A lo largo de la última década, la extrema derecha ha ido avanzando en América Latina y el Caribe, accediendo a sus gobiernos a través de las urnas (con no poca injerencia de EEUU y manipulación de datos, cuando no fraudes descarados). Sus líderes muestran un rasgo común en sus discursos de tono autoritario, amenazante, arrogante y pendenciero.
El discurso “manodurista” es común desde Washington hasta Buenos Aires y Santiago. Las amenazas, emitidas particularmente por quienes encabezan esos regímenes, han dejado de ser novedad; las lanzan contra todo tipo de opositores políticos, líderes sociales, trabajadores de prensa, críticos nacionales o extranjeros; lo hacen desde espacios privilegiados, medios de comunicación a su servicio o cadenas nacionales oficiales.
Al calor de las redes sociales se abrió una Caja de Pandora digital, donde todo parece permitido y nadie se hace responsable por insultos e infamias lanzadas sin sustento alguno, en particular si quienes los emiten están respaldados por el oficialismo, y apuntan sus dardos contra cualquier personaje o medio incómodo para el régimen. Pero hay ciertos actores que funcionaron como “espoletas digitales”, catalizadores que abrieron paso a una ola incesante de infamias.
Entre los pioneros aparece el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desde su primera campaña presidencial, repleta de insultos y vulgaridades que han sido la constante, se encuentre o no en ejercicio de su cargo. Aquella tendencia al insulto, la mentira y la amenaza, se fortaleció en su segunda administración.
Siguiendo aquel esquema forjado en las carreras presidenciales de EEUU y eventualmente en la Casa Blanca, diversos mandatarios y figuras de la ultraderecha en América Latina han empleado un lenguaje descalificador, de mano dura y confrontativo contra la prensa, la oposición, las instituciones democráticas y los defensores de derechos humanos. Entre los más destacados inicialmente podemos citar a:
- Jair Bolsonaro (Brasil, 2019-2022), quien utilizó expresiones frecuentes de hostilidad hacia ciertos medios de prensa , señalándolos de mentirosos y enemigos públicos. En repetidas ocasiones les ordenó «Cierren la boca» o descalificó el trabajo periodístico con expresiones vulgares. Elogió abiertamente a la dictadura militar brasileña (1964-1985) y sugirió en actos públicos que la solución para el país pasaba por una intervención drástica de las fuerzas armadas frente al Congreso o la Corte Suprema.
- Javier Milei (Argentina, 2023-presente), ha recurrido de forma sistemática a descalificativos personales e ideológicos, tildando a políticos opositores, periodistas y académicos críticos de «zurdos de mierda«, «parásitos» o integrantes de una casta corrupta que debe ser exterminada, simbólica o políticamente. El negacionismo histórico es parte de su narrativa, defendiendo a los criminales que gobernaron durante la dictadura genocida. Las amenazas contra movimientos sociales y sectores populares movilizados, se materializaron en represiones brutales contra manifestantes de la tercera edad, periodistas a los que se les disparó a la cabeza con balas de goma, entre otros incidentes de extrema gravedad, que continúan sucediendo.
- Nayib Bukele (El Salvador, 2019-presente) es, junto con Trump y Bolsonaro otro de los “adelantados” de esta estrategia de violencia verbal, amenazas, descalificaciones, todo ello justificado por un supuesto aval popular, que le daría carta blanca para hacer lo que le viniera en gana. También incorpora el negacionismo histórico, pretendiendo deslegitimar el conflicto armado (1980-1992). Durante la irrupción militar a la Asamblea Legislativa en 2020, fue famosa su frase golpista “Ahora está claro quién tiene el control” que reflejaba el uso de la fuerza pública para coaccionar a otros poderes de la república, iniciando entonces un largo y permanente proceso de militarización. Al justificar el régimen de excepción y las detenciones masivas, su retórica se ha centrado en advertir a sus críticos que los derechos individuales quedan supeditados a la «limpieza» social, desestimando los cuestionamientos de organismos internacionales sobre el debido proceso y las flagrantes violaciones a los DDHH.
Características comunes del discurso autoritario
Todos estos personajes a los que siguieron ejemplos en Ecuador, Chile, Perú, Costa Rica, Honduras, Panamá, Bolivia y Colombia, destacaron (no en todos los casos con igual enjundia) por su criminalización del adversario, etiquetando al oponente como un delincuente, un traidor a la patria o un agente del caos.
El uso instrumental de la «libertad» es otro rasgo bastante común, al reivindicar el concepto de libertad económica y personal mientras se promueve el recorte de contrapesos institucionales y el amedrentamiento a la labor de la prensa, y de la oposición política o social que no controlen.
Suelen aprovechar estos recursos para ocultar enriquecimientos a costa del Estado, utilizando socios o lucrándose de leyes ad-hoc, que favorecen inversiones ventajosas gracias al manejo de información privilegiada. El Salvador y Argentina parecen ejemplos emblemáticos de estos modelos de corrupción desbocada, que también, por cierto, es una característica del “modelo” Trump.
Otro rasgo es la reducción de los espacios de otros poderes del Estado, y la devaluación del Estado de Derecho que, en el caso de El Salvador, por ejemplo, le permite gobernar en un permanente estado de excepción, violatorio de la Constitución.
El debido proceso es letra muerta, invirtiéndose la carga de la prueba, obligando al acusado a demostrar su inocencia, mientras se producen juicios masivos, en secreto, con jueces sin rostro, y condenas prácticamente inapelables, que llevan a la muerte en prisión a un número tampoco esclarecido de prisioneros a manos del Estado, pero que según organismos de DDHH superarían los 570 fallecimientos en esas condiciones de violencia institucional y denegación de asistencia médica, así como de prohibición de visita de familiares o abogados defensores.
Promesas de mano dura
Aunque las tasas de homicidios han disminuido en términos generales en toda América Latina en comparación con hace una década, los extremistas de derecha ganaron voluntades con la promesa de mano dura contra la delincuencia y la inmigración.
En cada uno de los países donde la derecha avanza aparecen los “Bukele locales” diciendo “¿Quieres sentirte mejor? Nosotros nos encargamos’”. Así hizo Kast en Chile con su discurso antiinmigrante y de seguridad, en un país con una de las tasas más bajas de criminalidad del hemisferio (6 por cada 100,000 habitantes).
Inspirándose en la dictadura salvadoreña, cuya megacárcel visitó durante la campaña, derrotó con holgura a su rival en diciembre, con promesas de construir un enorme muro fronterizo, endurecer las condiciones carcelarias para miembros de pandillas y deportar a cientos de miles de migrantes sin permisos legales.
En Colombia, donde amplias zonas del campo se han visto sumidas de nuevo en el conflicto, el empresario proTrump Abelardo de la Espriella, pese a sus relaciones con el crimen organizado, del que fue defensor legal en más de un caso, ganó las elecciones con un discurso agresivo y violento, mientras sigue el ejemplo (y hasta la apariencia) del autócrata salvadoreño. Cierto es también que la elección tuvo innumerables irregularidades, fraudes denunciados, tanto dentro como fuera de Colombia, que junto con la injerencia de Donald Trump constituyeron factores determinantes del resultado.
En Perú, donde la extorsión se ha multiplicado por cinco en los últimos cinco años, Keiko Fujimori ganó la elección en medio de reclamos airados de fraude por parte de amplios sectores políticos y sociales del país. Ganó con una campaña de ley y orden, prometiendo desplegar militares en las cárceles y las fronteras, mientras se apoya en el legado autoritario de su padre, el difunto expresidente Alberto Fujimori.
Los costarricenses eligieron en febrero a la conservadora Laura Fernández y su promesa de mano dura contra la delincuencia. El empresario hondureño Nasry Asfura arrasó en los comicios de diciembre tras recibir el respaldo de Trump, a pesar de innumerables denuncias de manipulación de resultados.
Un modelo irreplicable
Las ambiciones de los políticos elegidos recientemente, sin embargo, han chocado con las exigencias prácticas de gobernar sistemas en crisis y con escasez de recursos, como Ecuador y Chile. No se parecen en nada a un país pequeño como El Salvador y su gobierno de super mayoría legislativa.
Las promesas del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en su campaña de 2023 incluían encerrar a líderes de pandillas en barcazas y construir megacárceles.Tras asumir el cargo, abandonó la propuesta de prisiones flotantes, y su gobierno tardó hasta noviembre en abrir la primera megacárcel. Hoy abre las puertas a mercenarios estadounidenses para sus campañas de seguridad interna.
Desde el inicio del mandato de Kast, las encuestas muestran una población escéptica, que no ve diferencias entre su ofensiva de seguridad y la de su predecesor. Su gobierno ha deportado 1,270 personas, aunque prometió detener y expulsar de inmediato a más de 300.000 inmigrantes sin estatus legal en Chile.
Detrás de los discursos agresivos y amenazantes, y de acciones que desmontan institucionalidades demoliberales, facilitando la penetración neocolonial, el telón de fondo es la imposibilidad objetiva de seguir gestionando un sistema político en crisis permanente sin recurrir a fórmulas cada vez más coercitivas y de menor consenso, en Estados con burguesías vasallas del imperio y oligarquías transnacionales cuyo fin es el despojo.
En esas condiciones, estos gobernantes de extrema derecha empiezan a ser conscientes que no tienen otra alternativa que aferrarse al poder por los medios que sea, constituyendo formas de dictaduras disfrazadas de democracia, vacías de cualquier contenido que recuerde remotamente la lógica liberal en que se originaron.
¿Por qué deben aferrarse al poder de esa manera, particularmente aquellos que más abusos de poder demuestran? Porque la crisis lo impide, y las condiciones de posibilidad de su permanencia para evitar responsabilidades legales por sus acciones, radica en las vías autoritarias. No se trata únicamente de las máximas figuras en el poder sino de su entorno, enquistado en el mismo.
Así, el dilema para esta nueva camada de pequeños dictadores al servicio de Washington, se centra en dos opciones: Poder o prisión. Saben que el día que pierdan el poder -y lo perderán, en la medida que se aceleren las condiciones para las crisis sociales, los levantamientos populares y el renacer del sentimiento antiimperialista y soberano de nuestros pueblos- solo les aguardará la cárcel.
Una vez huérfanos del poder ilegítimo e ilegal que se forjaron, y abandonados, como lo serán probablemente, por sus padrinos imperiales, a estos pequeños y arrogantes dictadores subdesarrollados, que hoy se sienten inmortales, les quedará la prisión, a donde los pueblos, tarde o temprano, los condenará para que paguen por fin, por sus delitos, que tantas vidas inocentes han costado.