Mientras en Brasil, más de 150 millones de personas atraían la atención de una parte importante del mundo, al protagonizar una batalla que poía ser decisiva para mucho más que un país, en otro espacio nuestroamericano, no muy lejos del gigante verde, se desarrollaba un drama que, de algún modo, lo involucra.
Si algo ha caracterizado los últimos procesos electorales en América Latina y el Caribe ha sido la grosera intervención de EEUU, en conjunción con las extremas derechas locales, imponiendo su voluntad, a través de la manipulación de datos y el fraude tecnológico.
Mientras las grandes corporaciones del llamado tecnofascismo centraban sus poderosos aparatos de manipulación algorítmica para reducir las posibilidades de Lula y promover las de Bolsonaro, uno de los lugares desde donde se operó, en parte, este tipo de maniobras sucias contra varios países, ocupaba el dudoso honor de haber albergado a uno de los delincuentes electorales más destacados de la extrema derecha, Fernando Cerimedo.
Cuando un fiscal boliviano llevó a cabo investigaciones que involucraban a Cerimedo con un atentado femenicida, lavado de dinero, narcotráfico y manipulación electrónica electoral en varios países de la región, empezó a quedar al descubierto una trama que superaba todo lo conocido desde los días de Cambridge Analytica y Steve Bannon, implicando directamente a la Casa Blanca, la DEA, el Departamento de Estado, y el criminal y poderoso lobby cubano-americano.
Esta semana, en una acción inaudita, la policía boliviana capturó al fiscal general y ocupó el ministerio público. El gobierno, por su parte, desestima el camino de relevo institucional del fiscal titular, dejando expuestas maniobras y conexiones de carácter continental, que fortalecen tramas injerencistas destinadas a imponer piezas clave al servicio de políticas extremistas en los gobiernos de la región.
El “modelo” Bukele en Bolivia.
Todo inició con el anuncio del retiro de autorización para entrar a los EEUU contra el fiscal general Roger Mariaca, a cargo del caso Cerimedo, y culmina con su virtual secuestro, aplaudido de inmediato desde el Departamento de Estado, con Marco Rubio a la cabeza. No se aclara aún el grado de participación de la DEA o de alguna otra agencia de EEUU en esta típica operación de Lawfare, que bien puede terminar con el acusado libre y, como ya sucede, con quien incomodó a poderes imperiales, entre rejas.
En simultáneo con la detención del fiscal general, policías encapuchados detuvieron a todos los miembros que se encontraban en la fiscalía a su llegada. Esta actitud levantó sospechas acerca de una posible operación para borrar pruebas incriminatorias. Ahora buscan nombrar a un fiscal que pueda trabajar para ellos y no incrimine ni a la DEA ni a miembros del gobierno.
El operativo recuerda otros, registrados en los años 2020 y 2021 en El Salvador, cuando las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), comenzaron a estudiar los lazos del gobierno de Nayib Bukele y su familia, con casos de corrupción y de negociaciones con pandillas, a las que luego persiguió. El freno a la operación se completó con la persecución de los investigadores, muchos de los cuales se exiliaron para proteger su vida y su libertad.
Posteriormente, se designó inconstitucionalmente a un nuevo fiscal y una nueva Corte Suprema, esta vez a su servicio. De manera que la actual maniobra en Bolivia no resulta algo nuevo.
Poco a poco se va demostrando el alto nivel de coordinación, aprendizaje y aplicación de técnicas, de país a país, que sirven para imponer la voluntad de estos grupos de ultraderecha en el poder, pasando por encima de todo tipo de institucionalidad, y sin importar, en ningún caso, la voluntad popular.
De norte a sur del continente, lo que sirve en un lugar tiene potencial utilidad en otra parte. Lo mismo sucedió con el régimen de excepción permanente como forma de gobierno. Extremadamente exitoso en El Salvador para el control social y la persecución, bajo la excusa de combate al crimen organizado en pandillas, resultó, sin embargo, insuficiente en el caso de Ecuador, cuando el Presidente Noboa pretendió cercenar el derecho a manifestarse a poblaciones indígenas en varias provincias, pero las cortes de justicia frenaron las decisiones ejecutivas.
En la medida que prevalezcan los frenos institucionales que limitan el poder autocrático y dictatorial de un gobernante, los excesos pueden evitarse.
¿Qué pasó en El Salvador? Que antes de imponer el régimen de excepción, la dictadura había aniquilado la independencia del poder judicial y designado Cortes a la medida de las necesidades del poder. Así, al momento de imponer normas restricitivas de derechos constitucionales, el gobierno no tenía enfrente un poder judicial cohesionado e independiente.
El poder de la fuerza más que la fuerza del derecho. Latinobarómetro 2026: El Salvador, ¿la dictadura perfecta?
Acaba de publicarse el “Informe Latinobarómetro 2026”, la publicación de carácter liberal que mide, desde hace 30 años, el nivel de satisfacción o insatisfacción de la población de América Latina respecto de la democracia, sus gobiernos y las relaciones con el Estado.
Un esfuerzo por intentar valorar en qué medida aquello que el estudio denomina “democracia”, en el sentido liberal burgués parlamentario representativo, refleja hoy las necesidades de las grandes mayorías, o no. El trabajo intenta de algún modo explicar las razones de la crisis del modelo.
Según este reciente estudio, El Salvador es el país de América Latina que ha registrado el más bajo apoyo a la democracia desde que se mide en 1995. La violencia y el crimen organizado habían minado la credibilidad del sistema democrático en un país donde la democracia era apoyada por el 68% de los ciudadanos en 2009, cuando -destaca el estudio- todos los países de la región vivían en democracia:
“La elección de Nayib Bukele, el 3 de febrero de 2019 se produce en un momento en que en El Salvador al 54% de la población le “daba lo mismo” la democracia.”
Pero en ese mismo estudio se refleja una paradoja incómoda y, ciertamente dificil de explicar. Ese pueblo salvadoreño, que figura entre los menos satisfechos con la democracia y que, en última instancia, afirma que le da lo mismo vivir bajo un modelo autoritario, o en uno más o menos democrático, muestra una supuesta satisfacción absoluta con la gestión del Estado por parte de esa dictadura -así define Latinobarómetro al gobierno de El Salvador.
“El Salvador es el único país donde la mayoría de la población está muy satisfecha con las cuatro instituciones medidas.” (policía, sistema judicial, salud pública y educación)
“Los latinoamericanos desconfían profundamente de cómo se gastan sus impuestos. En promedio un 78% desconfía de que los impuestos serán bien gastados. El único país que tiene una cifra de descontento inferior al 50% es El Salvador con 44%. En ocho países de la región más del 80% no tiene confianza en que el dinero de los impuestos será bien gastado por el Estado”.
Si algo destaca del parlamento salvadoreño es su ausencia de debate, su dependencia absoluta del Ejecutivo y su incapacidad. Sin embargo, el informe citado señala que el país que más se siente representado por el parlamento es El Salvador, pero solo alcanza el 35%.
Hallazgos como los de Latinobarómetro en su última edición, resultan dificil de explicar si no se consideraban dos factores de enorme importancia, el miedo y la propaganda. No parece haber otra explicación a las respuestas de una sociedad sometida desde hace cuatro años a un régimen de excepción permanente, que cercena derechos constitucionales y aplica políticas que inhiben y amenazan la organización popular, la lucha contra la privatización de la salud, por el derecho a una educación digna y accesible para todos, que denuncie los abusos policiales y la negación de justicia a partir de un sistema judicial controlado, arbitrario y clasista.
El mundo artificial, creado por la maquinaria propagandística del bukelato, es una ficción que, no por irreal, deja de influir a través de la reiteración permanente de una narrativa deteminada, sobre la opinión ciudadana.
Frente a una ciudadanía que ha sido descrita por el Latinobarómetro en ediciones anteriores, como la más propensa del continente a aceptar el autoritarismo, si con ello se le garantiza seguridad frente al crimen organizado, el último informe, en realidad, no hace más que ratificar ese hecho, y el pilar sobre el que pivota toda dictadura, el miedo.
Esa misma distorción entre realidad y ficción parece mostrar el recién presentado Presupuesto General de la Nación, El Salvador 2027. La propaganda oficial habla de una reducción del presupuesto de Defensa y de Seguridad, cada uno en unos 40 millones de dólares, que el discurso oficial dice que serán destinados al rubro de educación.
La propuesta de Hacienda de reducir las asignaciones a los ramos de Seguridad y Defensa plantea un presupuesto de $997.2 millones en 2027. De aprobarse, éste seguiría siendo mayor a los aprobados en 2024 y 2025.
Mientras tanto, la realidad de escuelas en condiciones deplorables, los servicios de salud desmantelados, como preámbulo a la privatización del sistema, no hace sino volvernos a la cruda realidad de los acuerdos con el FMI, que -con ciertas reservas- dio el visto bueno para nuevos desembolsos que el gobierno necesitaba deseperadamente.
Las pensiones siguen bajo amenaza mientras las políticas de ajuste dictadas desde el FMI continúan ejecutándose; la crisis de subsistencia para las familias salvadoreñas sigue inalterable; una realidad que no cambiará ni la propaganda oficial, ni el nuevo presupuesto 2027, que se debate estos dias en la Asamblea Legislativa.
A segunda vuelta en Brasil
Al cierre de estas notas quedaron en firme los resultados de la primera vuelta en Brasil. Como se esperaba, Lula y Bolsonaro se enfrentarán en una segunda vuelta, pero los resultados son inversos a lo que parecian indicar las encuestas. Como en Colombia, la derecha y su candidato quedaron arriba.
Da la impresión que el algoritmo y sus manipulaciones lograron su primer objetivo. El 25 de octubre, en la segunda vuelta, la derecha espera no solo cuajar el fraude digital, sino legitimarlo a través de una narrativa que coloque como “de sentido común” que, quien logró el mejor resultado en primera vuelta gane “naturalmente” en la segunda.
Es la hora de la solidaridad y el apoyo a los sectores populares y de avanzada en la disputa electoral. A nivel de calle, ya se sabe que hubo 30 millones de abstenciones y votos nulos en Brasil. Serán, sin duda, el objeto de deseo de ambas fuerzas en la contienda.