El Estado de Derecho y el respeto a cualquier derecho ciudadano resultan una quimera en El Salvador de nuestros días. La respuesta oficial ante reclamos en este sentido suele ser el rechazo inmediato o, con más frecuencia, el silencio. En otras ocasiones, la acción preferida desde el poder del Estado es el desprecio, el insulto o el ataque que desvíe atenciones. Al respecto, varios ejemplos se presentaron en días recientes.
El caso del Dr. Aguirre
Hace poco más de una semana el oficialismo supo que desde la sociedad civil y el ámbito sindical se había conformado una alianza con el partido FMLN para disputar la presidencia de la República. El silencio inicial del aparato de manipulación mediática pudo haber sido interpretado erróneamente por algunos como señal de despreocupación.
Lejos de ignorar o desestimar la candidatura del Dr. Rafael Aguirre, el bukelato se tomó apenas unas jornadas para iniciar su ofensiva en toda regla. Utilizó sus métodos preferidos: la amenaza, el ataque a las personas, y aquello que solía darle mejores resultados, es decir, la destrucción de la imagen de sus adversarios ante la opinión pública y golpear a potenciales apoyos o aliados de esos adversarios a través de las redes sociales..
Interpretar esas maniobras como síntoma de fortaleza sería un error tan grave como malinterpretar el silencio inicial. Como sosteníamos hace una semana, el régimen no está preocupado por la presidencia de la República. Eso está fuera de cuestión. Para eso controla el Tribunal Supremo Electoral, cambió las reglas del juego tantas veces como quiso, violentando una Constitución vaciada de contenidos, eliminó el financiamiento estatal a los partidos, adecuó a conveniencia los periodos presidenciales y las elecciones generales, entre muchas otras medidas destinadas a hacer imposible la remoción del dictador por vía electoral.
Pero, en cambio, le desvelan dos asuntos: por un lado, la amenaza potencial a su imprescindible mayoría parlamentaria y, en segundo lugar, el eventual efecto de acumulación de fuerzas que se vayan sumando a la iniciativa liderada por el Dr. Aguirre y el FMLN.
Así se entienden las amenazas del ministro de Trabajo y ex matón sindical, Rolando Castro, contra SIMETRISS, el sindicato que encabezaba el Dr. Aguirre antes de postularse como pre-candidato a la presidencia. Se revela así el talante autoritario y represivo del gobierno contra cualquiera que considere una amenaza a su continuidad en el poder.
La arrogancia oficialista
La arrogancia oficialista parece también buscar confundir a los incautos, presentando de manera constante una imagen asentada en un relato triunfalista, de país que ha mejorado en innumerables aspectos.
Hacia adentro ese discurso aún convence a una considerable parte de la población salvadoreña. Pero de fronteras afuera es cuestionado sistemáticamente, porque sus afirmaciones (como suele suceder con su aliado Trump) no tienen sustento en la realidad.
La violación sistemática de derechos humanos hasta el extremo de constituir posibles crímenes de lesa humanidad ya forma parte de la agenda internacional que cuestiona la dictadura de nuevo tipo representada en el clan de los Bukele.
Públicamente el gobierno desprecia los cuestionamientos generados en el exterior y se escuda en sus niveles de popularidad para actuar sin escrúpulos y con aparente impunidad.
El Salvador se ha consolidado como uno de los principales aliados regionales de la administración Trump, que viene impulsando abiertamente el ascenso de gobiernos conservadores en América Latina y el Caribe, y ha ejercido un extraordinario injerencismo en su respaldo a candidaturas de extrema derecha en Honduras, Perú y Colombia.
Si el modelo Bukele todavía es viable dentro de su país, es gracias a la combinación de propaganda, diversión y temor. Pero en el sistema de Naciones Unidas, en sectores del Congreso de EEUU y en Europa, pierde legitimidad y prestigio a pasos acelerados. Aquellos políticos latinoamericanos que aspiraban a imitarlo han ido gradualmente comprendiendo que el modelo no es replicable en las circunstancias de sus países.
Gobernar bajo régimen de excepción permanente resultaría exagerado y sería potencialmente desestabilizador para casi todos los gobernantes de derecha del continente. Así, aquel modelo destinado a exportarse empieza a mostrar los límites propios de su excepcionalidad.
Encuentro presidencial y TPS
La semana pasada tuvo lugar un nuevo encuentro entre Donald Trump y el dictador salvadoreño, uno de sus más fieles representantes regionales, que actúa como la extensión proyectada del brazo trumpista hacia Centroamérica y el Caribe.
Bukele, junto a Milei y Noboa son probablemente las tres expresiones más extremistas de la derecha neofascista que se va extendiendo en la región. Sin embargo, y por más que la propaganda del régimen insista en plantear la idea de “dos amigos que se reencuentran”, para hacer creer al mundo que se trata de un diálogo entre iguales, lo cierto es que muy pocos -si acaso alguno- toma en serio esa pretensión.
Los aliados de Washington lo son en tanto resulten útiles a los intereses imperiales; esta premisa tiene aún más validez, si cabe, en el caso de Donald Trump, que solo ve en sus “amigos extranjeros” piezas útiles, funcionales a sus intenciones. El asunto del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños resulta modélico en este sentido.
Hace pocos días lo subrayaba la encargada de negocios de la embajada de EEUU en San Salvador, Naomi Fellows, entrevistada por un medio local acerca de la renovación del TPS.
“Yo diría que ahora tenemos líderes en los dos países que filosóficamente tal vez estén más cerca, pero eso no quiere decir que la cooperación que nosotros hemos mantenido con El Salvador en temas de migración, en temas de seguridad, la cooperación en temas económicos ha cambiado; de ninguna manera ha cambiado”, respondió Fellows al ser cuestionada sobre la supuesta buena relación entre ambos mandatarios y su influencia en las políticas adoptadas por Washington.
La diplomática aclaró que la relación entre mandatarios constituye únicamente “una parte muy pequeña” de los vínculos entre ambos países. Insistió en que, pese al relevo de administraciones en Washington, los objetivos de cooperación permanecen, y restó importancia a esa relación en materia de renovación del TPS para salvadoreños en EEUU.
La visita a Trump se produce en medio de la incertidumbre acerca de la prolongación del TPS para más de 170,000 salvadoreños. La protección vigente vence el 9 de septiembre y, aunque el Departamento de Seguridad debe anunciar su decisión 60 días antes (plazo que venció el 11 de julio), aún no hay una notificación oficial al respecto.
El futuro del TPS
La administración salvadoreña apenas se ha pronunciado sobre el tema del TPS. Al respecto, la embajadora del país en Estados Unidos, Milena Mayorga, señaló que la continuidad del programa es una decisión soberana del gobierno estadounidense.
Organizaciones defensoras de derechos de migrantes, como la Alianza Nacional de TPS y Alianza Américas, señalaron que la administración Trump impulsa la eliminación progresiva del programa. Al inicio de la gestión del republicano, había 17 países con designación de TPS. En poco más de un año, 13 se han cancelado y ninguna fue renovada.
Todos los argumentos conocidos en relación a uno de los temas que más preocupa a la diáspora salvadoreña residente en EEUU muestran que desde el gobierno de El Salvador no se ha efectuado movimiento alguno para abogar por sus conciudadanos. Los interesados no deberían esperar nada del presidente de El Salvador y de su gobierno en estos aspectos.
En caso de no renovación, el país deberá prepararse para recibir a miles de compatriotas que durante más de dos décadas han trabajado, contribuido a la economía de Estados Unidos y sostenido a miles de familias salvadoreñas a través de sus remesas. Los efectos económicos, políticos y sociales para El Salvador pueden resultar devastadores.
Derechos humanos
Recientemente una misión internacional de juristas visitó El Salvador para recopilar información de primera mano sobre la situación que enfrentan abogados y defensores de derechos humanos. La delegación realizó entrevistas, reuniones y visitas para conocer aspectos relacionados con el sistema de justicia y las garantías procesales en el país.
Según el pronunciamiento preliminar de la misión, se solicitó audiencia con diversas instituciones estatales, entre ellas la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República. En ningún caso obtuvieron respuesta.
Entre los principales temas señalados por la misión figura la independencia judicial. Indicaron que “se observa una interferencia del poder ejecutivo sobre el poder judicial, provocando el desplazamiento de la independencia judicial”.
En relación a la falta de garantías procesales expresaron que “se detecta una grave degradación del derecho a la defensa y de las garantías penales mínimas”. Los juristas denunciaron “detenciones arbitrarias, retrasos injustificados en la resolución de las solicitudes de hábeas corpus, abuso de la detención judicial, infracción en los hechos imputados, admisión de denuncias no realizadas, ausencia de motivación e individualización de las circunstancias que dan lugar a la detención y su prolongación”.
Denunciaron también la “falta de información a familiares, abogados y abogadas de las personas privadas de libertad, uso abusivo e injustificado de la reserva, demora o ausencia de notificación de las cartas de libertad, audiencias colectivas con violación del proceso equitativo y el derecho a la defensa”.
La respuesta oficial en cada uno de los casos señalados fue el silencio, el desprecio o el agravio. Únicas formas que parece entender el gobierno para lidiar, en su ingenua e infantil arrogancia, con la creciente demanda de respeto a todo tipo de derechos, cotidianamente pisoteados por el autoritarismo que rige el país.
Posiblemente será esa arrogancia la que eventualmente les impida comprender que su aparente fortaleza, tiene cimientos tan endebles que serían incapaces de resistir una ofensiva popular, cuando la acumulación de frustraciones y agravios, junto a la elevación de niveles de organización, marque una línea de no retorno para el pueblo.
Comprenderá entonces la dictadura, como sucedió a lo largo de la historia, que el poder resulta más frágil de lo que aparenta y que los cambios impulsados por los pueblos pueden demorar en ponerse en marcha pero, cuando lo hacen su velocidad se transforma en torbellino. La arrogancia e irrespeto a derechos esenciales es una deuda que los pueblos siempre cobran.