A qué nos enfrentamos en El Salvador y en América Latina*

Con el retorno de la derecha al Ejecutivo en El Salvador en junio de 2019, el país ha entrado en un acelerado camino hacia formas claras de autoritarismo, populismo extremo y un abierto desafío a las construcciones de convivencia democrática pacífica que imperaron desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1992.

Las medidas del actual gobierno se basan en un acentuado discurso de odio y resentimiento que recuerda los estándares violentos sobre los que nacieron, crecieron y se impusieron los regímenes fascistas en diferentes momentos de la historia de la humanidad. Podemos sumar a esto el carácter social de los componentes del gabinete y del círculo de extrema confianza del presidente, caracterizado por un marcado nepotismo. Entre ellos encontramos lo que podemos socialmente definir como lúmpenes, personajes muy relacionados con actividades delictivas, con tiempo de prisión cumplido por delitos comunes, con acusaciones de proxenetismo, narcotráfico, contrabando de mercancías y personas, violencia, uso indebido de armas de fuego, etc., etc. Rasgos comunes a aquellos sobre los que se asentaron regímenes fascistas en diversos momentos de la historia de la humanidad.

El proceso que vive El Salvador no parece alejado de varios otros similares en el continente. Por eso creemos que su análisis y su contextualización regional puede contribuir a que se puedan evitar en otros países a la vez que sirvan para derrotar estos desafíos en aquellos lugares donde las grandes multinacionales imperiales pretenden imponer un modelo de dominación profundamente reaccionario, represivo y regresivo.

Desde el último encuentro en este seminario internacional en Ciudad de México, hemos estado observando con atención una serie de elementos que, estudiados de conjunto, con una mirada continental y desde el punto de vista de los pueblos nuestro-americanos, nos permite trazar, intuir y detectar puntos en común, no solo de nuestras luchas, sino en particular de las agresiones a que estamos siendo sometidos como parte de una sola y única estrategia global de dominación, con adecuaciones tácticas por país o región. Con esos datos aún preliminares que buscan echar algo de luz sobre aspectos que el imperialismo y sus agentes locales prefieren mantener lo más oscuro posible, hemos construido un pequeño listado de elementos para intentar ordenar nuestros propios análisis en la búsqueda de respuestas efectivas ante agresiones imperiales de carácter masivo:

1. Persecución política a la izquierda, sus líderes y militantes con el objetivo de eliminarlos/neutralizarlos como jugadores relevantes en la política nacional y regional.
2. Desprestigio previo para justificar la persecución judicial y eventual ilegalización
3. Fuertes corrientes golpistas para desestabilizar e imponer condiciones a la sociedad civil
4. Alianzas inter-burguesas contra las fuerzas de izquierda, superando provisionalmente sus contradicciones (caso Bolivia, Brasil, hasta cierto punto El Salvador, e incluso México contra el gobierno de AMLO)
5. Desprestigio de organismos de control como el parlamento, órganos de justicia, etc.
6. Unificación de mensajes mediante imágenes de fuerza y poder en los medios. Cerrar o controlar en lo posible los espacios de expresión de la oposición (por vía de asfixia financiera o judicialización)
7. Mensajes de odio hacia los partidos de izquierda, previos gobiernos progresistas, figuras de izquierda, etc.
8. Negacionismo histórico (considerar los acuerdos de paz superados o sin valor, negar las luchas populares históricas, la construcción institucional, borrar de hecho la memoria histórica, etc.)
9. Reduccionismo institucional: todo se centra en el presidente, y los demás órganos obstruyen el avance de sus políticas.
10. Profundización de lazos de dependencia con Washington y su política exterior regional

Podemos afirmar que enfrentamos a nivel continental una profundización en la implementación de la estrategia de dominación de espectro completo[1], en la cual la aplicación de Lawfare, pero también la gradual militarización[2], se deben observar como componentes de un mosaico más amplio.

Superadas las dictaduras de la segunda mitad del siglo pasado, con el posterior ingreso a un periodo en el cual predominaron formas democráticas de gobierno gracias al acumulado de luchas populares que dieron lugar a los procesos iniciados con el proyecto Bolivariano liderado por el Comandante Hugo Chávez, las clases dominantes retornan al recurso de la represión en América Latina, de manera creciente en los últimos años, sin que en todos los casos haya resultado exitoso. Por ejemplo, la represión, asesinato y encarcelamiento de dirigentes políticos y sociales no impidió la derrota electoral del macrismo en Argentina.

En El Salvador se han venido estableciendo las condiciones apropiadas para implementar medidas represivas a gran escala cuando llegue el momento y la necesidad para poder imponer con fuerza una línea de profundización neoliberal, reversión de medidas distributivas y de beneficio social implementadas en los dos gobiernos del FMLN, y privatización de espacios estatales, sobre todo por medio de la figura de los asocios público-privados (escuelas, servicios de salud, mantenimiento y construcción de carreteras e infraestructura, agua y otros recursos naturales).

A su vez, en el plano geopolítico regional, desde el triángulo norte de Centroamérica controlado por agentes locales al servicio de los intereses de EEUU, éste parece buscar construir un muro (imaginario pero efectivo) de contención o primer filtro previo a los que mantiene en México y en EEUU, como parte de las estrategias de dominación y recuperación de “territorios perdidos”, control efectivo de flujos poblaciones y mercancías (en ambos sentidos), etc. Todo ello en el marco más amplio de su estrategia de agresión y dominación contra Nicaragua y Venezuela, condición necesaria para cualquier opción imperial de aventura guerrerista frente a Cuba.

En este marco, El Salvador dominado y subordinado a los intereses estadounidenses cobra relevancia geoestratégica, tanto para la movilidad de tropas y equipos como para la gestión y control de narcotráfico a gran escala, así como para los planes de agresión contra Nicaragua (primordialmente) y Venezuela (eventualmente)

Hay que constatar las contradicciones al interior del mismo bando imperial. Es en ese marco que debe interpretarse, por ejemplo, la declaración de la ex embajadora demócrata Mari Carmen Aponte condenando el golpe del 9F de Bukele. Previsiblemente, estas contradicciones no se resolverán antes de noviembre, y pueden condicionar el accionar del presidente de El Salvador.

9F ¿golpe de timón o primer intento de dictadura neofascista?

El golpe de Estado del 9F, representado en la toma ilegal de la Asamblea Legislativa por el presidente de la República, utilizando para ello personal militar y policial, encontró en el FMLN un partido sólido. Tanto que fue el único instituto político con representación parlamentaria en cuyas filas no hubo ni un diputado/a cómplice de la maniobra del 9F.

El FMLN salió fortalecido a través de un discurso que resultó motivador para la militancia, ávida de una señal, de un llamado de su dirección a las bases en clave de disputa, de lucha, de confrontación frente a un proyecto abiertamente derechista, populista, manipulador y orientado con todo el peso y poder que le da el Ejecutivo a destruir a la única fuerza de izquierda revolucionaria en el país.

La destrucción del FMLN (no solo electoral, sino sobre todo estructural, es decir, su expulsión del sistema) es condición necesaria para:

1. consolidar planes de dominación imperial regional, incluyendo las fuerzas armadas locales como apoyo logístico en una hipotética intervención en Nicaragua, o cualquier tipo de apoyo logístico y político contra Venezuela, incluyendo reconocimiento político diplomático a los agentes del imperio, como el que ya ha demostrado la actual administración.
2. Consolidar una opción real de ruptura del sistema establecido desde los acuerdos de paz hacia una reforma constitucional que permita alterar radicalmente la correlación de fuerzas, favoreciendo abiertamente a los grandes grupos de poder económico local y sus socios internacionales. Esto incluiría la posibilidad real de cerrar portillos de penetración de fuerzas de izquierda revolucionaria al sistema (cambiar las reglas, y si es necesario cambiar también el juego).

En los hechos, estamos hablando de golpe, pero posiblemente de un tipo de golpe con apariencia de incruento. Solo apariencia porque no hay golpe ni insurrección o levantamiento posible contra los intereses del pueblo trabajador que se pueda desarrollar sin resistencia popular, por lo tanto sin represión contra las fuerzas revolucionarias. No se decapita un partido revolucionario sin una afilada guillotina.

Los elementos que va mostrando la dinámica de la lucha de clases en El Salvador y su contextualización regional nos indican que los caminos hacia formas crecientes de confrontación se amplían, y que es necesario preparar nuestras fuerzas para el momento que del discurso incendiario se pase a las acciones represivas de hecho.

En todo este periodo nos toca a los revolucionarios prepararnos para ese escenario de lucha, que puede adoptar múltiples formas con especial énfasis en lo social y la lucha de calles, pero al mismo tiempo mantenernos como firmes defensores de la soberanía popular, que incluye el libre ejercicio democrático, la vigencia de las libertades, el respeto a la constitución vigente, es decir la defensa de la institucionalidad en tanto garante de los avances sociales alcanzados. De manera que a esta defensa se vayan sumando con energía más y más sectores sociales que sientan su seguridad y su situación en general afectada negativamente por maniobras golpistas y populistas.

No ayudará a rebajar los niveles de la crisis política la incapacidad del gobierno para manejar la economía del país mas allá del marketing comercial sin contenido concreto. Por eso no crece el PIB de El Salvador, ni mayores inversionistas parecen querer arriesgarse ante un grupo de volátiles personajes en situación de poder, que resultan en muchos casos francamente impredecibles.

Si algo caracteriza al capital es su cobardía. Lo impredecible es sinónimo de NO Inversión, y en otros casos, de huida de capitales.

El camino hacia la confrontación

En este escenario, El Salvador parece abocarse más o menos aceleradamente hacia diversas grados de confrontación. Las fuerzas se van alineando en uno u otro lado de esta especie de imaginaria “línea Maginot”, entre dos bloques antagónicos.

Por un lado, una burguesía ascendente de origen palestino, con capitales procedentes tanto de EEUU como de Medio Oriente (Arabia Saudita, Qatar, inclusive de Israel), con necesidad de garantizar una correlación de fuerzas a su favor en las pugnas inter-burguesas a nivel nacional y regional. Su plan de reflotamiento del modelo neoliberal requiere una nueva oleada de privatizaciones y adecuaciones para la entrada de capitales asociados en condiciones muy favorables. Para lograrlo necesita garantizar su hegemonía, esto es someter o cooptar a la oligarquía local y a sectores burgueses asociados a ésta, en especial dedicados a la especulación financiera; este dominio hegemónico requiere un control efectivo de otros órganos de Estado, como el legislativo.

Políticamente la expresión de estas luchas se refleja en la intención de Bukele y su partido Nuevas Ideas, junto con sectores de GANA, de atraer, absorber, neutralizar o, en su caso, eliminar las expresiones políticas de sus adversarios en la derecha, en especial ARENA pero también PCN y PDC.

Para hacerlo, y al mismo tiempo controlar la previsible resistencia popular a medidas privatizadoras y de hambre para el pueblo, requerirá un fuerte respaldo del estamento policial y militar puesto en función de la represión interna a la oposición popular organizada.

Claros caminos hacia formas de dominación dictatoriales de carácter fascista, con un “enemigo interno” definido (movimiento revolucionario, partidos políticos de oposición y movimiento popular organizado, iglesias populares, comunidad de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales de carácter popular, sindicatos, cooperativas, estudiantes, academia, medios/trabajadores de prensa no afines o que no se dejan comprar, etc.), al que la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada debería combatir (lo cual dejaría sin efecto elementos sustanciales en materia de restricción de funciones del estamento militar establecidas en los Acuerdos de Paz de 1992).

El otro bloque lo constituyen los sectores populares que resisten de manera gradual pero creciente el orquestado control autoritario del Estado. Después de un muy breve periodo de “encantamiento” entre sectores populares y Nayib Bukele, el deterioro de esa relación empezó a hacerse más evidente, en primer lugar entre sectores de intelectuales, académicos, grupos sociales de ingresos medios y medio-altos, profesionales independientes, etc., que desde el mismo discurso de toma de posesión presidencial empezaron a cuestionar el significado y alcances de la “medicina amarga” anunciada por el presidente Bukele, hasta comenzar a cuestionar una serie de incumplimientos a sus promesas de campaña y un estilo cada vez mas excluyente y confrontativo.

En tanto, sectores con bajos niveles de educación formal, un amplio espectro de trabajadores informales y en general sectores de bajos recursos, continúan aceptando el discurso anti-políticos, de ataque a los diputados en fin, el discurso de odio contra todo lo que no sea apoyo incondicional a Bukele.

Los eventos del 9F constituyen un hito, un momento señalado que rompió los mitos creados publicitariamente en el exterior acerca del gobierno, y contribuyó en El Salvador a apartar otro contingente de seguidores proveniente probablemente de círculos y sectores de izquierda, incluidos ex militantes, afiliados o simpatizantes del FMLN. Aquellos espasmos golpistas no parecen haber contado con la bendición de poderosos sectores burgueses y oligárquicos, nucleados mayoritariamente en torno a la central empresarial ANEP, que hasta el 9F habían mantenido junto a otros grandes grupos económicos locales una actitud de apoyo tácito, ocasionalmente explícito, muy poco crítico hacia el gobierno.

Para imponer su programa económico y político el oficialismo requiere de un sistema altamente autoritario y de gran concentración de poder. Es decir, requiere pasar por encima de las instituciones, y eventualmente construir un Estado a su medida, con una nueva Constitución, o una profunda reforma de la Carta Magna (casi impensable siguiendo los caminos establecidos constitucionalmente en la actualidad). Esto también representa un giro radical frente a lo establecido en los Acuerdos de Paz de 1992, y el sistema político que prohíbe la existencia de un partido único, además de una Constitución que contempla una muy clara separación de poderes.

El recurso bonapartista empieza a manifestarse en un discurso que pretende renegar del sistema de partidos, de conceptos como “izquierda –derecha”, para afirmar en la psicología popular que un solo ser mesiánico es capaz, con su sabiduría, de representar los intereses de la sociedad en su conjunto, supuestamente velando por todos sin distinción, aunque inexorablemente favoreciendo en los hechos a la clase dominante.

Es en “El 18 Brumario de Luis Bonaparte” (1852), donde Marx analiza el golpe de estado de Luis Napoleón Bonaparte, y comprende que la autonomía del poder bonapartista con relación a la burguesía dominante es pura apariencia, pues el contenido concreto de la política ejecutada por tal poder, coincide con los intereses económicos sustanciales de la clase dominante.

El Bonapartismo suele ser históricamente precursor del fascismo. Por estas razones no es gratuito ni superficial la caracterización adecuada del periodo en un país concreto. En este caso, El Salvador, pero sin dejar de echar una extensa mirada al resto del continente, donde estas corrientes parecen también consolidarse. El caso de Bolsonaro y sus aventuras hacia el desmontaje de las estructuras del Estado deberían ser una alarma lo suficientemente poderosa para alertarnos en el resto de Nuestra América.

Ante esta situación las fuerzas progresistas y revolucionarias habrán de nuclearse en torno a la defensa de la institucionalidad en tanto garante del Estado de Derecho y de las garantías sociales y políticas que conlleva.

Esa defensa de la institucionalidad debe ser factor clave para que cada vez más sectores democráticos de la sociedad huyan de la incertidumbre y el miedo que genera la posible instauración de un régimen fascista, sumándose así a un frente popular antifascista y antiimperialista (de facto, no de nombre) que al defender derechos y libertades (laborales, sindicales, de organización, de expresión, soberanía nacional, etc., etc.), supondrá nuevos niveles de organización popular, amplias tareas de educación y politización de una sociedad que, evidentemente, parece carecer en este momento de los elementos de educación política suficientes para impedir el avance en nuestras sociedades de peligrosas y muy atrasadas ideas ultraderechistas.

Allí también cabe la profunda autocrítica del FMLN por no haber logrado implementar en diez años de gobierno adecuadas formas de educación popular, concientización y politización de las masas populares. Hoy tenemos una segunda oportunidad (esta vez desde el llano, desde el territorio) y no es el caso de dejarla pasar.

Sin embargo, al mirar el panorama continental encontramos el mismo fenómeno de masas sometidas como víctimas indefensas a la manipulación de la realidad por medio de poderosos aparatos mediáticos virtuales y alternativos (RRSS), que alimentan a su vez a los medios tradicionales, los cuales siguen sirviendo a los grandes sectores burgueses u oligárquicos dominantes. Las excepciones son escasas (Cuba, Nicaragua, Venezuela y poco más).

Lawfare

La manipulación de masas por medio de la construcción de verdades paralelas, es decir mentiras disfrazadas de verdades, forman parte del conjunto de acciones bélicas de dominación imperial, enmarcadas en las hipótesis de conflictos de nuevo tipo. Y dentro de ello, como lo explica Silvina Romano en el libro Lawfare[3]:

Las derechas de nuestra región, pero también de otras regiones del mundo, han adoptado en los últimos años el llamado Lawfare como mecanismo predilecto para derrotar gobiernos populares y atacar a sus dirigentes, con el objetivo de quitarlos del gobierno, encarcelarlos o por lo menos desprestigiarlos cruelmente. Y en esta guerra hacen uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba.  

 El lawfare (o guerra jurídica) opera por medio de un aparato judicial que amplia el margen de maniobra y poder para los jueces, en detrimento de la pérdida de equilibrio entre poderes. Así el poder judicial se constituye en algo muy parecido a una estructura partidaria, que podemos denominar el Partido Judicial, reemplaza y amputa las instancias representativas y deliberativas de la democracia, otorgando rol protagónico a los tribunales. En este marco, se hace evidente el doble rasero de la ley, puesto que algunos casos se presentan como más escandalosos que otros, en virtud de la coyuntura e intereses políticos en pugna (alejándose de la “imparcialidad” y el “apoliticismo” con el que intenta asociarse la aplicación de la ley).

Se busca la eliminación y desmoralización del adversario político. Este objetivo se concreta especialmente en el plano de la opinión pública. La desmoralización se orienta a eliminar al adversario de la esfera política formal; esto se consigue con una variedad de opciones, desde el procesamiento judicial y el linchamiento mediático, hasta la cárcel y la ruina económica (son procesos jurídicos extendidos en el tiempo, de altos costes, que deben cubrir los ex funcionarios). (Tomado de Silvina M. Romano, Lawfare).

Para este método de persecución política por vía judicial, se necesita:

• Una justicia cómplice,
• Medios de comunicación que trabajen en concordancia con el objetivo de atacar y destruir a las expresiones populares, y
• políticos que participen en el ataque para capitalizar los resultados de derrocar, inhabilitar y desprestigiar a las representaciones populares que se enfrentan a los intereses de los grandes grupos económicos.

 El Poder Judicial en nuestros países se ha convertido en los últimos años en un potente espacio desde donde se despliegan, casi sin límites, estrategias de desestabilización y persecución política, hasta colocarse muy lejos del principio republicano burgués del equilibrio de poderes.

El llamado Poder Judicial, es el único que no deriva de la voluntad popular sino de complejos mecanismos de designaciones políticas y concursos, dependiendo de cada país, sumado a privilegios que los demás poderes no tienen (por ejemplo, en El Salvador, se les garantiza el 6% del presupuesto general de la Nación, que asegura a ese órgano una absoluta autonomía y discrecionalidad casi ilimitada). Esto le permite operar políticamente bajo un manto de institucionalidad.

Uno de los argumentos más frecuentes utilizados como parte de las luchas contra las estructuras progresistas o de izquierda, es la corrupción (por cierto, una bandera histórica de la izquierda y de las fuerzas populares). Se sostiene que debe ser extirpada del Estado apelando a las “buenas prácticas” del sector privado (eficiencia y transparencia) para desplazar la “lógica” de lo público, asociada al derroche y a la mala gestión de “los políticos”, apostando a la formación de técnicos apolíticos.

El discurso de la corrupción ha sido el terreno fértil en el que proliferaron las causas contra funcionarios de Gobierno. En los últimos diez años, los llamados tanques de pensamiento estadounidenses junto con los principales medios de prensa de ese país contribuyeron a instalar la corrupción y la inseguridad como los dos problemas principales para América Latina.

En realidad, al aterrizar en el caso específico de El Salvador comprobamos que lo local adquiere carácter global cuando se trata de mensajes hábilmente difundidos desde centros de generación de pensamiento en EEUU y otras potencias imperiales. Veamos:

El discurso de “gobiernos del FMLN corruptos”, de la conformación de una “oligarquía roja”, o la letanía de “se olvidaron del pueblo”, adquirió carácter de “verdad” al tener un fuerte impacto en la opinión pública. Desde las corrientes de la derecha que hoy gobierna El Salvador, se utilizó esa simplista visión, repetida ad-nauseam por los medios de prensa, las redes sociales y el discurso del candidato para convertirla en un mantra innegable.

Ese discurso es promovido desde la derecha y hasta desde algunos sectores de la izquierda, que atribuyen el aumento de la inseguridad y la corrupción a las políticas implementadas por los gobiernos progresistas (advirtiendo que utilizaron a los sectores populares para obtener votos, que se enriquecieron y luego los abandonaron a su suerte, etc., etc., etc.). Estos sectores, suelen tener relaciones o vínculos directos con tanques de pensamiento, fundaciones, ONGs, organismos internacionales, etc., del gobierno y sector privado de EE. UU. (por vía de la financiación) o indirectos (por compartir eventos, espacios institucionales, periodísticos, académicos, etc.).

En el caso de El Salvador, ese guión se llevó a cabo casi a la perfección siguiendo el manual, mientras la izquierda revolucionaria demoró demasiado tiempo en reaccionar adecuadamente ante estas agresiones (especialmente ante la ofensiva liderada por la anterior Sala de lo Constitucional de la CSJ y el accionar de varios fiscales generales, incluido el actual), en muchos casos esa lentitud, vacilación o tibieza en la respuesta fue producto de sus propias contradicciones, debilidades o temores.

Lo cierto es que gradualmente los funcionarios y cuadros destacados en gobiernos del FMLN, o en el partido, están siendo sujeto de persecución evidente. En estos casos, para la persecución lo menos relevante son los hechos, las pruebas, lo esencial es que la investigación, la acusación, etc., llegue rápidamente a los medios y a las redes sociales, para garantizar la condena mediática que pueda asegurar la muerte civil. Logrado esto, la condena judicial puede incluso carecer de relevancia.

Esquemáticamente, esto funciona como una maquinaria con engranajes precisos:

• Políticos de derecha que denuncian corrupción (del gobierno progresista o de izquierda);
• medios que se “hacen eco” de la denuncia;
• políticos y medios que exigen celeridad a la justicia;
• mecanismos del poder judicial que “disciplinan” o excluyen a los jueces que pudieran demostrar independencia de criterio[4];
• magistrados que condenan sin pruebas y encarcelan sin el debido proceso.

Eso es lo que vivimos a diario en América Latina. De esta forma se destituyó a Manuel Zelaya en Honduras, a Fernando Lugo en Paraguay, a Dilma Rousseff en Brasil, se encarceló a Lula y al vicepresidente de Ecuador Jorge Glas, a la activista indígena y diputada argentina al Parlasur, Milagro Sala, al ex vicepresidente de Cristina Fernández, Amado Boudou, el ex ministro de Planificación del mismo gobierno Julio De Vido y a centenares de luchadores a lo largo y ancho del continente, incluyendo El Salvador.

Cuando en el mundo se habla de países, gobiernos o partidos sometidos a la agresión conocida como Lawfare, se suele pensar en Brasil, Ecuador, o Argentina. Pocas veces se asocia a El Salvador como parte de ese grupo de países en los que la izquierda es sujeto de escarnio, desprestigio, persecución y cárcel. Sin embargo, hace apenas unos días, bajo la excusa de un supuesto caso de corrupción, se detuvo de manera irregular, a nuestra compañera Susi Rodríguez, esposa de nuestro compañero Sigfrido Reyes; a ello se suman casos como la persecución previa contra el ex presidente Mauricio Funes, hoy asilado en Nicaragua, el ex ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara y el ex de Gobernación, Arístides Valencia.

Al detallar esta ofensiva jurídico-político-mediática no podemos ni debemos olvidar la avalancha lanzada contra todas la empresas relacionadas con ALBA Petróleos de El Salvador, pretendiendo criminalizar sus operaciones, deslegitimar sus propósitos, perseguir a sus ejecutivos y administradores, y finalmente –del mismo modo que con el partido FMLN- hacer desaparecer ese grupo económico, molesto tanto para los intereses oligárquicos como para el imperialismo.

El “caso Alba” es probablemente el más emblemático de cómo las maniobras de EEUU y sus aliados apuntan contra el legado de Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana, desde cualquier parte del mundo. El simbolismo de destruir y demonizar un grupo económico con finalidad social, persiguiendo a sus líderes (muchos de ellos dirigentes históricos y cuadros del FMLN), resultaba un punto de honor para la derecha local y foránea, que junto a los medios de comunicación a su servicio montaron una campaña continuada de desprestigio y falsedades, la cual aún no termina. El objetivo ejemplarizante es también dejar claro que el poder real, el poder económico en El Salvador es intocable. El actual sistema jurídico-político ha sido montado para asegurarlo.

En otro caso, en el ya mencionado “caso Reyes”, desde el punto de vista jurídico, el abogado que lleva la defensa ha demostrado elocuentemente la falta de base para el caso, pero señala además el número de elementos de carácter político que subyacen en el mismo. Y sostiene: estoy en condiciones de afirmar, con dos años de anticipación que en este caso no habrá ninguna condena.

Y este es el punto central del Lawfare; en este caso, apuntando todo su arsenal contra el FMLN. No importa la condena judicial, ya hay una condena social y mediática, un juicio paralelo y una avanzada hacia la muerte civil.

Esa persecución judicial, tan asociada a los países del sur, debe ser puesta en perspectiva desde El Salvador. Sostenemos que en este país la izquierda revolucionaria y los sectores progresistas se encuentran del mismo modo en la mira del imperialismo y las fuerzas criollas de la reacción, enfrentando los mismos métodos de hostilidad mediática destinada a desprestigiar, demonizar y condenar a dirigentes, desmoralizar seguidores y militantes, y desmantelar sus organizaciones. No es nuevo como método pero está siendo privilegiado como eje de ataque para garantizar el objetivo final, tal como se viene planteando en la contraofensiva imperial: la expulsión de la fuerzas de la izquierda revolucionaria del sistema.

Una nota adicional de alerta acerca de la llamada “doctrina Irurzún”

En noviembre de 2019, en Argentina, se dio por superada una de las más nefastas doctrinas jurídicas, creada a la medida de las necesidades de la implementación de la persecución política por la vía judicial. Nos referimos a la así llamada “Doctrina Irurzún”, por la cual decenas de empresarios y ex funcionarios kirchneristas terminaron en la cárcel con prisiones preventivas.

A fines de 2017, el juez de la Sala II de la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires, Martín Irurzún, dejó establecida una doctrina a través de fallos sobre las prisiones preventivas que concluyeron con Julio De Vido y Amado Boudou, entre otros, en la cárcel. Con la excusa subjetiva de las supuestas «relaciones de poder que aún conserva» cada uno de los procesados se los encarceló preventivamente antes del juicio y, obviamente, sin condena.

«Concluí que el examen debe, por ende, ser abordado con una perspectiva integral del contexto, con conciencia de la complejidad y magnitud de las maniobras que se investigan, debiendo incluirse, sustancial y necesariamente, las concretas posibilidades de fuga y entorpecimiento derivadas de los diversos frentes procesales abiertos con similar interés punitivo y los vínculos personales, laborales o políticos que tienen o mantienen los imputados con aquellos que -tienen o mantienen- la capacidad de influenciar en el resultado de las investigaciones, sea ocultando o alterando documentos o restringiendo la información que es requerida a los diversos organismos públicos, entre otras tantas posibilidades”, afirmó Irurzún en el fallo que envió a la cárcel al ex ministro de Planificación.

Agregaba el magistrado en esa misma resolución que «la libertad del imputado puede implicar un real obstáculo al cabal esclarecimiento de la maniobra y sus completos alcances».

En noviembre de 2019, a través de un nuevo Código Procesal Penal Federal de Argentina se modifican artículos relativos a las prisiones preventivas.  Así se termina con las presunciones o decisiones antojadizas de un juez para meter preso a alguien preventivamente. Este cambio significa que ahora hay que demostrar que el riesgo de fuga o entorpecimiento es concreto, lo que de hecho pone fin a la nefasta y retrógrada doctrina Irurzún.

Sin embargo, es necesario advertir que si bien la doctrina pudo haberse anulado en su país de origen, lo cierto es que el efecto político de este tipo de doctrinas dentro de una estrategia como la que estamos enfrentando resulta para las fuerzas imperialistas y sus aliados un recurso más que interesante. Decimos esto a modo de alerta. Sepamos todas y todos que no sería descabellado que jueces y /o fiscales corruptos al servicio del sistema pudieran recurrir en cualquier momento a argumentaciones como las sostenidas por la doctrina Irurzún para garantizar el encarcelamiento de sus adversarios políticos.

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*Raul Llarull, Secretario de comunicaciones del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, El Salvador

Ponencia escrita originalmente para ser presentada en el XXIV Seminario Internacional “Los partidos y una nueva sociedad”, ciudad de México, marzo 18 al 21 de 2020, el cual fue finalmente pospuesto para el mes de julio del mismo año.

 

[1] María Esther Ceceña, Los golpes de espectro completo. NODAL, 22 de mayo de 2014. https://www.nodal.am/2014/05/los-golpes-de-espectro-completo-por-ana-esther-cecena/

[2] En algunos casos es gradual, como en El Salvador, pero en otros se trata de una línea militarista y represiva abierta y radical, como en Bolivia, o el uso de las fuerzas represivas (policiales y/o militares) en Ecuador, Chile, Colombia, etc.

[3] Lawfare. La judicialización de la política en América Latina. Informe en Celag. https://es.scribd.com/document/341196815/Lawfare-La-judicializacion-de-la-politica-en-America-Latina

[4] El sistema se resiste a aceptar entre los suyos en puestos clave a cualquier magistrado con pensamiento jurídico o político divergente. Recordemos, por ejemplo que, en el caso de El Salvador, uno de los puntos culminantes de la lucha contra el avance progresivo de lo judicial sobre lo político fue el momento en que se designó al magistrado Ovidio Bonilla al frente de la Sala de lo Constitucional, y una manifestación a las puertas de la Corte (2012). A modo de reflexión adicional, creemos que como FMLN, en aquel momento dudamos y finalmente retrocedimos ante el potencial enfrentamiento que se avecinaba. Esa confrontación, sin embargo, hubiera podido abrir las puertas a una muy distinta correlación de fuerzas, producto del resultado de ese conflicto interinstitucional. Por decirlo de un modo sencillo: tuvimos la posibilidad de neutralizar una Sala de lo Constitucional, que ya mostraba su servilismo ante la oligarquía pero dudamos y retrocedimos. Al no haber avanzado en la dirección correcta de la lucha pagamos posteriormente un altísimo precio político, traducido en sentencias que fueron socavando crecientemente el poder de los otros órganos de Estado, y consolidando por supuesto el Lawfare como vía de acción efectiva contra la izquierda en ese momento gobernante y hoy sujeta a la persecución de sus militantes y dirigentes.