Fracasos y debilidades

Hace pocos días, el Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia, (UFG) dio a conocer un estudio acerca de la opinión ciudadana respecto al presidente Bukele. El estudio se realizó en medio de las reacciones que estaba produciendo en la población la imposición del bitcoin como “moneda” de curso legal.

Ya hemos dicho que la operación bitcoin resultó a la postre una de las medidas más antipopulares de la presente administración, si no la más antipopular de todas las adoptadas en poco más de dos años de su gestión al frente del Ejecutivo.  Las cifras de la UFG comprueban esa afirmación:  

(Fuente UFG, encuesta DISRUPTIVA, julio 2021, tomada de Teleprensa, Canal 33)

Más de la mitad de las personas encuestadas consideran que la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal no fue la mejor decisión. El 77.5%  contestó que fue poco o nada acertado, el 3.1% no sabe o no respondió y el 19% opinó positivamente sobre el tema.

Pero hay otro dato que llama la atención porque destroza las falsas cifras que el gobierno y sus más fanáticos seguidores insisten en adjudicarse,  aquel hipotético respaldo popular del 97%, jamás establecido en la realidad, y que no es más que un recurso de manipulación para hacer encajar la narrativa que afirma que solo un 3% de la población constituiría la oposición al “presidente más cool del mundo” y que, sobre todo, demuestra una severa caída a su apoyo.

La última encuesta señala todavía un apoyo hacia el presidente que ronda el 52%, pero es importante observar que hace 19 meses, en enero de 2020, esa cifra superaba el 80% para  la misma casa encuestadora.

De acuerdo al trabajo del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), el 52.1% de las personas confía en el presidente de la República, Nayib Bukele, pero no está de acuerdo con la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal.

Asimismo, el estudio revela que el 30% no confía en el presidente ni en la adopción del Bitcoin mientras que el 15% confía en él y en la implementación de la criptomoneda en el país.

En este sentido, el director del Centro de Estudios Ciudadanos de la UFG, Óscar Picardo Joao, considera que las cifras de la encuesta demuestran que el presidente ha perdido popularidad. “Tres de cada 10 han perdido la confianza en el presidente, que hasta la fecha mantenía una popularidad alta”, afirmó.

La caída en la imagen internacional del presidente y su gobierno es por demás conocida, en particular a partir del ejercicio autoritario del poder demostrado desde aquella primera intentona golpista del 9F20 hasta llegar al golpe al Estado desde el parlamento, cuyo inicio puede fijarse el 1M21, pero que continúa como un proceso ascendente y acelerado hacia la consolidación de un régimen que se encamina rápidamente hacia formas dictatoriales de gobierno.

Estas características se han ido acentuando en la medida que se profundizaban las fuertes presiones internacionales y las incipientes resistencias nacionales orientadas a revertir aquellas actitudes y formas, cada vez más alejadas de lo que suele considerarse en el orden internacional, una democracia funcional dentro de los cánones tradicionales de la democracia burguesa.

En estas circunstancias, el régimen recurre a formas cada vez más violentas, que desnudan no solo su esencia represiva, sino que demuestran su debilidad.  No es un gobierno fuerte, es un gobierno que alardea y repite como loro lo que dice el jefe de manada, que amenaza y persigue a cualquier oposición, pero cuya debilidad lo lleva a adelantar mucho en el tiempo su faceta represiva. Apenas lleva dos años y ya ve progresivamente agotadas (o al menos seriamente desgastadas) las otras formas de dominación por la vía del engaño masivo.

En una misma semana, el 7 de julio expulsa al editor mexicano Daniel Lizárraga, de reconocido prestigio en periodismo de investigación, y cae en el absurdo de afirmar en sus alegatos que la persona en cuestión “no pudo demostrar su profesión”. El 9 de julio, Extranjería de El Salvador niega el permiso de trabajo a otro periodista, esta vez un estadounidense, Roman Olivier Gressier, con argumentos igualmente cuestionables; se trató en ambos casos de profesionales que colaboran con el periódico El Faro, con quien Bukele lleva una disputa casi personal y contra el cual ha desatado todos los poderes del Estado para investigar sus operaciones.

A lo anterior se agrega el caso de un reportero, Jorge Beltrán Luna, que recibe una bofetada de un policía mientras cubría un hecho de violencia criminal. Para completar la secuencia  de hechos que permiten definir el carácter que va adquiriendo el gobierno, un abogado constitucionalista, Salvador Enrique Anaya, que cuestionaba la constitucionalidad de los magistrados impuestos en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, denunció que se encuentra en proceso administrativo abierto por el organismo que regula y supervisa su profesión, lo que significa que podría peder su derecho a trabajar como abogado.

Todos lo hechos detallados muestran las reacciones torpes de un gobierno que está perdiendo el control y los nervios. El recurso a acciones violentas y de persecución parece ir anticipando el tipo de actos que se puede esperar de las fuerzas de seguridad y de los servidores públicos a medida que, presionado por las crisis económica, el alza descrontrolada de precios y la creciente ola de despidos (que esta semana suma otros 279 trabajadores municipales de la alcaldia de San Salvador que perderán su trabajo), el pueblo empiece a salir a las calles en defensa de sus derechos, de su trabajo y de su sustento.

Esta semana también mostró una policía antimotines desplegando amenazante su poderío ante un pequeño grupo de sindicalistas que reclamaban por los despidos injustificados en la Asamblea Legislativa.

En definitiva, la situación se tensa, la temperatura social se eleva y la fuerzas del régimen no muestran su poderío sino su debilidad, las señales iniciales del fracaso de un proyecto publicitario, que a golpe de mensajes llamativos y provocadores en redes sociales forjaron una imagen aparente y falsa de un gobierno que hoy comienza a mostrar su verdadero rostro.

El endeudamiento descontrolado del país se sigue aprobando desde la Asamblea Legislativa, que en apenas dos meses autorizó más de 4mil millones de dólares en deuda sin que la sociedad tenga acceso a la información relacionada con  su utilización; el proyecto bitcoin, y toda su parafernalia se va alejando de las portadas principales pero sus consecuencias nefastas para la economía persisten; la corrupción sigue campando, la violencia no cesa, las desapariciones y los feminicidios aumentan como una epidemia, y la pandemia del covid, cuyas cifras reales se siguen ocultando, amenaza con iniciar, como en casi todo el mundo, una tercera ola en El Salvador.

A medida que se profundiza el fracaso del gobierno se afianzan las sendas que conducen a la dictadura, se acumulan procedimientos judiciales contra opositores, violando el debido proceso y destruyendo su imagen personal; se acosa y denigra desde el gobierno a través de los medios de comunicación a su servicio, explotando la hegemonía comunicacional construida con dinero público; se persigue a la prensa crítica y se inicia un lento pero seguro camino hacia el uso de la violencia oficial y, eventualmente paramilitar, a través de sus acuerdos con pandillas y otros grupos criminales; se impide  finalmente toda posibilidad de ecrutinio ciudadano hacia el gobierno y, en este sentido, esta semana desde Casa Presidencial se lanzan nuevos zarpasos contra el Instituto  de Acceso a la Información Pública ; Gobierno de Nayib Bukele da “tiro de gracia” a la Ley de Información Pública.

El control del aparato judicial resulta instrumental, al tiempo que el legislativo solo vota lo que el ejecutivo ordena. La mesa está servida para imponer una reforma constitucional, o directamente una nueva constitución al gusto y necesidad de la camarilla burguesa ascendente y su búsqueda de predominio hegemónico como clase. Como señalaba esta misma semana un editorial de la prestigiosa Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, UCA,  “El fuego dictatorial ya quema al país”.

Otra cosa será lo que el régimen de Bukele pueda hacer en la medida que las fuerzas del pueblo, en sus múltiples expresiones de lucha y resistencia, cotinúen buscando su unidad de acción y se siga acumulando, organizando y canalizando la frustración de quienes ven, día a día, deteriorarse sus condiciones de vida. La “luna de miel” del gobierno, parece claramente agotada, al tiempo que la crisis y la frustación popular se van acelerando. Los plazos se acortan, los fracasos y debilidades del bukelismo empiezan a emerger y deberán ser aprovechados por la fuerza popular organizada.

La administración Biden también se desnuda

Desde el relevo en la Casa Blanca, la prensa de todo el mundo se ha dedicado a señalar y comparar las supuestas “bondades” de la administración Biden  por sobre la actitud prepotente y de matón de barrio de que hacia gala el presidente Trump. Sin embargo, más allá de las formas, en aquel país cambian los gobiernos, pueden turnarse los partidos, es posible que haya diferencias prácticas en las políticas domésticas de los Estados Unidos, pero lo que no cambia con los gobiernos es la visión imperial de Washington.

Una rápida mirada a varios acontecimientos muestran la agresividad manifiesta de la administración Biden en política exterior, que intensifica su agenda intervencionista,  decidido a consolidar el área geográfica de América Latina y el Caribe, buscando afianzar su dominio sobre territorios sometidos o controlados, pero sobre todo reactivando múltiples vías de agresión contra los pueblos y gobiernos que decidieron recorrer caminos soberanos.  

La represión salvaje contra las manifestaciones en Colombia, el fomento de la desestabilización en Nicaragua, las incursiones de fuerzas paramilitares en Venezuela, el entrampamiento que están provocando en la resolución del proceso electoral peruano  para evitar el reconocimiento del triunfo del maestro Pedro Castillo, que desencadenaría la potencial configuración de un nuevo polo de disputa en el eje Argentina-Bolivia-Chile-Perú, son todas manifestaciones del accionar imperial y sus aliados.

Sin embargo, dos hechos en el plano internacional marcan con mayor claridad el nivel de injerencia y violencia que promueve Washington, en lo que empieza a configurarse como una escalada imperialista: los casos de Haití y Cuba.

El asesinato del presidente de Haití con intervención de fuerzas mercenarias colombianas entrenadas en EEUU, contratadas en Florida, para liquidar a “uno de los suyos”, que ya no resultaba útil a los  planes de dominación, en una nación de importancia geopolítica estratégica, señala el retorno a viejos métodos que parecían haber sido dejados de lado. 

El asesinato de Jovenel Moïse, un resabio del Duvalierismo, un presidente de extrema derecha, devenido dictador, al que la situación parecía salirsele de control, porque ya ni con sucesivas matanzas masivas de líderes y activistas sociales lograba contener la protesta social en su contra, abre las puertas a una nueva situación caótica con la que, sin embargo, el pueblo haitiano ha convivido a lo largo de décadas.

El panorama que se abre es confuso y de disputa entre diversos sectrores oligárquicos, mientras la organización popular busca formas de asociación unitaria para enfrentar el incierto futuro en un país desestructurado, y con un estado no solo fallido sino cada vez más fragmentado, por el que han pasado a lo largo de su historia ejércitos coloniales y neocoloniales, fuerzas de intervención, marines, cascos azules y paramilitares, a lo que se suman en la actualidad verdaderos ejércitos de pandillas criminales, armadas hasta los dientes, que controlan una u otra parte de este país de 11 millones de habitantes.  Las perspectivas de una nueva invasión militar extranjera, con la excusa que sea, parece más latente a cada momento.

En el medio del Caribe, su cercanía geográfica con Cuba, ante las acciones de desestabilización contra la mayor de las Antillas empieza a cobrar otra dimensión, donde la sospecha y las peores especulaciones quizás sean la mejor tesis para acercarse a la verdad detrás del magnicido;  en particular, al considerar quién se puede beneficiar del caos inminente y qué potencia necesitaba ejercer el control de ese punto estratégico del planeta. Más allá de las disputas intestinas intra-oligárquicas e inter- burguesas, será necesario mantener el ojo en Haití, no solo para seguir y apoyar solidariamente la organización de fuerzas y movimientos populares de resistencia, sino también para algún día saber quien en realidad planificó, organizó y pagó la operación de los mercenarios colombianos.

En el caso de Cuba las sincronizadas manifestaciones en varios puntos de la Isla, no son fruto de una casualidad sino la materialización de un plan intervencionista que venía escalando desde la llegada de Biden a la Casa Blanca.  Biden, alejándose de su antecesor demócrata, Barak Obama, de quien fuera vicepresidente, no emuló una sola de las acciones del primer presidente negro de los EEUU. Por el contrario, endureció las acciones de bloqueo y sanciones, aún en medio de la situación de pandemia. Washington apostaba a que con el tiempo transcurrido y el aumento del sufrimiento infligido al pueblo de la Isla, el endurecimiento de las condiciones del bloqueo y de las sanciones a quienes lo violaran, a lo que se sumaba las ya mencionadas complejas condiciones impuestas por la pandemia, solo sería necesario el estímulo de unos cuantos cientos de millones de dólares destinados a la desestabilización desde dentro para provocar la implosión de la revolución.

De algún modo, parecen haberle apostado al método que fue derrotado en 2018 en Nicaragua, y que tampoco les había resultado en Venezuela, a pesar del dolor que en ambos pueblos hermanos causaron aquellas violentas jornadas. Sin embargo, la permanente subestimación imperial a las capacidades de resistencia y de lucha del pueblo cubano, volvió a jugarle una mala pasada. La reacción inmediata, el recurso tan característico de Fidel, en cuyo nombre marcharon las columnas patrióticas, de llamar al  pueblo a defender su revolución, fue suficiente para desactivar esta primera fase de la escalada imperial.

Es sin duda una maniobra a la cual los intervencionistas intentarán dar continuidad. Hoy, por lo pronto parecen ya haber perdido la primera batalla, ni siquiera la de la manipulación mediática les ha dado, en el caso del Cuba, el resultado que otros ejemplos en América Latina habían ofrecido. La solidaridad internacional fue masiva y poderosa. En territorio cubano, la revolución ha quitado también a la contrarrevolución la ventaja de la sorpresa. Las alertas se han activado, y con toda seguridad no habrá punto de la heroica Cuba que no esté siendo vigilado, no por un fuerza militar especialmente poderosa, sino por la fuerza militar más poderosa de la tierra: un pueblo alerta y digno, decidido a defender su patria, su bandera y su revolución. 

En cualquier caso, es necesario dar seguimiento de extrema cercanía y de respuestas inmediatas ante cualquier movimiento, no solo contra Cuba sino contra cualquiera de los pueblos hermanos en lucha, y que por estar en lucha permanecen en la mira del enemigo de los pueblos o, como decía el himno Sandinista, proceso que ya se acerca al 42 aniversario de aquel 19 de julio glorioso, “luchamos contra el Yankee, enemigo de la humanidad”