Las grietas del poder

A principios de año insistíamos en estas mismas líneas que muy probablemente hacia julio-agosto la crisis económica y financiera resultaría insostenible para el régimen dictatorial en ciernes, que venía avanzando sobre las instituciones del país de la mano de Bukele y sus secuaces.

Finalizadas las tradicionales vacaciones agostinas la realidad nacional parece apuntar cada vez con más fuerza hacia varios potenciales puntos de quiebre, en el cada vez más estrecho círculo de poder que mantiene a El Salvador en una situación de precariedad difícil de imaginar apenas unos pocos meses atrás, y con escasas referencias históricas con las cuales compararse.

En efecto, si se analiza la situación financiera y macroeconómica nacional, o la economía familiar de los salvadoreños, la inestable situación política interna con los primeros prisioneros políticos /rehenes capturados arbitraria e ilegalmente por el régimen, o la situación de extrema debilidad en el contexto diplomático y de relaciones internacionales, por citar solo cuatro aspectos esenciales de la vida nacional, encontraremos en cada uno de ellos síntomas claros de graves enfermedades sistémicas que desafían crecientemente las aspiraciones de continuidad y consolidación de la actual estructura de poder, la cual empieza a mostrar sus grietas y  profundas debilidades.

Nada nuevo, en realidad, en la historia: es parte consustancial de los regímenes populistas autárquicos, donde casi todo el poder decisorio sobre el devenir del Estado recae sobre un solo individuo. En su fortaleza reside su debilidad.

¿Septiembre negro?

Agosto 2021 parece ser, en el caso salvadoreño, la antesala de un septiembre negro para Bukele y su clan. En medio del agravamiento de la crisis sanitaria y el consecuente ocultamiento de cifras reales por parte del gobierno, no solo en cuanto a infecciones y decesos sino también en cuanto a inversiones y gastos en materia de salud, se empiezan a manifestar graves déficit de liquidez en las finanzas del Estado, expresadas también en las dificultades experimentadas para pagar los salarios de empleados públicos (caso M.O.P.).

Lo que hace dos semanas calificábamos como la entrada del país en el universo de los bonos basura, se acaba de concretar con las últimas calificaciones de empresas como Moody’s, que rebajó la calificación de los bonos emitidos por el Estado salvadoreño de B3 a Caa1, que define los títulos con alta especulación y de interés para fondos buitres. Todo esto en un escenario planteado por la misma calificadora, en el cual el Estado salvadoreño tendría muy difícil obtener financiamiento para 800 millones de dólares que requiere para pagar obligaciones externas (bonos) en 2023.

¿Por qué no puede obtener esos fondos y por qué las calificadoras hacen pública su alta desconfianza en la capacidad de pago del gobierno de Bukele? Por lo que ya hemos insistido en otras ocasiones: la administración del régimen es oscura porque la han oscurecido adrede para ocultar así la corrupción que llevó a endeudar al país en niveles históricamente nunca alcanzados y que ponen a El Salvador al borde del impago (en niveles en torno al 100% del PIB).

A estas alturas ya se hubiera debido resolver la negociación con el FMI para obtener 1300 millones de dólares para el pago de deuda de corto plazo;  con ese acuerdo se obtendría la llave para el acceso a créditos de otras multilaterales (BM, BID, BCIE, etc.). Sin embargo, y a pesar de los descarados discursos mentirosos de uno de los grandes cómplices de Bukele, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, lo cierto es que el FMI sigue sin dar su aval para hacer efectivo el préstamo, negando con ello el reconocimiento a que El Salvador está en condiciones de honrar sus deudas.

Mas allá de la corrupción galopante, el cierre de todos los espacios para el escrutinio público,  y la permanente inseguridad jurídica que genera el actual régimen, no poca influencia en esta decisión de parte del FMI y la desconfianza de las calificadoras tiene que ver con las ocurrencias monetarias generadas en torno al bitcoin y otras cripto-monedas especulativas que desde el gobierno Bukele se pretende seguir impulsando, a pesar de que la sola mención del proyecto está llevando al país a una debacle que solo puede terminar en la quiebra de la economía nacional y las finanzas públicas.

El tiempo va pasando y, si nada lo impide, a partir del mes de septiembre la población salvadoreña se verá obligada a aceptar/utilizar la cripto-moneda como valor de cambio de curso legal, sin respaldo alguno, sin certezas, sin garantías más que las palabras de conocidos embaucadores como los hermanos Bukele.

Si a lo anterior sumamos el resto de diversas formas de  inseguridad jurídica inyectadas a la vida política y económica en El Salvador desde que asumió la actual administración, no sorprende que las inversiones extranjeras se desplomen, aunque nuevamente  se pretenda utilizar la pandemia como excusa para todo:

 La situación económica por causa de la pandemia provocó que en el país se recibiera únicamente $201 millones en Inversión Extranjera Directa (IED) en 2020, lo que significa una caída de $435 millones, ya que en 2019 fueron $636 millones de inversión, según el informe presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El informe revela que en El Salvador el flujo de inversiones del exterior se contrajo un 68.4% en 2020.  (https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/inversionistas-inversion-economia/866719/2021/)

Al  mismo tiempo, el FODES para las municipalidades sigue sin ser entregado, y cada vez es más clara la intención de eliminar paulatinamente estos recursos o limitarlos a un porcentaje insignificante, optando por la centralización de toda la operación de obras municipales al ámbito ejecutivo. Sin embargo, es de prever que esta medida no será impuesta sin resistencias, incluso desde las propia filas del partido del presidente, cuyos alcaldes empiezan a notar la diferencia de trato entre alcaldías privilegiadas como la de San Salvador, y las penurias que sufre el resto, que ya empieza a jugar con la idea de despidos, cierres por uno o dos meses de las oficinas municipales y las consecuentes afectaciones en el servicio para los vecinos y contribuyentes.

En el marco de la inseguridad jurídica sembrada a lo largo de los meses, es bueno recordar que la “asamblea pasa-papeles” cumple ya cien días de gestión en los cuales la mayoría celeste y sus aliados, subordinados de manera vergonzosa al inquilino de CAPRES, ha aprobado en este tiempo 2600 millones de dólares en préstamos, y como es sabido, lo ha hecho sin estudios previos, sin siquiera discusiones y limitándose a aprobar lo que llegase de casa presidencial, como una orden de inmediato cumplimiento por el más genuflexo y parasitario grupo de diputados de que se tenga memoria en el corto recorrido de la democracia salvadoreña.

Por supuesto, con la aprobación de los créditos los sumisos diputados han aumentado exponencialmente la deuda pública, acercando al país al barranco del  impago, lo que significa un futuro que daña directamente al pueblo salvadoreño, con aumentos de  impuestos, disminución de la ya ínfima inversión social, anulación de subsidios, ventas de bienes públicos para pagar deuda y eventualmente nuevas olas de despidos del sector público.

Toda esta situación de graves descontentos, de promesas incumplidas, de crisis en la economía familiar, de insatisfacción y desilusión en aquellos que creyeron las falsas promesas a Bukele, va penetrando como el agua entre las grietas de los muros del poder. Las grietas son cada vez más numerosas y más grandes. Sin ir más lejos, el retorno de vacaciones enfrentó al Ejecutivo con cortes de carreteras y movilizaciones sincronizadas en todo el país. Nuevamente, los veteranos de guerra de la fuerza armada y del FMLN, hartos de promesas incumplidas, marcharon sobre CAPRES a exigir el cumplimiento de los compromisos y promesas hechas por el presidente cuando era un simple candidato.

El marketing y la publicidad tienen fecha de caducidad cuando no van acompañados de obras y acciones concretas de gobierno. Esa crisis se profundiza, las promesas empiezan a ser insuficientes, y a las presiones internacionales se suman las incipientes movilizaciones reivindicativas locales.

La situación se le complica por días al régimen en la medida que desde EEUU las presiones iniciadas con la lista Engel empiezan a ampliarse; ya las visas fueron canceladas, las cuentas estadounidenses de más de un funcionario empiezan a ser observadas, y los pusilánimes diputados que pensaban que dar un golpe al Estado no traería consecuencias, ven hoy sus costillas contadas desde fuera del país, pero empiezan a comprender que eso es solo el primer paso, porque el peligro real para ellos está dentro del país, en una ciudadanía que empieza a despertar, sector por sector. El 30 de julio fue una muestra de las juventudes y los estudiantes que dijeron claramente que hay que ir contra el régimen, que la militarización no será el camino para imponer dictaduras, y que no hay leyes contra la movilización popular bajo la excusa pandémica que sea, que pueda detener el pueblo decidido a luchar.

Hoy  el aparato de propaganda negra y de inyección de odio a través de las redes sociales del bukelismo ha sufrido otro golpe. Este, además, impensado e impensable para las estructuras ebrias de poder que se amparaban en los delincuentes que gobiernan desde CAPRES.  Hoy corren de un lado a otro, desconcertados, sin cuentas troles para insultar y demonizar a la oposición, sin poder generar las campañas de odio que tan buen resultado les había dado.  La red social por fin accionó contra ese aparato delictivo que operaba bajo el manto de protección empresarial de Twitter. Hoy desde la presidencia y desde la Asamblea, acusan al supuesto 3% de haber logrado lo impensable y adjudican a la oposición un poder que no se condice con ese supuesto ínfimo porcentaje con que en vano intentaron desprestigiarla.  

En todo caso, mas allá de las razones de Twitter para cancelar las cuentas, lo cierto es que también en el frente de las batallas digitales, el bukelismo y sus cómplices están ya lejos de aquellos tiempos en que su dominio hegemónico era incontrastable.

Otra grieta que empieza a abrirse en las estructuras de poder tiene que ver con los rehenes/prisioneros políticos. En primer lugar, el show mediático de exhibir a los ex funcionarios como delincuentes tuvo un impacto que rápidamente empezó a revertirse, a partir de que salieran a la luz pública, nacional e internacional, las groseras violaciones en los procedimientos, que anulaban de hecho cualquier posible razonable argumento para su detención.

Simplemente, el caso está viciado, y aunque el contubernio y las amenazas sobre jueces y fiscales operaron para mantener ilegalmente en prisión a los rehenes, lo cierto es que el caso va cobrando relevancia internacional y hoy los cinco ex funcionarios empiezan a ser para Bukele poco más que piezas de intercambio ante la ofensiva contra las violaciones al estado de derecho, la corrupción, la militarización, las componendas con pandilleros, y un largo etcétera de acusaciones que van sumándose desde la comunidad internacional y que, desde el ámbito local salvadoreño ha generado nuevas movilizaciones y protestas de diversos sectores de la sociedad civil, encabezadas esta vez por el FMLN y sobre todo por los familiares y amigos de los detenidos. Una nueva grieta que se ampliará en la medida que la solidaridad internacional ejerza su rol.

Finalmente y ante la caída de su propia popularidad, reconocida por el propio Bukele, justo antes de las vacaciones de agosto, tuvo que ceder a las presiones de la embajada de EEUU, que le exigía empezar a dar muestras aparentes de diálogo con sectores que no le eran favorables. Eligió selectivamente un grupo de organizaciones de la sociedad civil, a muchas de las cuales había estado insultando de manera cotidiana,  y decidió montar un pequeño show mediático que lo mostrara como dialogante y conciliador.

Hizo esfuerzos, pero su arrogancia pudo más y la reunión se convirtió en una derrota política para el propio Bukele, que comprendió que no había ganado nada en el encuentro. Así, sus medios y aparatos de propaganda ni siquiera mencionaron la reunión, a diferencia de los que sucedió, por ejemplo, con la emboscada que tendió al cuerpo diplomático acreditado en El Salvador, una vez consumado el golpe legislativo contra el poder judicial y el ministerio público. Esta vez, Bukele no logró presentar su gobierno como dialogante, no logró disolver las enormes dudas y desconfianzas de los asistentes, y no pudo neutralizar la conferencia de prensa de estos al finalizar el encuentro, quienes con diplomacia justificaron su asistencia, pero no pudieron evitar mostrar sus dudas acerca de los escasísimos compromisos adquiridos por un presidente conocido por ser un mentiroso compulsivo.

Como vemos, cada área, desde la economía hasta la política local e internacional se presenta para el régimen como una peligrosa carrera de obstáculos que lo conduce al potencialmente conflictivo mes de septiembre. Si, como es de esperar, las insatisfacciones populares empiezan a manifestarse en las calles, a medida que se agudiza la crisis, no es de descartar que el régimen recurra a su carta más cuidada, la fuerza armada y la PNC en plan represivo. Si ese es el caso, Bukele y su clan habrán dado el primer paso firme y seguro hacia su derrota, porque si hay algo que no se detiene, una vez que inicia su movimiento ascendente, es la fuerza de las masas populares movilizadas contra un enemigo claramente identificado.

Tampoco parece ayudar a los planes del bukelismo la distracción que pueda conseguir con las propuestas de reforma constitucional. No debería ser suficiente para distraer al movimiento popular, en la medida que con ello no podrá detener la profundización y gravedad de la crisis económica que afecta a la inmensa mayoría del pueblo salvadoreño.

Finalmente, tampoco es promisorio para el proyecto populista autoritario de Bukele, la nueva configuración internacional en el continente, que con el triunfo del presidente Castillo en Perú y el virtual desmantelamiento del grupo de Lima, y con las claras posibilidades de una victoria popular en Chile, deja a extremistas neoliberales como Bukele en una mayor situación de aislamiento ideológico y político (más o menos como lo que empieza a sucederle a su alter ego del sur, Bolsonaro). Para colmo de males, el ambiente de agitación política y social, con amplia movilización de masas populares en Guatemala, resulta el peor ejemplo para Bukele y sus secuaces, a quienes ya no les alcanzará con el discurso anticorrupción, para seguir robando con impunidad. Un escenario posible de creciente movilización en la región, y su efecto natural en El Salvador, no augura para Bukele y su régimen un futuro prometedor.

Por supuesto, que esas grietas de poder se sigan ampliando depende exclusivamente del pueblo salvadoreño  y de sus sectores revolucionarios conscientes, capaces de movilizar y organizar el caudal de lucha de este pueblo.

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