Maniobras electoreras que no lo parecen
Las manifestaciones y protestas contra la deforestación del parque El Espino, principal pulmón verde de la ciudad de San Salvador, continúan, al igual que las obras, pero esta vez el gobierno se vio obligado a salir y negar públicamente una realidad inocultable.
¿Por qué un gobierno fuerte, con control absoluto del poder del Estado, de la sociedad y de la narrativa, se ve obligado a mentir abiertamente acerca de algo fácilmente comprobable, como es el caso de este proceso de desforestación para la construcción de un centro de convenciones y su explotación comercial?
La respuesta la tienen los tiempos políticos y el gradual cambio de correlación de fuerzas que, si bien no amenaza el control del oficialismo sobre el poder, pone en entredicho su capacidad de controlar hegemónicamente la sociedad.
Por omnímodo que parezca, el poder totalitario impuesto en El Salvador y expresado a lo largo de los últimos siete años, tiene su talón de Aquiles: la necesidad a toda costa, de una super-mayoría parlamentaria, que le asegure -como viene sucediendo desde mayo de 2021- las condiciones necesarias (en realidad, imprescindibles) para sostener el modelo dictatorial impuesto.
Sin ese elemento cuantitativo, la calidad autoritaria del proceso se vería sin duda afectada. ¿Cómo imponer, por ejemplo, los irracionales e improcedentes cambios a la Constitución, irrespetando su esencia y su metodología para reformarla, sin el aval de una mayoría aplastante, que deje sin efecto el papel de cualquier oposición legislativa?
¿Cómo aplastar derechos y garantías sociales y políticas, cómo seguir persiguiendo todo tipo de resistencia, empleando una legislación ad-hoc, preparada a base de instrucciones directas del Ejecutivo para garantizar su continuidad sine die, si no es con una bancada sumisa hasta el extremo del servilismo, incapaz siquiera de debatir o cuestionar una orden proveniente de CAPRES?
A pesar de las narrativas triunfalistas, de las inversiones descomunales en redes sociales, tanto nacionales como internacionales, los hechos y, sobre todo, los movimientos realizados desde las más altas esferas del poder político, revelan las falsas fortalezas de este otro tigre de papel que, como su referencia imperial de Washington, “ruge más que muerde”.
Aunque estos autócratas del poder desmedido, incapaces de aceptar límites, sigan teniendo – tanto desde el norte imperial como desde San Salvador-, enormes capacidades para hacer daño al mundo y a su pueblo, respectivamente, ese poder también sufre desgastes constantes que hoy se evidencian.
En el caso salvadoreño, los siete años de uso extremo del poder, la irracional actitud dictatorial de no reconocer derechos a ningún sector social que no se haya previamente sometido a la arbitrariedad y el autoritarismo centralista, pasan factura.
No es a causa de alguna abrupta vocación democrática que el bukelato ha decidido cambiar, por enésima vez, las reglas del juego electoral para recortar la representación allí donde detecta un debilitamiento creciente de su influencia, y trasladarla al ámbito de votantes en el extranjero donde, a partir de la distorsión informativa, confía que la manipulación surta más efecto que sobre quienes experimentan la realidad económico-social en el territorio nacional.
¿Éxito o fracaso económico? Depende del interés de quien lo mira
Los datos son duros y muestran el fracaso de los planes económicos del bukelato. Pero quizás debamos aclarar que el “fracaso”, en realidad, es un éxito económico para la élite en el poder, que se viene enriqueciendo de manera descomunal desde hace siete años con una alta concentración de la renta nacional, repartida entre un segmento cada vez más reducido en lo más alto de la pirámide.
Lo que no ha cumplido el bukelato ha sido su cacareado “milagro económico” para el pueblo. Y no lo ha hecho porque jamás ha estado en su intención hacerlo. Ni el país ni el pueblo han sido alguna vez prioridad en los proyectos salvajemente neoliberales de estas burguesías con visiones cada vez más neofascistas.
En abril de este año la deuda pública de El Salvador llegó a $34,523 millones y se calcula que al cerrar 2026 rondará los $36,000 millones. Durante el bukelato, la deuda pública ha crecido un 74%, equivalente al 92% del PIB.
Desde 2024, año en que se llegó al acuerdo con el FMI, esa deuda ha crecido 2% en relación al PIB. Desde entonces, el gobierno ha despedido miles de empleados públicos, se han deteriorado los servicios sociales y profundizado la crisis de las finanzas públicas.
En cuanto a la pobreza, la realidad del sufrimiento del pueblo supera la ficción del relato oficial. El gobierno anuncia por enésima vez que proyecta reducir la tasa de pobreza al 22.5%, pero el costo de la vida y fragilidad en la seguridad alimentaria de los hogares, que desde 2019 ha aumentado un 30%, empuja a más familias a la pobreza extrema. Los ingresos no alcanzan para cubrir ni siquiera la canasta básica.
En todos los estudios de opinión serios, nueve de cada diez salvadoreños consideran que el alto costo de la vida es el principal problema del país, y que el desempleo sigue siendo un factor permanente, afectado además por la ola de despidos ya mencionada.
La ficción democrática y la realidad rural
Retornando al caso El Espino, que no es el único, pero resulta hoy emblemático, subraya la exclusión de las mayorías en beneficio de inversionistas deseosos de encontrar nuevas formas de aumentar la rentabilidad de sus capitales. A la pobreza urbana debe incluirse el dramatismo de los desplazamientos causados por el hambre y el abandono en el ámbito rural. No debemos olvidar que, en su origen, El Espino fue una finca, de la cual sus trabajadores y habitantes fueron desplazados.
El vía crucis campesino no inició con el bukelato, es cierto, porque el problema agrario nunca dejó de estar al centro de la conflictividad social desde que El Salvador existe. De hecho, es el despojo, el crimen y el robo, la fuente de riqueza original de las que fueron y siguen siendo conocidas como las grandes fortunas familiares de El Salvador.
Esas riquezas nunca han perdido su mancha de sangre indígena y campesina original, aunque sus apropiadores se hayan empeñado en disfrazarla de “trabajo honesto” e “inversiones inteligentes”.
Históricamente, los cultivos de café, de caña de azúcar y de algodón fueron despojando a los campesinos de sus mejores tierras, empujándolos a terrenos marginales donde debieron recurrir a la agricultura de subsistencia. La agroexportación no les dejó otra opción. En el siglo pasado, estas mismas razones fueron parte importante de las causas del conflicto armado, que tampoco logró desembocar en una reforma agraria popular.
Hoy, a más de 30 años de la finalización formal de aquel conflicto, muchas de las causas que lo generaron persisten, sin que esto parezca preocupar a las miopes clases dominantes salvadoreñas. Parecen olvidar que las leyes del desarrollo social no se diferencian de las de la naturaleza, que siempre, tarde o temprano, reclama lo suyo, a veces plácidamente y poco a poco, otras de la manera más brutal y explosiva.
Reiteramos, aunque no empezó con él, el bukelato -con su política de abandono- se encargó de darle al campo salvadoreño, a la actividad campesina, un golpe casi mortal, condenando al país a la dependencia alimentaria externa, enriqueciendo a los importadores de alimentos y empujando a las familias campesinas y al trabajador rural al hambre y a la migración forzada hacia las ciudades o al exterior.
El régimen salvadoreño apostó por la dependencia de la especulación financiera, el despojo y entrega de recursos naturales a multinacionales, con las que se asocia y cuyos intereses defiende.
El llamado Plan de Control Territorial, y la cacareada “guerra contra las pandillas”, no parece haber jugado un papel secundario en la creación de las condiciones materiales para entregar áreas completas no urbanizadas a sus socios especuladores. Al fin y al cabo, la avanzada militar sobre zonas rurales, bajo el supuesto de persecución de criminales, se centró en comunidades pobres, criminalizadas, y finalmente desplazadas de territorios que aumentaron de inmediato su valor especulativo.
Una consecuencia de la concentración de la tierra fértil en el pasado fue la migración masiva a los suburbios de las ciudades, donde proliferó el trabajo informal, sobre todo para las mujeres, que se dedicaron al comercio en las calles céntricas de esas ciudades. Hoy, la especulación urbanística de este nuevo segmento de la clase dominante, especulativa y parasitaria, vuelve a expulsar de esos espacios a los ya expulsados previamente desde el campo a la ciudad. También aquí la lucha contra el crimen fue un discurso bien vendido para favorecer sus intereses.
Las familias campesinas no ocuparon las laderas de volcanes y migraron a suburbios urbanos por capricho. Fueron forzadas a ello. Tampoco se alimentan de maíz y frijoles por elección, sino por el hecho constatable de que una dieta balanceada les resulta inalcanzable. El agronegocio, los agrotóxicos y fertilizantes empleados para aumentar la producción de las cada vez más escasas parcelas, dejaron como secuela deficiencia renal crónica en trabajadores y habitantes de la zona rural.
La gran favorecida por esos desplazamientos siempre ha sido una minoría, pero el daño humano y medioambiental causado es incalculable.
Regresando a El Espino, se está jugando allí con la posibilidad real de profundizar el ya insostenible estrés hídrico, generando mayores sequías o, en otros casos, inundaciones como las que periódicamente arrasan zonas urbanas. Este tipo de tragedias evitables afecta sobre todo a las mayorías vulnerables. Y todo ello en nombre del desarrollo, la modernidad, el avance urbanístico y la acumulación de capital.
En vísperas del periodo electoral, el oficialismo es incapaz de comprender las consecuencias humanas y medioambientales de la agroexportación. A pesar del discurso oficial, que pretende hacer creer a la población que su país “está destinado a ser del primer mundo”, a mirar a EEUU como ejemplo, la realidad del pueblo salvadoreño no es distinta a la del resto de Nuestra América.
Sus luchas son las mismas, las causas campesinas los hermanan, el neoliberalismo y el avance neofascista los unen, la necesidad de defender un único planeta saqueado y explotado trasciende fronteras, conformándose en causa de todos los pueblos.
Durante siete años el gobierno persiste en perseguir y expulsar a las masas marginadas que se refugiaron en la informalidad, sin ofrecerles alternativas reales para vivir dignamente. Esa población, que es real, de carne y hueso, entorpece la estética plástica, de luces de neón y libretos de Hollywood, que pretende exhibir como éxito el modelo bukeleano. La desigualdad y la exclusión social se consolidan.
El drama de El Espino define dos realidades. La de fuerzas depredadoras que concentran medios y capital para usufructuar la naturaleza como un bien privado, y la de quienes a sus ojos resultan descartables, pero de quienes necesitan el voto para seguir enriqueciéndose y seguir reproduciendo la ficción democrática.
Hoy el oficialismo visita territorios olvidados con obsequios insignificantes cuyo valor, para quienes los reciben, subraya la precariedad estructural y el abandono a que han sido sometidos.