América Latina sigue siendo el continente más desigual del planeta. El 10% más rico de la población acapara el 34,2% de los ingresos totales, mientras que el 10% más pobre recibe apenas el 1,7%.
La pobreza extrema alcanza el 9,8% en la región, afectando a 62 millones de personas, mientras la pobreza monetaria abarca al 25,5% de la población (162 millones de personas); la multidimensional —que evalúa carencias en salud, educación, vivienda y empleo mediante el índice conjunto de CEPAL y PNUD— afecta estructuralmente al 27,4% de los habitantes de la región.
Los países con mayores niveles críticos de pobreza, superiores al 50% de incidencia, son El Salvador y Guatemala, mientras que aquellos con niveles inferiores al 6%, son Chile, Uruguay y Costa Rica.
Pobreza y brecha social que la propaganda no puede ocultar
En el caso de El Salvador, al comparar la concentración de la riqueza y el ingreso entre 2019 y 2026, se comprueba un estancamiento estructural y un incremento en la brecha social, con una alta acumulación en la cúspide y un aumento en los niveles de pobreza en la base.
La distribución de recursos económicos muestra una brecha extrema entre el porcentaje de habitantes y la porción de los ingresos o bienes que poseen, según análisis de CEPAL y del Laboratorio de Desigualdad Mundial (WID):
- El 1% más rico de la población concentra de manera constante el 25% de la riqueza total del país.
- El 10% más rico, acumula el 30.6% del ingreso nacional total. Si se mide el patrimonio acumulado (bienes y propiedades), capturan el 58.4% de la riqueza total, manteniéndose sin variaciones significativas desde 2019.
- En cambio, para el 50% más pobre de la población, su participación en la riqueza total disminuyó, pasando del 4.82% en 2019 al 4.78% en la actualidad. Esto significa que la mitad de la población salvadoreña subsiste colectivamente con apenas 5 de cada 100 dólares de la riqueza nacional.
A pesar de las mejoras en seguridad pública publicitadas ampliamente por el gobierno en los últimos años, este factor no impidió que la pobreza general pasara de 26.8% en 2019 al 30.3% en las últimas mediciones oficiales consolidadas del país. El incremento se asocia a la inflación alimentaria, afectando de manera desproporcionada al 50% de la población de menores ingresos debido al encarecimiento de la canasta básica urbana y rural.
Entre los factores que explican la concentración de riqueza y subsecuente expansión de la pobreza, destaca un sistema fiscal regresivo, con impuestos al consumo como el IVA, mientras grandes corporaciones multinacionales y élites del entorno oficial gozan de amplias exenciones fiscales. El crecimiento macroeconómico del país está fuertemente impulsado por el consumo y las remesas.
En estas condiciones, varias informaciones despertaron la atención de quienes observan el sistema salvadoreño, regido por el puño de acero del bukelato. Una de ellas se relaciona directamente con el monto en remesas que sus ciudadanos envían desde el exterior, y que representa entre el 24% y 26% del PIB del país.
En todo el año 2025, El Salvador recibió casi 10,000 millones de dólares por esa vía, mientras que, en el primer semestre de 2026, ingresaron 5,060.6 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 4,5% en comparación a igual periodo de 2025; la cifra corresponde a un aumento de 219.21 millones de dólares respecto de los 4,841,39 millones registrados en los primeros seis meses de 2025, según datos oficiales del Banco Central de Reserva.
El monto de las remesas supera a las exportaciones y al turismo como el mayor ingreso de divisas extranjeras para la economía salvadoreña. Por otra parte, más del 90% de ese dinero se utiliza para el consumo diario, pago de alimentos, vivienda, educación, salud, trasporte, o pago de servicios.
Doble drama
Son precisamente las remesas las que explican en parte que la economía altamente especulativa y muy poco productiva de El Salvador, aún no haya colapsado. Es el vínculo económico entre la diáspora y los hogares salvadoreños, que canalizan esos ingresos hacia el consumo. De allí las perspectivas doblemente dramáticas, tanto para El Salvador como para un número considerable de familias salvadoreñas residentes en EEUU, ante la posibilidad de la eliminación del TPS o Estatus de Protección Temporal.
Para la diáspora salvadoreña la incertidumbre afecta sus planes de vida. Se estima entre 170 mil y 200 mil las personas beneficiarias del TPS. Un número substancial de ellas lleva más de veinte años viviendo en Estados Unidos, ha formado familia y tiene descendencia allí. La cancelación impactaría grupos familiares, aumentando el número de afectados; una situación realmente dramática para estas personas.
Para El Salvador, la drástica caída de remesas a consecuencia del retorno de los llamados “tepesianos”, afectaría la economía nacional, elevando dramáticamente las probabilidades de crisis social, a partir del retorno masivo de ciudadanos a un país con inadecuada e insuficiente infraestructura y oportunidades para absorber semejante incremento de una población acostumbrada a estándares de vida más elevados.
La fecha límite que se esperaría para conocer una decisión de Washington al respecto es el 9 de septiembre. No es seguro que se cancelará el estatus, aunque expertos lo ven como la medida más probable de la administración. Quienes expresan esperanza de una extensión apuestan a un hecho subjetivo, las buenas relaciones y sintonía política y personal de los mandatarios de EEUU y El Salvador.
Si Donald Trump anuncia la cancelación del TPS para los salvadoreños, estos tendrán unos 60 días más de protección. Más allá de especulaciones acerca de la decisión que adoptará Washington, lo que parece quedar claro para las familias afectadas en EEUU, es el abandono por parte de su gobierno y de la representación diplomática en aquel país, que parecen desentenderse de la situación.
En un régimen que se caracteriza por el uso masivo de la propaganda en redes para promocionar hasta el mínimo gesto demagógico que pudiera elevar su popularidad, resulta estruendoso el silencio presidencial, y patéticas las escasas declaraciones de una representación en Washington que sigue evidenciando que jamás comprenderá el significado de la labor diplomática y consular.
La paradoja, para muchas de estas familias es que, en su momento, han constituido el basamento propagandístico-electoral que abrió la posibilidad de existencia del partido Nuevas Ideas (fundado originalmente en EEUU) y constituyeron la condición de posibilidad para el acceso al gobierno y la conformación del actual régimen dictatorial.
Huida hacia adelante
Mientras este drama se desarrolla, el régimen sigue pretendiendo huir hacia adelante, escudado en un manto de mentiras y propaganda dudosa. Esta vez, el sujeto a manipular fue el universo de estudiantes que aspiran a educación terciaria. Ya hace años, en el inicio de su carrera a la presidencia, el hoy usurpador, asentó buena parte de su “éxito” en promesas públicas jamás cumplidas a la Universidad de El Salvador (UES), sus autoridades, cuerpo docente y estudiantes.
Quedaron grabados en la memoria colectiva aquellos engaños de 2018, y el choque con la realidad que sufrió la UES, al no ver cumplidas las promesas y recibir, en cambio, castigos financieros que han puesto en peligro la viabilidad de la única universidad pública del país.
Con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el dictador explota las necesidades de amplios sectores populares, para anunciar becas para 50,000 estudiantes del sistema de educación pública.
La maquinaria publicitaria oficialista llenó un estadio con estudiantes, docentes, padres y madres de alumnos y circuló piezas informativas a nivel nacional e internacional.
Mientras se promueve la engañosa idea de “oportunidades para todos”, el sistema de becas propuesto será un negocio para las empresas de enseñanza privada; el gobierno deja languidecer en la asfixia financiera a la UES, presenta un deterioro estructural en educación, reducción del número de escuelas y disminución del presupuesto educativo, que pasó del 3.8% del PIB en 2019 al 3.5% en 2025.
En un estadio repleto de jóvenes obligados a asistir como requisito para poder postular a las becas prometidas, el dictador anunció también un supuesto incremento de más tres mil millones de dólares para el presupuesto de educación anual, equivalente a más del 8% del PIB.
Resulta evidente que, más allá de anuncios tan demagógicos como falsos, el problema de la educación pública no se resuelve con promesas. Se necesita inversión pública (no endeudamiento), docentes, infraestructura, programas de alimentación, alfabetización y políticas que controlen la crónica deserción escolar (en El Salvador solo el 59% de los adultos han completado su educación primaria), investigación y generación de condiciones dignas para estudiar.
Las promesas chocan con compromisos asumidos con el FMI, que no solo siguen vigentes sino que, lejos de favorecer la ampliación del gasto público, exigen su reducción, que el gobierno de El Salvador viene cumpliendo, generando despidos masivos de servidores públicos, particularmente de las carteras de Salud y Educación.
Sangría a la producción y al empleo
La dura realidad económica sigue profundizando las angustiosas condiciones materiales de vida de las familias salvadoreñas. La semana pasada, Industrias Unidas, S.A. (IUSA), empresa textil con 70 años de trayectoria en El Salvador, anunció el cierre definitivo de sus operaciones en el país.
La medida tendrá un impacto en el empleo formal. La empresa opera en un rango de entre 501 a 1,000 empleados. Fundada en 1955, produce hilos y telas, con procesos que incluyen hilatura, tejido, teñido, estampado y acabados.
La empresa logró mantenerse operativa en momentos difíciles para El Salvador, sobreviviendo a terremotos, racionamientos de energía y el conflicto armado. Opera en mercados de Centroamérica y de Estados Unidos. La compañía mantiene una estrecha relación con Japón, ya que la nipona Toyobo, posee el 92.6% de IUSA.
El sector ya ha enfrentado situaciones similares. En 2025, Fruit of the Loom anunció el cierre de una planta en El Salvador, afectando unos 1,200 empleos.
Las exportaciones de productos de maquila textil y confección pasaron de $862.8 millones en 2015 a $566.5 millones en 2024, una reducción del 34% en una década.
Más allá de anuncios propagandísticos, difícilmente realizables, la realidad objetiva de la economía nacional muestra un modelo salvadoreño en crisis, ocupando los más bajos niveles de crecimiento, desarrollo e inversión extranjera directa de la región. Eso no se borra con videos de actos masivos ni oculta el drama de un país que pierde empleos, que vive de remesas y que puede estar a punto de perderlas también.