inexorable. Este pasado 9 de mayo sirvió como esperanzador recordatorio de ello. Nos trajo a la memoria que hace 81 años, la más poderosa maquinaria de exterminio en la historia de la humanidad, construida por nazis y fascistas, fue aplastada por el poderío del Ejército Rojo, es decir por la fuerza del Pueblo en el Poder. Los pueblos recuerdan esos hechos con esperanza, los tiranos con terror.