Mientras en El Salvador se desarrolla el ejercicio militar conjunto Centam Guardian 2026, la economía local se tambalea y el incumplimiento de compromisos con el FMI pone en riesgo nuevos financiamientos. El efecto de los testimonios ante la Comisión de DDHH Tom Lantos, del Congreso de EEUU no se disipa, y las airadas reacciones del Ejecutivo salvadoreño dan fe del golpe recibido.
En su continua huida hacia adelante, el régimen presenta los macabros juicios masivos en el infame CECOT como un espectáculo; los equipara con los juicios de Nuremberg contra los dirigentes de la Alemania nazi, y afirma que la popularidad presidencial da derecho a hacer lo que le venga en gana, sin contar con más anuencia que la de sus amigos de Washington.
Juegos de guerra o ejercicios contrainsurgentes preventivos
Las acciones del ejército estadounidense en territorio salvadoreño, en el marco del ejercicio militar conjunto Centam Guardian, recuerdan épocas pasadas y siniestras, de similares despliegues, presentados entonces como “acciones cívico-militares”, cuando en realidad eran ejercicios de control militar y estrategias de contrainsurgencia.
La apariencia sigue siendo bondadosa: militares estadounidenses desplegaron una brigada médica de tres días junto a su contraparte salvadoreña en el Hospital Nacional de Chalatenango. Fue un ejercicio de propaganda y relaciones públicas de las fuerzas armadas de EEUU, ampliamente difundido por los medios.
Según la información, el grupo llevó atención a salvadoreños de la zona “para contribuir con el bienestar de los pacientes y fortalecer el intercambio profesional y el aprendizaje conjunto en el sector salud”.
El personal militar de la brigada médica es parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo , JTF-Bravo, de Estados Unidos. La jornada médica comenzó el pasado 21 de abril y duró hasta el jueves 23, y habría atendido 60 pacientes al día.
También se reportó la labor de equipos especiales de seguridad que realizaron ejercicios de rescate de víctimas en un simulacro de terremoto.
El ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, publicó en la red social X que el Cuerpo de Marines de Estados Unidos junto a miembros de la Primera Brigada de Infantería de la FAES realizaron saltos de paracaidismo como parte del ejercicio multinacional.
Menos divulgado por las redes sociales de la Embajada, el ministerio de Defensa y los medios de Comunicación fue “la realización de ejercicios de francotiradores con entrenamiento para la mejora de la puntería de precisión y las capacidades de coordinación de pequeñas unidades en entornos de combate”. La actividad, bajo líneas estratégicas del SOUTHCOM, tiene como finalidad fortalecer las alianzas y mejorar la capacidad de la región para “contrarrestar amenazas transnacionales”, eufemismo para referirse, sobre todo, a la República Popular China.
Es importante colocar estas maniobras en el plano geopolítico continental, señalando que recientemente se realizaron juegos de guerra conjuntos por parte del Comando Norte de EEUU en regiones de México, y que actualmente el Comando Sur realiza actividades en Argentina, a “invitación” del presidente Javier Milei, en operaciones conjuntas como «Daga Atlántica» y «PASSEX».
Estas actividades, que involucran al portaaviones USS Nimitz, buscan mejorar la interoperabilidad y el adiestramiento en combate con tecnología de vanguardia, según los organizadores.
Empantanada la alianza sionista-imperialista en Asia Occidental, Washington busca fortalecerse en Nuestra América desplegando esfuerzos militares con sus socios más confiables. Se preparan para enfrentar supuestos desafíos externos sin dejar de medir la temperatura social que en ciertos lugares, como en Argentina, encuentran resistencia del pueblo a esos despliegues.
Desde Argentina hasta Centroamérica, pasando por Ecuador y el Caribe, los proyectos populistas-neofascistas anticipan resistencias internas; saben que tarde o temprano sus gendarmes locales deberán estar en condiciones de operar como fuerzas contrarrevolucionarias de ocupación neocolonial en sus propios países.
Por otra parte, no han dejado de reportarse ataques a naves pesqueras en el Caribe, bajo la sospecha de transportar drogas, pero sin que, en ningún caso, las fuerzas imperiales se dignen siquiera dar un aviso, o abordar las embarcaciones para cerciorarse. La comunidad internacional parece haber naturalizado estos hechos, que constituyen crímenes injustificados de civiles a manos de fuerzas militares.
Juicios masivos y un “nuevo sistema penal”
El informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 2025 señala, en el caso salvadoreño, un bajo cumplimiento de las recomendaciones del organismo, relacionadas sobre todo con el régimen de excepción.
El documento de la CIDH da cuenta de un total de 23 recomendaciones hechas al Estado salvadoreño, de las que «ninguna alcanza un nivel de cumplimiento total o parcial sustancial, tres se ubican como parcialmente cumplidas (13%), 16 permanecen pendientes (70%) y cuatro fueron consideradas incumplidas (17%)».
Entre las recomendaciones no cumplidas se encuentra «poner fin a la suspensión de los derechos y garantías restringidas en el marco del régimen de excepción«.
La CIDH también dio por incumplida la recomendación de retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública, sin que el Estado haya presentado a la fecha «un plan de retiro gradual«, sino que se «ha adoptado y prorrogado medidas que mantienen y amplían el involucramiento militar«.
De igual forma, agrega que «la CIDH observa con preocupación que defensores y defensoras de derechos humanos habrían sido detenidos sin acceso a sus abogados y trasladados a lugares desconocidos, lo cual contraviene las garantías básicas del debido proceso y la protección judicial efectiva«.
Todos estos elementos fueron señalados también la semana pasada con datos, nombres y detalles testimoniales por periodistas y activistas de derechos humanos, ante la Comisión Bicameral Tom Lantos, del Congreso de EEUU, quienes señalaron que el régimen de excepción cumplió cuatro años como medida contra las pandillas, y ha dejado más de 91,000 detenciones y miles de denuncias de atropellos a los DDHH.
En este contexto, las organizaciones han recibido más de 6,400 denuncias de atropellos, y unas 517 de muertes de personas detenidas.
En respuesta desafiante a estas acusaciones, el dictador defendió el juicio colectivo contra 486 presuntos pandilleros y cuestionó las críticas del exdirector de Human Rights Watch, Kenneth Roth, como antes lo había hecho con los testimonios de defensores de DDHH, acusándolos de defender terroristas.
El mandatario respondió a señalamientos de Roth, quien calificó el proceso como “lamentablemente injusto”. “¿“Terriblemente injusto”?”, cuestionó Bukele, “Estos 486 terroristas no son delincuentes comunes. Son líderes de bandas criminales bien conocidos, la mayoría ya condenados por delitos que cometieron personalmente, incluyendo asesinato, violación (a menudo seguida de asesinato), extorsión y secuestro”, expresó el dictador.
También defendió la figura legal utilizada en el proceso, al compararla con precedentes históricos, sugirió que el sistema penal vigente resulta obsoleto y, en consecuencia, plantea construir uno nuevo, a la medida de las necesidades de la dictadura.
“El único aspecto “novedoso” es responsabilizar a los cabecillas por los crímenes cometidos por sus organizaciones. No inventamos ese principio. Se llama “responsabilidad de mando” y se aplicó en Europa durante los Juicios de Nuremberg”, sostuvo. “¿También estás en contra de esos juicios?” (de Nuremberg) ¿O simplemente aplicas la lógica de “es bueno para mí, pero no para ti”?”.
En todo caso, sus maniobras discursivas no logran ocultar la esencia de una dictadura que evoca mucho más a tiranos de siglos pasados que a modernos “dictadores cool” con tecnología de vanguardia y poses futuristas.
La crisis económica se agudiza
El grupo EMFI de servicios financieros, con sede en el Reino Unido, considera que hay un 50% de probabilidades que la situación de atraso del programa de El Salvador con el FMI se mantenga este año, y que hay un 30% de probabilidades que el acuerdo se rompa, informan esta semana los medios de prensa de El Salvador.
“El Salvador está dos revisiones atrasado de su acuerdo debido al incumplimiento de los criterios estructurales relacionados con la reforma del sistema de pensiones y la política de bitcóin”, señaló el Grupo EMFI en su último reporte acerca del país.
Este atraso implica también un retraso en los desembolsos de unos $271.6 millones y “genera preocupaciones sobre la continuidad del programa y el desembolso futuro de $896 millones”, detalla el Grupo.
Al no cumplir la segunda revisión en los primeros días de abril, todo apunta a que al gobierno salvadoreño le tocará pagar el bono de solo intereses que emitió en 2024, y que implica una prueba llamada “macrotest”. Según Jaime Reusche, vicepresidente de Créditos de Moody’s, el pago deberá ser de $18.75 millones cada semestre, iniciando este abril o mayo, dependiendo el periodo de gracia.
Finalmente, la agencia Fitch Ratings confirmó la calificación soberana de El Salvador en B- con perspectiva estable, manteniendo al país dentro del rango altamente especulativo en la escala de riesgo crediticio. Según los reportes de las agencias, el país arrastra problemas estructurales relacionados con su alto nivel de endeudamiento, que ronda el 90% en relación al PIB.
De la economía macro a la “micro” familiar
Mientras la dictadura hace malabares para sostenerse a base de endeudamiento, confia que los incumplimientos ante el FMI no impedirán un eventual desembolso, gracias exclusivamente a las más que cordiales relaciones con el jefe de la Casa Blanca; en este sentido, la situación podría aproximarse a los salvatajes que Javier Milei recibe periódicamente por su servil actitud de lacayo al servicio de los intereses de EEUU.
Pero más allá de la macro-economía, el “bolsillo micro” del pueblo jamás recibe oxígeno. El costo de almorzar fuera de casa registra ocho meses consecutivos de incrementos, mientras que las tortillas acumulan 10 meses al alza, según el historial del Índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado por el Banco Central de Reserva (BCR).
En el caso de los almuerzos, el histórico de los informes publicados por el BCR documenta alzas acumuladas desde agosto de 2025; las tortillas, acumulan aumentos desde junio del año pasado. En marzo también subió el precio del alquiler de vivienda (0.10%), el huevo de gallina (0.08%) y el desayuno fuera de casa (0.08%).
El BCR reporta que la inflación en alimentos y bebidas no alcohólicas llegó al 2.6% en marzo pasado, la tasa más alta desde agosto de 2024. La inflación del alquiler efectivo de alojamiento es de 4.30%.
Sin duda, se acumulan las razones para marchar y reclamar este próximo 1 de Mayo. Cuando las calles hablan los poderosos se preocupan. Pueden ejercer el poder bestial como lo hacen en muchas partes del mundo, pero saben que los pueblos no han sido aniquilados y las luchas regresan como el agua del mar a las costas.
Por eso, tampoco es casualidad el despliegue de ejercicios militares de norte a sur del continente. Sembraron odio y resentimiento, y hoy no saben donde terminará su experimento.